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  1. #51
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    Predeterminado Por los cursos de Nueva York

    El Supremo archiva la causa contra Garzón por cohecho impropio

    El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha archivado hoy la causa abierta al ex juez prevaricador Baltasar Garzón por el patrocinio de cinco empresas españolas a los cursos que dio la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006 al estimar que el delito de cohecho impropio que le imputaba está prescrito.

    Así lo han confirmado fuentes del alto tribunal, que han señalado que la resolución se iba a notificar a partir de las 12.30 horas a las partes personadas en la causa: la Fiscalía, la defensa de Garzón y los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, autores de la querella que dio origen al procedimiento.

    El abogado de Garzón, Enrique Molina, al igual que la Fiscalía, había alegado que el supuesto delito "estaría prescrito", ya que el último patrocinio fue recibido por el centro educativo el 17 de mayo de 2006 y la querella admitió hasta el 28 de enero de 2010, pasados ya los tres años que la ley fija como plazo de prescripción.

    El juez fue condenado la semana pasada por el Alto Tribunal a once años de inhabilitación por las escuchas ilegales de Gürtel, y tiene otra causa abierta por investigar el franquismo sin tener competencias para ello, de la que todavía espera sentencia.

    Agencias/La Gaceta

  2. #52
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    Predeterminado La 'mordida' de Garzón debe ser recordada

    El archivo de la causa abierta a Baltasar Garzón por cohecho impropio tras haber recibido 1,2 millones de dólares de grandes compañías para financiar sus actividades en Nueva York es una pésima noticia para la Justicia y vuelve a poner sobre la mesa el absurdo criterio que la ley establece para la prescripción de los delitos.

    Dado que el último pago para los cursos del juez se produjo el 17 de mayo de 2006 y la querella contra él se presentó el 12 de junio de 2009, el plazo para poder juzgarle por cohecho impropio -único delito que ha advertido el instructor del Supremo- se superó en 25 días. Eso obligó ayer a Manuel Marchena, el mismo magistrado de la Sala Penal del Alto Tribunal que vio indicios para inculpar a Garzón, a tener que declarar el archivo de la causa por haberse extinguido la responsabilidad penal.

    Es un sinsentido que una simple infracción tributaria tenga en España un plazo de prescripción de cuatro años y un delito de cohecho, infinitamente más grave, sólo tuviera tres cuando sucedieron los hechos. En nuestras 100 Propuestas para la regeneración democrática ya solicitamos replantear los plazos de prescripción.

    En el caso de los pagos a Garzón, los abogados que ejercieron la acción popular le acusan también por prevaricación y extorsión, delitos que no habrían prescrito. Por eso es posible que su recurso al archivo pudiera incidir en la comisión de alguno de esos tipos penales.

    En realidad, la descripción de hechos por los que Marchena veía motivos para sentar a Garzón en el banquillo se ajusta a la extorsión, que incluye el elemento intimidatorio ausente en el cohecho impropio. Si las compañías financiaron las actividades del ya ex juez fue por temor a las represalias, puesto que, como establece Marchena, «todas tenían en común haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado».

    En el caso de que Garzón se librara finalmente por prescripción de estas gravísimas imputaciones, se habría escabullido de la Justicia por la puerta falsa que han venido utilizando esos poderosos de los que su entorno dice abominar; no por no haberse acreditado los hechos, sino por una demora de 25 días en denunciarlos.

    En la instrucción de esta causa ha quedado patente el indigno papel de Garzón. En el auto de archivo, Marchena ratifica todos los elementos inculpatorios contra él. Acredita que, en contra de lo que dijo, recaudó dinero utilizando una «censurable estrategia de persuasión»; que tuvo un papel «relevante y decisivo» en la obtención de fondos; que solicitó hasta 2,6 millones de dólares, de los que logró 1,2; que su «metodología recaudatoria» era ruin, pues utilizaba el sobre con el «membrete oficial» de la Audiencia Nacional; y que, una vez reincorporado a su Juzgado, archivó, «debiendo abstenerse», una querella contra el presidente del Santander -entidad que acababa de donarle 327.000 dólares para sus conferencias-, en una decisión en la que «el deber de imparcialidad que le incumbía fue infringido». Sería así injusto que todo ello quedara prescrito por tres semanas.

    Hoy revelamos cómo empleaba Garzón los fondos de su mordida. La actividad académica era un pretexto para agasajar a personalidades influyentes y hacerse un hueco en los círculos internacionales de poder. Por eso invitó a personajes como Kissinger o Zedillo a una cena en Nueva York que costó 5.000 dólares. La presencia de González indica la absoluta falta de escrúpulos de quien fue primero su número dos en la lista del PSOE y luego pidió su imputación en el Supremo como X de los GAL.

