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  1. #21
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    19 feb, 09
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    Predeterminado El audio de la editorial del martes de César Vidal, magistral.

    Cita Iniciado por Citizen Ver Mensaje
    A raíz de unas declaraciones del hispanista y alférez ......
    Creo que el audio se encuentra aquí:
    http://fonoteca.esradio.fm/c.php?op=player&id=6924
    Lo siento, ahí solo está la tertulia, pero no el editorial, de las ocho.
    No lo he sabido encontrar, ni por esRadio ni por LDT.

  2. #22
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    08 ene, 07
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    Predeterminado ¿Será verdad tanta belleza?

    Ya no pueden más. El sector conservador del Tribunal Constitucional (TC) pretende forzar en los próximos días una votación sobre el fallo del Estatut de Catalunya. El magistrado Ramón Rodríguez Arribas ha elaborado para ello un borrador de la parte dispositiva, que recoge la relación de artículos de la Carta catalana que se declaran inconstitucionales aunque no cuenta con un texto que reúna la fundamentación jurídica de la sentencia. Hoy ha sido convocado el pleno del alto tribunal, y pese a que las cuestiones a discutir no tienen nada que ver con el Estatut, la reunión se presenta bronca.

    Fuentes jurídicas explicaron ayer que la situación del tribunal es en estos momentos «muy difícil». La magistrada progresista Elisa Pérez Vera no ha logrado sumar los suficientes apoyos para sacar adelante la última ponencia, la quinta desde el pasado verano, que ha redactado sobre la Carta catalana.
    Por ello, han tomado el mando el magistrado Manuel Aragón –que fue nombrado a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– y el conservador Ramón Rodríguez Arribas. Las fuentes consultadas sostienen que ambos han explicado al Gobierno que han logrado consensuar una sentencia que resulte satisfactoria para los intereses de Catalunya. Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan lo contrario. «Si se aprueba la propuesta de Rodríguez Arribas, la sentencia será un colador, va a estar llena de agujeros que van a conmocionar a Catalunya», subrayan.
    A modo de ejemplo adelantan que la propuesta conservadora admite que la inclusión del término nación en el preámbulo no tiene eficacia jurídica. Sin embargo, las interpretaciones que hace son «demoledoras», a juicio de las fuentes consultadas, en el sentido de que reivindican la «unidad indivisible» de España y una «patria común».

    EL FUTURO / Por ello, estas fuentes apuntan que sería mejor que la propuesta de fallo declarara inconstitucionales más artículos que los que anula porque esta decisión haría menos daño que las interpretaciones que realiza en torno a la identidad catalana.
    Dada su dureza, es probable que la propuesta conservadora tampoco tenga los votos suficientes para ser aprobada. Aragón juega entre dos aguas, ya que rechaza la alusión a los símbolos nacionales de Catalunya pero no comparte la postura del bloque conservador que reinvidica una idea de España superada por la Constitución y que no reconoce las diferencias históricas de Catalunya.
    La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, es la única que está facultada para convocar la votación, pero puede ser forzada a ello si se lo piden varios jueces. En cualquier caso, Casas no está obligada a aceptar la propuesta conservadora de dictar solo la parte dispositiva si no ha sido redactada la sentencia. En algunas ocasiones, los tribunales adelantan el resultado de sus deliberaciones y tardan algunos días en redactar la resolución. Sin embargo, a estas alturas de curso no parece que esta sea la salida más, razonable habida cuenta de que Catalunya se encuentra ya en periodo preelectoral.

    LOS PRECEDENTES / El pleno del Tribunal Constitucional no se ha reunido desde el verano para discutir sobre la Carta catalana. Los magistrados han mantenido encuentros informales en los despachos en los que han intentado acercar posturas. Sin embargo, nunca han logrado conformar un mayoría suficiente.
    La relación de votos ha oscilado entre los cuatro del bloque conservador, los cuatro progresistas y los dos mediadores, Manuel Aragón y Guillermo Giménez. En alguna ocasión se barajó una mayoría centrista que estaría integrada por Casas, Pérez Vera, Aragón, Jiménez, Rodríguez Arribas y Vicente Conde. Esta solución se vino abajo por la necesidad de Aragón, según las fuentes consultadas, de sumar apoyos para optar a presidir el alto tribunal, que en noviembre deberá renovar a ocho de los 12 jueces que lo componen.

  3. #23
    Fecha de Ingreso
    08 ene, 07
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    Predeterminado ¿Esta vez sí?


