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  1. #21
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    08 ene, 07
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    Predeterminado

    POR LA SUBIDA DEL IPC
    El poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas caerá hasta un 4% en 2011

    El incremento de los precios amenaza con dar un duro golpe a los bolsillos de trabajadores públicos y jubilados.

    LIBRE MERCADO (LD)

    El famoso tijeretazo presentado por José Luis Rodríguez Zapatero hace un año tendrá consecuencias permanentes en los bolsillos de funcionarios y pensionistas. El plan de ajuste preparado por el Gobierno en mayo de 2010, tras un durísimo fin de semana en Bruselas en el que pareció inminente la caída de España, tiene réplicas (como los terremotos).

    En estos momentos, trabajadores del sector público y jubilados ya sienten en sus pagas la reducción de poder adquisitivo. Y la tendencia parece que no se detendrá. Cuando el Gobierno decretó el recorte de sueldo de unos y la congelación de las pagas de los otros, la inflación estaba en el 1,5%. Por eso, en aquel momento fue una decisión polémica, pero que quizás podía tener daños limitados en estos dos colectivos. Sin embargo, a día de hoy, con los precios disparados un 3,5% y una tendencia ascendente, los recortes de entonces se hacen mucho más grandes.

    El Gobierno subió las pensiones mínimas un 1%, por lo que se supone que ésta era su previsión de inflación. Sin embargo, los analistas ya apuntan a que el índice de precios acabará el año al menos en el 3,5% (es la previsión del consenso Funcas) y muchos empiezan ya a hablar de un 4%. Esta sería la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, mucho más de lo que se preveía y de lo que Rodríguez Zapatero anunció.

    Para las cuentas del Gobierno, este incremento de los precios es una muy buena noticia. La inflación es un impuesto injusto, puesto que no hace falta subir de forma evidente los niveles para recaudar más, sólo hay que esperar a que los salarios se ajusten al IPC (totalmente o en parte) y cobrar más por la correspondiente subida de la renta. Además, el IVA también recauda más con precios más altos. Y en general, los pagos del Gobierno se mantienen (porque están determinados en precios nominales) mientras su coste real decrece.

    Funcionarios
    Pero si los pensionistas sufrirán la subida de la inflación, peor lo tienen los funcionarios. El Gobierno anunció un recorte del 5%, pero a esa rebaja habría que sumarle una adicional del 8% de media, derivada de la consolidación del recorte en las pagas extras. El truco es que el Gobierno sólo recorta el 5% en el sueldo mensual, pero deja en la mitad las extraordinarias de julio y diciembre. De esta manera, el recorte real se dispara a entre el 8% y el 15%.

    Ahora, además, ese nuevo sueldo disminuido vale menos, puesto que los productos de la cesta de la compra cuestan más. Los funcionarios podrían haber perdido de esta manera hasta un 20% de poder adquisitivo en menos de un año, tal y como avanzó Libertad Digital. Y no sólo suben los precios, también otros índices como el euríbor llevan varios meses con tendencia al alza.

    Pero además, la pesadilla de los trabajadores públicos podría tener un final todavía lejano en el tiempo. Según publicaba este miércoles Expansión, "el Gobierno prepara otro ajuste salarial" a sus empleados. En las cuentas que Elena Salgado ha enviado a Bruselas aparece un recorte de 15.000 millones de dólares en salarios públicos.

    El desglose de ese ahorro sería el siguiente: con la congelación de los sueldos ya efectuada, el Gobierno prevé ahorrarse 3.000 millones hasta 2014. Además, su intención es cubrir sólo el 10% de las plazas vacantes, con lo que se ahorraría hasta 8.000 millones de euros. Por último, quedarían 4.000 millones más de recortes, que habría que implementar antes de 2014 y que irían dirigidos, fundamentalmente, contra los sueldos de los trabajadores públicos. Eso sí, aplicar una rebaja de un 10-15% a un colectivo al que ya se le ha recortado un nivel similar no será nada sencillo.

  2. #22
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    Predeterminado Salario variable para los funcionarios

    El Gobierno impondrá objetivos de productividad a los empleados públicos.
    El Gobierno de Mariano Rajoy va a imponer la retribución variable por objetivos y desempeño a todos los funcionarios, empleados laborales y eventuales del Estado, de las comunidades autónomas y entes locales para ahorrar costes e incrementar la productividad y establecer una estructura salarial más justa y homogénea, según publica hoy el periódico Expansión.

