La cara y la cruz de las autonomias

[agente t]

Fusionar 7.700 ayuntamientos permitiría ahorrar 18.000 millones; el número de ayuntamientos pasaría de 8.114 a 1.144 y los concejales, de 68.585 a 30.947
La «refundación del Estado» que Rosa Díez propuso a Mariano Rajoy la semana pasada en el Congreso supondría un ahorro anual de 45.000 millones de euros, según cálculos actualizados de Unión Progreso y Democracia (UPyD).

Los expertos en economía y administraciones públicas del partido acaban de concluir un estudio elaborado con fuentes oficiales al que ha tenido acceso este diario. El informe calcula el ahorro que supondría que todas las comunidades gestionaran sus recursos como la media de las tres más eficientes (Baleares, Valencia y La Rioja). Eso permitiría ahorrar 21.500 millones al año.

Los mismos criterios aplicados a los 40 principales ayuntamientos -al gestionar todos como los tres más eficientes- permitirían ahorrar 5.500 millones anuales. En total, mejorar la gestión de las comunidades y los ayuntamientos supondría un ahorro de 26.000 millones.

Por último, fusionar todos los municipios de menos de 20.000 habitantes para aprovechar las economías de escala -sin que desaparecieran como núcleos de población, pero sí como administraciones independientes- supondría un ahorro adicional de 18.000 millones, ya que también implicaría la desaparición de las diputaciones.

Un ahorro total anual de más de 45.000 millones de euros. Mucho más que los 35.000 millones que tendrá que recortar Rajoy en 2012 para cumplir el déficit exigido por la UE.

El estudio de UPyD, que será presentado públicamente hoy en Sevilla, resume las «duplicidades» y sobrecostes que supone que en España se superpongan hasta cuatro y a veces más niveles administrativos, con la multiplicación de entes públicos, organismos, altos cargos y los incontables gastos que eso supone.

Además, la cada vez más profunda crisis económica -que comenzó a finales de 2007- no ha conseguido que las comunidades gestionen de forma más eficiente. Al contrario. Año tras año y desde 2008, el sobrecoste autonómico ha sido cada ejercicio mayor: de 15.219 millones en 2008 a los 21.518 millones en 2011.

Como explica uno de los directores del estudio, Ramón Marcos, UPyD ha tomado el gasto en personal y en gastos corrientes por habitante de cada comunidad y ha calculado su eficiencia para la prestación de los mismos servicios. Con ese criterio -que no tiene en cuenta el déficit, ni la deuda-, Baleares es la autonomía mejor gestionada de 2008 a 2011. La siguen la Comunidad Valenciana y La Rioja. Tomando como media los criterios de gestión de esas tres, se ha calculado el sobrecoste de todas las demás.

Cataluña se lleva la palma del despilfarro, según UPyD. De 2008 a 2011, el sobrecoste que ha supuesto la poca eficiencia de la Generalitat ha costado 16.833 millones, casi el doble que el sobrecoste de la segunda, el País Vasco (9.154 millones).

Los autores del estudio señalan como paradigmático el caso catalán en ese periodo (el tripartito gobernó la Generalitat de 2008 a 2010). Y citan varios ejemplos, como el referido a la multiplicación de entidades públicas: de 2009 a 2010, se pasó de 190 entidades a 224, según la Cámara de Comercio de Barcelona, para terminar con 244 en 2011.

Como destaca también UPyD, Moody's califica a Cataluña con una de las peores nota de solvencia de toda España, A3. Y la deuda de sus empresas y organismos públicos también bate récords, como ocurre con la Agencia Catalana del Agua, con una deuda de 1.400 millones, o el Instituto Catalán del Suelo, con 900 millones.

Sus parlamentarios autonómicos son los que más caros salen, ya que el coste medio por diputado del Parlament es de 506.000 euros, frente a los 280.000 euros que cuesta cada diputado del Congreso.

Éste es otro ejemplo de despilfarro citado por UPyD: en España hay 1.180 diputados autonómicos. Y las tres comunidades con más parlamentarios (Cataluña, con 135; Madrid, con 129, y Andalucía, con 109) superan los 350 del Congreso. La propuesta de este partido es reducir a 100 el número máximo de parlamentarios regionales.

Las televisiones públicas son otro ejemplo de despilfarro para UPyD. El gasto en estos entes ha subido de 579 millones en 2007 a 1.362 en 2009. La deuda total de las televisiones autonómicas asciende a 1.480 millones.

