La Partitocracia - regimen politico actual.

[agente t]

Hoy LA GACETA reproduce íntegros los informes policiales que, junto con las revelaciones publicadas en días anteriores por nuestro propio periódico, tanto han agitado las aguas de la campaña electoral catalana. Se trata de la investigación sobre la financiación de Convergència Democràtica de Catalunya, el caso Palau y otros extremos conectados con la presunta red de corrupción institucional creada por el nacionalismo catalán. Esto que publicamos no es exactamente una exclusiva. Sin embargo, sólo LA GACETA lo va a publicar en su integridad. ¿Por qué? Porque es un documento excepcional. Y porque creemos imprescindible que hoy, en el día de unas elecciones autonómicas que el presidente de la Generalitat ha querido convertir en un plebiscito por la independencia, todos los catalanes puedan tener en su mano toda la información.

‘Cultura de la mordida’

La historia de este informe es muy significativa. Fue presentado a la Fiscalía de Barcelona por el comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos y el anterior jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y actual jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO). La respuesta de los fiscales fue que “el juez no estaba por la labor de seguir” y que “en época de precampaña lo veía poco factible”, según el Sindicato Unificado de Policía. El juez en cuestión es el del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Pijuan, cuyas conexiones con la Generalitat han sido puestas al descubierto por LA GACETA. Sin entrar en la atribución de eventuales delitos, todo esto pone de manifiesto que en Cataluña existe una red de intereses políticos, económicos y judiciales (añádanse los mediáticos) que convierte a esa comunidad en un lugar donde el Estado de Derecho propiamente no existe. Las revelaciones policiales afectan de una manera contundente al proceso separatista puesto en marcha por Artur Mas. Por así decirlo, vienen a señalar cuánto hay de impostura y de intereses creados en una deriva política que compromete insensatamente al conjunto de los catalanes y a todos los demás españoles. A fecha de hoy, ya es imposible saber dónde acaba el proyecto político separatista y dónde empiezan los intereses económicos y personales de la oligarquía nacionalista. A los ciudadanos catalanes se los usa como escudos humanos para proteger la inmunidad personal de un político en apuros y de una casta política que ha tomado Cataluña por su feudo particular.

Pero, a decir verdad, todo lo que está saliendo a la luz estos días no compromete sólo a los nacionalistas catalanes, sino que afecta al conjunto de la clase política española, pasada y presente, y a su red de intereses financieros y mediáticos. El protagonista de los informes que hoy publica LA GACETA es el nacionalismo catalán, pero en sus páginas aparecen también, como actores no exactamente secundarios, personajes vinculados tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Hasta el punto de que bien puede hablarse de toda una cultura de la mordida –valga la expresión– como seña de identidad de la partitocracia española. En detrimento de cualquier democracia decente.

Responsabilidad ciudadana

Aquí es preciso hacerse algunas preguntas cuya respuesta va mucho más allá de los delirios mesiánicos de Artur Mas. Por ejemplo: ¿por qué el Ministerio del Interior, que sin duda había de tener conocimiento de estos informes, no los ha hecho públicos antes? Y no nos referimos sólo al equipo de don Jorge Fernández, actual ministro, sino también a sus predecesores socialistas, pues la investigación abarca fechas muy anteriores. Más preguntas: ¿por qué el Partido Popular y el Partido Socialista han renunciado a hacer uso de estas informaciones en la campaña electoral catalana? Y sin abandonar el mismo turbio mundo de la cultura de la mordida, ¿por qué la opinión pública española ha dejado de tener noticias acerca de dos casos de gran envergadura como los asuntos Gürtel y Campeón?