    «El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha reunido con representantes de los afectados y va a crear una mesa de trabajo para elaborar un Real Decreto», asegura el diario económico, donde se recoge que de esta forma, el Gobierno equiparará los salarios y criterios retributivos de los cerca de tres millones de funcionarios que hay en España y ligará a principios de productividad y rendimiento la parte variable, que supone entre el 15% y el 20% de los sueldos.

    En principio, esto supondrá que quienes cumplan los objetivos que se hayan fijado seguirán cobrando lo mismo -aunque no se descartan aumentos- y, quienes no lo hagan, verán reducidas sus retribuciones.

    Los cuerpos de altos funcionarios, que se han reunido recientemente con los secretarios de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, consideran que con esta medida «se ha abierto el melón», ya que se trata de una vieja demanda del sindicato de altos funcionarios del Estado, Fedeca, que pedía que se premiara la productividad en la Administración.

    Según Expansión, se abre así el proceso de preparación del Decreto que desarrollará el Reglamento de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, que sacó adelante el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en 2007. Sevilla no consiguió aprobar el Reglamento porque los sindicatos mayoritarios lo impidieron. Ahora la situación en la que se encuentra la economía española es muy diferente, y por ello se impulsan con más determinación reformas del sector público. El desarrollo puede ser rápido, ya que sólo tendría que validarlo el Consejo de Ministros.

    Hasta ahora, la Ley de Presupuestos marcaba bolsas de productividad para los funcionarios, pero es un parámetro más estructural que real. Sólo el cuerpo de Abogados del Estado sigue unos objetivos por desempeño. La reforma afectará a todos los cargos que medien desde el puesto de subsecretario hacia abajo. A ello se podría sumar el desarrollo de un Estatuto del Directivo Público, mediante otro Real Decreto.

    En ese aspecto, Sanidad es ya la avanzadilla de la reforma, ya que el Real Decreto-Ley de recortes sanitarios que se publicó en el BOE del pasado martes impone la retribución variable por objetivos a los más de 600.000 empleados del sector.

    En El Mundo

  3. #23
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    Predeterminado Funcionarios y despidos

    Desigualdades entre trabajadores fijos y temporales, entre funcionarios y contratados o entre empleados en empresas públicas y privadas. Nuestro mercado laboral está plagado de injustas dualidades que abren brechas entre los trabajadores y dejan al descubierto privilegios de unos y desventajas de otros.

    Entre todas esas regalías que tienen algunos trabajadores sobre el resto, uno de los más discutidos es el del despido de los funcionarios. Los corrillos se preguntan por qué los funcionarios no pueden ser despedidos o por qué son trabajadores blindados.

    En primer lugar, es necesario aclarar el término funcionario. Con él se designa a los empleados públicos de carrera (oposición), ya que hay otros tipos de empleados públicos (personal laboral y personal eventual), a los que no se les aplica el principio de "inamovilidad de la condición de funcionario", es decir, que los pueden despedir como a cualquier trabajador de la empresa privada, aunque eso se produce en raras ocasiones.

    Según el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, en virtud de un "nombramiento legal", los funcionarios están vinculados a una Administración por una "relación estatutaria regulada por el derecho administrativo" en lugar del laboral, como el resto de los trabajadores, y disfrutan de puesto de trabajo en propiedad, fijo, vitalicio y sin posibilidad de despido. Es decir, entre el funcionariado español no existe el término despido.

    Lo más parecido sería la separación del servicio del funcionario. Pero en la práctica no tiene que ver nada con el despido. Un empleador, en cualquier momento, puede despedir a un empleado dentro de un marco jurídico de seguridad. Más tarde será un juez quien decida si es procedente o improcedentemente, si lo tiene que indemnizar... Pero el trabajador está despedido desde el primer momento.

    Los funcionarios en España sólo pueden ser amonestados o separados del servicio por causas disciplinarias tal como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007 de 12 de abril) en los artículos 93 y siguientes. Las causas son tan laxas y el procedimiento tan complejo que hace prácticamente imposible su aplicación y más de forma generalizada por causas económicas u organizativas, tal como ocurre con el derecho laboral existente para el común de los mortales.