El estudio concluye con un cálculo de lo que supondría reducir la estructura municipal española, con 8.114 ayuntamientos. Según los especialistas del partido, obligar por ley a que los ayuntamientos tuvieran un número mínimo de habitantes supondría un ahorro sustancial. El tamaño más eficiente son los 20.000 habitantes.

Por eso, UPyD plantea fusionar 7.717 municipios con menos de esa población para ahorrar 17.955 millones. El número de ayuntamientos pasaría de 8.114 a 1.144; y el de concejales, de 68.585 a 30.947. Además, según la formación, los ayuntamientos podrán prestar mejores servicios públicos al utilizar economías de escala. Y también se haría posible la desaparición de las diputaciones, ya que su principal función actual es garantizar la prestación de servicios en las pequeñas poblaciones.

UPyD hace varias proyecciones de tamaño mínimo de los municipios. Con ayuntamientos de un mínimo de 10.000 habitantes, el ahorro sería de 10.381 millones; con un mínimo de 5.000 vecinos, sería de 5.732 millones. Y fusionando los 1.405 ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes, se ahorrarían 3.485 millones. Como apunta Marcos, casi todos los estados europeos redujeron sus municipios en el siglo XX, fijando un tamaño mínimo para mejorar la eficiencia y para que puedan prestar mejores servicios.

Luis Ángel Sanz, en El Mundo

[agente t]

La presidenta de Madrid dice que es "imprescindible revisar de raíz" el Estado de las autonomías.

Libertad Digital 2012-04-10

Esperanza Aguirre ha comparecido ante los medios en Moncloa tras haber sido recibida por Mariano Rajoy. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "le he expuesto mi punto de vista sobre la difícil situación económica y política".

"Las cosas en España están lo suficientemente mal como para no distraer la atención del presidente con asuntos localistas", afirmó Aguirre, que añadió que en la reunión hablaron de la situación económica española por lo que "no tiene sentido perderse en reivindicaciones localistas".

Por ello, la popular afirmó que le expresó a Rajoy su punto de vista "sobre la imposibilidad de salir de la crisis si no se reduce drásticamente el déficit y para ello hace falta tomar medidas profundas". Además, añadió que "si no atacamos con decisión los problemas la crisis va a ser muy difícil de atajar". También anunció que dijo al presidente que "las crisis son los mejores momentos para llevar a cabo esas reformas que en tiempo de bonanza no se hacen".

Dijo Aguirre que ha expuesto a Rajoy que es "vitalmente necesario adelgazar el Estado y cortar radicalmente las duplicidades que se están dando en España". Según la presidenta madrileña, "hay que acabar con todo lo que sea superfluo para conservar los imprescindible. En la Comunidad de Madrid llevamos mucho tiempo haciéndolo".

Insistió en que hay que "dejar de sostener a todos los que pueden y deben sostenerse solos", como los partidos políticos, patronales, sindicatos y personas con rentas altas. "Hay cosas que ya no se pueden subvencionar", dijo e insistió en la necesidad de "revisar todo el Estado de las autonomías de raíz. Es imprescindible".

Se refirió a los distintos analistas que ponen de manifiesto el gasto excesivo en 17 comunidades autónomas en España. "España no puede permitirse el lujo de mantener 17 entramados autonómicos, tenemos que encarar una reforma en profundidad de las administraciones públicas". Y añadió que le ha trasmitido a Rajoy que esa reforma no puede ser la obra de un solo partido. "Es imprescindible el PSOE para llegar a consensos de Estado para rectificar los errores".

La apuesta de Aguirre para ahorrar 48.000 millones

Aguirre continuó diciendo que estamos en el momento de "pensar en España, que está pasando momentos muy difíciles. La unión será la causa de la pujanza. Tenemos que salir todos unidos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid consideró que "esas reformas que nos obligan a las Comunidades Autónomas a afrontar algunos gastos que a mi juicio no tienen mucho sentido". Aguirre puso como ejemplo la Educación, basándose en lo que dice la Constitución de que "tiene que ser pública y gratuita desde los 6 a los 16 años, no dice que tiene que serlo después". Por ejemplo, señaló a los máster sobre los que "no tiene sentido que estemos pagando un 90% en una universidad pública a través de nuestros impuestos".

También habló sobre la Sanidad, de la que dijo que "al margen de todo lo que se refiere a la salud y la curación de necesidades, hay otras prestaciones que no tienen por qué ser gratuitas". No obstante, aclaró que "lo que sí le digo es que en Sanidad no creo que vaya a haber recortes, sino reformas de la legislación", como ha anunciado Cristóbal Montoro esta misma mañana.