  4. #24
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Pues parece que tampoco

    El TC estudia sin visos de mayoría un sexto borrador sobre el Estatut

    MARGARITA BATALLAS-El Periódico de Catalunya.
    MADRID

    El Tribunal Constitucional se ha marchado de vacaciones de Semana Santa solo con parte de los deberes hechos. Los jueces cuentan con un sexto borrador sobre la sentencia del Estatut que ha sido redactado en los dos últimos meses, aunque según las fuentes consultadas no lo someterán a votación hasta mediados de abril. Varios magistrados quieren dictar el fallo lo antes posible para evitar interferir en la precampaña de las elecciones catalanas, pero otros no tienen tanta prisa y prefieren facilitar a los partidos más margen de maniobra para negociar su posición cara al futuro Govern.
    El alto tribunal consiguió superar en febrero la maniobra de los jueces conservadores, que pusieron todo su empeño en provocar una votación sobre una propuesta de fallo –no sobre la redacción de la sentencia– que atendía generosamente las pretensiones del PP, partido que ha recurrido más de un centenar de artículos de la Carta catalana. La presidenta, María Emilia Casas, logró frenar esa intentona y a cambio propuso la redacción de otro texto.

    CERRADO POR VACACIONES / Los magistrados y sus letrados se pusieron a ello y se repartieron la resolución por capítulos en los que se recogían el sentir mayoritario del pleno del Constitucional, según las fuentes consultadas. Ese trabajo debería haber terminado a mediados de marzo con el fin de que el documento definitivo fuera debatido en un pleno que iba a ser convocado a finales de este mes. Sin embargo, la redacción ha llevado más tiempo de lo previsto y en vez de celebrar un pleno los jueces se han llevado durante sus vacaciones un texto que aún deberá ser revisado en despachos informales y en el pleno. Consecuentemente, la deliberación sobre el fallo no se celebrará hasta mediados de abril.
    Esta semana, el Constitucional está cerrado por vacaciones y la próxima tampoco tiene previsto reunirse. Por ello, las fuentes consultadas dudan de que ya se haya alcanzado la ansiada mayoría para aprobar la sentencia de la Carta catalana, ya que, en caso contrario, Casas habría convocado al pleno para deliberación y fallo. Además, esas mismas fuentes apuntan que aún quedan flecos por atar y que la posible mayoría es tan frágil como ocurrió en anteriores ocasiones en las que también se anunció que había fumata blanca y al final volvió a ser negra.
    Pero también apuntan a otros factores para justificar ese retraso. Algunos magistrados conservadores han comentado a sus allegados que el PP no les está metiendo ninguna prisa para sacar adelante el fallo, ya que este trabaja en la sombra para cerrar un posible acuerdo con CiU tras las próximas elecciones. Al PSOE tampoco le favorece tener que escoger entre la peste y el cólera de una sentencia que, en ningún caso, ya sea más o menos dura, dejará satisfecha a Catalunya.
    Pese a estas reflexiones, el líder de los conservadores, Mariano Rajoy, quiso ayer mantener las apariencias, aunque sin mucho entusiasmo. «Sería bueno que el tribunal se pronunciase ya», afirmó en Tenerife, y se reservó su opinión sobre el texto hasta que el Constitucional «tome una decisión». En la misma línea se manifestó el PSOE. Su secretaria de política internacional, Elena Valenciano, negó que su partido tenga alguna información «concreta» que apunte que la sentencia del Estatut saldrá «en unos días» y pidió que se deje trabajar a los magistrados.

    RESULTADO «OFENSIVO» / Los políticos catalanes fueron los más combativos. El expresident Jordi Pujol consideró que el Constitucional ha hecho «fatal» su trabajo y acusó al PP y al PSOE de haber «manoseado la sentencia» en beneficio «de sus intereses» y no de Catalunya. Por su parte, el secretario general de ERC, Joan Ridao, llamó a la unidad de los partidos ante un posible recorte. «Cualquier sentencia será una ofensa y no será aceptada», afirmó.