    Algo que no se comprende en una coyuntura económica como la actual, especialmente cuando desde Bruselas nos piden controlar el gasto público. El desfase en el déficit público que Zapatero ha dejado en herencia obliga a impulsar un recorte de 50.000 millones de euros. Según algunos analistas, esto se podría conseguir, por ejemplo, despidiendo a 2,2 millones de empleados públicos. Se trata tan solo de una cifra que clarifica la situación. Como cualquier empresa privada que se encuentra con problemas de solvencia económica, el Estado Español y especialmente las comunidades autónomas, ahora deben reducir y reorganizar su plantilla, el problema es que no existe una regulación al respecto. El marco normativo del empleo público, desde la ley de funcionarios de 1964, está pensado para regular el acceso a la administración y posteriormente las distintas situaciones y vicisitudes por las que pasa una persona como empleado público, pero no contempla cómo afrontar jurídicamente situaciones como la que atravesamos, en la que decididamente las estrategias de gobierno pasan por la reducción de los capítulos de gasto de personal como consecuencia de los déficits del sector público. Ni siquiera el relativamente reciente Estatuto Básico del Empleado Publico de 2007, contempla cómo abordar situaciones de crisis como la que padecemos ni qué especificidades han de contemplarse en el marco de las relaciones laborales en la administración.

    España es uno de los países de Europa con más empleados públicos, 2,7 millones, es decir, uno de cada siete trabajadores con empleo en España (el 14,46%) está en nómina de alguna de las tres Administraciones Públicas (estatal, autonómica o local). Pero sólo 1,6 millones son funcionarios de carrera.

    Ahora que el gobierno está proponiendo iniciativas legales que pretenden regenerar la política y los políticos, no es mala ocasión para abordar el asunto de los contratos laborales en fraude en la administración. Hay que poner límite a esa situación tan generalizada de contratos temporales que se hacen en la administración para los que casi nunca concurre la causalidad que justifique estos contratos y, aun cuando se da, a la finalización de los mismos quien tiene que finalizarlos sencillamente no lo hace, generándose una categoría de empleados públicos de "tercera". Para las circunstancias temporales reales, las administraciones españolas deberían poder contar con las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que son los expertos en la gestión de la temporalidad.

    Aprovechando también la senda reformista del Gobierno de Rajoy, quizás sea el momento de revisar el "blindaje" laboral al que se aferran los funcionarios españoles, para que, cuando las circunstancias lo requieran, las leyes permitan al entramado público adaptarse a cada situación. Y también debería haber mecanismos para gestionar con eficiencia a los empleados públicos, es decir, poder premiar al que busca la excelencia en su trabajo, igual que sucede en la empresa privada, para poderlo motivar. Se trata de que todos tengan las mismas reglas.

    Francisco Aranda, en LD

  4. #24
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    Predeterminado El fin de una nación

    Vamos a dejarnos de tonterías. No somos una gran nación. Ni siquiera está claro que seamos una nación, ese concepto discutido y discutible, no sólo para el expresidente del Gobierno, sino también para muchos españoles a los que tanto divierte pitar su himno y hacerle la higa al heredero de la Corona. Y eso no es más que una anécdota. Nadie con verdadero poder de decisión ha constatado lo obvio, que el Estado de las Autonomías está muerto. Bankia, ese frankenstein hecho con trozos de cadáveres de varias cajas de ahorro, es hijo de ese Estado. Su condición de quiebra técnica es consecuencia de la gestión de esas comunidades autónomas por medio de políticos y sindicalistas de todo pelaje. Y ninguno de éstos tendrá que dar cuenta ante un juez de sus actos. El Estado pondrá 23.500 millones que no tenemos y la fiesta continuará hasta que el cuerpo aguante, que ya está claro que va a aguantar muy poco. Y ojalá fuera nuestro único problema.

    Las empresas públicas no sólo no ganan dinero, sino que pierden más de cincuenta mil millones al año por pagar a toda clase de paniaguados contratados por los partidos que gobiernan comunidades autónomas y ayuntamientos. Los ministerios, consejerías y alcaldías rebosan de asesores (decenas de miles de ellos) que nada asesoran a unos asesorados que no tienen tiempo para escuchar tanto consejo. Sólo están para calentar una butaca, ocupar espacio en los edificios públicos y cobrar a fin de mes. Luego, están los interinos, nombrados enchufe mediante y que esperan convertirse en funcionarios por el mero paso del tiempo para unirse a los que ya consolidaron la plaza.