    Por ello, aunque creemos que hay motivos para estimar un recurso al archivo, lo esencial es que los ciudadanos no olviden la conducta de este ex juez prevaricador.

    En El Mundo

  3. #53
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    Predeterminado La Federación de Abogados de Ecuador demandará al ex juez Garzón por «malversación»

    A la difícil situación que se le plantea a Baltasar Garzón, tras ser inhabilitado para ejercer como juez en España, se suma otra a 9.000 kilómetros de allí. La Federación Nacional de Abogados de Ecuador (FNAE) advierte que solicitará su procesamiento como «cómplice de malversación de fondos estatales». Pedro Javier Granja, portavoz del organismo que agrupa a los colegios de abogados del país, señaló que la petición se debe a que Garzón recibiría 50.000 euros por asesorar al Gobierno de Rafael Correa, pese a que prácticamente no ejerció dicha asesoría. «Desde que se le nombró como asesor para llevar adelante la reforma judicial (en octubre del 2011), el (ex) magistrado sólo estuvo tres veces en Ecuador. Y dos de esas veces en fines de semana», dijo Granja a la prensa de su país. Aparte de cobrar por un trabajo que supuestamente no realizó, la FNAE acusa a Garzón de haber prestado su fama a una reforma que persigue, entre otros fines, restringir la libertad de prensa y controlar la designación de los funcionarios de mayor jerarquía en el Poder Judicial.

    La reforma sólo ha sido instituida parcialmente, pero ya ha servido para sustituir a ciertos jueces de dudosa lealtad, por otros decididamente afines a Correa. Asimismo, la reforma ha contribuido a limitar la cobertura periodística en período de elecciones. En un intento por justificar la necesidad de nuevas leyes Rafael Correa manifestó que «mientras hagamos la vista gorda a los que se creen con derecho a mentir y a difamar, no habrá justicia en este país».

    Tomando como base la actitud del presidente, la FNAE sostiene que Baltasar Garzón sería el «valedor pasivo de una reforma que hubiera sido rechazada en España». Hace una semana, la misma entidad declaró al ex magistrado como persona no grata y anticipó que la próxima vez que pise suelo ecuatoriano, habrá manifestaciones en su contra y que los abogados se declararían en huelga durante su permanencia en el país.

    En su alegato contra la reforma judicial, FNAE exhibió el cuestionario que se utiliza para seleccionar a los aspirantes a juez. El documento incluye preguntas tales como «¿qué tipo de preservativos usa usted» o «¿le tiene miedo a las ratas?». Pedro Javier Granja asegura que cuando se le preguntó por ese cuestionario, Garzón respondió que a él no le toca analizar esas cosas. «Nos indigna que se haya declarado ciego, sordo y mudo ante un proceso de selección de jueces que parece una caricatura. Además, si fue contratado como asesor de una reforma cardinal para los ecuatorianos, ¿cómo puede decir que no conoce el contenido de los cuestionarios?», dijo Granja. También se cuestiona que Rafael Correa designara a un «asesor subrogante» para reemplazar a Garzón cuando éste se ocupa de otros asuntos. «Se trata de un delito pues se les paga a dos personas para que cumplan la misma función y el pago se hace con dinero de los contribuyentes», señaló el portavoz.

    Ricardo Palma, abogado ecuatoriano que imparte un curso de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires dijo a EL MUNDO que no habría fundamento jurídico para procesar al ex juez en Ecuador, lo cual no implica que no haya incurrido en una falta de ética profesional. «Por lo que sabe, Garzón no hizo más que cumplir con lo que le pedía su empleador [el Gobierno]. Que haya contribuido a aplastar las libertades, eso sólo concierne a Garzón y a su conciencia», afirma Palma.

    En Colombia también hay duras quejas contra el ex juez español. El procurador general de ese país, Alejandro Ordóñez, afirma que es inconveniente que, habiendo sido inhabilitado por el Tribunal Supremo de su país, Garzón ejerza como asesor de la Organización de Estados Americanos en el proceso de paz que busca la desmovilización de los grupos paramilitares en ese país. «Garzón es un delincuente, prevaricador, que ha victimizado a ciudadanos españoles derechos fundamentales como el derecho a la intimidad», expresó Ordóñez en Radio Caracol. Hace unos días, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, felicitó a Garzón por su aporte a la pacificación de país y adelantó que cuando concluya esa misión, «se le buscarán otros frentes de trabajo en los que podamos contar con su valiosa contribución».