  5. #25
    Fecha de Ingreso
    08 ene, 07
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    Predeterminado Un 6 a 4 que ojalá se mantenga. Sr. Aragón: resista

    El conservador Guillermo Jiménez asume la ponencia de la sentencia del Estatut tras ser rechazado el quinto borrador

    Las deliberaciones sobre el quinto borrador del texto redactado por Elisa Pérez Vera acabó sin acuerdo tras la votación. El pleno tumba así el último intento de lograr una sentencia antes de las elecciones catalanas y queda aplazada

    Madrid. (Agencias).- El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Guillermo Jiménez, ha asumido la ponencia de la sentencia sobre el Estatut después de que la magistrada Elisa Pérez Vera haya renunciado a elaborar un nuevo texto, han informado fuentes del tribunal. Jiménez, de 70 años, es uno de los cuatro magistrados designados por el Senado cuyo mandato expiró a finales de 2007 sin que desde entonces se les haya renovado.

    El cambio de ponente del TC se produce después de que el tribunal haya rechazado por seis votos a cuatro el quinto borrador presentado por Pérez Vera, que anulaba una quincena de artículos del Estatut y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena de ellos a la interpretación que se les de en las leyes que deben desarrollar el texto estatutario.

    El Pleno del TC no logró el acuerdo necesario para sacar adelante una sentencia sobre el recurso interpuesto por el PP contra el Estatut de Catalunya durante la votación del último borrador.

    Tras apenas dos horas de debate --los magistrados iniciaron las deliberaciones pasadas las doce y media del mediodía-- se procedió a la votación del texto de la ponente, que afecta a cerca de cuarenta preceptos de la norma catalana, y el texto fue rechazado por el denominado "bloque conservador" en el alto tribunal. Los diez magistrados que discuten sobre el Estatut --queda fuera Pablo Pérez-Trems, recurrido por el PP, y hay una plaza vacante tras el fallecimiento de Roberto García Calvo--, tenían sobre la mesa un fallo que salva el término "nación" del Preámbulo de la norma, anula una quincena de artículos y somete a otra veintena a interpretación.

    Es decir, éstos últimos se aceptarían siempre y cuando las leyes que los desarrollen respeten los criterios que el Tribunal Constitucional establezca en su resolución. Desde el pasado miércoles el Pleno del alto tribunal buscaba la aprobación definitiva de la sentencia, que lleva discutiéndose en este órgano desde hace casi cuatro años, aunque la división existente en el alto tribunal permitía pronosticar la dificultad de alcanzar un acuerdo en torno a la última propuesta de la ponente.

    El borrador votado hoy avalaba la mayor parte de la norma institucional básica que rige a Catalunya, defendida por los sectores nacionalistas y que se fraguó en medio de fuertes tensiones en España, con los conservadores en contra de ella.

    El texto anulaba una quincena de artículos y sometía otra veintena a interpretación. Cuatro magistrados votaron a favor del mismo, entre ellos la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, mientras que seis lo hicieron en contra en una sesión extraordinaria, informaron fuentes jurídicas.

    El debate de la quinta ponencia, elaborada por la magistrada Elisa Pérez Vera, se fijó inicialmente para el miércoles y el jueves de esta semana y finalmente fue alargado hasta hoy. Ahora, se espera que la corte encargue a otro magistrado la elaboración de un sexto borrador de sentencia sobre el que votar, con la intención de lograr un apoyo mayoritario.

    La convocatoria de este Pleno había creado una gran expectación en medios políticos y periodísticos, ya que los magistrados del Constitucional han venido celebrado los últimos meses diversas reuniones informales para tratar de llegar a un acuerdo aunque el Pleno no se había convocado para tratar la sentencia del Estatut en lo que va de año.

    Las mismas posiciones
    En una votación realizada a modo de "sondeo" el pasado mes de noviembre, cuyas posiciones se han repetido en la sesión de hoy, se evidenció que a favor de la ponencia estarían, además de su autora, la presidenta del Tribunal, María Emilio Casas y los magistrados de tendencia progresista Eugenio Gay y Pascual Sala. En contra estarían posicionados los magistrados Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapatea y Javier Delgado, todos ellos situados en el sector conservador del tribunal.

    En un tercer bloque, según especulaciones de los últimos meses, se situarían los tres magistrados que podían tener la clave para la aprobación definitiva del texto, el vicepresidente Guillermo Jiménez y los magistrados Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón Reyes, que hoy también han votado en contra del borrador de la sentencia, según fuentes jurídicas.

    El Gobierno no descarta una sentencia antes del verano
    El Gobierno considera que el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya podido aprobar hoy una sentencia sobre la constitucionalidad del 'Estatut' no implica que el proceso vaya a alargarse hasta después de las elecciones catalanas de otoño y, de hecho, no descarta que el alto tribunal emita una sentencia definitiva antes del verano.