Pero, sobre todo, Aguirre hizo dos apuestas fundamentales para lograr el ahorro necesario para que España salga de la crisis: transferir las grandes competencias al Estado [Justicia, Sanidad...], y las menores a los ayuntamientos.

"En el cálculo modestísimo que yo he hecho nos ahorraríamos 48.000 millones de euros, entre edificios, alquileres, altos cargos, políticos, asesores, secretarias, condutores", enumeró. "Claro, eso reduciría los empleados públicos", resaltó, "pero ya nos buscaríamos" la manera, dijo.

Aguirre insistió en que su modelo de reformas es "lo que ha hecho Irlanda, no otro", convencida de que "Una vez colorao mejor que ciento amarillo", concluyó.

[agente t]

Un día, mientras terminaba su cuarta serie mañanera de tres mil quinientos abdominales colgado del último listón de la espaldera ante la atenta mirada de su perrita Gufa, José María Aznar López decidió que en España no podía haber nadie más progre que él. "Si el carca de González empezó a transferir competencias a las autonomías –pensó–, yo las traspaso todas de golpe pase lo que pase". Y así comenzó nuestra tragedia.

Estábamos a comienzos del año 2002, con la economía como un tiro y perspectivas de que el PP estuviera en el Gobierno por lo menos dos décadas. Tomada la decisión, los equipos técnicos de los ministerios de Sanidad y Educación comenzaron las reuniones con sus pares autonómicos para diseñar el traspaso de poderes sanitarios y educativos.

En el primer caso, menos complejo que el segundo, se valoraron los gastos que costaba la sanidad pública en cada comunidad autónoma. Como las arcas estatales estaban llenas a rebosar, se incrementó el total con un porcentaje generoso, y tras el acuerdo de las autonomías se traspasaron las competencias completas en la materia a las diez que aún no las ejercían.

El efecto inmediato fue una fuerte subida de los gastos de personal, porque la administración estatal española siempre ha sido muy rigurosa en la manejo del dinero y el Insalud no era precisamente la excepción. Los empleados estatales (administrativos, celadores, auxiliares, enfermeras y facultativos) que a partir de ese momento engrosarían las plantillas autonómicas experimentaron fuertes subidas salariales, porque sus pares autonómicos, además de estar ociosos porque no tenían competencias que ejercer, cobraban bastante más que los empleos equivalentes en la escala sanitaria del Estado, y lo obligado era homologar los sueldos con las franjas más elevadas.

Pero es que, además, a finales de mayo de 2003 estaban convocadas las elecciones autonómicas, con lo que las transferencias sanitarias se asumieron a poco más de un año de la cita electoral. De forma natural, los políticos autonómicos centraron su campaña en los extraordinarios beneficios derivados de que la sanidad quedara en sus manos, y para que la ciudadanía comenzara a apreciar las ventajas del invento se lanzaron a una carrera alocada de promesas relacionadas con la construcción de consultorios, ambulatorios y hospitales, fueran más o menos necesarios, cuestión que a nadie se le pasó entonces por la cabeza.

En poco tiempo no hubo pedanía que no contara con un consultorio de nueva planta, con su correspondiente dotación de personal haciendo turnos y cobrando las horas extraordinarias y las guardias correspondientes. A ese descontrol en la inversión se sumó la incuria de la clase autonómica a la hora de gestionar contratos y suministros, sin contar con las comisiones habituales en este tipo de transacciones, que el Parlamento catalán cifró en el 3%, estimación sin duda muy conservadora, como después se comprobó.

El resultado de todo el proceso, una vez quedó consolidado el nuevo mapa sanitario, es que la casta autonómica se pulió la financiación estatal –con la derrama añadida que un generoso Aznar añadió en nuestro nombre–, así como los sucesivos incrementos de la financiación autonómica por este concepto. Actualmente no hay uno sólo de los 17 sistemas sanitarios que no arrastre una deuda más que significativa, facturas de varios años sin pagar aparte.

¿En educación? Pues igual, para qué vamos a distinguir. Con las transferencias a las autonomías, embrutecer a los españoles del mañana nos sale también mucho más caro que cuando la promoción de la burricie se organizaba únicamente desde un despacho de Madrid a las órdenes de Solana, Maravall, Rubalcaba y Marchesi, Logse mediante.

Y lo mejor de todo es que el proceso no parece tener marcha atrás. Estamos condenados a pagar mucho más por dos servicios que la descentralización política –la administrativa ya existía en todas las provincias– ha convertido en insostenibles para nuestra pobre economía. Tan grave es la situación, que hasta Aznar ha reconocido esta semana que el problema de España no es otro que el diseño del Estado autonómico. Pena que no hubiera caído en ese detalle diez años atrás. Allí, en La Moncloa, con sus perritos Zico y Grifa de testigos, que sin duda habrían emitido un alegre ladrido en son de conformidad.

