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  1. #21
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    08 ene, 07
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    Predeterminado

    El Supremo apunta a que Garzón dio instrucciones para silenciar sus cobros

    El magistrado del Supremo Manuel Marchena ha ordenado a la Guardia Civil que averigue los ingresos de Garzón entre 2005 y 2006, periodo durante el cual éste impartió cursos sobre terrorismo en la Universidad de Nueva York. El Alto Tribunal apunta a que el juez estrella silenció datos.

    Ángela Martialay-LD

    En un durísimo auto hecho público este jueves, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha ordenado al departamento de la Policía Judicial de la Guardia Civil que realice un informe acerca del "origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por el juez Baltasar Garzón entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006". Durante este período de tiempo el magistrado de la Audiencia Nacional, actualmente suspendido de sus funciones, impartió diversos cursos sobre terrorismo en la Universidad de Nueva York mientras disfrutaba de un permiso de estudios.

    La mencionada resolución judicial supone un auténtico varapalo para el juez estrella. El motivo es que el instructor de la querella, interpuesta por los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea contra Garzón por prevaricación y cohecho, señala que es necesario practicar estas nuevas diligencias a raíz de "las inexactitudes y contradicciones advertidas en las respuestas dadas" por el propio juez cuando fue interrogado en el TS el pasado 15 de abril.

    Asimismo, el auto refleja cómo Baltasar Garzón mintió al propio Marchena cuando le dijo que "ninguna entidad financiera, ni ninguna corporación empresarial ni de otro orden", aparte de la Universidad, pagó parte de sus honorarios o de sus gastos familiares. Sin embargo, la documentación remitida por Endesa, Cepsa, Telefónica y el BBVA reflejan, según el juez, "justo lo contrario" ya que todas las entidades anteriormente mencionadas fueron en mayor o menor medida patrocinadores de los coloquios impartidos por el juez estrella.

    La Universidad de NY obstaculiza la instrucción
    Tampoco se escapa del rapapolvo del magistrado del Alto Tribunal la Universidad neoyorkina. En el auto, Manuel Marchena afirma que el centro de estudios estadounidense "ocultó al Tribunal Supremo la existencia de una relevante aportación dineraria que permitió a Garzón financiar su estancia y la escolarización de su hija en la Escuela Internacional de Naciones Unidas".

    Además, el magistrado del TS subraya que la "contumaz actitud" de "desatención y las evasivas" del equipo directivo de la Universidad de Nueva York a la hora de remitir la información requerida por él no han facilitado a la Justicia española la investigación de los hechos. Para el juez del Alto Tribunal esta actitud sólo es explicable "por el deliberado propósito de ocultación".

    Por otro lado, y a tenor de las declaraciones de varios de los testigos en esta causa, el juez de la última instancia española estima que es "razonable" pensar que "fue el propio Garzón el que impartió las instrucciones precisas para silenciar" parte de los pagos que recibió cuando impartió dichos coloquios sobre terrorismo.

    Ante este escenario, el instructor Manuel Marchena considera que "es indispensable pues, esclarecer si la manifiesta ocultación de cuantías y la rectificación de algunas de las partidas retributivas, son tan sólo fruto del desgobierno contable de la Universidad de Nueva York o, por el contrario, han formado parte de una estrategia encaminada a camuflar parte de las ganancias" obtenidas por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

    "La determinación de las cantidades realmente ingresadas por el imputado, la concreción de su origen, de la fecha en que fueron abonadas y, en fin, del medio de pago mediante el que se instrumentaron, son datos más que relevantes para la investigación", enfatiza el auto. Por esta razón, será la Guardia Civil quien se encargue a partir de hoy de averiguar el historial financiero y fiscal del juez.

    Esta es una de las tres causas que el magistrado de la Audiencia Nacional, actualmente suspendido de su función jurisdiccional, tiene pendientes en el Supremo. Junto al caso de los cobros de Nueva York y de las escuchas de Gürtel, Garzón se sentará en los próximos meses en el banquillo de los acusados por abrir casua general a la Guerra Civil y el franquismo.

  2. #22
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    Predeterminado No dice verdad

    Prisiones niega la versión de Garzón sobre las escuchas

    Se pudo evitar espiar a los defensores porque la grabación se hacía manualmente

    Instituciones Penitenciarias ha informado al Tribunal Supremo de que el sistema de grabación en el locutorio de la cárcel de Soto del Real, donde fueron escuchadas las comunicaciones de los imputados del caso Gürtel con sus abogados, «se activa manualmente».

