La cara y la cruz de las autonomias

[agente t]

Atreverse a formular esta cuestión es el primer paso para sacudirnos de encima el mayor de los tabúes surgidos en la transición política.

Siempre nos hemos vanagloriado de nuestro modelo de transición. Quizás nos precipitamos. Con la perspectiva que dan tres décadas de democracia, podemos percibir dos evidencias: una, el modelo autonómico no ha solucionado el principal problema por el que se creó, a saber, dar cabida a las reivindicaciones históricas de los nacionalismos periféricos con el objetivo de cohesionar España como Estado; y dos, por el contrario, se han constituido en caldo de cultivo para romper los lazos afectivos entre españoles y subvencionar toda suerte de instrumentos para erosionar y demoler el Estado.

Es un hecho que hoy, a excepción del deporte, España como nación no tiene quien la defienda; o lo que es lo mismo, nadie se preocupa de garantizar iguales derechos y deberes para todos los españoles. Y los que lo hacen, lo hacen a ratos en función de si están cogidos por los nacionalistas o sueltos.

Sabemos de sus virtudes. Y posiblemente sin una descentralización la transición a la democracia hubiera sido conflictiva. Seguramente. Pero si ponemos en la balanza logros y riesgos, la respuesta no puede ser más desoladora para España. Sin embargo...

Nadie me puede garantizar que con un Estado más jacobino no pudieran haberse logrado las mismas bonanzas sociales, económicas y culturales, o incluso mejores. (Sería bueno no confundir jacobinismos con centralismo franquista. En el caso que nos ocupa, el jacobinismo hubiera estado regido por la misma democracia que lo ha estado el Estado de la Autonomías).

¿Alguien cree que en un modelo democrático más centralista se habría excluido la pluralidad cultural y lingüística de las distintas regiones de España? Sin lugar a dudas, hoy en España la única institución que la garantiza es la administración central del Estado. No así algunas autonomías. ¿Alguien cree que el despilfarro hubiera sido tan generalizado si en lugar de 17 gobiernos hubiera habido uno sólo? Han sido las Cajas de Ahorro, mangoneadas por los políticos territoriales, las que han generalizado el derroche. Y han sido las duplicidades las que han multiplicado los gastos para garantizar un mismo servicio. Sin contar con los dineros derrochados en la construcción de Estados en miniatura. ¿Alguien cree que la sanidad, la educación y las comunicaciones hubieran sido peores si hubieran sido gestionadas por un modelo de Estado como el francés o el alemán? (dos modelos distintos, pero los dos con un alto sentido de la cohesión social).

Importa poco que el 11 de septiembre los líderes que encabezarán la manifestación por la independencia de Cataluña lo hagan para tapar su desastrosa gestión del gasto público con una deuda de 41.0000 millones de euros. Dos generaciones de adolescentes ya están atrapados en un sentimiento de aversión a España convencidos de que ésta es una rémora de la que nos tenemos que librar. Es la consecuencia de tanta demagogia nacionalista por parte de sus mayores. Pero sea porque sus padres les hayan mentido, sea porque la épica de librarse de la odiosa España da sentido a sus jóvenes existencias sin futuro, lo cierto es que esas generaciones sienten realmente tal aberración y creen a pies juntillas que su cruzada está justificada éticamente. Con esa lobotización nos hemos de enfrentar.

Hay soluciones. La más inaplazable es reconvertir este Estado de las Autonomía en un Estado Federal simétrico, con cesión de soberanía limitada y finita, al menos limitada a fracciones de tiempos generacionales. Y con una característica explícita: que ninguna competencia traspasada pueda poseer, ni en acto ni en potencia, posibilidad alguna de ser utilizada como instrumento de manipulación sentimental, cultural o política para romper la cohesión social, emocional y territorial de España. Pero antes que nada, nos hemos de librar del tabú que nos impide replantearnos el modelo autonómico. Esa es la revolución.

Ellos ya la están haciendo con el dinero de todos. Dos ejemplos. Uno, la llamada a la manifestación por la independencia de este 11 de septiembre, protagonizada por personajes subvencionados que hacen el trabajo sucio a los gestores políticos; y otra, una entrevista a ese farsante llamado Jordi Pujol que les da alas.