Siempre hay hipócritas dispuestos a defender que estas cosas deben ocultarse a la opinión pública para no dañar la credibilidad de nuestra democracia. Eso es intolerable. Precisamente por la credibilidad de nuestra democracia es absolutamente imprescindible dar a conocer los abusos de la clase política, de cualquier signo, que convierten la soberanía nacional en una especie de inagotable cofre del tesoro siempre dispuesto a ofrecer sus mejores primicias al mandamás de turno. Aquí defendemos con plena convicción un sistema de libertades personales que permita elegir sin trabas a nuestros gobernantes en un marco de escrupuloso respeto a la ley. Ese es el modelo de democracia que queremos. Pero lo que tenemos todavía está lejos del modelo. Por eso es preciso denunciar sin tregua los abusos.

En el caso concreto de Cataluña, donde hoy se vota en unas elecciones que ya no son sólo autonómicas, los ciudadanos deben ser conscientes de cuánto se están jugando. Deben ser capaces de sobreponerse a la agitación sentimental del nacionalismo y saber a quién entregan su confianza. La clase política nacionalista no encarna sólo un insensato proyecto separatista que arruinaría a los catalanes y quebraría al conjunto de España, sino que representa también los peores vicios de un sistema de partidos donde los políticos se creen con derecho a hacer mangas y capirotes de la Ley. Quien lo siga dudando, que lea el informe que hoy publica LA GACETA. Un documento de valor excepcional.

[agente t]

La España de los 80 fue la del pelotazo, aquel país del mundo en el que, según un ministro, era más fácil enriquecerse de forma rápida. La exaltación de la codicia fue calando en los partidos y los dirigentes políticos, que decidieron que ellos también tenían derecho a parte del pastel. El resultado es hoy una España cleptocrática, en la que la corrupción es consustancial al poder.

Lo primero que hay que desmontar es el tópico de que los partidos pretenden combatir la corrupción. Eso sólo es cierto cuando se trata de la ajena. No hay ni una sola formación política que haya denunciado un caso de cohecho en sus filas. Cuando era evidente que Luis Bárcenas había cobrado comisiones de Gürtel, Rajoy puso la mano en el fuego por su ex tesorero. Y el PSOE siempre ha reaccionado igual -veáse el caso de los ERE- cuando había indicios fundados de comportamientos iregulares de sus militantes.

La corrupción forma parte intrínseca del funcionamiento de los partidos por una elemental razón: priorizan la consecución o el mantenimiento del poder a los valores éticos. Por eso, cierran los ojos ante flagrantes conductas delictivas o amorales.

A ello se suma que, como los partidos son estructuras burocratizadas y dirigidas desde arriba, sus sistemas de selección priman siempre la mediocridad sobre el talento, la fidelidad sobre la creatividad.

La corrupción en España es un fenómeno transversal en el sentido de que afecta a los grandes partidos, entre los que incluyo a CiU, y que además se extiende a las instituciones públicas, al sistema financiero, los sindicatos, la patronal, las mayores empresas del país y un largo etcetera.

La España de hoy no dista mucho de la Italia de los años 80 en la que buena parte de su clase dirigente acabó en la cárcel. Aquí esto no va a suceder porque el blindaje de los corruptos es mucho más sólido gracias a la estrecha asociación de intereses entre el poder político, el financiero y algunos grupos de comunicación.

Lo peor de esta España es que nuestros líderes fingen no enterarse de nada y se refugian en el consabido tópico de que las conductas de corrupción son aisladas. No es cierto. Lo que hay en los partidos y las instituciones es una bochornosa laxitud hacia este fenómeno que está provocando que España deje de ser una democracia para transformarse en una cleptocracia. Ésa es la causa fundamental de nuestro declive.

Pedro G. Cuartango, en El Mundo

[agente t]

Los partidos mayoritarios se muestran renuentes a utilizar la corrupción como ariete. No hay una verdadera voluntad de transparentarla, ni siquiera la que desgastaría al adversario. Es un tipo de inhibición que nos recuerda el acrónimo de la Guerra Fría: D.M.A. (Destrucción Mutua Asegurada). La partitocracia percibe que la corrupción es un problema endogámico que los dañará a todos si se apodera del debate parlamentario. Y por ello apenas conviene distraer a la iracunda opinión pública con un paripé de promesas orgánicas pensadas para no ser cumplidas jamás. He necesitado un párrafo entero para decir que el españolísimo «¡Y tú más!» bloquea cualquier intento serio de inspección ética.