Pablo Molina, en LD

[agente t]

Las autonomías son parte, y muy importante, de nuestros problemas económicos. Por desgracia, no hacen más que resistirse a ser parte también de la solución. Los dirigentes autonómicos se están negando de forma sistemática a realizar el verdadero ajuste en los presupuestos regionales que exige el cumplimiento de los objetivos en materia de déficit pactados con la Unión Europea. Y es que no quieren aceptar que las cosas nunca volverán a ser como antes, porque ya no podrán contar con los ingentes ingresos extraordinarios que les aportó la burbuja inmobiliaria y que utilizaron para gastar más en vez de para recortar deuda y bajar los impuestos.

El problema fundamental es que ningún dirigente autonómico quiere dar marcha atrás en las políticas de gasto emprendidas por su respectiva comunidad autónoma, por mucho que no tenga sentido que, en España, haya diecisiete de todo. Cuando faltan los recursos, como es el caso en estos momentos, lo lógico es racionalizar el gasto y prescindir de todo aquello que no sea necesario ni se corresponda con la prestación de los servicios públicos esenciales a la población, esto es, con sanidad y educación. Por ejemplo, en todas las autonomías ha proliferado un sinfín de universidades públicas, muchas de las cuales no tienen ni siquiera el número mínimo de alumnos que garanticen su viabilidad económica. Esas universidades habría que cerrarlas. Sin embargo, ningún líder autonómico quiere asumir el coste político que implica semejante medida. Esta misma actitud se repite en otros muchos ámbitos y así no vamos a ningún sitio. De ahí que, ahora, algunos de ellos se estén planteando la devolución de algunas competencias al Estado, sobre todo las de sanidad y educación, que son las que más recursos absorben, pensando en trasladar el problema del ajuste al Gobierno de la Nación, cuando el ajuste lo tienen que realizar ellos también en todas las partidas que no tienen que ver con esos dos servicios públicos esenciales, por ejemplo, cerrando embajadas regionales en el exterior.

Así las cosas, el Gobierno central debería coger el toro por los cuernos y empezar a liderar el proceso de ajuste presupuestario de las autonomías, para lo cual debe hacer dos cosas. En primer lugar, debe redefinir el modelo de Estado, dejando bien claro qué son competencias estatales y qué son competencias autonómicas con el fin de evitar duplicidades y despilfarros. En segundo término, debe preparar planes de reestructuración a nivel nacional de la sanidad y la educación. En este último terreno, el Gobierno central debería redefinir un nuevo mapa universitario, cerrando universidades públicas por doquier y dejando abiertas solo las que cuenten con el suficiente número de alumnos para ser viables y que, además, tengan prestigio en términos de calidad de la educación o de investigación. Por supuesto, todo esto lleva tiempo y no se puede improvisar de la noche a la mañana. Así, para este ejercicio presupuestario, ya no hay margen para este tipo de medidas. Pero para los próximos sí hay tiempo para elaborar este tipo de planes sin los cuales no se podrá reducir el déficit, como acaba de advertir la Unión Europea. Mientras tanto, debería forzar a las autonomías a ser más ambiciosas en sus planes de ajuste.

Emilio J. González en LD

[agente t]

Rajoy descarta el plan De Guindos y se decanta por avalar deuda de CCAA insolventes sin necesidad de retenerles recursos de antemano.

M. Llamas-LD 2012-05-29

El Gobierno lleva meses trabajando en un nuevo mecanismo para facilitar la financiación de las CCAA, después de que el mercado cerrara por completo el grifo a las emisiones de algunos gobiernos regionales que están al borde de la quiebra. Tal y como avanzó Libre Mercado, en el seno del Ejecutivo existían dos posiciones claramente contrapuestas en este ámbito: la defendida por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El plan De Guindos

Ambos enfoques se diferenciaban en dos aspectos esenciales. En primer lugar, la tesis defendida desde Economía rechazaba que el Estado avalase la deuda autonómica, de modo que la garantía para los inversores residía en las propias transferencias corrientes que el Gobierno central reparte entre las regiones a través del sistema de financiación autonómica. Es decir, De Guindos se decantaba así por la implantación de un control previo.