    La respuesta de Instituciones Penitenciarias al magistrado de la Sala Penal del Supremo Alberto Jorge pone en entredicho la explicación que Baltasar Garzón dio sobre las escuchas a los abogados que defienden a Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, principales imputados en la red de corrupción conocida como Gürtel y privados de libertad desde el 6 de febrero de 2009.

    Jorge instruye una causa en la que se investiga si Garzón incurrió en delitos de escuchas ilegales y prevaricación por haber autorizado y prorrogado la interceptación de las comunicaciones que mantuvieran en la prisión de Soto del Real los citados imputados con sus defensores.

    El 19 de febrero de 2009, Garzón ordenó la intervención de las comunicaciones de Correa, Crespo y Sánchez «con los letrados que se encuentran personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos», es decir, con todos los abogados que visitasen a los imputados, incluidos sus defensores.

    El juez, la Fiscalía y la Policía pudieron acceder así a las conversaciones en las que Correa, Crespo y Sánchez pusieron al corriente del caso a los letrados José Antonio Choclán, Gonzalo Rodríguez Mourullo, Pablo Rodríguez Mourullo y Juan Ignacio Vergara. Ni Choclán ni Rodríguez Mourullo conocían anteriormente a sus clientes, cuyas confidencias fueron espiadas precisamente durante los primeros meses de encarcelamiento, incluidos los momentos en los que preparaban con los defensores sus comparecencias judiciales.

    Pese al carácter indiscriminado con el que ordenó las escuchas, Garzón sostuvo durante su declaración ante el instructor del Supremo que su objetivo «no era investigar a los defensores» sino que el auto se refería a otros letrados que podían estar implicados en la estructura empresarial de Correa. «En ningún momento era mi intención investigar o escuchar a los abogados Choclán y Rodríguez Mourullo ni limitar el derecho de defensa», dijo Garzón en el Supremo el pasado 10 de mayo.

    Esta versión llevó a los defensores a pedir la práctica de varias diligencias, entre ellas que Instituciones Penitenciarias certificara cómo se efectúa materialmente la interceptación y si previamente a cada entrevista se procede a identificar, por parte de los funcionarios encargados de los locutorios, a los letrados comunicantes.

    La respuesta de Instituciones Penitenciarias llegó al Supremo el pasado julio. Precisa que la interceptación se realizó utilizando el sistema de grabación de la prisión de Soto del Real, denominado Marathon Evolution. Es la primera rectificación a Garzón, que cuando fue preguntado por el instructor si conocía la forma concreta en que se instrumentalizaron las escuchas respondió que fue con el sistema Sitel. Un error llamativo si se tiene en cuenta que Garzón había asegurado que aplicó un control riguroso a las escuchas.

    Instituciones Penitenciarias describe el funcionamiento del sistema Marathon Evolution y afirma que «la activación de la grabación se realiza manualmente por el funcionario, así como la finalización de la misma». Es decir, el funcionario tiene que apretar la tecla de grabación cada vez que acude a comunicar alguien afectado por la medida judicial de intervención. También indica que previamente a cada comunicación entre abogado e interno se procede a identificar al letrado.

    A la vista de estos datos, los defensores espiados concluyen que «si verdaderamente la intención de Garzón hubiera sido no escucharnos, se hubiera podido evitar fácilmente: bastaba no apretar un botón». «Se nos quiso grabar deliberadamente, conociendo nuestra condición de defensores y a sabiendas de que nada había contra nosotros», afirman.

    Por María Peral, para El Mundo

  3. #23
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    Predeterminado Nuevo varapalo para Garzón

    El Tribunal Supremo ha rechazado los dos recursos que interpuso Garzón contra el magistrado que instruye la causa sobre el intento del juez de investigar el franquismo. Avala así la actuación de Luciano Varela al permitir a Manos Limpias corregir su escrito de acusación.


    EUROPA PRESS-LD

    La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado los dos recursos de apelación presentados por el juez Baltasar Garzón contra las decisiones del magistrado Luciano Varela –que instruye la causa contra el juez suspendido por prevaricar al investigar los crímenes franquistas– en las que éste ordenó a la acusación particular, representada por Manos Limpias, subsanar su escrito de acusación y expulsó de la causa a Falange Española y de las JONS.