    Tras admitir que no puede interferir en las competencias del presidente, Ordóñez consideró necesario que los colombianos conozcan «las implicaciones éticas» de que un juez inhabilitado en España, intervenga en los asuntos de otro país.

    RAMY WURGAFT, en El Mundo

  4. #54
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    Predeterminado Así destrozó la vida y la honra a muchos inocentes el prevaricador Garzón

    A lo largo de su carrera judicial, el funcionario Baltasar Garzón ha perjudicado a docenas de personas a las que envió a prisión o cuyos bienes embargó y que después fueron absueltas.

    Garzón dio su salto a la fama en junio de 1990, al dirigir la operación Nécora, contra los narcotraficantes gallegos. Ya mostró su afición a las poses: apareció en televisión llegando en un helicóptero para registrar los pazos de los sospechosos. Se detuvo a 51 personas relacionas y el juez sentó a 48 en el banquillo. De los principales procesados, Sito Miñanco no llegó a ser condenado, Manuel Charlín Gama, el patriarca, fue absuelto tras pasar cuatro años en prisión provisional y Laureano Oubiña y su mujer, la fallecida Esther Lago, fueron condenados solo por delitos fiscales. Los tres grandes jefes del narcotráfico gallego fueron condenados luego por otros casos.

    En agosto de 2000, se desplegó un operativo militar para capturar un buque mercante de 120 metros de eslora llamado Privilege, en el que -según Garzón- se transportaban cinco toneladas de droga: un buque de la Armada, un helicóptero del Ejército del Aire, 20 agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y 12 miembros del GEO. Como el abordaje se realizó a 200 millas de las costas canarias, en aguas internacionales, se tuvo que pedir autorización al consulado de la República de Santo Tomé, cuya bandera llevaba el Privilege. La policía registró durante semanas el barco, atracado en el arsenal militar de Las Palmas y no encontró ni un gramo de esas cinco toneladas.

    Antes de cumplirse un mes del abordaje, Garzón, que dirigió la operación Ostra, ordenó su subasta. Toda la tripulación fue puesta en libertad, salvo el capitán, el colombiano Arnoldo Aranda, que permaneció detenido y cuyo único delito probado fue el de tener pasaporte panameño falso. El 23 de julio de 2001 compareció finalmente ante Garzón y negó las acusaciones que este le hacía. Dijo que llevaba casi un año sin trabajo y sin ingresos, viviendo en la Casa del Mar de Las Palmas, con la obligación de presentarse cada 15 días en un juzgado, y medicado por un intento de suicidio.

    Durán y De la Rosa

    En 2003, Aranda fue entrevistado en el portal náutico masmar.com. Dijo que seguía viviendo en la Casa del Mar y que comía gracias a Cáritas. En marzo de ese año, Garzón estuvo en Las Palmas para dar una conferencia contra la guerra de Irak, a la que acudió Aranda. “Habló de los derechos y las libertades de los hombres, de la ilegalidad de la guerra y de que una persona y un pueblo no pueden ser juzgados si no existen pruebas contra ellos. Es un gran demagogo porque yo llevo esperando dos años y ocho meses a que presente las supuestas pruebas que tiene contra mí”, dijo Aranda. Como buen progre, Garzón se consagra a redimir las injusticias que crean otros, no las que crea él.

    En abril de 2007, la Audiencia Nacional absolvió a los ocho acusados en el juicio del caso Telecinco, entre ellos el exdirector general de la ONCE Miguel Durán y el empresario catalán Javier de la Rosa, de los delitos fiscales y societarios por los que fueron juzgados. El sumario lo había instruido Garzón y este aseguraba que los acusados, junto a otros, como Silvio Berlusconi, “elaboraron un entramado jurídico-negocial ficticio” para encubrir la violación de las leyes de televisión privada y tributaria españolas y defraudar a Hacienda más de 90 millones de euros. El Supremo confirmó la absolución en 2008.

    Aunque el fiscal pidió prisión incondicional para Durán, este permaneció en libertad. De lo que no se libró fue del embargo de sus bienes, de una fianza de 100 millones de pesetas entonces, y de una petición de 14 años de cárcel y 103 millones de euros de multa. En una entrevista en El Mundo, dijo Durán lo siguiente de Garzón: “Creo que ha sido extraordinariamente injusto. Es una persona tan pagada de sí misma que, cuando puede cebarse en alguien con autoridad, no tiene barreras ni códigos”. Sobre los daños que le ocasionó el proceso dijo: “Con 41 años que tenía y con una trayectoria dicen que brillante... Estaba en la flor de la vida y de golpe y porrazo vienen unos sheriffs justicieros...”. Diez años de proceso y 100.000 folios. “¿Cuánto ha costado esto a la Justicia?”, pregunta Durán.