    Este enorme entramado clientelar de políticos profesionales, de empleados públicos y de interinos convertibles y convertidos en funcionarios de carrera que se comen lo que no está escrito sigue casi intacto. Y son tantos que prescindir de ellos provocaría un drama social de enorme envergadura. Y sin embargo, no tenemos con qué pagar sus muchas veces insignificantes cuando no inexistentes servicios.

    Sólo hay una solución, darle una interpretación amplia al artículo 155 de la Constitución, suspender en su ejercicio a todas la Comunidades Autónomas y a la mayoría de los ayuntamientos, mantener a los funcionarios que sean de oposición y hacerlos depender del Estado y despedir a todos los demás. Y si los profesores no interinos, en vez de 18 ó 20 horas de clase tienen que dar 30, que las den. Y si los médicos tienen que hacer horas extra por el valor de las ordinarias, que las hagan. Y así sucesivamente.

    Pero, nadie va a hacer tal cosa y nos iremos a pique. El único consuelo que nos cabe es que, a lo mejor, nos llevamos a toda Europa con nosotros hasta el sumidero y podremos mentir alegando que la culpa fue de Merkel. Y los sindicatos podrán manifestarse desfilando por entre los escombros. Es el fin de una pequeña nación.

    Emilio Campmany en LD

  5. #25
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    Predeterminado Comunidad Valenciana

    El Consell instalará la «huella digital» dentro de un plan contra el absentismo en la administración.

    El pleno del Consell ha aprobado este viernes un plan de control del absentismo del personal dependiente de la administración para reducir en medio punto anual el índice de ausencias por incapacidad temporal durante los próximos cuatro años, lo que supondrá un ahorro de 18,3 millones al año en cada uno de estos ejercicios.

    Así lo ha indicado el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo autonómico, en la que ha explicado que el objetivo es «igualar de manera progresiva» la tasa de absentismo laboral en la administración pública al sector privado y conseguir que esta sea «más eficaz, eficiente y productiva».

    Entre las medidas contempladas en el plan se encuentran la homologación de los permisos y licencias de incapacidad temporal en todos los departamentos de la administración o el descuento automático en la nómina del trabajador público de aquellas ausencias que no estén debidamente justificadas desde el primer día, y cuya reiteración podría desembocar en la apertura de un expediente disciplinario. Císcar ha apuntado que se intensificarán los controles de acceso, mediante la instalación de tornos o el uso de la «huella digital» en los edificios, de tal modo que queden registradas las entradas y salidas de los trabajadores, aunque ha reiterado que el plan «no está hecho para sancionar porque sí», sino para conseguir una mayor productividad, y que se analizarán las distintas situaciones «caso por caso».

    ABC.es

  6. #26
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    Predeterminado Los rectores desafían a Wert haciendo fijos a 600 profesores

    Dos decretos del Gobierno prohíben la convocatoria de plazas de empleo público y uno de ellos se refiere directamente a las universidades. Aun así, más de la mitad de ellas ha hecho caso omiso, y ha convocado desde enero más de 600 puestos de funcionarios docentes.

    El Real Decreto que aprobó el Gobierno el 30 de diciembre de 2011 dejaba clara la prohibición de convocar plazas de empleo público. Pero las universidades también han pasado por alto el decreto de ahorro público en educación, del 20 de abril, que les recordaba, precisamente a ellas, que tenían que cumplir con la legislación en materia de oferta de empleo público y no convocar ni una sola plaza. Desde entonces, se ha publicado en el BOE el concurso de más de 200 puestos.

    Son plazas de catedráticos y de profesores titulares, las dos categorías de docentes universitarios en la función pública.

    Algunas universidades, sobre todo las de Andalucía, acumulan decenas de ellas: la de Granada, un centenar; la de Sevilla, 35; la Pablo de Olavide, 32; la de Málaga, 23 .

    En Madrid no se quedan cortas: la Politécnica ha convocado 73; la Carlos III, 38.