Esto explica lo flojo que Rubalcaba estuvo en la sesión de control, aun disponiendo de Bárcenas para hacer sangre. El líder socialista agotó casi todo su tiempo en una primera intervención hipotensa, casi susurrada, en la que una oferta genérica de diálogo para combatir la desafección popular sustituyó la Catilinaria acerca de la corrupción que todos esperábamos. En su segunda intervención, aprovechó los escasos 19 segundos que le quedaban para encabritarse de pronto de un modo sobreactuado, como si quisiera dejar para los telediarios al menos un corte ínfimo de indignación. Pero no se le notó especialmente escandalizado, ni siquiera cuando aconsejó «contundencia» a Rajoy y agregó que el PP, a diferencia del PSOE con sus propias ilegalidades, siempre «se ha ido de rositas». Rajoy le agradeció el consejo y le recomendó que se lo aplicara también. Ése es el nivel. El presidente ha descubierto que aburrir a la gente es como cubrir una hoguera con una manta ignífuga. En vez de abordar con brío las sospechas de corrupción para desactivarlas, sencillamente las ignoró. Y, en un tono de contestador automático, recurrió a su letanía de medidas económicas -emprendedores, competitividad, inversiones...-, dispuesto a aburrir con ellas hasta que se agotara el tiempo de réplica o hasta que se desvanecieran los presentes, lo que ocurriera primero. Que vayan desengañándose quienes tuvieran la esperanza de que el Parlamento español albergara algún día un vibrante debate sobre corrupción política con el que se hiciera catarsis. Antes convocarán sus señorías un concurso de imitación de animales de granja.

La defensa que Gallardón hizo de su indulto al ya célebre conductor homicida tampoco llevó el Estado a nuevas cotas de honorabilidad. La mañana terminó de ponerse deprimente por su culpa. Primero se dio el gustazo de aplastar a la diputada de Amaiur Maite Ariztegui, que trató de ocupar el insólito papel de censor moral del Parlamento. Gallardón le clavó varias veces la palabra «putrefacto», en referencia a su cercanía histórica a ETA. Pero luego, a preguntas muy pertinentes del socialista Joaquín Puig, no logró convencer a nadie de que su indulto no merece ser calificado con ese mismo adjetivo, putrefacto. Hizo suyos los argumentos de la defensa invalidados por el tribunal, como si su poder fuera alterar los juicios cuyo desenlace no es el conveniente. Hasta negó conocer el bufete en el que trabaja su hijo. Pestilente.

David Gistau, en El Mundo

[agente t]

Aunque habitualmente se dice que Mariano Rajoy tiene un problema con Ana Mato, yo creo que, como otros ministros o altos cargos en situaciones similares, es la ministra la que tiene un problema con el presidente. Para Rajoy es sencillo echar a Mato. Para Mato, es difícil conseguir que la eche Rajoy. Cuando a ella le convenga, se entiende, que era anteayer. O, mejor, aunque malo para ambos, antes de nombrarla. Porque tras el grotesco episodio del Jaguar gurteliano en el garaje, ese que Ana Mato aseguró no haber visto -lo taparía algún Rolls-, nombrarla ministra era una burla ética y estética, sólo explicable por la ceguera endogámica de la casta política.

Esta semana hemos sabido que Mato es madrina del tercer hijo de los Aznar y que a su vez los Aznar son padrinos de un niño Sepúlveda-Mato. Pero la semana pasada nos enteramos de algo no muy distinto y, a mi juicio, más grave: Amy Martin, la fantasmal criatura de Carlos Mulas e Irene Zoe Alameda, captora de subvenciones nada fantasmales a través de la fundación y los ministerios del PSOE, ha disfrutado de dos codiciados empleos para los que se supone que hace falta algo más que el carné: directora del Instituto Cervantes de Estocolmo -diríase necesario saber escribir en español- e investigadora del CSIC durante tres años (¿qué estudiaría: la corrupción, como su marido, para cobrarla?). Dice el PSOE que hay poco dinero para investigación. Para los suyos, investiguen números sobrinos o gramática parda, ha sobrado. ¿Y nos extrañaría que los Martin fueran padrinos de un hijo de Caldera? ¿O que Amy o su heterónima canora hubiera amenizado los cumpleaños de las góticas de Zapatero? Pues no.