    Otro de los imputados por Garzón en el caso Telecinco, el abogado y catedrático Santiago Muñoz Machado, contó el calvario que sufrió y las prevaricaciones (supuestas, por supuesto) que cometió Garzón en una novela titulada Riofrío. Acusa al fiscal y al juez instructor de filtrar información manipulada a los medios de comunicación. Así, “el juez sería, a partir de entonces, un héroe que disponía de las armas de la justicia contra individuos asociales que debían ser reprobados y condenados”. Muñoz Machado denunció por prevaricación a Garzón, pero el Supremo archivó su denuncia.

    Pedro Fernández Barbadillo, en La Gaceta

  5. #55
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    Predeterminado Los procedimientos contra Garzón

    El autor explica por qué motivos el 'ex juez estrella' ha sido condenado por prevaricación

    En el caso de los cursos de Nueva York considera claro que se produjo cohecho impropio

    La condena por el Tribunal Supremo español (TS) del ex juez de instrucción Baltasar Garzón por un delito de prevaricación ha sido objeto de duras críticas, especialmente desde círculos de derechos humanos. Algunos incluso ven en ello el final del Estado de Derecho español, ya que en tales círculos se considera a Garzón como un símbolo sacrosanto de la lucha universal contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos, especialmente por su persecución penal del ex dictador chileno Pinochet.

    Sin embargo, un análisis sereno de los reproches dirigidos a Garzón pone de manifiesto una imagen menos positiva de un juez que parece dispuesto a hacer prevalecer sus objetivos (políticos) de investigación frente a principios fundamentales del Estado de Derecho, como lo son el derecho a un juicio justo, la vinculación a la ley y la independencia judicial.

    En el procedimiento que ha llevado a la condena por el TS, Garzón había ordenado la escucha de las conversaciones entre imputados por el escándalo de corrupción Gürtel, que se encontraban en prisión preventiva, y sus abogados. Pero en el procedimiento penal español -según un inequívoco precepto de la ley penitenciaria- ello sólo está permitido cuando hay sospechas de la comisión de delitos de terrorismo, lo que era obvio que no concurría en este caso. Por ello, el TS ha condenado a Garzón por prevaricación, con la unanimidad (¡) de los siete magistrados de su Sala Segunda.

    Ese tipo penal exige que se dicte «a sabiendas» una sentencia o resolución «injustas». Podrá discutirse si Garzón obró realmente a sabiendas, así como si la pena que se le ha impuesto es desproporcionada; pero lo que no puede ponerse en cuestión es que en todos los Estados de Derecho la escucha antijurídica de la comunicación privilegiada entre imputados y defensores supone una gravísima lesión del derecho a un juicio justo. A ello hay que añadir que Garzón no pudo presentar ningún indicio concreto de un comportamiento punible de los abogados defensores, a pesar de que sólo en tales casos las escuchas podrían haber entrado en consideración. El resultado es que, en cualquier caso, Garzón tendría que haber sido condenado, por lo menos, por una prevaricación imprudente, conducta que también es punible en España.

    Ésta es una construcción muy osada, ya que los delitos se cometieron después del golpe de Estado, es decir, para la consolidación de la dictadura fascista, y no contra la ya derrocada República. Además, los autores de los hechos habían muerto ya hace tiempo, de tal manera que no existía motivo alguno para incoar un procedimiento penal. De todas maneras, la concentración en las manos de una autoridad central de la investigación de unos hechos de esas características, puede encontrar materialmente alguna fundamentación, por lo que en la asunción de la competencia por Garzón no parece encerrarse una decisión completamente indefendible, y, con ello, tampoco una prevaricación.

    En el tercer procedimiento se le imputa a Garzón un delito de cohecho. Ciertamente que el juez de instrucción del TS ha archivado el procedimiento el 13 de febrero, por estimar que el hecho había prescrito, pero confirmando la sospecha de la comisión de un delito de cohecho. En los cursos dirigidos por Garzón en Nueva York, éste ha solicitado financiación -incluyendo honorarios- a numerosas empresas contra las que él mismo ha dirigido diligencias penales, a pesar de lo cual Garzón no se ha abstenido -por parcialidad- de instruir los procedimientos de investigación; al menos en el procedimiento contra Emilio Botín, presidente del Banco de Santander, Garzón incluso lo ha sobreseído.

    El Estado de Derecho no se defiende con jueces como Garzón, sino con un Tribunal Supremo que dice, con razón, en su sentencia de 9 de febrero de 2012, que la acción penal del Estado «sólo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a los ciudadanos en un Estado de Derecho. Nadie discute seriamente en este marco que la búsqueda de la verdad (…) no justifica el empleo de cualquier medio. La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia».