Antonio Robles, en LD

[agente t]

El debate sobre el autogobierno en Cataluña está ligado a dos líneas de pensamiento muy diferentes y transversales: la de quienes consideran al Estado o a la nación como seres con entidad y vida propia cuyos fines y metas son distintas y, en gran medida superiores, a las de los individuos; y la de quienes las contemplan como asociaciones voluntarias cuya principal justificación es la protección de los derechos individuales a través de un marco institucional que permita a cada persona vivir como desee siempre y cuando no invada la esfera de autonomía de los demás.

Desde esta perspectiva, el ser miembro de cualquier comunidad es una elección, una expresión de la soberanía individual frente a la tesis según la cual la identidad de las personas está definida por su pertenencia a un ente colectivo. Ese derecho de los individuos puede satisfacerse a través de numerosos arreglos político-institucionales desde la independencia hasta el federalismo. En este contexto analítico, cabe una lectura distinta de la convencional sobre las motivaciones de los catalanes para reivindicar el denominado Pacto Fiscal e incluso la independencia.

Si una gran mayoría de los habitantes del Principado considera que el precio -los impuestos- es superior al de los bienes, servicios e inversiones que reciben a cambio, su protesta tiene los rasgos de una clásica rebelión fiscal. Es cierto que son los individuos y no los territorios los que tributan, pero también lo es que buena parte de las prestaciones que se reciben a cambio, por ejemplo las infraestructuras, tienen una localización geográfica. Sin duda esto es una simplificación del problema pero está en la raíz del malestar de Cataluña.

La tesis según la cual la teórica e hipotética brecha entre lo pagado y lo percibido tiene un saldo negativo para Cataluña, pero se ve compensada por una balanza comercial superavitaria del Principado con el resto de España, no es sólida. Los intercambios comerciales son el resultado de transacciones voluntarias. Nadie está obligado a comprar una botella de cava. Sin embargo, los tributos son coercitivos, se imponen por la fuerza. Ésta es una matización importante cuando los bandos en litigio defienden posiciones antagónicas con el recurso a conceptos aparentemente técnicos pero cuajados de subjetividad como el de las balanzas fiscales y las comerciales entre los territorios de un mismo Estado.

La protesta catalana es la consecuencia inevitable del modelo de organización territorial del Estado consagrado en la Constitución, causa de la dramática situación financiera de casi todas las comunidades autónomas y factor determinante de la potenciación del particularismo. Los problemas de Cataluña, como los de las demás autonomías, es el resultado de un pésimo diseño de descentralización, un escollo estructural cuya resolución es básica para la estabilidad macroeconómica de España y para no alimentar movimientos centrífugos. La única cura a esa situación es la federalización de España. Una clara definición de las responsabilidades sobre las decisiones de ingreso y de gasto de todas las administraciones es vital para preservar la unidad dentro de la pluralidad, lo que implica corregir dos fallas fundamentales del Estado autonómico.

Cuanto más dependen los ingresos autonómicos de las transferencias del Estado, caso español, mayores son los incentivos a expandir el gasto sin límite. Cada nivel de gobierno ha de financiar sus desembolsos con sus propios recursos, y eso exige tener autonomía tributaria. De este modo, la gestión de los dineros públicos se hace más transparente, permite a los ciudadanos evaluar la eficacia de los programas de gasto en función de su coste y limitar, a través de la competencia fiscal, la voracidad recaudatoria de los poderes públicos y el tamaño del Estado. En los sistemas federales competitivos, el sector público es mucho más pequeño que en cualquiera de sus alternativas. Ahora bien, conseguir esos objetivos implica tener una hacienda propia.

Por otro lado es imprescindible restringir el sistema de compensación interterritorial a la emergencia de shocks externos como las catástrofes naturales. La transferencia de fondos de las regiones ricas a las pobres se ha convertido en un instrumento para crear relaciones clientelares y para suprimir los incentivos para que las autonomías con menores niveles de renta se desarrollen. En EEUU no existen mecanismos de redistribución territorial de la riqueza y, sin embargo, se ha producido una intensa convergencia real entre estados. Las áreas pobres han creado un entorno fiscal y regulatorio que ha atraído actividades productivas. En Italia y en España, décadas de enormes transferencias al Sur sólo han servido para alimentar una cultura de dependencia letal para crecimiento y empleo.