    Fuentes gubernamentales explicaron que, aunque el Constitucional debe nombrar ahora un nuevo ponente para redactar otro borrador de sentencia, el hecho es que sus trabajos no volverán a partir de cero, sino que el nuevo ponente podrá asumir todo lo que ya está acordado y centrarse en buscar acuerdos sobre los puntos más conflictivos.

    Una vía de solución "institucional" podría ser, según las mismas fuentes, que la propia presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, fuera la ponente encargada de redactar el nuevo borrador. Tras casi cuatro años y cinco borradores de sentencia, el borrador sometido hoy a votación por la ponente Elisa Pérez Vera, que anulaba unos 15 artículos del 'Estatut' y sometía a interpretación una veintena, no logró los votos suficientes en el pleno del Constitucional celebrado este mediodía.

    Hoy, en La Vanguardia

  6. #26
    Fecha de Ingreso
    08 ene, 07
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    Predeterminado Conozcamos más al magistrado clave.

    En el Salón de Plenos del Tribunal Constitucional acababa de empezar la votación del proyecto de sentencia que avalaba los aspectos más soberanistas del Estatuto de Cataluña. Singularmente, respaldaba que esa comunidad autónoma diese un enorme salto cualitativo y pudiese autodefinirse como nación. El momento que pudo haber sido el más trascendente de la Historia política contemporánea de España llegó enseguida. El primer turno para expresarse correspondía al magistrado Manuel Aragón, designado por el Gobierno socialista en 2004. Por las posiciones que se habían manifestado en anteriores debates, de él dependía todo. Y para contrariedad del Ejecutivo que le nombró, Aragón dijo no.


    «Si se le pone en la disyuntiva de elegir entre pasar a la Historia como el enterrador de la Constitución o del Estatut, sin duda escogerá siempre la segunda opción», aseguran fuentes cercanas al magistrado, que es el único de los que participan en el debate que es catedrático de Derecho Constitucional, por la Autónoma de Madrid, donde fue preceptor del Príncipe y era decano cuando fue asesinado allí Francisco Tomás y Valiente. Aragón, a quien se prejuzga como progresista por el origen socialista de su nombramiento, es la pieza que está soportando toda la presión política para que el Alto Tribunal convalide la norma autonómica, porque se presuponía que sumaría su voto al del resto de magistrados designados a propuesta del PSOE, lo que hubiese sido suficiente para conformar una mayoría exigua. Él es el hombre clave. El que está, de verdad, ante la Historia.


    Casado con la catedrática de Derecho Mercantil Carmen Alonso, sus allegados le definen como una persona inteligente, trabajadora, de talante liberal y de fortísimo carácter, virtudes que cultiva hasta decaer, en ocasiones, en los defectos de la altivez y el engreimiento.


    Aragón no oculta en privado su aspiración a presidir el Constitucional, ambición que fundamenta en una convicción inquebrantable en sus propias capacidades y en una decidida vocación de servicio público. Posee también un marcado sentido de la independencia y de la rectitud moral. Cuando una información de prensa insinuó que podía estar dispuesto a aceptar un supuesto ofrecimiento del Gobierno para que cambiase su voto a cambio de la presidencia, reaccionó de forma airada: «¡Yo no me vendo!».


    Hijo de Benamejí, donde nació en 1944 en el seno de una familia humilde, se trasladó muy joven a Madrid para trabajar como empleado en la sede central del Banco Español de Crédito, en la plaza de Canalejas. Compaginó esa ocupación con los estudios de Derecho, que inició con 22 años cumplidos en la Academia de San Raimundo de Peñafort, en horario nocturno. Tras concluirlos con notas brillantes, se incorporó a la asesoría jurídica de la entidad, donde destacó en la defensa de los derechos de los trabajadores.


    Muy pronto, pasó a ejercer como profesor en la Universidad Complutense. Primero, a las órdenes del catedrático Javier Conde, uno de los ideólogos del falangismo. Después, de una de las figuras que más han marcado su vida hasta el día de hoy: Francisco Rubio Llorente, el actual presidente del Consejo de Estado. En esa etapa, se significó con la causa antifranquista y firmó varios manifiestos críticos con el régimen, siempre desde postulados democráticos y sin llegar a la militancia.