    Por Kai Ambos, catedrático de Derecho penal y Derecho internacional penal en la Universidad de Gotinga, Alemania. Actualmente se encuentra como senior fellow en el Institute for Advanced Studies de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Nociones básicas del Derecho internacional humanitario (Tirant lo Blanch) y El crimen de agresión después de Kampala (Universidad Carlos III), son los dos últimos libros publicados por Ambos en España, en 2011.

  6. #56
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    Predeterminado El TS absuelve a Garzón pese a su instrucción plagada de "errores"

    El fallo cuenta con un duro voto particular del magistrado José Manuel Maza.

    ÁNGELA MARTIALAY-LD 2012-02-27

    El Tribunal Supremo ha absuelto este lunes al exjuez Baltasar Garzón del delito de prevaricación por abrir causa general al franquismo pese a reconocer que la instrucción llevada a cabo por el que fuera titular del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional estuvo plagada de errores. La sentencia ha contado con un duro voto particular del magistrado José Manuel Maza.

    En la resolución, la Sala entiende que Garzón interpretó de forma errónea la Ley cuando trató de investigar los crímenes del franquismo pero sostiene que su actitud no fue prevaricadora. De hecho, la sentencia está dedicada en gran parte a explicar las equivocaciones que cometió el exmagistrado al instruir un procedimiento contra los responsables del régimen franquista.

    Para empezar el tribunal critica que Baltasar Garzón asumiera el papel de historiador: "El método de investigación judicial no es propio del historiador. (...) La búsqueda de la verdad es una pretensión tan legítima como necesaria. Corresponde al Estado a través de otros organismos y debe contar con el concurso de todas las disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores. Pero no corresponde al juez de instrucción, cuya función aparece definida en la ley procesal con un objeto de indagación que se va concretando en el devenir procesal y ve limitado su ejercicio por las normas que rigen el proceso penal y el derecho penal sustantivo. Es preciso un hecho con apariencia de delito y un posible imputado vivo".

    Párrafos después, la Sala enumera los errores cometidos por Garzón. En primer lugar, en la calificación jurídica de los hechos. Para el Supremo, las desapariciones acontecidas durante la Guerra Civil y el franquismo "son delitos contra la humanidad en la medida que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político" y no delitos permanentes de detención ilegal como sostuvo el exjuez en el auto donde abrió dicho procedimiento penal.

    En segundo lugar, el Alto Tribunal sostiene que dichos delitos habrían prescrito al haberse producido hace más de veinte años, en concrete hace entre 54 y 70 años. "No es admisible que un delito ya prescrito sea resucitado en su persecución, transcurridos más de cuarenta años después del transcurso del plazo de prescripción", sostienen los togados.

    Asimismo, la resolución critica que Garzón se saltara la Ley de Amnistía del 1977 porque dicha norma plasmó "la voluntad del pueblo español" hacia la reconciliación nacional "en la que se buscó que no hubiera dos Españas enfrentadas".

    Además, el TS recuerda que toda causa penal debe ir dirigida a depurar responsabilidades contra las personas que presuntamente son los culpables. Por este motivo, la Sala critica que Garzón tratara de enjuiciar al general Franco y su gobierno. "No podría desconocer que era notorio el fallecimiento de alguno de los imputados en su causa y la lógica del tiempo le hubiera llevado a la conclusión que cualquier persona ejerciendo funciones de mando y responsabilidad tendría en la época de los hechos una edad que en el 2008 sería más que centenaria", concluyen.

    Por último, el Supremo muestra también su desacuerdo en que Baltasar Garzón se declarar competente para investigar las desapariciones en contra del criterio del Ministerio Fiscal y de la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

    No obstante, pese a toda esta cadena de errores, la sentencia –apoyada por seis de los siete jueces que forman el tribunal- mantiene que el exjuez no prevaricó. "Esa errónea aplicación del derecho no alcanza la nota característica del delito de prevaricación, de manera que, aunque errónea, no es prevaricadora", mantienen el Supremo.

    El argumento dado por el tribunal es que el delito de prevaricación supone "algo más que la errónea aplicación del Derecho y ese plus se encuentra en la injusticia de la resolución". Un requisito que no aprecian en la actuación de Garzón, "dirigida a disponer la tutela que le reclamaban las víctimas" del franquismo.