    Ambos autos, que tienen fecha de 28 de julio pero que han sido notificados este viernes, contienen un voto particular del magistrado Joaquín Jiménez, que discrepa del resto de la Sala al considerar que los escritos de acusación presentados por Manos Limpias y Falange debieron tenerse por defectuosos, por lo que debió declararse "precluído el derecho" de ambas partes a efectuar acusación.

    Por lo tanto, según Jiménez, y dado que el Ministerio Fiscal no acusa en esta causa, el procedimiento por prevaricación contra Garzón debería ser archivado. La mayoría estima, sin embargo, que el escrito de Manos Limpias es válido y que la causa debe seguir adelante.

  4. #24
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    Predeterminado Segundo juicio al juez estrella

    Garzón, al banquillo por "vaciar" el derecho de defensa en Gürtel

    El Tribunal Supremo estima que existen indicios suficientes como para pensar que el juez Baltasar Garzón cometió un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales cuando ordenó intervenir las conversaciones entre varios imputados en Gürtel y sus abogados.


    ÁNGELA MARTIALAY´LD

    El juez Baltasar Garzón tendrá que sentarse previsiblemente en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por las escuchas del caso Gürtel. En un auto hecho público este miércoles, el magistrado Alberto Jorge Barreiro ve motivos suficientes para seguir adelante con la causa que investiga las escuchas ilegales que Garzón -actualmente suspendido de sus funciones- practicó cuando fue el instructor de la causa.

    Esta decisión, es decir, la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivale a la imputación formal del magistrado por los delitos de prevaricación –dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son- y contra las garantías constitucionales y se constituye en la antesala que vaticina que el magistrado también tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por esta causa.

    Según la resolución judicial, existen indicios suficientes para que afirmar que el magistrado cercenó varios derechos de los imputados en la trama de corrupción. En un auto de 19 de febrero de 2009, Baltasar Garzón acordó la intervención de las conversaciones orales y escritas de los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antonie Sánchez con sus letrados en la prisión madrileña de Soto del Real. Por aquel entonces el letrado de Correa era José Antonio López Rubal, quien a posteriori fue imputado en la causa. Este hecho propició que el "capo" cambiara de abogado -actualemente se ocupa de su defensa el abogado José Antonio Choclán.

    Sin embargo, en un auto de 20 de marzo del mismo años, Garzón prorrogó las escuchas de forma indiscriminada entre los imputados y sus abogados, sin que existiera indicio alguno de criminalidad por parte de estos últimos.

    Un hecho que interpreta ahora el Supremo como una vulneración de derechos fundamentales como son "el derecho a la defensa, el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, y el derecho al secreto profesional de los letrados (concebido como un derecho-deber)".

    "Por consiguiente, el querellado ha dictado dos resoluciones que han de calificarse de ostensiblemente injustas dada la patente vulneración de las garantías del proceso penal que han ocasionado", subraya el auto. "Mucho más alarmante resulta todavía el hecho de que la medida limitadora de los derechos fundamentales se acuerde con respecto a todos los letrados que pudieran contactar con los imputados", añade el instructor del TS. Y más, cuando el propio Garzón reconoció a Barreiro cuando fue a declarar como imputado al Supremo que "carecía del más leve indicio incriminatorio" contra los abogados espiados.

    "De lo que acontece se colige que el juez de instrucción con sus resoluciones vació de contenido el derecho de defensa de los imputados y lesionó así de forma sustancial uno de los principios básicos del sistema procesal penal", añade el auto. Es decir, que para el instructor del Alto Tribunal está probado que la actuación de Baltasar Garzón ha mermado las garantías constitucionales con las que debe contar todo procedimiento judicial en un estado de Derecho.

    Interpretación errónea de la Ley

    Además, el magistrado Jorge Barreiro recuerda que con arreglo a la jurisprudencia del TS y el TC "debe quedar muy claro que los supuestos en que se autorice la intervención de las comunicaciones de un interno con su letrado han de ser sumamente extraordinarios".

    Por su parte, el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria distingue entre las comunicaciones "generales" de los internos con terceras personas y las comunicaciones más "particulares" de aquellos con sus letrados. Esas comunicaciones "particulares" son sometidas a un régimen especial y la autorización de su intervención debe ser solo dispuesta por la Autoridad Judicial, sin posibilidad de que la misma pueda ser acordada por la Autoridad Penitenciaria. En concreto, la Ley recoge que las comunicaciones de los presos con sus abogados no podrán ser suspendidas o intervenidas "salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo". En este sentido, el juez del Alto Tribunal sostiene que Garzón no ha interpretado la ley de forma "correcta".