La esencia del mecanismo consistía en emitir deuda autonómica de forma conjunta, a un coste algo inferior al que exige el mercado en estos momentos a las regiones de forma individual, con el aval de los propios recursos autonómicos que reparte anualmente el Gobierno central. De este modo, el Estado retendría de forma anticipada parte de dichas transferencias para poder atender al pago de los compromisos financieros. Y todo ello, estableciendo rigurosos límites, ya que tales emisiones tan sólo se encargarían de cubrir las necesidades estipuladas en los planes de ajuste (déficit del 1,5% del PIB como máximo). Así, si una región incumplía los límites establecidos se vería obligada a acudir por su cuenta y riesgo a los mercados -a un coste mayor-.

Este mecanismo contaba con el apoyo explícito de los grandes inversores, ya que "hacía creíble la prioridad absoluta del pago de la deuda" gracias, básicamente, a la implantación de un control ex ante (el Gobierno acaparaba los recursos autonómicos de antemano, restando financiación a las regiones para garantizar el servicio de la deuda).

El plan Montoro

Sin embargo, esta visión contaba con el rechazo explícito de los barones regionales y con las reticencias del Ministerio de Hacienda. Montoro no quería control ex ante, sino a posteriori. Y ésta, tal y como se preveía, parece ser la opción escogida finalmente por el Gobierno de Mariano Rajoy. Según publica este martes el diario El Mundo, el Consejo de Ministros aprobará, previsiblemente, este viernes los hispabonos de Montoro.

El Estado avalará las emisiones de deuda regional por un importe próximo a los 17.000 millones de euros en 2012, garantizando así casi un tercio de los compromisos financieros que en total afrontan las autonomías durante este ejercicio (caso 50.000 millones entre deuda nueva y refinanciaciones), de modo que el mecanismo se centrará en ofrecer liquidez inmediata a las regiones con mayores dificultades (como Cataluña y Comunidad Valenciana, entre otras). El coste de la financiación será inferior a la que exige el mercado, pero superior al que se le exige al Estado.

A cambio de este rescate, Hacienda exigirá nuevas condiciones a las CCAA que se acojan al mecanismo -pudiendo endurecer, incluso, el objetivo de déficit del 1,5% marcado para este año-. Así, las regiones tan sólo podrán volver a recurrir a los hispabonos en el futuro si cumplen tales exigencias.

Pese a ello, estas promesas importan poco a los inversores. Según las fuentes financieras consultadas por Libre Mercado, la clave no radica en imponer nuevos compromisos de austeridad, cuyo cumplimiento no está garantizado, sino en aplicar controles previos reteniendo de antemano a las CCAA el dinero que haga falta para garantizar el pago de sus deudas.

Y es que, si el Estado avala deuda regional sin control previo, el Gobierno está asumiendo de forma explícita los pasivos de regiones insolventes, deteriorando como resultado su propio balance, lo cual acabará elevando aún más la prima de riesgo de España. "Es una locura", sería la "puntilla para el Estado español", alertan los grandes inversores. "La rentabilidad de la deuda española a 10 años se irá por encima del 7%". Se trata de un rescate a la griega, ya que se asemeja al primer plan de rescate internacional concedido a Atenas, en el que el Estado griego recibía el dinero por anticipado a cambio de una serie de exigencias que, finalmente, incumplió de forma manifiesta.

Los inversores no quieren ni oír hablar de rescates a la griega, cuyo fracaso ha sido rotundo. Por ello, el plan Montoro es, precisamente, el que rechazaba frontalmente el mercado. No en vano, tras el rescate de Bankia y el salvamento de CCAA en quiebra, el Estado asumirá explícitamente sus deudas en un momento en el que las cuentas del Gobierno central están al límite. Si, finalmente, el Ejecutivo aprueba el próximo viernes este aval explícito sin control previo (reteniendo recursos autonómicos de antemano), será la "puntilla" para España, insisten estas mismas fuentes.

[etrusk]

Alemania es un estado federal, Suiza es un estado confederal y ambos no tienen ningun problema ni de gobernabilidad ni de las deudas. Lo que pasa en España es que los politicos detras de arboles no vean el bosque. La base de la sociedad es un firme Marco Legal (leyes+jueces+policia) y no los eslogans progres "democracia", "igualdad", etc. Si los politicos españoles no son capaces de crear un marco legal pues que copian la Constitucion Alemana o simplemente apuntamos como unos Landers alemanes y todos (o casi todos) los problemas de estupidez y avaricia de los politicos españales sera solucionado.

[agente t]

Lleva casi cuatro meses recordando a las comunidades autónomas que deben reducir el número de sus empresas públicas y ayer volvió a hacerlo en términos que dejan poco lugar a la duda. Soraya Sáenz de Santamaría no tuvo el menor interés en disimular el hecho de que estaba presionando abiertamente a los gobiernos autonómicos. En este asunto, la vicepresidenta del Gobierno está tocando la misma música que el ministro de Hacienda. Porque el tiempo apremia.