Afectos e intereses se confunden -incluso en instituciones creadas para promover la cultura o la ciencia, sin sectarismos-, si las ocupan siempre los mismos. Listos y tontos, golfos y buenos, todos se amigan, se ayuntan, se casan, se reproducen… y cobran. ¿Del partido? ¿Del Estado? De los amigos del partido, pero a costa de la meritocracia que debería promover el Estado.

El mal de la partitocracia ha calado hondísimo; y en el periodismo, más. Ayer se debatía lo cobrado en esta década por Rajoy, con o sin crisis, pero no que tres cuartas partes de sus ingresos provinieran del PP, no del Gobierno o del escaño en el que nos representa. ¡Cómo nos va a representar!

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo

[agente t]

400.000 cargos públicos hay en España, 200.000 en Alemania, que nos duplica en población. La cifra resulta acongojante. Esos 300.000 cargos públicos que sobran y que se pagan a costa de sangrar a los españoles con impuestos casi confiscatorios han sido creados por los partidos políticos para colocar en ellos a sus parientes, amiguetes y paniaguados. Las cuatro Administraciones, la central, la autonómica, la provincial y la municipal, han puesto en marcha en los últimos años, cerca de 4.000 empresas públicas, casi todas deficitarias, muchas absurdas o pintorescas. Eso sí, han sido muy útiles para dar trabajo a los enchufados de los partidos políticos.

En 1977, las Administraciones contaban con 700.000 funcionarios y empleados; ahora, con 3.200.000, nombrados a dedo en parte sustancial por los partidos políticos. Los contribuyentes pagan los sueldos, las extras, los complementos, las vacaciones, los moscosos, los canosos, los puentes, las ausencias por enfermedad u otras causas, la luz, la calefacción, el aire acondicionado, el teléfono, los viajes de trabajo, las dietas, de esos dos millones largos de funcionarios y empleados públicos que sobran.

Imposible concretar la cifra de automóviles oficiales que las Administraciones se han adjudicado. Mientras Cameron en Inglaterra y Hollande en Francia los han suprimido, incluso para los ministros, aquí se han multiplicado de forma incesante y superan ya los 60.000. Los ciudadanos costean la caravana interminable de los coches oficiales, sus seguros, la gasolina, el mantenimiento y las reparaciones, amén de un número incontable de chóferes y escoltas. En ciudades como Madrid el derroche automovilístico oficial clama al cielo. Claro que peor es el número de edificios. Las Administraciones y los partidos políticos se han adueñado de tal cantidad de palacios, palacetes, mansiones, casas suntuosas, que resulta casi imposible cifrar los metros cuadrados que deben pagar los contribuyentes, aparte mantenimiento, limpieza, reparaciones, seguridad y vigilancia.

Por otro lado, los partidos políticos gastan sin tino. Según la contabilidad oficial, y al margen de que existan o no cajas B, el Partido Popular derrochó en el año 2011, la cantidad acojonante de 133.398.210 euros. Por las cuotas de los afiliados ingresó 12.303.879 euros y 2 millones por donaciones. Es decir, el 90% de lo que gasta el Partido Popular es dinero público, puro y duro. Y lo mismo, o muy parecido, ocurre con los otros partidos y también con los sindicatos.