    Una lectura errónea de la legalidad que prueba que existen indicios para acusar al juez de la Audiencia Nacional de prevaricador. Ahora, el siguiente paso procesal es que las partes formalicen la acusación contra él de cara a un futuro juicio y que la Sala del TS confirme el auto de Barreiro. Una vez que estos trámites se hayan producido, el instructor del Alto Tribunal tendrá vía libre para dictar el auto de apertura de juicio oral contra el juez estrella.

    El juez Baltasar Garzón cuenta con tres querellas admitidas a trámite en el Alto Tribunal: por el caso de la Memoria Histórica (pendiente de señalarse las fechas del juicio en estos momentos), por los cobros de Nueva York y por las escuchas de Gürtel.

  5. #25
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    Predeterminado El TS reclama los casos sentenciados por Garzón sobre los bancos que le pagaron

    A petición de la defensa, investigará una cuenta abierta por el juez en EEUU

    El magistrado de la Sala Penal del Supremo Manuel Marchena, que investiga si Baltasar Garzón incurrió en un presunto delito de cohecho por pedir y recibir dinero de grandes empresas y bancos españoles para financiar sus actividades en Estados Unidos, ha anunciado que volverá a llamar a declarar al juez de la Audiencia Nacional tras la práctica de nuevas diligencias.

    Entre las actuaciones acordadas figura la de solicitar al banco Santander, BBVA, Telefónica, Endesa y Cepsa -que aportaron fondos para las actividades de Garzón en la Universidad de Nueva York- la identificación de todos los procesos penales tramitados por el juez que hayan afectado a esas entidades.

    La resolución del magistrado del Supremo se refiere, en concreto, a los procesos incoados, archivados o en trámite o en los que se hubiera dictado cualquier resolución por parte de Garzón contra el presidente, consejeros delegados o cualesquiera otros miembros del consejo de administración de esas entidades entre 2004 y 2007.

    Marchena ha accedido a la petición del juez de la Audiencia Nacional de dirigir una petición de auxilio judicial internacional a las autoridades de Estados Unidos con el fin de que Citibank envíe al Supremo los movimientos de una cuenta abierta en aquel país por Garzón y en la que afirma que ingresó las cantidades percibidas de la Universidad de Nueva York (UNY). El instructor ha pedido al Banco de España que certifique si la apertura de ésta u otras cuentas en Estados Unidos por parte de Garzón fue declarada.

    En cambio, Marchena ha rechazado que, mediante otra comisión rogatoria a Estados Unidos, cuatro directivos de la UNY contesten a un pliego de preguntas de la defensa. La declaración testifical de estas personas ya fue denegada al fiscal dado que la UNY se ha resistido en varias ocasiones a enviar al Supremo la información y documentación relacionada con la estancia de Garzón allí. «Carecería de sentido aceptar que la contumacia hasta ahora demostrada por la Universidad de Nueva York (...) se convirtiera en diligente colaboración por el hecho de que la petición del instructor tuviera, ahora sí, el aval del querellado», argumenta Marchena. «Una cosa es admitir que las autoridades académicas de la Universidad de Nueva York expidan certificados al dictado del querellado», añade en referencia a escritos aportados por Laura Turégano, «y otra bien distinta aceptar que sólo van a ser atendidas por la Universidad de Nueva York las peticiones y requerimientos que cuenten con el 'visto bueno' del imputado».

    Por María Peral, en El Mundo

  6. #26
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    Predeterminado Garzón ocultó otra cuenta en el citibank de Nueva York

    El juez estrella es una mina de secretos. Según ha descubierto la Guardia Civil, Garzón mintió al decir que sólo poseía una cuenta en el Citibank, donde pudo realizar los movimientos relacionados con la financiación de los cursos de Nueva York.

    LIBERTAD DIGITAL

    Así lo afirma El Confidencial, que informa que la Brigada de Delincuencia Económica de la Guardia Civil encargada de investigar las cuentas bancarias y patrimonio del juez Baltasar Garzón ha descubierto una nueva cuenta en el Citibank.

    Los movimientos contables, investigados a petición del magistrado del Supremo Manuel Marchena, han encontrado esta segunda cuenta, que Garzón negó que existiera. Marchena ordenó el pasado mes de septiembre una investigación de los depósitos con el fin de averiguar los métodos de financiación que recibió el juez urante sus actividades académicas en Nueva York.