Ella no lo dijo así, pero lo que circulaba debajo de las frases pronunciadas era el aviso de que, en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos, el Gobierno no va a vacilar a la hora de tomar las medidas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, publicación de los datos, una advertencia a quienes incumplan y no puedan justificarlo y, a continuación, una sanción económica a las recalcitrantes.

Sanción significa muerte de la actividad. Todas las autonomías tienen ahora mismo los mercados cerrados a cal y canto. Es decir, no se pueden financiar. Y si desde la Administración central no se les inyectara dinero, muchas no podrían pagar las nóminas del mes que viene. Es ese escenario el que el Gobierno pretende evitar a base de repetir hasta el hastío el recado-amenaza que, una vez más, volvió a lanzar ayer la vicepresidenta.

Y no es que no estén haciendo esfuerzos. Los están haciendo y muy serios. De ahí vienen las protestas, las huelgas y las manifestaciones a las que nunca hasta ahora tuvieron que enfrentarse los gobiernos territoriales. Porque no se puede negar que, desde el punto de vista de la paz social, las comunidades han sido históricamente una balsa de aceite.

¿Por qué? Pues porque la asunción de responsabilidades políticas por parte de los gobiernos regionales era un capítulo que había permanecido virgen hasta hoy. Desde el nacimiento de este Estado autonómico, Madrid ha venido teniendo la culpa de todo lo malo que sucedía en cada territorio. Las manifestaciones se hacían en Madrid, adonde llegaban las protestas de toda España, y de eso guardan buena memoria los madrileños. Los impuestos los cobraba Madrid y los gastos los hacía la comunidad. El paro aumentaba por culpa de Madrid y disminuía gracias a las medidas de la comunidad. Y el déficit era un concepto políticamente indeterminado por el que jamás soñaron los dirigentes territoriales que nadie nunca les iba a pedir cuentas. Y así ha sido desde la década de los 80.

Hasta hoy. La semana que viene se celebra un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera y la reunión se prevé amarga porque se va a pasar lista de los ajustes realizados y se van a establecer los compromisos de todos, Estado incluido, para el próximo año.

Habrá tensión ese día: los datos que llegan al Ministerio de Hacienda dicen que algunos gobiernos autonómicos están remoloneando a la hora de meter la tijera. Unos porque tienen cerca las elecciones. Otros porque no se atreven. Y absolutamente todos porque padecen una escandalosa falta de costumbre de pagar un precio político por gobernar.

Pero esta vez las habas son contadas y no tienen más que un camino para recorrer. El mismo para todos, por empinado que sea.

Victoria Prego, en El Mundo

[agente t]

Los españoles hemos soportado en los tres últimos años la subida del IVA, IRPF, Impuestos Especiales, Sociedades, IBI, Impuestos autonómicos, tasas municipales, universitarias, de la luz, gas, gasolina, gasóleo, transporte público, sanidad, reducción de sueldos, pensiones, empleo, etc. Y lo hemos hecho con la contención y el sacrificio que sólo un pueblo concienciado de la necesidad de sacar adelante a su país es capaz de mostrar. Y es ese mismo pueblo, que ha luchado contra el paro dando cobijo a hijos y nietos en casas y nóminas de padres y abuelos como ejemplo de concienciación social, el que ahora mira al Gobierno exigiendo la más profunda rebaja del coste administrativo: central, autonómico y local.

No es el malvado mercado, ni los especuladores, ni los temidos ultraliberales, culpables, por lo visto, hasta de la desaparición de los dinosaurios. Es un pueblo cansado de pagar los platos que nunca rompió. Y es ese mismo pueblo el que ha identificado -como desveló una encuesta de EL MUNDO- el modelo autonómico con el derroche y la irresponsabilidad. Una conclusión que cuenta, frente a los topicazos políticos, con respaldo científico. Estudios como el de Gabriel Elorriaga, que destaca «el constante incremento de los recursos humanos empleados por las Administraciones territoriales», que «sin asumir nuevas competencias», sumaron 250.000 empleados adicionales. O el del Centro Internacional de Estudios Económicos y Sociales, en colaboración con la London School of Economics, donde se concluye que, tras estudiar 26 países de la OCDE en los últimos 15 años, «los beneficios económicos potenciales de la descentralización fiscal en términos de resultados económicos son más que contrarrestados por los peligros potenciales de la transferencia de cada vez más recursos a los Gobiernos subnacionales». O las propias estadísticas, que muestran como el gasto sanitario pasó de 38.563 millones en 2002, justo antes de su transferencia a las autonomías, a 88.828 millones en 2010.