    La flexibilidad legal de la que tradicionalmente se han beneficiado las instituciones universitarias apelando a su autonomía no vale para esta vez, en la que el decreto del Gobierno es taxativamente claro en cuanto a la contratación pública. El de 30 de diciembre fija que «a lo largo de 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo personal» y que «esta limitación alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo». Añade que «durante el año 2012 no se autorizarán convocatorias de plazas vacantes de nuevo ingreso».

    Consultado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas si la normativa encerraba algún vericueto al que pudieran acogerse las universidades, fue tan claro como la letra del decreto. «Las universidades no pueden sacar oferta de empleo público», aseguraron fuentes de este departamento.

    Según ha podido saber EL MUNDO, el Ministerio de Educación ha mostrado su inquietud por la cuestión a las comunidades autónomas, de quienes dependen las universidades. La Conferencia de Rectores también conoce la situación.

    Pero las universidades mantienen que sus convocatorias son legales. Algunas como Granada, Sevilla y la Politécnica de Madrid alegan que son plazas de promoción interna para que su propio personal ascienda, lo que supondría no aumentar la plantilla. De hecho, apelan a las vacantes que dejan los funcionarios que se jubilan, aunque la normativa estatal precisa que sólo podrán reponerse jubilaciones en un 10% en los sectores prioritarios y los servicios públicos esenciales. Aunque la universidad fuera considerada un servicio público esencial, la mayoría de las convocatorias de empleo público tampoco cumplirían ese 10% de reposición. Las plazas convocadas en 2012 casi alcanzan al total de jubilaciones acumuladas en todo 2011.

    Por otro lado, aunque sean puestos funcionariales para personal que ya trabaja en las universidades, su promoción implica un aumento del gasto salarial , que es lo que el Gobierno ha tratado de impedir con sus decretos.

    La realidad no ha pasado inadvertida en las propias universidades. De hecho, la voz de alarma llegó a este periódico desde algunas de ellas. Fuentes del sector consultadas explican que el procedimiento habitual en los concursos públicos de plazas universitarias es que éstas se creen ad hoc para profesores con nombres y apellidos. Las universidades las convocan para docentes contratados y acreditados por la Agencia Nacional de Calidad y Acretación universitaria (Aneca), que llevan años esperando alcanzar la panacea funcionarial. Los departamentos en los que se crea la plaza son quienes deciden los miembros del tribunal que valorará a los candidatos.

    Pero, aunque la plaza esté preconcebida para un compañero, ésta se convoca para todo el Estado. Si un docente de otra universidad la gana, sería una plaza de nueva creación.

    Actualmente, de los alrededor de 10.000 profesores contratados que la Aneca ha acreditado para ser funcionarios desde 2007, la mitad aún está esperando llegar a ello. La intención del Gobierno de endurecer los criterios de acceso a los puestos de profesor titular y de catedrático ha puesto en alerta a las universidades, según los expertos consultados.

    La última vez que llegó un Gobierno del PP tras uno socialista, las universidades desencadenaron una avalancha de plazas de catedráticos y profesores titulares. Ocurrió en 2001, cuando la entonces ministra de Educación, Pilar del Castillo, estaba diseñando la ley de universidades y anunció que lucharía contra la endogamia universitaria. Ante el temor de un endurecimiento del acceso, llegaron a crearse 12.000 plazas. Entonces era legal, pero ahora no.

    Las contradicciones jurídicas y numéricas entre Administración y universidades tienen en vilo la posibilidad de que al menos algunas de esas más de 600 plazas sean impugnadas por el Gobierno.

    Fuentes del Ministerio de Educación se limitan a responder que estudiarán el tema con minuciosidad y que no es descartable la impugnación de muchas de esas plazas, si bien esto último sería competencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

    PALOMA DÍAZ SOTERO JUANJO BECERRA en El Mundo

  7. #27
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    08 ene, 07
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    Predeterminado El Gobierno quiere reducir las vacaciones a los funcionarios

    También pretende ampliar el horario de obligada presencia de los empleados públicos.


    La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado a diferentes organismos de la Administración del Estado un borrador de resolución en el que se amplía el horario de obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen los días de vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras medidas.

