deficit fiscal

[agente t]

El triunfo de los partidarios del euro en Grecia no sólo no ha dado un respiro a la deuda española, sino que la ha hundido aún más en las aguas del descrédito. El bono a 10 años está claramente por encima del 7% y, lo que es peor, Italia queda ahora rezagada a un discreto segundo puesto en la línea de ataque contra la moneda única a 108 puntos de nuestra prima de riesgo (575 contra 467).

¿Por qué?, se preguntan muchos. Como si la de ayer fuera una segunda reacción irracional de los mercados (la primera fue la bofetada del pasado lunes tras el acuerdo para conceder a España un eurocrédito de 100.000 millones para la banca), que hiciera imposible prever lo que va a suceder. Y no sólo eso. Como si no sirviera de nada hacer lo que se nos dice que hagamos desde Europa y desde el FMI. Como si una especie de maldición bíblica nos condenara irremediablemente al averno.

Pero no. Los focos, a veces desfiguran los problemas reales. Ni nuestro sistema financiero ni Grecia son la causa de que exista ese recelo internacional hacia España, por otra parte bien condimentado con elevadas dosis de especulación.

Un dato que explica lo que le está ocurriendo a España. El jueves 14 de junio se celebró en Londres la XVI Annual European Financial, organizada por Goldman Sachs, a la que acudieron representantes de toda la banca europea. La mayoría de los asistentes coincidió en que España, en estos momentos, «no es buen lugar para invertir». Es decir, la desconfianza no viene generada por el sistema financiero, sino por las dudas sobre el país y su capacidad para afrontar sus deudas (públicas y privadas).

Un banquero lo resume de esta forma: «El ratio de deuda sobre PIB es como la solvencia de un cliente que pide un crédito. Su garantía es la tasación de sus bienes, pero el cliente no genera ingresos. No tiene problemas para conseguir un primer crédito, pero sí para que le den un segundo porque, aunque siga siendo solvente, no genera recursos con los que amortizarlo».

Es decir, que el problema real es cómo pagar nuestras deudas (crecientes: este año ya en el 90% del PIB, si incluimos los 100.000 millones de la banca) cuando nuestra economía languidece, caen los ingresos fiscales y no se atacan los problemas de fondo que genera un estado pesado e ineficiente.

Difícil situación porque se juntan nuestros problemas con la intransigencia de Alemania y el desconocimiento de los inversores de la realidad española.

Se ha extendido la idea de que «España está muy mal» y convencer a los inversores mundiales de que eso no es así requeriría de una operación pedagógica y de imagen que implicara a todo el Gobierno y a todas las instituciones. Que el país fuera consciente del peligro y hubiera un compromiso de fondo para afrontar la situación.

Hay que hacer más reformas (sobre todo en el modelo de Estado y en la reducción del mismo) pero, además, hay que explicar lo que se está haciendo.

El Gobierno no acertó al poner el foco de la angustia en el sistema financiero (cuando es sólo una parte del problema); y luego, en las elecciones griegas (que, como se ha visto, no han frenado el acoso contra nuestra deuda).

El Gobierno tiene que cambiar de actitud:
1º Afrontando un nuevo recorte del gasto público.
2º Retocando los impuestos indirectos (IVA) para evitar que el déficit se aleje mucho del objetivo.

3º Debe actuar pronto, aprovechando los presupuestos de 2013.
4º Tiene que planificar una ofensiva conjunta de todo el gabinete.
5º Debe implicar en esa ofensiva a la sociedad civil.
6º Tiene que lograr un consenso con la oposición para que el esfuerzo sea del país y no sólo de un partido.

7º Debe sumar aliados internacionales en esa ofensiva de explicación.

Y con todo, será muy difícil salir de ésta.

Casimiro García-Abadillo, en El Mundo

[agente t]

Rajoy ha dicho que subir el IVA era la única medida que podía tomar y no es cierto. La única medida que podía y tendría que haber tomado era y es y será desmantelar el Estado socialdemócrata para convertirlo en un Estado moderno.

El problema de España no es el IVA sino que el Estado gasta más de lo que ingresa. Y gasta tantísimo más que no hay modo de solucionarlo subiendo impuestos sino que hay que reducir el gasto. Los españoles tienen que poder hacer lo que quieran con su dinero, tomar sus decisiones y asumir las consecuencias. El Estado no puede continuar al mando de nuestras vidas. Lo hace fatal y resulta deficitario. Lo que ha fracasado en España, y la crisis económica es una consecuencia de ello, es la libertad. El Estado, con su intervencionismo sistemático, ha hecho que la gente se volviera infantil, inmadura y muy quejica.