    Bajo la dirección técnica de Rubio Llorente, Aragón presentó en 1973 su tesis doctoral, La idea del Estado en Manuel Azaña. El estudio del pensamiento político del último presidente de la Segunda República, sobre el que ha escrito decenas de ensayos, es la tarea a la que se ha dedicado de manera más apasionada, hasta llegar a influirle de manera decisiva en su obra académica. También, en lo que se refiere a su idea de España y del concepto de nación.


    En 1981, obtuvo la plaza de catedrático por la Universidad de Valladolid. En ese puesto conoció al joven José Luis Rodríguez Zapatero, que algunos años después ejerció como profesor ayudante de Derecho Constitucional en León. Ese contacto, si bien superficial, tuvo importancia en su nombramiento como magistrado del Alto Tribunal en 2004.


    En Zapatero pesó la influencia de Rubio Llorente, que acababa de ser designado presidente del Consejo de Estado y le recomendó vivamente a su discípulo, y la ascendencia que sobre él tiene la Universidad de Valladolid, ejercida a través de la catedrática Paloma Biglino, actual directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (cargo que también ocupó Manuel Aragón).


    El presidente del Gobierno conocía la obra de Aragón -que llevaba años sonando como magistrable- y la admiración que compartían hacia Manuel Azaña. Especialmente, sabía que se trata de un jurista riguroso, sensible hacia la complejidad identitaria de España e incluso favorable a un modelo de integración territorial asimétrico, que atienda al sentimiento diferenciado de las sociedades catalana y vasca, pero muy comprometido con la unidad del país. Es decir, como Azaña y Rubio Llorente.


    A Zapatero tampoco se le podía escapar la personalidad independiente de Aragón, que antes había presidido el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid por designación del Partido Popular. En la misma tanda que Manuel Aragón, alcanzaron el Constitucional los progresistas Pablo Pérez Tremps y Pascual Sala, cercanos a las tesis soberanistas, y el conservador Ramón Rodríguez Arribas. Aragón y Pérez Tremps, nombrados por el Gobierno, y los otros dos, por el CGPJ.


    La encrucijada de la Historia confluye sobre la decisión de Manuel Aragón, sobre su capacidad para seguir diciendo no mientras el fallo de la sentencia que se le proponga no deje claro que no hay otra nación distinta de la española, en su concepto jurídico-político, y deje abierta una rendija a otra soberanía. Quizá pueda hacer suyas las palabras que escribió sobre Manuel Azaña en su prólogo de 1980 al drama La velada en Benicarló: «El hombre de razón, el liberal insobornable que ni en los momentos más duros de su vida perdió su amor a España y a la libertad; el mismo que, en 1938, en un discurso en el Ayuntamiento de Barcelona, pidiendo la paz y elevándose por encima de los frentes de guerra, tuvo la valentía y la honradez de pronunciar las siguientes palabras: 'A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste'».

    El Mundo 18-04-2010

  7. #27
    Fecha de Ingreso
    08 ene, 07
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    Predeterminado Fiesta Nacional

    Los magistrados que decidirán sobre el Estatuto catalán, juntos en los toros

    El nuevo ponente de la sentencia del Estatuto catalán, Guillermo Jiménez, y los magistrados Manuel Aragón Reyes y Ramón Rodríguez Arribas compartieron burladero en la Maestranza de Sevilla el pasado domingo.


    Libertad Digital

    Los magistrados que tienen en sus manos el futuro del Estatuto catalán, el nuevo ponente Guillermo Jiménez, de los llamados conservadores, Manuel Aragón Reyes, de los considerados progresistas y el también conservador Ramón Rodríguez Arribas estuvieron juntos el pasado domingo viendo los toros en la Maestranza de Sevilla, según revela El País.

    Se da la circunstancia de que Guillermo Jiménez está redactando el nuevo borrador del Estatuto tras el fracaso del último. Según el diario de Prisa, se trata de un texto más duro que el anterior y tiene que estar listo en una semana. Al parecer, el nuevo texto será rechazado por cuatro magistrados progresistas, pero lo apoyarían Manuel Aragonés Reyes, que tumbó el borrador de Elisa Pérez Vera y Ramón Rodríguez Arribas. Los mismos magistrados que compartieron burladero en Sevilla.