    Hace unos días, el Supremo solicitó al Banco de España y a la oficina de Citibank en Nueva York los movimientos detallados de todas las cuentas de Garzón en el extranjero, para determinar si incurrió en delitos de cohecho y prevaricación.

    De manera complementaria, cursó una comisión rogatoria a los Estados Unidos para que recaben "los detalles de todos los movimientos contables" de la entidad sobre las cuentas de Garzón.

  7. #27
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Todo queda en casa

    La esposa de Garzón ingresó 317.000 euros tras la llegada del juez a Nueva York, según el informe policial

    Según han revelado fuentes cercanas al caso, resulta "llamativo" que la investigación realizada por la Benemérita no haya encontrado rastro alguno de los pagos que, según declaró el propio juez de la Audiencia Nacional al Supremo, le hizo la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006 por organizar unos cursos sobre terrorismo.

    El informe encargado por el Tribunal Supremo a la Guardia Civil sobre las cuentas de Baltasar Garzón revela que su esposa, Rosario Molina, habría realizado un ingreso de 317.130 euros en una cuenta corriente a su nombre a principios de abril de 2005, un mes después de que el juez llegara a Nueva York con el permiso de estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

    Según han revelado a Europa Press fuentes cercanas al caso, resulta "llamativo" que la investigación realizada por la Benemérita no haya encontrado rastro alguno de los pagos que, según declaró el propio juez de la Audiencia Nacional al Supremo, le hizo la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006 por organizar unos cursos sobre terrorismo.

    El informe, según ha publicado El Confidencial, sí revela sin embargo el ingreso realizado por Molina en una cuenta abierta a su nombre en una sucursal de Caja Madrid en Las Rozas (Madrid). Añade esta publicación que la Guardia Civil asegura que se desconoce el origen de los fondos ingresados por la esposa del juez suspendido, que se retiró como profesora de instituto para cuidar de sus hijos.

    El pasado mes de septiembre, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena ordenó a la Unidad Técnica de la Policía Judicial de la Guardia Civil que realizara un informe acerca del "origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por Garzón entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006", que fue el periodo durante el cual el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 organizó diversos cursos en el centro académico neoyorquino.

    Esta petición se enmarca en la instrucción que el magistrado Marchena realiza a raiz de la querella presentada por los abogados murcianos José Luis Mazón y Antonio Panea contra Garzón por presuntos delitos de cohecho y prevaricación que podría haber cometido en relación con la dirección de los citados cursos.


    Hoy en La Gaceta

  8. #28
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    08 ene, 07
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    Predeterminado El Tribunal de 'Gürtel' anula todas las escuchas de Garzón

    El fiscal apoya por primera vez la nulidad de la grabación a imputados y defensores

    La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Madrid ha declarado «ilícitas y sin efecto» las escuchas de las conversaciones que mantuvieron en prisión los imputados del caso Gürtel con sus abogados, acordadas por el magistrado Antonio Pedreira el 20 de abril de 2009. La nulidad de esas escuchas ha contado, por primera vez, con el apoyo de la Fiscalía, en lo que supone un giro radical respecto a la postura que venía manteniendo hasta ahora.

    La Sala ha estimado en parte recursos interpuestos por Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El Tribunal no acoge la «comprensible» petición de excarcelación de Correa, dado que el auto que impugna se refiere a las escuchas en la cárcel y no a su situación personal.

    Por el contrario, sí accede a declarar nula la interceptación de las entrevistas entre los encarcelados y sus letrados decidida por Pedreira a los pocos días de hacerse cargo del caso Gürtel. La medida fue una prórroga de las escuchas acordadas inicialmente por el primer instructor del asunto, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuya actuación ya fue declarada nula por el Tribunal Superior de Madrid el 25 de marzo de 2010.

    La Sala subrayó respecto a las escuchas de Garzón que «infringieron lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria» -que autoriza la interceptación judicial de las comunicaciones entre un preso y su abogado sólo en casos de terrorismo- y «vulneraron el derecho de defensa, el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como el derecho a un proceso público con todas las garantías».
    Fueron unas escuchas «genéricas e indiscriminadas» a todos los abogados que se entrevistasen con los imputados, autorizadas por Garzón sin ni siquiera citar los nombres de los letrados ni, por tanto, individualizar y justificar las sospechas contra ellos. El Tribunal afirmó que la imputación global de que los letrados actuarían de «enlaces» de la trama corrupta «sólo es una mera suposición o conjetura de la que no se expresan los datos objetivos en que podría fundarse».