Con una sociedad tan poco dispuesta a entender que lo que fundamentalmente tiene son deberes, y no derechos, no se puede levantar ningún país próspero, ni digno. Rajoy podía haber hecho algo muy distinto a subir el IVA. Podía haber sido valiente, podía haber reformado la estructura del Estado y devolver el protagonismo, la responsabilidad y la libertad a las personas en lugar de intentar inútilmente perpetuar el Estado socialdemócrata, que ha quebrado y que no va a resurgir con la subida del IVA ni de ninguna otra tasa.

Más temprano que tarde, cuando el tren de la Historia pase por encima de Rajoy, poniendo en evidencia su incompetencia y su cobardía, alguien emprenderá las reformas imprescindibles que necesita España. Serán los hombres de negro o gobernantes españoles maduros, valientes y centrados que tengan la inteligencia que no tienen los socialistas y el valor y la personalidad que no tienen los actuales gobernantes. Cuando Rajoy ganó por mayoría absoluta todo el mundo dijo que aquella victoria finiquitaba las posibilidades de Esperanza Aguirre de convertirse algún día en presidenta del Gobierno. Hoy cada vez más personas giran sus ojos hacia ella.

España necesita abolir los convenios colectivos, liberalizar los horarios comerciales y abaratar hasta algo simbólico el despido. Médicos y maestros no pueden ser funcionarios, y que la educación y la sanidad sean universales no significa que el servicio tenga que ser público. La concertación ha dado siempre mejores resultados y mucho más baratos. El Estado paternalista es insostenible y más allá de las distintas opiniones está el hecho irrefutable de que se nos ha acabado el dinero.

Podemos buscar culpables y seguro que hay personas que no han hecho las cosas bien o que incluso las han hecho muy mal. Pero el problema de España no es puntual y es la estructura general lo que falla. El modelo socialdemócrata conduce a la ruina de un modo inevitable y sólo los empresarios crean riqueza y puestos de trabajo; y hay que dejarles en paz para que puedan hacerlo lo más eficaz y rápidamente posible. La mejor ayuda que puede prestar un Estado es no molestar, y garantizarnos que no seremos molestados.

Para el resto ya estamos nosotros con nuestro talento, con nuestro esfuerzo, con nuestro sentimiento de que debemos algo a cambio del regalo magnífico de la vida, con nuestros sueños, nuestra esperanza y nuestra fe.

Salvador Sostres, en El Mundo

[agente t]

Un tuitero me llama la atención sobre la costumbre que se ha extendido en la información económica de expresar las magnitudes financieras del Estado en términos del Producto Interior Bruto (PIB), que es una medida de toda la riqueza nacional. Así, hablamos de que el déficit fiscal ha sido de un 8,9% del PIB y que la deuda pública ya alcanza el 78,9% del PIB.

Al ser el valor del PIB español cercano al billón de euros (exactamente 1.073.383 millones en 2011), es muy sencillo expresar grandes cantidades con respecto al Producto. Así, sabemos que 10.000 millones de euros es el 1% del PIB y que 50.000 millones son el 5%. Pero la comodidad no debería sustituir a la racionalidad.

Por ejemplo, tiene todo el sentido expresar la balanza comercial española en términos del Producto -nuestro déficit comercial equivalía hasta julio pasado al 4% del PIB-, porque así se aprecia la fuerza exportadora o importadora de nuestra economía, pero no tiene sentido que el déficit fiscal, que es el dinero que el Estado se gasta por encima de lo que ingresa, y que financia con deuda, se exprese en términos de una magnitud como es toda la riqueza nacional que no depende ni está controlada en su mayor medida por el Fisco.

Más aún, esta manera de expresar deuda y déficit público a lo único que contribuye es a que los ciudadanos no perciban la gravedad del problema en el que estamos metidos. Es como si alguien comparara su deuda hipotecaria no con sus ingresos, sino con los de los vecinos de toda su comunidad.

Analicemos el déficit. Los datos oficiales dicen que el déficit de 2010 fue de un 9,3% del PIB y en 2009, un 11,1%. Y nos quedamos tan anchos. Pero eso significa que los 98.166 millones que nos faltaron en 2010 para cubrir los gastos del Estado equivalen al 25% de los ingresos públicos que ese año fueron de 381.427 millones (incluidos 140.170 millones de las cotizaciones sociales). En el caso de 2009, el déficit fue todavía peor porque equivalía al 31,9% de los ingresos públicos.