  8. #28
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    Predeterminado Guardiola sí sabe perder

    Los partidos que apoyan el Estatut, con la soga al cuello, están intentando salvarse a sí mismos

    En política se puede hacer todo menos el ridículo". Una conocida frase irónica, contundente y lapidaria, aplicable a la política y a la vida en general. Pues bien, los tres partidos firmantes de la resolución del pleno del Parlament de Catalunya sobre la sentencia que les lleva de cabeza, más el cuarto que se ha añadido a la votación sin haberla firmado (a este último hay que añadirle el plus de incoherencia), están haciendo, entre otras cosas, el ridículo. Veamos.

    De entrada, entre otras razones, estiman que la constitucionalidad resulta indudable porque el Estatut ha sido ratificado por el pueblo de Catalunya: quizás deberían en este punto disimular un poco. Este Estatut lo iniciaron ellos, lo negociaron ellos y, en el referéndum de ratificación, los que acudieron a las urnas no llegaron ni a la mitad del censo y fue aprobado por apenas un 36 por ciento del mismo. No hay, por supuesto, reproches a la legalidad del procedimiento, pero tampoco es como para presumir diciendo, por ejemplo, que el Estatut "ha alcanzado la máxima legitimación popular posible precisamente por haber sido refrendado por la ciudadanía". Aparte de que donde han escrito "legitimación", término procesal, supongo que se referían a "legitimidad", de muy distinto significado, el apoyo del pueblo de Catalunya al Estatut fue, y sigue siendo, perfectamente descriptible. Todavía no se ha convocado ninguna manifestación a favor del Estatut: por algo será.

    En realidad, que no nos engañen: con todas estas maniobras lo único que intentan es salvarse a sí mismos. No olvidemos que fueron ellos quienes nos metieron en eso por meras razones tácticas y electoralistas, por sus propios intereses de partido y su afán de poder: primero, las tres fuerzas políticas del tripartito para aislar a CiU y alcanzar el gobierno de la Generalitat; después, la misma CiU al pactar con Zapatero para descabalgar a Maragall y, utilizando el Estatut, pretender alcanzar el mismo objetivo que los anteriores. Este es el trasfondo real de una triste página de nuestra historia y ahora los políticos que la han protagonizado quieren echar las culpas al Tribunal Constitucional. Por favor, más seriedad y menos cara dura. Con la soga al cuello están intentando salvarse a sí mismos.

    Pero no sólo hacen el ridículo por esto, sino que muestran, además, o bien escasos conocimientos o bien simple cinismo: ¿cómo pueden afirmar que "promoverán todas las acciones a su alcance con el fin de conseguir que el tribunal se declare incompetente". Me gustaría que concretaran una sola de estas acciones para conseguir esta, a mi parecer, imposible finalidad, al menos por métodos legales y confesables. Me contentaría con sólo una. Si no es así, el famoso acuerdo aprobado el jueves es pura palabrería, mero populismo. Guardiola pierde con más elegancia, con más dignidad.

    Por Francesc de Carreras, hoy en La Vanguardia

  9. #29
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Tres jueces conservadores tienen la clave

    Última ocasión para enmendar el Estatuto

    La nueva propuesta de sentencia que ayer entregó el magistrado Guillermo Jiménez al resto de miembros del Constitucional es la última oportunidad que tiene el Alto Tribunal de llegar a un acuerdo para enmendar el Estatuto catalán. Si su fórmula no prospera, la correlación de fuerzas en la institución hará imposible el consenso necesario para dictar un fallo. El borrador de Guillermo Jiménez es más duro con el Estatuto que el anterior presentado por Elisa Pérez Vera, y que fue desestimado por la mayoría al considerarlo demasiado complaciente. Su actual propuesta podría tener la virtud de contar con el respaldo de al menos un magistrado del bloque considerado progresista: Manuel Aragón. Si se sumaran los magistrados catalogados como conservadores, estaría garantizada una sentencia contraria a elementos clave del Estatuto. Pero los tres jueces más rotundamente opuestos a la constitucionalidad muestran sus reparos a dar por buenos muchos artículos que salva el borrador. Aunque desde el punto de vista intelectual es comprensible esa reticencia, hay que apelar al pragmatismo: O se suprime ahora la base de un Estatuto claramente inconstitucional o no habrá sentencia y seguirá aplicándose el texto íntegro que va dinamitando, día a día, esa Constitución que intentan salvaguardar.