    Ahora, al anular similares escuchas ordenadas por Pedreira, la Sala cita el auto de marzo, aunque lo que destaca es que «la adhesión parcial a los recursos que ha venido a formular el Ministerio Fiscal ha eliminado en gran manera el carácter de contienda procesal», por lo que «se está en el caso de acoger sin mayor argumentación la pretensión» de nulidad de las escuchas.

    La Sala declara también nulas «todas las actuaciones realizadas en la causa que deriven de tales conversaciones». El instructor tendrá que determinar qué actuaciones están contaminadas por la ilicitud de las escuchas a los defensores.

    En el proceso que se sigue contra él en el Supremo por supuestos delitos de prevaricación y vulneración de garantías constitucionales, Garzón se ha venido refiriendo al auto de escuchas de Pedreira -ahora anulado- como una «resolución de extraordinaria importancia para la defensa de mis intereses», e incluso pidió la declaración del magistrado.

    María Peral, en El Mundo

  9. #29
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    17 mar, 11
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    Predeterminado

    este el faisan junto a otros se lo pasaran por alto como se pasa TVE contar la verdad.
    PD:Se que no pongo ni una tilde,pero el no insultar ya me hace tener mas educacion que tu,si no estas de acuerdo no interpretes mis palabras ni me insultes y seremos dos personas civilizadas aprendiendo el uno del otro.

  10. #30
    Fecha de Ingreso
    08 ene, 07
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    Predeterminado El futuro de los dictadores

    Incumpliendo abiertamente la resolución 1973, los aliados han acompañado hasta hace tres días a los rebeldes hasta Sirte, ejerciendo de facto como su fuerza aérea, y atacando desde el aire a los gadafistas en retirada. La interrupción de los ataques ha vuelto a cambiar el rumbo de la guerra, y ahora es Gadafi el que se estira hacia el oeste, mientras los aliados discuten qué hacer con él.

    ¿Qué hacer? Las tres opciones son su permanencia, su muerte o su exilio. Respecto a lo primero, encapsularlo en un pequeño reducto es la mejor garantía de problemas futuros en la región, desde humanitarios a terroristas. Frente a ello, el exilio es la mejor solución: el derrocamiento de dictadores, el abandono del poder y el refugio discreto en algún país amigo es la mejor salida a una dictadura sin derramamiento de sangre.

    Sin embargo, hay un problema: la llamada "justicia universal", que es hoy el gran obstáculo al arreglo pacífico de estos conflictos. La posibilidad de que algún juez o tribunal persiga a dictadores retirados allí donde se encuentren, y los arrastre a un proceso penal y mediático mundial, empuja a éstos a aferrarse al poder, no abandonar su puesto y aguantar cueste lo que cueste. La sombra del Tribunal Penal Internacional pesa como una losa sobre muchos dictadores que, con razón, prefieren morir matando, sencillamente porque no tienen otra salida. El abandono pacífico del poder y una transición a la democracia se esfuman cuando su conclusión puede ser la cárcel. El caso de Pinochet, retirado voluntariamente y después perseguido, no es algo que anime a buscar el exilio.

    La llamada "justicia universal" no es ni justicia, ya que no depende de ningún poder legítimo; ni universal, pues está impulsada por unas minorías políticas en unos pocos países occidentales, que creen que la política se reduce a simple procedimiento jurídico. Las más de las veces, sus instituciones se utilizan para saldar cuentas con el enemigo, y de justicia sólo tiene el nombre. Es necesario recordar el intento de los radicales por denunciar a Blair o Aznar por unos crímenes cometidos, precisamente, por los beneficiarios en Irak del "no a la guerra".

    Pero además, lo que es peor, es también un problema para solucionar conflictos cuya salida preferible es la retirada del dictador, y que cuestan muertos. Porque ni siquiera la garantía de los países más poderosos es ya suficiente: ¿son capaces Italia y Alemania de garantizar que en cualquier circunstancia Gadafi no será detenido por un juez loco por lograr la notoriedad? ¿Puede cualquier Gobierno occidental, sujeto a bruscos cambios, garantizarlo? La respuesta es negativa: el fantasma de los garzones del mundo disuade de abandonar el poder. Lo que abre la puerta a la posibilidad de un Gadafi no exiliado ni resistente, sino muerto.

    Por GEES, Grupo de Estudios Estratégicos. En LD

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