Si el Gobierno quiere realizar funciones redistributivas, éstas deben hacerse ayudando directamente a los ciudadanos sin recursos y/o estableciendo una red mínima de seguridad para que todas las personas, con independencia de sus recursos, tengan garantizado el acceso a una cesta básica de prestaciones. Más allá de esos mínimos, quienes deseen una cobertura más amplia debe cubrirla con sus propios impuestos. Si se acepta el principio de que las balanzas fiscales entre territorios son una falacia, también ha de asumirse que es igualmente falaz hablar de diferencias de renta entre ellas, porque éstas sólo existen entre las personas.

En su ensayo de 1978, Un Nuevo Modelo de Estado, Joaquín Garrigues Walker hacía profesión de fe en «una España en la que los habitantes se distribuyan según sus preferencias, vayan en busca de trabajo, de oportunidades, de cooperación comunitaria donde más les venga en gana, y sientan que no son necesariamente enemigos de quienes quieren vivir de forma distinta. Grandes esperanzas que no deben fracasar ni por la rigidez tradicional de unos ni por la violencia mesiánica de otros». Este mensaje tiene una extraordinaria vigencia en estos tiempos de zozobra.


Lorenzo Bernaldo de Quirós, en El Mundo

[agente t]

Desde hace muchos años, algunos profesionales de la información hemos denunciado que el control de la Educación y de los medios de comunicación públicos por políticos secesionistas en Cataluña crearía el caldo de cultivo para la pirueta con que Arturo Mas acaba de obsequiar a la opinión pública española.

El primer error lo cometió Adolfo Suárez. La Educación es clave para la unidad de cualquier país. Transferirla sin controles eficaces era tanto como acentuar el secesionismo. Los textos de Historia que estudian los niños en Cataluña desprecian a España y, en algunos casos, suscitan el odio hacia lo que nuestra nación significa.
Si la Educación traspasada a Cataluña o al País Vasco ha tenido un resultado perverso, delirante es lo que, salvo excepciones, se enseña en otras Autonomías. El aldeanismo oscurece el bosque de la gran Historia que España escribió, una de las tres más destacadas de la Europa contemporánea junto a Francia e Inglaterra.

Al margen de matices y veladuras, tan necesarios en la vida política, tiene razón José Ignacio Wert al achacar el auge secesionista al sistema educativo: «Hay algunos ciudadanos -ha dicho el ministro- que relacionan el sentimiento independentista en algunas comunidades autónomas con la educación». No es casualidad que en el País Vasco el gasto educativo por alumno sea el doble que en Andalucía. Tampoco es una casualidad que en Cataluña y Baleares resulte prácticamente imposible que un niño pueda estudiar en castellano.

Junto al control de la educación, los secesionistas catalanes han manejado a su antojo los medios de comunicación públicos. Además, aprovechando la crisis económica, han cubierto de subvenciones y patrocinios a los privados y han conseguido alinear a varios de ellos al lado de su proyecto soberanista. Por otro parte, el cine, el teatro, las asociaciones culturales, están condicionados por un sistema de ayudas y subvenciones que exigen el radicalismo en la propuesta secesionista. Rajoy no tiene capacidad para luchar solo contra una realidad que avanza de forma cada día más alarmante. Parece obligado que se reúna con Rubalcaba y que, juntos el PSOE y el PP, arbitren fórmulas para contener el alud desencadenado por un Arturo Mas acosado por la deudas de la Generalidad y también por unos políticos corruptos aterrados de que actúe la Justicia española. En todo caso, estamos recogiendo ahora los lodos que engendraron los polvos de la Educación y los medios de comunicación sin control desde que Adolfo Suárez decidió el café para todos y traspasó competencias que debieron quedarse en el Gobierno de la nación.

Luis María Anson, miembro de la Real Academia Española, en El Mundo.