    Hoy, en El Mundo

  10. #30
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    Predeterminado El ponente entrega un fallo más duro contra el Estatut

    Agrava los motivos de inconstitucionalidad sobre los símbolos de la 'nación' y condiciona preceptos sobre el deber de conocer el catalán

    El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Guillermo Jiménez, ponente de la resolución sobre el Estatuto de Cataluña, entregó ayer un proyecto de sentencia íntegra que amplía levemente los preceptos que serían declarados inconstitucionales y aumenta los artículos cuya interpretación se condicionaría. Entre los primeros se encuentran normas como la referida a los símbolos nacionales y la que establece competencias de la Generalitat en materia de municipios y entes locales. Entre los segundos, se verían afectados preceptos sobre el deber de conocer el catalán, las veguerías o la convocatoria de consultas populares.

    Los nueve miembros del Tribunal Constitucional que, junto con Guillermo Jiménez, tienen que fallar sobre el Estatuto de Cataluña recibieron ayer -24 días después de que el vicepresidente asumiera la ponencia- una propuesta completa de sentencia que amplía de 15 a 22 los preceptos que serían declarados inconstitucionales y aumenta también las interpretaciones conformes (mecanismo por el que el TC establece cómo debe ser entendido un precepto para adecuarse a la Constitución).

    Jiménez distribuyó el pasado 22 de abril tres fallos alternativos. El documento repartido ayer no se trata sólo de un fallo, sino que incluye extensos fundamentos jurídicos en los que se vierten consideraciones muy críticas sobre el Estatut.

    Los tres fallos que precedieron al proyecto de sentencia han sido debatidos durante las últimas semanas entre Jiménez y los magistrados conservadores, denominación con la que se alude a los propuestos por el PP. Jiménez ha mantenido varias reuniones, en particular, con Jorge Rodríguez-Zapata, Javier Delgado y Vicente Conde, que consideran que el Estatut es inconstitucional en una gran parte de los preceptos recurridos. Tras el fracaso de la ponencia de Elisa Pérez Vera el 16 de abril, en el TC se considera que la responsabilidad de sacar adelante un nuevo texto recae sobre el sector conservador.

    De los tres fallos citados, el único que incorporaba alguna novedad era el tercero. El primero ya se discutió en diciembre de 2009 y no prosperó por la oposición del grupo de magistrados propuestos por el PSOE. Era la época en la que se intentaba una sentencia de amplio respaldo, si no unánime.

    El segundo, discutido en enero, reducía los preceptos inconstitucionales y ampliaba las interpretaciones conformes sobre la base de varias propuestas formuladas por el magistrado Ramón Rodríguez Arribas. El tercer fallo presentado por Jiménez partía de la propuesta de la anterior ponente, Pérez Vera, incorporando, entre otras variaciones, los criterios de Manuel Aragón sobre la inconstitucionalidad de los denominados «símbolos nacionales» de Cataluña y la carencia de efectos jurídicos de la autodefinición de esa comunidad como nación, incluida en el preámbulo del Estatut.

    Tanto Aragón como Rodríguez Arribas arropan a Guillermo Jiménez en el intento de sacar adelante una resolución sobre la norma catalana. Sin embargo, ni Rodríguez-Zapata ni Delgado ni Conde vieron reflejados sus criterios en los fallos repartidos el 22 de abril y es dudoso que apoyen el proyecto de sentencia repartido ayer, que no va sustancialmente más allá que el tercer fallo.

    En sentido contrario, el texto del vicepresidente tampoco encuentra eco entre los magistrados propuestos por el PSOE que apoyaron la ponencia de Pérez Vera. Fuentes de este sector consideran inaceptable la «agresividad» de algunas expresiones utilizadas en los fundamentos jurídicos y rechazan un fallo que amplía las interpretaciones conformes y las declaraciones de inconstitucionalidad. En medios del sector progresista se sostiene que con la ponencia de la magistrada Pérez Vera ya fueron todo lo lejos que podían ir en el recorte del Estatut.

    La propuesta de Jiménez amplía los preceptos inconstitucionales e incluye entre ellos el artículo 8.1 (símbolos nacionales), el 160.b (que atribuye a la Generalitat competencias exclusivas en la determinación de las potestades propias de los municipios y entes locales) y algunas funciones de la comisión bilateral Generalitat-Estado.

    Entre las nuevas interpretaciones conformes se encuentran algunas relativas al deber de conocer el catalán, a las veguerías y a la convocatoria de consultas populares por parte de la Generalitat. La Constitución reserva al Rey la facultad de convocar referendos.

    Por María Peral, hoy en El Mundo

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