    En concreto, en el borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, se establece que el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. En la resolución actualmente en vigor, que data de finales de 2005, el horario fijo en jornada de mañana es de 9.00 a 14.30 horas, con lo que, de aprobarse esta nueva resolución, se ampliaría en media hora el horario de obligado cumplimiento a los empleados públicos.

    En el borrador, la jornada semanal se mantiene en un mínimo de 37,5 horas. Ahora, para llegar a esa cifra, los empleados públicos pueden elegir entre completar esas horas entre las 7.30 horas y las 9.00 horas de lunes a viernes, entre las 14.30 horas y las 18.00 horas de lunes a jueves y entre las 14.30 horas y las 15.30 horas los viernes.

    En el texto elaborado por Administraciones Públicas no se establecen franjas horarias para completar la jornada, sino que se señala que serán los calendarios laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos para alcanzar las 37,5 horas semanales.

    En la actual resolución sobre jornada y horarios se señala que se podrá implantar la jornada intensiva de verano (normalmente se desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. En el borrador con los nuevos horarios no se contempla la jornada intensiva.

    De hecho, en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada de verano, "ésta no podrá suponer un menoscabo" de la jornada anual, "debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para completar dicho cómputo".

    En el texto se eliminan además los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.

    No acumular permisos a las vacaciones
    De aprobarse esta nueva resolución, los empleados públicos de la AGE estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de permiso por asuntos particulares. Asimismo, en caso de que su lugar de trabajo cierre durante un periodo concreto del periodo estival, el disfrute de las vacaciones de los empleados públicos deberá coincidir con esa franja temporal.

    La resolución va acompañada de dos anexos: un código de buenas prácticas de los directivos públicos para fomentar la productividad de la AGE y de sus organismos públicos, y un código de conducta para los empleados públicos de estas áreas.

    En el código de buenas prácticas para los directivos públicos se emplaza a los subsecretarios de los departamentos ministeriales y demás titulares de órganos competentes de la gestión de recursos humanos a adoptar medidas disciplinarias en los supuestos legalmente tipificados de absentismo injustificado; a exigir la justificación oportuna "de todas las ausencias", incluidas las de duración inferior a cuatro días en las que se alegue enfermedad; a impulsar reconocimientos médicos para controlar las bajas por enfermedad o accidente; y a remitir a la Secretaría de Estado información sistemática sobre el cumplimiento de los horarios y de los niveles de absentismo.

    Los sindicatos, molestos
    El borrador no ha gustado nada a los sindicatos. En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. ha criticado que el Gobierno pretenda aplicar "unilateralmente" a los empleados públicos una nueva resolución de jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

    En dicha ley, recuerda CC.OO., se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación con los sindicatos de la Función Pública. Para el secretario general de la FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, el procedimiento que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en esta cuestión es "inadmisible" y "ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos".

    Fossoul considera que esta medida podría tener un efecto muy amplio no sólo para la Administración del Estado, a la que afecta directamente este borrador de resolución, sino para el resto de las administraciones públicas, "que seguirán probablemente el camino diseñado desde el Gobierno para continuar recortado derechos a los empleados públicos, en pequeñas dosis pero de forma constante".

    Desde CSI-F, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado, en declaraciones a Europa Press, su malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre jornada y horarios, tal y como determina el EBEP.

    Camarillo ha calificado este procedimiento de "inadmisible" y teme que el Gobierno vaya a aprobar esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas que han afectado a los empleados públicos.

    Además, el responsable de CSI-F ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit, sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que ya se les ha castigado reduciéndoles retribuciones. "Nos tememos lo peor", ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no es un problema en la AGE.

    En La Gaceta.es

  8. #28
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    Predeterminado El Gobierno prefiere "cualquier medida" antes que bajar sueldos públicos

    Libre mercado-LD/agencias 2012-06-19

    El secretario de Estado de Administración Pública, Antonio Beteta, ha asegurado este martes en el Congreso que el Gobierno elegirá "cualquier medida antes que la reducción de salarios" a los funcionarios, y ha anunciado que están trabajando en una Ley del Estatuto del Directivo Público.

    Ante la Comisión parlamentaria de Hacienda y Administración Pública, Beteta ha defendido la figura del funcionario y su "papel central" en la implementación de las reformas que está adoptando el Gobierno, si bien ha señalado que el colectivo necesita "redimensionarse".