El ciudadano medio ha tardado en darse cuenta del saqueo al que está sometido por los partidos políticos. Desde hace algunos años, sin embargo, ha tomado conciencia de los abusos que se nutren de unos impuestos crecientes y abrumadores. Está harto de pagar para que los políticos se gasten su dinero en el derroche y la desmesura. Y eso sin entrar en el capítulo de la corrupción que crece alarmantemente si bien no se puede generalizar. La clase política española es muy mediocre pero no está corrupta, aunque las excepciones empiezan ya a pasar de castaño oscuro.

El despilfarro incesante del dinero público, los abusos de poder, la prepotencia desdeñosa caracterizan, hoy por hoy, a los partidos políticos que saquean de forma inmisericorde a los españoles. Se han convertido en el tercero de los diez grandes problemas que nos acosan. Deberían ser una solución para los problemas. Para eso existen. Para eso articulan la democracia pluralista. Se han convertido, sin embargo, no en una solución, sino, repito, en uno de los graves problemas que agobian a los españoles.

Luis María Anson, miembro de la Real Academia Española, en El Mundo.

[agente t]

A lo largo de mi dilatada vida profesional he reverenciado el offtherecord. Nadie podrá acusarme de haber revelado una confidencia o una información vertida en el confesionario del periodista. No lo he hecho nunca ni lo voy a hacer ahora. Pero ha llegado el momento de contar una historia reveladora, aunque sin nombres ni localizaciones. Divertirá al lector bucear en este patio de monipodio en el que se ha convertido España. Me la proporcionó un destacado político. Escuché directamente la cinta magnetofónica que era inequívoca.

Un dirigente de Alianza Popular en Madrid habla por teléfono con otro dirigente de provincias. Entre ambos habían conseguido la recalificación municipal de un terreno. El beneficiario del chanchullo obsequió al partido con un discreto maletín que contenía 100 millones de pesetas, 600.000 euros, para entendernos. Durante la conversación telefónica el provinciano, en un rasgo de honradez, le dice al capitalino.
- Tengo ya a buen recaudo los 100 millones. Dime cuánto le damos al partido.
- ¿A esos maulas? -contesta el dirigente capitalino, la voz en alza y el taco hiriente- Ni un duro, hombre, ni un duro. Nos lo quedamos todo para nosotros, a medias, claro.

Pascual Maragall habló en el Parlamento catalán, como si de una práctica habitual y normal se tratara, del 3% que ingresaban los partidos políticos por cada licencia o negocio que facilitaban. Luego se ha demostrado que, en realidad con lo que arramplaban era con el 4%, es decir el 3% para el partido y el 1% para los gestores. En el caso al que me refiero los dirigentes decidieron quedarse con el 100%, que todavía hay clases.

Aparte las cuotas de los afiliados y las copiosas subvenciones directas e indirectas que reciben de la Administración, los partidos políticos se nutren de las donaciones de simpatizantes (a veces con contrapartidas de favores) y de las mordidas o comisiones sobre licencias, concesiones, recalificaciones y otras historietas. Estos ingresos son casi incontrolables. El tesorero del partido que recibe una donación o percibe una comisión puede quedarse sin que nadie o casi nadie le controle con todo o una parte del dinero recibido. Así se explica que algunos hayan amasado ingentes fortunas.
Hasta que el juez no se pronuncie, hay que otorgar a Luis Bárcenas la presunción de inocencia. Pero, partiendo de ella, me parece reveladora la información de ayer en este periódico, según la cual la policía sospecha que el extesorero hacía como Roca en Marbella: recibía el dinero de las donaciones y de las comisiones y se quedaba con una parte. Eso explicaría la desmesurada fortuna amasada, aunque habrá que esperar a que el juez sentencie para que se confirmen o no las sospechas de la policía. En todo caso, la gran cuestión en torno a Bárcenas no reside en su enriquecimiento personal sino en los presuntos pagos en B a dirigentes del Partido Popular. La espada de Damocles-Bárcenas cuelga sobre la cabeza de Mariano Rajoy. Si el extesorero conserva los recibís que corresponden a las presuntas cantidades entregadas a dirigentes del PP, la capacidad de chantaje sobre la actual dirección del partido resultaría abrumadora. Si esos recibís no existen, Bárcenas será vapuleado por la Justicia y por el Partido Popular, al que como entusiasta alpinista ha instalado en la picota del Everest del descrédito.