Más expresivos son los números si visualizamos la deuda pública en términos de los ingresos del Estado. Así, en 2010, la deuda pública suponía el 168% de los ingresos fiscales y en 2009, el 152%. Si los ingresos públicos en 2012 se sitúan por encima de los 400.000 millones, la deuda pública este año supondrá casi el 200% de éstos. Estamos hablando de que el Estado debería reunir una paga extra equivalente a dos años de todos sus ingresos para enjugar nuestro pasivo. La cifra empalidece, sin embargo, al lado de las de nuestro endeudamiento total (Estado, empresas y familias) que sigue equivaliendo a más de tres veces el PIB.

john.muller@elmundo.es

[agente t]

Empezaremos repitiendo que la crisis fiscal en España es una crisis de ingresos. La caída de la recaudación sobre el PIB durante la crisis, de 5,4 puntos, no ha tenido precedente en ningún otro país desarrollado y es una prueba clara de que nuestro sistema impositivo no funciona y urge reformarlo.

El primer año de Rajoy empezó tomando medidas poco acertadas y que dañaron su reputación recién estrenada con los mercados. Entre las desafortunadas medidas destacan el retraso en la presentación de los Presupuestos a marzo, la reintroducción de la deducción de vivienda y la subida de los marginales en el impuesto sobre la renta. Esta última, que la anunció como temporal, apenas sí recauda y desincentiva la atracción de trabajadores cualificados. En la segunda parte del año, se tomaron medidas más acertadas respecto a los ingresos, se suprimieron algunas deducciones en sociedades, se volvió a suprimir la deducción por vivienda y se subió el IVA.

Aunque aún es pronto para conocer cuál será el dato de déficit con el que acabará el año, no nos sorprenderemos si este sobrepasa el 7% (sin tener en cuenta las ayudas al sistema financiero). Lo cierto es que este desvío sería mayor si no se hubieran congelado las pensiones o suprimido la extra de los funcionarios. Estas medidas, acertadas aunque muy dolorosas, reflejan el cambio producido en el comportamiento del gobierno de Rajoy en los últimos meses. Por eso, a pesar de que volveremos a incumplir el compromiso del 6,3%, debe reconocerse que, de confirmarse estos números, se habrá reducido el déficit de 2 puntos del PIB en un año de crecimiento negativo. Hasta aquí, las luces.

Las sombras aparecen cuando analizamos el proceso de consolidación fiscal y vemos cómo este ha afectado a la evolución de las distintas partidas presupuestarias. El año 2009 fue el año de máximo nivel de gasto público en nuestro país, alcanzando el 46% del PIB. Desde ese punto álgido, la principal reducción de gasto se ha producido en la inversión publica, que se ha reducido en más de un 60%. En la actualidad la inversión está en mínimos, apenas llega al 2% del PIB, lo cual apenas es suficiente para mantener el stock de capital público y difícilmente se podrá recortar más en el futuro. La segunda partida que más se ha reducido ha sido la remuneración de los asalariados, que ha bajado un 4%. Estos dos datos ponen de relieve que casi todo el peso del ajuste por la vía del gasto se ha concentrado en la inversión. Por otro lado, la partida que más ha aumentado es la de los gastos por intereses de la deuda, que ha crecido un 70% y que seguirá aumentando los próximos años. Pero lo más preocupante es que el resto del gasto corriente -donde aparecen entre otros las pensiones, la sanidad, la educación, asuntos sociales- ha aumentado un 2% desde 2009. Esto quiere decir que si se quiere reducir el gasto en los próximos años, la única posibilidad pasa por hacerlo con el gasto corriente en las nombradas partidas.

El problema es, si cabe, más importante para las CCAA. Si nuestra estimación es correcta, las CCAA cerrarán 2012 con un déficit del 2%. Esto significa que para cumplir el objetivo de déficit del año 2013 el recorte tiene que ser de 13.000 millones. Los ingresos que recibirán en 2013 las CCAA a través del Sistema de Financiación Autonómico -que es su principal fuente de financiación-, se incrementan sólo 135 millones con respecto a 2012. Aunque apenas sí hay variaciones en términos agregados, por CCAA se aprecian grandes diferencias. Así por ejemplo: Madrid presenta una caída de sus ingresos del 8% (992 millones) en 2013 respecto a 2012. En cambio, Andalucía recibirá un 3% más (470 millones). ¿Qué sentido tiene un sistema de financiación autonómico que permite esta variación de ingresos en algunas CCAA sin que haya habido cambios relevantes en su situación económica? Éste es un ejemplo más de que el sistema de financiación autonómico necesita cambios importantes que, en nuestra opinión, pasan por avanzar según los principios del federalismo fiscal de mayor corresponsabilidad.