    "Las administraciones públicas están siendo consecuentes y están racionalizando su personal sin merma en los servicios público esenciales", ha dicho, apuntando que el número de funcionarios ha caído un 5,9% desde julio de 2011 pese a que las necesidades de la población se han incrementado un 20%. Sin embargo, "la grave coyuntura y la difícil herencia recibida" hace necesario, según el secretario de Estado, seguir avanzando en las reformas de la Función Pública, si bien se adoptará "cualquier medida antes que la reducción de salarios", como ya se ha hecho con la congelación de los salarios y el incremento en 2,5 horas del horario semanal.

    Estatuto del directivo público

    Por otra parte, Beteta ha avanzado que la Ley de la Función Pública en la que se está trabajando recogerá "algunos elementos esenciales como instrumentos de planificación, estructura, carrera administrativa, régimen jurídico de personal o mejora de procedimientos". "Es un proyecto muy ambicioso pero necesario", ha subrayado.

    En la misma línea, también se impulsará desde el Ministerio una Ley del Estatuto del Directivo Público que busca "acabar con el vacío legal que sitúa en un extraño limbo las importantes funciones de este colectivo", que Beteta ha calificado como "la materia gris" de la administración pública.

    En esta norma, se regulará la vinculación entre el personal directivo y la administración, el desarrollo de los procesos de selección y el régimen jurídico aplicable, entre otros asuntos. Junto a todo ello, se continuará avanzando en materia de administración electrónica y de "reasignación" de personal a los diferentes servicios.

  9. #29
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    Predeterminado Música conocida

    Ha sido abrir la boca Elvira Rodríguez y desatarse la tormenta en torno a ese punto delicadísimo, que todos sabemos que tiene siempre una cruenta solución en términos de empleo, pero que sabemos también que está en el origen de nuestro terrible ahogo presupuestario: el imprescindible adelgazamiento de nuestro sector público.

    Y eso que el Gobierno no ha entrado todavía más que a hacer la manicura a la Administración en materia de gastos. De hecho, su plan no consiste en salir dando un único y brutal hachazo a la estructura administrativa de España, sino en ir reduciéndola inexorablemente a lo largo de los próximos años. Pero esta música ya la hemos oído.

    Para empezar, ya está hecho el anuncio del vaciamiento de competencias de todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, competencias que serán asumidas por las diputaciones. Eso significa que los alcaldes y concejales de esos ayuntamientos ya no van a cobrar del erario público lo que cobraban porque la suya será una función meramente representativa. Esa reforma de la Ley de Régimen Local estará lista en el mes de julio.

    Luego vino la famosa exigencia a las comunidades autónomas para que vayan cerrando o reorganizando toda esa maraña de empresas públicas y fundaciones que, como dijo ayer Rodríguez, han crecido al calor del dinero. Eso mismo ya lo había pedido en 2010 Elena Salgado, entonces vicepresidenta económica del Gobierno Zapatero, pero con nulo éxito: el compromiso de las CCAA fue el de reducir 640 empresas públicas. De momento han eliminado 250.

    Cuentan quienes saben que por ahí anda todavía, viva y coleando, una empresa nacida en los tiempos de la Expo -año 1992- que tenía como proyecto construir un puente que uniera España y África. El puente no existe, pero la empresa sigue ahí, con su consejo de administración y sus empleados, cobrando por mantener muerto pero respirando aquel proyecto fantasma.

    La diferencia entre entonces y ahora es que las cosas hoy están muy amarradas y los gobiernos autonómicos ya no tienen ninguna posibilidad de remolonear. Agotada su capacidad de financiarse, no les queda más remedio que meter la tijera en todos los capítulos donde lo puedan hacer.

    Por si acaso, cuando dentro de 15 días se celebre la nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro Montoro va a exigir resultados a las comunidades que no hayan cumplido lo acordado. Exigencia que se va a hacer pública junto con los datos en los que se basa.

    De cosas así habló ayer Elvira Rodríguez. No anunciaba nada más pero tampoco nada menos porque, si se culmina ese plan de reducción, el ahorro en salarios será gigantesco. Tan gigantesco como el dramático incremento de las cifras de paro que seguirá a los cierres, cada una de las cuales tiene un nombre y un apellido. Esa será la otra consecuencia, ésta terrible, de la imperiosa necesidad de repensar España y su modo de vivir.