Por eso el presidente Rajoy no puede dejar pasar este viernes sin acabar con esta sangría. Porque España no aguantará mucho más un derroche similar.

Carlos Cuesta, en El Mundo

[agente t]

El paquete de medidas de ajuste anunciado por el presidente del Gobierno el pasado miércoles se ha presentado como inevitable, cuando no es así. Mariano Rajoy ha optado por la vía de los ingresos –subidas de impuestos– cuando podía haber atacado con mayor decisión en el capítulo del gasto, donde queda mucha tarea por hacer. Si bien es verdad que se imponen recortes importantes a empleados públicos, subsidios de desempleo y pensiones, también lo es que mantiene una tibieza notable a la hora de recortar los privilegios de los grupos parasitarios que viven del presupuesto, como son los partidos políticos, patronales y sindicatos, y que no se afronta con decisión la gran reforma política que necesita España, que es la remodelación del Estado de las autonomías, donde la casta política campa a sus anchas, despilfarrando a manos llenas y duplicando estructuras, amén de crear redes clientelares muy costosas y muy difíciles de desmantelar. El último ejemplo de la inmoral desfachatez de la clase política lo ha dado el lehendakari vasco Patxi López, quien tendrá una pensión vitalicia aunque, como se prevé, no sea reelegido en las próximas elecciones autonómicas vascas. Así, tras sólo tres años y medio en el poder, el socialista cobrará un sueldo de por vida. El Parlamento vasco aprobó el pasado 30 de mayo una serie de cambios en la Ley de Gobierno para suprimir algunos privilegios a ex altos cargos. Pero, a pesar de la profunda crisis económica y del evidente descontento social por los sueldos de la clase política, López ha quedado al margen porque “el régimen jurídico del lehendakari permanece inalterado, dada su máxima consideración institucional”. Un auténtico escándalo.


El caso de López es sólo el botón de muestra de la desvergüenza de la clase política, que gusta de gastar a manos llenas, endeudándose hasta las cejas con tal de mantener el puesto y el tren de vida. Ayer mismo el Banco de España daba a conocer que el propio País Vasco había elevado su deuda en el primer trimestre del año hasta los 6.798 millones, lo que supone un aumento del 25% en sólo tres meses.


Si este es el caso de la comunidad puntera de la economía española, ¿qué será del resto? El panorama es desolador. La caja de las comunidades cría telarañas y los Gobiernos regionales se las ven y se las desean para poder afrontar la nómina de fin de mes porque los bancos y los mercados les niegan el pan. Ayer se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar este y otros temas. Los famosos hispabonos estuvieron sobre la mesa a la espera de que se conviertan en el maná que les saque de los apuros. Mientras tanto, Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias se defendían con uñas y dientes contra la pretensión de Hacienda de apretar las tuercas a los Gobiernos regionales para que no sobrepasen el 0,7% de déficit en 2013, frente al 1,1% inicial. Una rebelión en toda regla a la que se sumaron con su abstención Extremadura y Castilla y León.


Las espadas se mantienen en alto, pero el objetivo de déficit será inalcanzable si se siguen presentando presupuestos sin base económica y recurriendo sin medida a la deuda pública para mantener el gasto corriente, contentar a las redes clientelares y apagar la sed irrefrenable de gasto. El Gobierno va en la buena dirección pero le queda pendiente –y Mario Draghi, presidente del BCE, lo tiene muy claro– hincar el diente a la reforma del Estado de las autonomías, que es la llave para lograr el objetivo déficit y la ansiada recuperación económica.

Editorial de La Gaceta.es

[agente t]

El despilfarro del dinero público y la irresponsabilidad del sistema financiero nos han hipotecado el futuro, además de empobrecernos el presente. Más allá de las medidas de austeridad que cualquier Gobierno ha de tomar para reflotar las finanzas públicas y activar la contratación laboral, de lo que nadie puede dudar es que las reformas emprendidas por nuestro Gobierno recortan los derechos de los trabajadores. No sólo recortan derechos coyunturales, caso de la bajada temporal de los sueldos a los funcionarios, sino buena parte de los estructurales (caso del coste por despido laboral), muchos de los cuales has costado décadas en conquistar. Pueden estar justificados o no, pero la evidencia es que después de la reforma, los trabajadores tendrán menos derechos. No sólo eso, es ese colectivo de los asalariados, junto a profesionales liberales y pymes, quienes en mayor grado sufren las consecuencias de la mala gestión de los responsables políticos.