    Asimismo, el Supremo defiende el hecho de que en el año 2008 el propio Baltasar Garzón decidiera archivar en su antiguo juzgado una querella interpuesta contra los responsables de la matanza de Paracuellos del Jarama. "Los cambios de opinión, debidamente razonados, no son presupuesto de la prevaricación", enfatizan sus señorías.

    El fallo mayoritario cuenta con un duro voto particular del magistrado José Manuel Maza donde se sostiene que no puede haber "interpretaciones alternativas" a la legislación vigente.

    "¿Es que la intención de dar satisfacción a los denunciantes puede justificar la persecución de unos delitos prescritos y con sus presuntos autores ya fallecidos, como hecho más que notorio en especial respecto de algunos de ellos como en el caso del General Franco, contra el que también se incoa desde un principio la causa?", se pregunta Maza.

    El tribunal pone fin así al último proceso que tenía pendiente contra el exjuez de la Audiencia Nacional, a quien recientemente condenó a 11 años de inhabilitación por intervenir las escuchas de la trama Gürtel. El Supremo también archivó por prescripción la causa por los cobros de la Universidad de Nueva York.

    Desde hace una semana Baltasar Garzón se encuentra fuera de la carrera judicial tras ser expulsado por el Consejo General del Poder Judicial.

  7. #57
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    Predeterminado Contundente voto particular

    «Hay pocos casos más claros de prevaricación»

    Para el magistrado José Manuel Maza, el único de los siete miembros de la Sala que ha juzgado a Garzón partidario de condenarle, «pocas veces se habrá visto un ejemplo más claro de lo que es una prevaricación judicial».

    En un contundente escrito discrepante, Maza afirma que Garzón, «con pleno conocimiento de la contradicción de sus resoluciones con el ordenamiento jurídico español», asumió una competencia «que no le correspondía» para abrir un procedimiento penal «inviable, instrumentalizándolo al servicio de sus propias intenciones subjetivas, contra personas ya fallecidas y por delitos que habían sido objeto de amnistía y claramente prescritos». En definitiva, «abusó de sus facultades jurisdiccionales, imponiendo su voluntad y la búsqueda de intenciones propias sobre la norma».

    El magistrado disidente se apoya en los propios fundamentos jurídicos de la sentencia en los que se describe que, al declararse competente para investigar las desapariciones del franquismo, Garzón vulneró el principio de legalidad (al apreciar unos delitos no vigentes) y dirigió un proceso penal contra personas fallecidas por unos hechos prescritos y amnistiados.

    Son afirmaciones de la mayoría que Maza comparte «fervorosamente», pues, a partir de ellas, «la conclusión no podría ni debería ser otra que la condenatoria».

    «Resulta obvio», afirma, que Garzón, «adoptó las siguientes resoluciones contrarias a Derecho:

    a) Incoar un procedimiento con una finalidad impropia de este instrumento legal, puesto que se dirigía contra personas fallecidas, con los presuntos delitos amnistiados y, en todo caso, ya prescritos, por lo que desde su inicio resultaba evidente la imposibilidad de concluir en el enjuiciamiento de responsable alguno.

    b) Perseguir como única finalidad la localización de los lugares de enterramiento de las personas fallecidas (...), finalidad que la Ley de la Memoria Histórica vigente no atribuye a la jurisdicción penal sino a las Administraciones.

    c) Atribuirse indebidamente la competencia para la instrucción de ese procedimiento, pues de ninguna manera sería el titular del Juzgado Central el competente para su investigación al tratarse de hechos acaecidos en territorio español (...)».

    Maza subraya que «la realidad de tales hechos y la calificación de los mismos como contrarios a Derecho a nadie, de los 13 miembros de esta Sala que tanto durante la fase de instrucción como en el enjuiciamiento hemos tenido intervención en la presente causa, nos han ofrecido duda alguna». La Sala Penal tiene en la actualidad 14 jueces.

    Maza expresa su «honda preocupación» por el precedente que la sentencia puede representar en el sentido de que «a partir de ahora los jueces puedan sostener su apartamiento de las normas imperativas de nuestro ordenamiento alegando la bondad de sus intenciones subjetivas junto a la existencia de opiniones jurídicas, meramente doctrinales o sin efecto de vinculación alguna para nuestros Tribunales, para dictar resoluciones que contravengan de manera clara y flagrante incluso los principios más básicos de nuestro sistema penal o del resto del ordenamiento jurídico».

    A su parecer, la justificación de que Garzón pretendía dar tutela a las víctimas avala el principio de que el fin justifica los medios, «que tan enérgica y razonablemente» se ha rechazado con la condena a Garzón por las escuchas de Gürtel.