    Victoria Prego, en El Mundo

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    Predeterminado Una de cada tres bajas de los empleados públicos es fraudulenta

    El Gobierno ahorrará 426 millones al homologar su régimen al del sector privado

    El Gobierno de Mariano Rajoy está dispuesto a poner coto al fraude que se ha detectado entre algunos empleados públicos en una de las prácticas más extendidas, como son las bajas médicas. El Real Decreto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros quiere erradicar una de las causas más frecuentes que utilizan los trabajadores para no ir a trabajar y, por ello, ha decidido homogeneizar el Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios con el de los trabajadores del sector privado. Una medida que le permitirá ahorrar 426 millones de euros. La razón principal que la justifica es que una de cada tres bajas médicas de funcionarios es fraudulenta, según los datos a los que ha tenido acceso ABC.

    Los controles para detectar este fraude comenzaron a realizarse el 1 de julio de 2010, a través de Muface y en colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El objetivo era hacer un seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, como son las bajas médicas de los funcionarios que tengan una duración superior a veinte días.

    Controles
    De los 20.316 reconocimientos practicados, solo en 12.554 se mantuvo la situación de incapacidad, suponiendo un 61,79 por ciento. En un 50,01 por ciento de los casos examinados se recomendó el inicio del procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para el servicio.

    Uno de los datos más destacados del resultado es que uno de cada cinco trabajadores, el 19.04 por ciento, que pasaron el reconocimiento recibió el alta médica y se tuvo que incorporar al trabajo al día siguiente. Además, otro 14 por ciento de los mutualistas no compareció a la cita fijada. Ello supone que uno de cada tres reconocimientos efectuados tuvo como resultado el alta médica o la incomparecencia del interesado.

    Este estudio también ha detectado que en aquellos periodos que coinciden con días festivos o vacaciones, el número de procesos de incapacidad temporal es sensiblemente inferior al resto del año. Así, si en el mes de marzo de 2011 se produjeron 11.051 bajas y en octubre otras 11.969, en julio disminuyó hasta las 2.547 y en agosto a 2.917. En diciembre se contabilizaron 4.133, muy por debajo de la media, y en abril, que el año pasado coincidió con la Semana Santa, fueron 7.772.

    Como consecuencia de esta disminución de las bajas, el pago de los subsidios por incapacidad temporal también cayó antes de los meses de vacaciones, ya que al producirse el alta se cobra íntegramente la retribución. Estos datos indican la existencia de una bolsa de absentismo irregular por incapacidad temporal por la plenitud retributiva de la que gozan los mutualistas del Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios. Los trabajadores de la empresa privada, al estar encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, ven reducidas sus retribuciones durante los veinte primeros días de enfermedad.

    La segunda reforma estaba encaminada a reducir los días libres que disfrutaban los funcionarios, pasando de once a seis, asemejándolos a los trabajadores del sector privado. En total, esta reforma se traducirá en un ahorro real de 455.658 días moscosos y 324.007 días de vacaciones adicionales entre los funcionarios de carrera, que ahora tendrán que trabajar, de 7.491 «moscoso» adicionales para el personal laboral y 17.643 días de vacaciones adicionales para el personal laboral. En la Administración General del Estado trabajan 159.704 funcionarios de carrera y 66.446 eventuales.

    Canosos y moscosos
    Los once días libres que tiene los funcionarios de carrera se distribuyen de la siguiente forma: seis moscosos, tres canosos y dos de vacaciones extras. A estos hay que sumar las vacaciones. Siete de cada diez funcionarios de carrera tiene días extras adicionales a los seis días de asuntos propios con los que cuentan todos los empleados públicos. En este sentido, se dan casos en que funcionarios con 18 trienios de antigüedad tienen más días libres adicionales que de vacaciones (6 moscosos+13 moscosos adicionales+4 de vacaciones adicionales). Con la reforma, los seis días de libre disposición (moscosos) quedan reducidos a tres. Además, a partir del sexto trienio los canosos, se eliminan.

    Al ser una normativa básica, es de obligado cumplimiento para todas las administraciones, por lo que el ahorro se puede multiplicar por tres.

    Paloma Cervilla, en ABC.es

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