[agente t]

En diez años han costado 60 millones al erario y sólo han impuesto 56 sanciones por un importe de 5,57 millones

Caros y poco eficientes. Los tribunales de competencia autonómicos celebraron el pasado año el décimo aniversario de la ley que permite su creación con unas cifras que invitan a la reflexión. Desde 2002, estos organismos han ejecutado únicamente 56 resoluciones sancionadoras, por un importe total de 5,57 millones de euros, según datos a los que ha tenido acceso EL MUNDO. Esta cifra choca de lleno con el coste que ha deparado su funcionamiento desde su creación.

Sólo sumando las partidas presupuestadas para los principales de estos organismos el montante total supera con creces los 60 millones de euros, diez veces más que el importe recaudado por la sanción de conductas anticompetitivas. Estos datos no incluyen al País Vasco, que ha resuelto 10 sanciones en toda su existencia, aunque se desconoce su importe.

La cantidad también contrasta con los resultados cosechados por el órgano central. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) cerró en el último año 33 resoluciones sancionadoras por conducta ilegal, con un importe en multas de 242 millones de euros.

El origen de estos órganos autonómicos está ligado a la Ley 1/2002 de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. Cataluña lideró el proceso de descentralización con la creación del primero de estos entes, al que acompañó un presupuesto de 1,09 millones de euros en su primer año. A día de hoy, y sin incluir el Presupuesto de 2013, la Agencia Catalana de la Competencia ha costado un total de 14,6 millones de euros, con una recaudación de 3,8 millones de euros en multas.

Por este órgano han pasado políticos ligados a Convergència i Unió (CiU) y al PSC. Su primer presidente, de hecho, fue Luis Franco Sala, consejero de Trabajo de la Generalitat entre los años 1999 y 2002, con Jordi Pujol al frente del Govern. Le sucedió en el cargo Arseni Gibert i Bosch, ex miembro de la ejecutiva del PSC y elegido senador en 2004 por la coalición PSC-ERC-ICV.

La creación del órgano catalán dio el pistoletazo de salida a una especie de carrera entre autonomías para crear su propio tribunal. Una carrera que, con la llegada de la crisis, dio un giro de 360 grados. Los docena de autoridades autonómicas de Competencia creadas a partir de 2002 ha ido menguando en los dos últimos años con la supresión de los órganos de supervisión de la Competencia de la Junta de Castilla La-Mancha y de la Comunidad de Madrid, que han vuelto a centralizar esta función en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

El organismo madrileño se suprimió con un pobre balance sancionador. Entre los años 2006 y 2011 el Tribunal de Defensa de la Competencia madrileño costó a las arcas públicas unos 15 millones de euros, mientras que sus sanciones rozaron los 18.000 euros. Este balance provocó duras críticas desde el Grupo Socialista en la Asamblea, que en 2008 criticó que los seis miembros del organismo -entonces presidido por el ex ministro Carlos Bustelo- dispusieran de coches oficiales y secretaria particular, mientras el ente sufría una notable falta de inspectores.

Otro de los órganos que ha sido sustituido por una comisión para ahorrar ha sido el valenciano. El cambio supondrá un ahorro de 200.000 euros, la mitad del último coste presupuestado para el organismo en el año 2011. Por sus órganos de control desfilaron personalidades cercanas al Gobierno valenciano como Fernando Castelló que, días después de cesar, fue promovido para el Consejo de Seguridad Nuclear. El tribunal estaba constituido por siete miembros, entre los que se incluían dos técnicos. La remuneración media era de 64.000 euros al año.

El ratio entre costes e ingresos por resoluciones sancionadoras también presenta un notable agujero en Andalucía. La Agencia de Defensa de la Competencia de esta región estuvo dirigida hasta hace unos meses por Juana Amalia Rodríguez, presidenta de la agrupación del PSOE de Triana y esposa del consejero de Justicia, Emilio de Llera. Tras cesar, fue nombrada secretaria general de las Relaciones del Gobierno andaluz con el Parlamento nacional. Le ha sustituido María Victoria Román, una doctora en Ciencias Económicas.

El amiguismo en algunos de estos entes y la falta de recursos en época de crisis han hecho que estos tribunales autonómicos caigan, por norma general, en la ineficiencia. Algunos como el de Extremadura o Castilla y León se han convertido en instituciones que se reúnen de forma periódica, por lo que su capacidad resolutoria es prácticamente inexistente.