    Finalmente, José Manuel Maza sale al paso de las «carentes de razón» y «poco afortunadas» manifestaciones del fiscal Luis Navajas durante el juicio, cuando afirmó que una condena a Garzón sería un ataque a la independencia judicial.

    «La sanción de la prevaricación es precisamente la justificación misma de la independencia judicial, la contrapartida necesaria del inmenso poder que la sociedad deposita en sus jueces, a los que que, por ese motivo, se les considera tan independientes como sometidos a la Ley», subraya el magistrado disidente.

    El «poder amplísimo» que se entrega al juez no es para que «actúe arbitrariamente», añade, «sino para que interprete y aplique la Ley» aprobada por el Parlamento.

    Por ello, el enjuiciamiento a un juez por prevaricación «no debería causar alarma alguna a nadie, menos si cabe al fiscal, ni miedo por la supervivencia de la independencia judicial, sino confianza en que el correcto uso de su independencia por los jueces está garantizado mediante el control de su cumplimiento», afirma, frente a «la arbitrariedad y el capricho judicial»

    María Peral, en El Mundo

  8. #58
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    Predeterminado Nuevo varapalo del Supremo a Garzón

    El TS rechaza anular la sentencia del exjuez prevaricador por las escuchas de Gürtel.

    El Tribunal Supremo ha rechazado anular la sentencia que condenó al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación y multa por ordenar escuchas en prisión a abogados de la trama "Gürtel", lo que da vía libre a su defensa para presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

    En el auto dado a conocer este viernes, del que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, se resuelve que la petición no ha lugar porque en la sentencia cuya nulidad pretendía Garzón se contienen "de forma expresa y ampliamente razonada" los argumentos del tribunal para considerar que su conducta constituyó un delito de prevaricación.

    Recuerda el Supremo que los derechos fundamentales que reconoce la Constitución, entre ellos los de defensa, al secreto de las comunicaciones y, en general, el derecho a la intimidad, que fueron vulnerados en el caso de los letrados de los imputados en "Gürtel", "vinculan a todos los poderes públicos".

    Conducta "inaceptable"
    Además, puntualiza que en el caso de Garzón no se penalizó su opción por una interpretación de la ley entre las posibles a aplicar, "sino que se castiga una conducta ejecutada en una interpretación y aplicación de la norma que resultan absolutamente inaceptables en un Estado de Derecho".

    Baltasar Garzón ha encomendado esta fase de su defensa al despacho Amparo Legal, experto en garantías constitucionales, sustituyendo así al letrado que le venía defendiendo en esta causa, el sevillano Francisco Baena.

    En su petición, la defensa señalaba que la sentencia dictada de forma unánime por el Tribunal Supremo ha violado de forma muy grave varios de los derechos fundamentales que tiene como todo ciudadano según la Constitución, y su derecho a la independencia judicial, que la misma reconoce y protege, por lo que cabe recurso de amparo ante el Tribunal de garantías.

    Los nuevos abogados de Garzón consideran que el alto tribunal había construido "a la medida" el delito de prevaricación por el que se ha condenado al ya ex juez de la Audiencia Nacional que supone "una puerta abierta" a cualquier juicio y condena por prevaricación "por cualquier discrepancia jurídica seria". Por ello, solicitaban la nulidad de la resolución.

  9. #59
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    Predeterminado Nueva desautorización a Garzón por las fosas del franquismo

    El Tribunal Supremo ha acordado que la competencia para decidir sobre la fosas del franquismo no recae sobre la Audiencia Nacional, sino que son los juzgados territoriales quienes deben asumir su decisión sobre la exhumación de los restos mortales que en ellas descansan.

    En un auto dado a conocer este jueves, la Sala de lo Penal falla la cuestión de competencia en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Granada y el Juzgado de Instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y ordena a ambos a "continuar la tramitación" de las diligencias previas seguidas sobre las fosas donde yacen supuestamente los restos del poeta Federico García Lorca y los de decenas de represaliados en el Valle de los Caídos.

    El alto tribunal establece que los juzgados territoriales deberán resolver esta cuestión como estimen que "procede en Derecho" y acoge así el acuerdo adoptado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando se inhibió de la investigación de estos hechos.

    El alto tribunal ha excluido la posibilidad del enjuiciamiento en la vía penal de los autores de los actos pero reconoce el derecho de los familiares a obtener la identificación de las víctimas, cuya localización podrá instar el juez de instrucción competente.

    "Excluida la posibilidad del enjuiciamiento penal de los autores de los actos de que se trata, es claro que esa clase de legítimas pretensiones no podrá canalizarse hacia el proceso penal ni llegar a concretarse en declaraciones de responsabilidad ex delito a cargo de aquellos", establece el auto.