Paradójicamente, mientras el Gobierno recorta los derechos de los trabajadores, deja intactos los territoriales. Algo incomprensible si se tiene en cuenta que son las autonomías, en buena media, las culpables del despilfarro que nos ha hundido en la miseria. En el mejor de los casos, el Gobierno de la nación limita alguno de sus derechos coyunturales, como su capacidad de endeudamiento, pero deja intactos los estructurales, que son a la postre la fuente de sus excesos y la excusa para derrochar en frivolidades identitarias.

Para más INRI, algunos poderes territoriales acosan al Estado con la exigencia de pactos fiscales. Es el caso de Cataluña. Por boca de su presidente, Artur Mas, ya sabemos que la futura Ley de Consultas populares que está en trámite parlamentario servirá para envenenar al pueblo de Cataluña con la consulta sobre el déficit fiscal. Aunque no tenga la apariencia: "¿A quién puede incomodar o dar miedo la democracia y que se pregunte a la gente?", ha dicho al respecto desde Bruselas con cinismo infinito. A uno se le viene a la cabeza enseguida el por qué entonces no permite que las hojas de inscripción de principio de curso se pregunte a los padres en qué lengua escolar quieren que estudien sus hijos.

Un instrumento de agitprop, el último por ahora, de acoso al Estado. Es tan sucio el juego, que sus líderes ya se permiten cualquier exabrupto: todo parece colar en esta sociedad nacionalista enamorada de sí misma. Lo dijo Durán i Lleida y lo ha repetido Oriol Pujol a propósito de las críticas del Gobierno del PP a la Ley de Consultas cuya competencia es exclusiva del Estado: "Es un simple ejercicio de democracia. ¿A quién puede molestar la democracia? Solo a los que no son demócratas". Y se quedan tan anchos.

¿Qué se piensan que es la democracia? ¿El sentido que tienen ellos de lo correcto, o el respeto a unas normas? Si el derecho a convocar referendos es competencia exclusiva del Estado, sólo el Gobierno de la nación tiene potestad para hacerlos o permitirlos a terceros. Si al Sr. Durán o al Sr. Pujol, no les gusta la norma, que busquen los votos para cambiarla, pero en ningún caso saltarse la ley. En ese caso, los únicos que no son demócratas son ellos, y su proceder, inaceptable para la democracia.

Bien saben ellos la fuerza que su sofisma provoca en las gentes. Les eximen de comportarse con responsabilidad de Estado y de asumir el bien común que la progresividad fiscal garantiza. Bien lo saben ellos, por eso lo hacen. Saben que tienen un filón victimista en época de crisis donde la mera mención de mayores recursos genera expectativas favorables.

Que el agitprop nacionalista haga esto, es parte del circo; que el Gobierno de la nación no tome en consideración la deuda de las comunidades autónomas que en el 2011 ha registrado 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB), poniendo en riesgo servicios sociales esenciales como la sanidad (las listas de espera en los hospitales de Cataluña han aumentado hasta el 43%), es para reflexionar por qué los poderes territoriales son intocables. Curiosamente, la más endeudada de las comunidades es Cataluña, con 41.778 millones de euros, el 29,8% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades. El segundo paso es detectar en qué se lo gastan, y el tercero en hacer una reforma territorial al modo y manera que se pretende hacer con la reforma laboral para evitar duplicidades, despilfarro y su programada erosión del Estado.

La ciudadanía ha de tomar conciencia del mal intrínseco que ha generado un sistema no limitado de soberanías compartidas entre el Estado y las diversas autonomías. Sin lealtad por el bien común de los ciudadanos españoles, los gobiernos territoriales tienden a generar su propia estructura política a imagen y semejanza del Estado, y en algunos casos, con proyectos de construcción nacional. Ese poder tiende al clientelismo, como los propios partidos que la alimentan y del que viven. En el proceso se trafica con todo tipo de subvenciones interesadas para fidelizar clientes en el proyecto de construcción nacional, y a la vez, el propio proyecto se convierte en ubre imprescindible de los que nacieron para construirlo. Un círculo vicioso que lleva a suplantar la soberanía nacional y activar todo tipo de propaganda sentimental para sostener el tinglado. La ley de consultas es uno de esos instrumentos y el referéndum consiguiente (aunque le llamen consulta), la fórmula mágica para tirar al pueblo de Cataluña contra el Estado. No estaría mal que ya que venden la consulta del déficit fiscal como democrática, se envalentonen y pregunten también al pueblo de Cataluña si quieren pagar impuestos, o jubilarse a los cincuenta años. ¡Son tan democráticos¡

Antonio Robles en LD