En 2012 los organismos de Competencia de las dos regiones citadas resolvieron uno y dos expedientes, respectivamente, según la última memoria de la CNC. Fuentes conocedoras de su funcionamiento aseguran que estos tribunales son «poco eficientes» y, en la mayoría de los casos, «no tienen suficientes conocimientos en materia Competencia». «Todos las autonomías quieren supervisar a las empresas que operan en su región, pero al final la inoperancia lastra su actividad», rematan.

Con información de Silvia Moreno (Andalucía), Eugenio Mallol (Valencia), Marcos Sueiro (Galicia), Javier Ortega (Aragón) y David Vigario (Extremadura). En El Mundo

[agente t]

El Gobierno creará su propia Troika, formada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco de España y la Intervención General del Estado, para inspeccionar las cuentas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Según informa hoy el diario Expansión, este nuevo organismo está contemplado en el Anteproyecto de Ley que fija las reglas del juego de la «Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal».
La Troika del Estado -que técnicamente se denominará Comité técnico de cuentas nacionales- podrá «efectuar actuaciones de verificación y contraste de la información suministrada desde las comunidades autónomas y las corporaciones locales».

El anteproyecto reconoce que este último aspecto ha sido «recomendado por los órganos europeos competentes en materia de contabilidad nacional».

Así, mientras en Europa son el BCE, el FMI y la Comisión Europea los que revisan los Presupuestos de los países miembros, en España serán el INE, el Banco de España y la Intervención General del Estado los encargados de examinar las Cuentas Públicas para evitar el descontrol.

Hoy, en El Mundo

[agente t]

Los españoles sufrimos el quinto IRPF más alto del mundo. Las clases medias, con un tipo del 40%, se encuentran en las posiciones cercanas al liderazgo mundial en esfuerzo fiscal. Y, pese a ello y al ascenso del paro por encima del 27%, el Gobierno decide alargar la subida del principal impuesto al empleo durante, al menos, 2014.

El Banco Central Europeo (BCE), Bruselas, The Wall Street Journal o la inmensa mayoría de expertos, le reclaman la rebaja del impuesto. Estudios como el del catedrático José Félix Sanz apuntan a que la última subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ha provocado la pérdida de 337 empleos por día. Pero, pese a ello, el Gobierno se aferra a una subida contraria a su programa electoral, al sentido económico y al deseo de la inmensa mayoría de sus votantes.

Resulta difícil encontrar un argumento que avale la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy. Pero, al margen de una irracional ansia recaudadora, quizás resulte más fácil entender esta obstinación en el contexto autonómico, un lamentable tablero de juego en el que la Generalitat catalana ha exigido un fuerte incremento de su financiación y en el que el sostén tributario de las regiones españolas pasa, precisamente, por dos grandes tributos: el IRPF y el IVA. Es decir, que si uno de ellos se rebaja, los hombres de Artur Mas tendrían muy fácil exigir una compensación por la potencial pérdida de los ingresos.

No faltará quien diga que también Madrid busca mejorar su financiación. Pero la diferencia es abismal. En primer lugar, porque Madrid no persigue una ventaja singular frente al resto –como sí hace Cataluña–, sino un mismo modelo para todos. Y, en segundo lugar, porque Madrid no ha convertido el IRPF en su ariete recaudador –su tipo máximo está en el 51,9%–, a diferencia de Cataluña, que lo ha situado en el 56%. Es decir, que al igual que el principal beneficiado autonómico de la última subida del IRPF fue la Generalitat –según las estimaciones iniciales puede recibir 164,7 millones, el 21,2% del total remitido a las regiones–, también sería la gran perdedora en caso de rebaja. Si a ello le sumamos que las tres principales partidas de gasto que deberían reducirse para hacer hueco a la rebaja fiscal –empleo público, sanidad y educación– pasan por las autonomías, el círculo se cierra. Llegando a la locura de que hasta el IRPF depende del tablero territorial. Lamentable. Pero cierto.

Carlos Cuesta, en El Mundo