En definitiva, aunque se han producido avances en el proceso de consolidación fiscal, estos aún son insuficientes. La mayor parte de los ajustes han sido y son coyunturales. Y no sólo por el lado del gasto, sino también por el ingreso. Incluso el doloroso, pero necesario, incremento del IVA ha sido señalado como temporal por algunos miembros del Gobierno. Viendo los compromisos con el Objetivos de Estabilidad para los próximos años, aún queda un duro camino por recorrer que inevitablemente afectará al gasto corriente -y de forma estructural- ya que la inversión no puede reducirse más. Sabiendo esto, debemos preservar el gasto corriente importante para el crecimiento, como la educación, la I+D y las políticas activas. Además, es muy probable que para lograr el objetivo haya que avanzar en una reforma fiscal ambiciosa en todos los ámbitos, incluido el autonómico, que permita recuperar ingresos sin dañar el crecimiento. Al final, la salida del túnel sólo será posible si conseguimos crecer y para ello hay que atraer capital. No olvidemos, que la inversión extranjera sólo será atractiva cuando se elimine la incertidumbre sobre la subida de impuestos o cuando baje lo suficiente el coste de financiación. Ambas cosas sólo se conseguirán si controlamos nuestras finanzas públicas.


J. Ignacio Conde-Ruiz (Universidad Complutense) y Juan Rubio-Ramírez (Universidad de Duke), investigadores de Fedea, en El Mundo

[agente t]

La crisis ha producido ya casi medio billón de euros de déficit, y por tanto de deuda, desde 2008. A ello contribuyeron los 111.641 millones de 2012 según los datos enviados por el Gobierno a Bruselas. También se ha producido otro hecho importante: por primera vez el conjunto del Estado se gastó el 47% del PIB (493.685 millones) mientras sólo ingresó el 36,4% (382.044 millones).

¿Por qué esta cifra tan elevada?
El Gobierno ha tenido que incluir en estos 111.641 millones de déficit (10,64% de PIB) los 38.343 millones (3,65%) de las ayudas a los bancos y cajas para su saneamiento. En realidad, esta cifra no computa a efectos del déficit fijado por Bruselas en el Programa de Estabilidad porque se supone que los bancos procederán en su momento a su devolución. El déficit real es por tanto de 73.298 millones, es decir, el 7% del PIB (estimado en 1,049 billones de euros).


¿Cuál fue en 2012 el déficit de la Administración Central?
Acabó en 81.450 millones (7,76% del PIB), aunque, descontando las ayudas a la banca, fue de 43.107 millones (4,1%). Aunque Rajoy dijo que no iba a gastar más de lo que se ingresara, «como en cualquier economía familiar», la recursos alcanzaron los 132.411 millones frente a unos pagos de 213.861 millones.


¿Y en las autonomías?
En realidad, el déficit no acabó en el 1,73% anunciado, sino en 300 millones más (1,76%), hasta los 18.436 millones. El gasto fue de 186.474 millones mientras que los ingresos llegaron a 168.038. Lo que más llama la atención es que en 2012, a pesar de que Hacienda no les transfirió los ingresos por el alza del IVA, las CCAA registraron unos ingresos un 26,7% superiores a 2011. En realidad, el saldo negativo entre ingresos y gastos fue de 26.442 millones, pero aparecen 6.700 millones (en 2011 esa cifra era negativa en más de 4.000 millones) en «otras operaciones no financieras no consideradas en el presupuesto de este año».


¿Cómo cerraron los municipios?
En Contabilidad Nacional sólo computan los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. Su déficit fue de 1.624 millones (0,15% del PIB). Es el resultado de unos ingresos de 62.377 millones y unos gastos de 64.001.


¿Y la Seguridad Social?
El déficit no alcanzó los 10.500 millones, tal como se anunció inicialmente a Bruselas, sino 10.131, consolidando los gastos del Inem y Fogasa. Es el resultado de 150.445 millones de ingresos y 160.576 de gastos. Por tanto su déficit se situó en el 0,96% del PIB. Entre pensiones y prestaciones de paro los pagos fueron de 149.577 millones.


¿Se nota el ajuste en este presupuesto?
Lo que se percibe es que el ajuste de todas las administraciones se ha concentrado, en este y en años anteriores, en un profundo tijeretazo sobre la inversión pública. Es decir, han gripado el motor que podría haber generado actividad y empleo. En 2012 sólo se destinaron a este capítulo 18.151 millones, una cifra que no se producía desde 1998 en un presupuesto un 60% inferior. En el lado contrario, se sitúa el pago de intereses de 7.216 millones en la Administración Central, 6.350 en las CCAA y 1.240 en los municipios.

P&R, en El Mundo