    A su entender, resulta inobjetable que los restos de quienes han sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de enterramiento. "Y tampoco cabe imponer a sus familiares el gravamen representado por tal clase de situaciones, moral y jurídicamente insostenibles", añade.

    En La Gaceta.es

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    Predeterminado El TS acusa a Garzón de ser una 'máquina expendedora' de medidas muy 'lesivas'

    El Supremo ha absuelto a cinco narcos a quienes se les incautó una tonelada y media de cocaína en una operación de los GEO porque, según la sentencia, el ex juez Garzón se comportó durante la instrucción como una «máquina expendedora de autorizaciones de medidas lesivas de los derechos fundamentales de los ciudadanos».
    Fue en julio de 2008: la Policía presentó con gran boato el éxito de la operación Mistral, que concluyó con el espectacular abordaje por seis geo en las islas Azores del velero Ultimátum, un pequeño bergantín que navegaba cargado con una tonelada y media de cocaína en 57 fardos camuflados en sacos de pienso para engorde porcino de la firma venezolana Agrocountry. El barco había recibido la droga en un complejo trasvase en alta mar, junto al archipiélago de Trinidad y Tobago pero después de hacer escala desde Colombia en la República Dominicana; tenía como objetivo el puerto vizcaíno de Guecho, donde la sustancia se habría repartido en 13 millones de dosis por las que se habrían pagado alrededor de 194 millones de euros.

    Pues bien: cinco de los seis narcos que urdieron ese montaje, incluido el capo, han sido absueltos por el Tribunal Supremo por la deficiente instrucción del juez prevaricador Baltasar Garzón, que se comportó, según la sentencia, como una «máquina expendedora de autorizaciones de medidas lesivas de los derechos fundamentales de los ciudadanos». El único condenado -a 10 años de prisión y dos multas de 55 millones de euros, penas muy parecidas a las que la Sección Penal Cuarta de la Audiencia Nacional había impuesto inicialmente al resto del cartel- es el patrón italiano que capitaneaba el Ultimátum cuando fue abordado y que fue el único que reconoció los hechos al instructor, ante el que también delató a sus compañeros. El arrepentido -figura clásica en las operaciones antidroga de Garzón- tendrá que regresar a la cárcel tras dos años en libertad por su colaboración; los otros cinco quedarán definitivamente libres y sin mácula, después de haber pasado, en algún caso, cerca de tres años en prisión provisional.

    La sentencia del Supremo, redactada en términos durísimos por el magistrado Diego Ramos Gancedo -que no participó en ninguno de los tres procedimientos contra Garzón-, sigue la tesis del abogado José Miguel Garrido, que representó al principal encausado, y del resto de letrados defensores al censurar la «clamorosa vulneración» del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones en el que incurrió nuevamente Garzón, según la resolución, al ordenar la intervención de teléfonos sin exponer «el más mínimo dato ni directo ni indirecto» para motivarla.

    El único indicio en que se basaron la solicitud policial y la resolución autorizante del juez Garzón fue una información «inocua y banal» de la policía británica a la española en la que se afirmaba que el Utimátum había intentado, sin éxito, recoger una importante cantidad de cocaína en República Dominicana, «pero sin mencionar ni aportar dato alguno que directa o indiciariamente pudiera sustentar la realidad de tal hecho». La sentencia recuerda la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, que sienta que «no es constitucionalmente suficiente como indicio que justifique la intervención la afirmación de que se ha cometido un delito, sino que es inexcusable que la Policía proporcione a la autoridad judicial datos concretos de las investigaciones realizadas al respecto, especificando los concretos resultados obtenidos que sustenten aquella afirmación».

    «En esta situación, cabe reiterar que el auto del juez autorizando las intervenciones aparece como máquina expendedora de autorizaciones de medidas lesivas de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando la protección de estos derechos constitucionalmente reconocidos es misión también de la autoridad judicial que, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, debe ser especialmente meticulosa y exigente a la hora de sacrificar esos derechos básicos y libertades públicas», reprocha el Supremo.

    La Sala añade otra «grave infracción de la legalidad constitucional por falta de motivación y justificación de la medida»: además de la intervención inmotivada de las líneas de los sospechosos, Garzón ordenó la de «otros tres teléfonos de personas 'sin determinar' y sin exponer ninguna razón, ni la más mínima».

    Algunos de estos argumentos recuerdan los que utilizó el Supremo en la sentencia que terminó con la expulsión de Garzón de la carrera por intervenir las comunicaciones en prisión de los imputados de Gürtel con sus abogados «sin que existieran datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados estaban aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer delitos».

    Joaquín Manso, en El Mundo

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