Los políticos españoles en su inmensa mayoría no tienen conciencia de hasta dónde ha llegado la indignación popular ante la sinvergonzonería, los abusos y el cinismo del que han hecho gala. Creen que lo tienen todo bajo control, que escampará pronto y que podrán seguir saqueando al pueblo. Desconocen los estragos que se producirán en toda España si explosiona la indignación popular, porque la sombra de la revolución es alargada.

Luis María Anson, miembro de la Real Academia Española, en El Mundo.

[agente t]

Tanto Rajoy como Mas intentan a la desesperada proponer todo tipo de medidas anticorrupción con el único propósito de disimular los escándalos de sus respectivos partidos. Es una farsa más de la política española y catalana. La única medida honesta y realmente eficaz que pueden tomar es contarle al juez todo lo que saben y luego dimitir. Cualquier otra medida es una pantomima y tratar de reírse de los ciudadanos en su cara.

Si Mas y Rajoy tuvieran algún interés en acabar con la corrupción y en activar la regeneración democrática, confesarían las fechorías de sus partidos para financiarse ilegalmente. Unas fechorías de las que tal vez no se han beneficiado personalmente, pero que, como presidentes de sus formaciones políticas, las conocían y las autorizaron.
Y precisamente por ello Bárcenas puede hacerle chantaje con total impunidad a un PP cautivo y desarmado, atado de pies y manos, que por culpa de la corrupción que dice querer combatir sostiene una Presidencia del Gobierno insólitamente secuestrada.Precisamente por ello, también Félix Millet, autor confeso de uno de los desfalcos más descomunales de la democracia, el que vació las arcas del Palau de la Música catalán, está en perfecta libertad y Convergencia se ocupa bajo mano de que no le falte absolutamente de nada. Mas sabe que si Millet hablara sería el final de su carrera política y el hundimiento de Convergència.

Lo que Mas y Rajoy tendrían que organizar, para ser coherentes con sus trayectorias, son cursillos de verano de magia financiera. Nada por aquí y nada por allá. Es fácil escandalizarse y bromear sobre Bárcenas y Millet, pero sólo son dos granujas que se aprovechan de un sistema podrido y de una casta política que, en lugar de batallar para mejorarlo, prefieren mantener la inercia aunque sea tolerando y beneficiándose de la pura y dura delincuencia.
Nadie duda de que los gobernantes cobran poco y de que la financiación de los partidos está mal resuelta. Todo el mundo entiende que muchas reformas son en este sentido vitales. Es justo y necesario que se hagan propuestas valientes para acabar con las tramas. Pero para que las reformas funcionen es imprescindible la sinceridad, y no esta grosera pantomima de Mas y Rajoy para hacer ver que quieren cambiarlo todo cuando, por debajo, propician que en sus partidos entren cobros irregulares porque las campañas, tal y como hoy están montadas en España, son imposibles de pagar sólo con la contabilidad legal de las distintas formaciones políticas.

Lo que tendría que hacer reflexionar a los dos presidentes es que lo que crea desconfianza en la política es, más que robar, la sistemática mentira con que algunos líderes insisten en negar la evidencia como si creyeran que somos imbéciles. Lo que aleja a los ciudadanos de la política no son los errores, ni incluso las faltas o delitos que algunos políticos puedan cometer, sino el cinismo con que unos se tapan a otros, el engaño permanente porque cada cual conoce las miserias de sus adversarios y calla para que los otros también callen, fomentando así la trama.

¿Medidas anticorrupción? Que Mas y Rajoy den cada uno una rueda de prensa contando todo lo que saben de los cobros y los pagos ilegales que han autorizado.Lo demás son insultantes maniobras de distracción para poder continuar robando.

Salvador Sostres, en El Mundo