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  1. #51
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Bail-in

    Aunque la expresión bail-in pueda sonarle a chino, se trata de una cuestión que afecta hoy a muchos miles de europeos. El bail-in, como contraposición a la ayuda externa (bail-out), implica la reestructuración impuesta a una entidad receptora de ayudas públicas y las medidas que se aplican a sus accionistas o acreedores para minimizar el coste de las ayudas para el contribuyente.

    El bail-in no es un concepto nuevo, aunque ha ganado protagonismo reciente con ocasión de los rescates de Irlanda, Portugal, Grecia o en el apoyo europeo a algunas entidades del sector financiero español. Tiene algo de autorescate, en el sentido de que, antes de que se produzca la recapitalización de una entidad con fondos europeos, deben sufrir una pérdida sus partes vinculadas. La imposición de un sacrificio a la propia entidad y a sus accionistas tiene una lógica difícilmente cuestionable: la entidad, sus administradores, directivos y sus accionistas son, de algún modo, responsables de lo ocurrido.

    El caso de la entidad, los administradores y directivos es evidente. En el caso de los accionistas, se argumenta que deben soportar las pérdidas porque se beneficiaron de los resultados positivos de la entidad en los buenos tiempos y, por otro lado, tuvieron la oportunidad de 'cambiar las cosas', a través del ejercicio de su derecho de voto conjuntamente en las Juntas Generales. Es un sacrificio doloroso, pero coherente con el derecho societario.

    Sin embargo, cuando el bail-in pretende llevarse más allá comienzan las dificultades. En España, la aplicación más delicada del principio se ha producido en relación con los titulares de instrumentos híbridos emitidos por grupos receptores de ayudas públicas y, concretamente, en el caso de las participaciones preferentes. Hasta ahora, sin embargo, había dos líneas rojas que no se habían cruzado: la de los derechos de algunos bonistas -singularmente, los titulares de deuda senior- y los de los depositantes. Tiene lógica que ello sea así por cuanto unos y otros no son accionistas y, al no serlo, no tienen ninguna capacidad jurídica de incidir en las decisiones de las entidades de crédito y en su comportamiento.

    En el caso de los depósitos de importe inferior a los 100.000 euros existe un argumento adicional: la protección jurídica que se les depara desde la propia normativa europea. Sin embargo, el acuerdo recientemente acordado entre Chipre y el Eurogrupo para concederle un rescate de unos 10.000 millones de euros incluye un efecto muy relevante sobre los depósitos. En un comienzo, se trataba de imponer un impuesto extraordinario -en realidad, una quita- de un 9,9% para importes superiores a 100.000 euros y 6,75 % para los depósitos menores de esa cantidad. Estos porcentajes parecen haber sido modificados por un acuerdo posterior de modo que el impuesto a los depósitos de importe inferior a 100.000 euros pasa a ser del 3% y de un 12,55% para los depósitos de importe superior a esa cifra. Como puede apreciarse, se trata de reequilibrar el sacrificio impuesto a los depositantes aminorando el efecto sobre los depósitos de menor importe a costa de los de importe superior a los 100.000 euros.

    Desde un punto de vista jurídico, además de esta nueva figura impositiva extraordinaria y su aplicación a los depósitos, llaman la atención las medidas provisionales destinadas a hacerla efectiva y que de algún modo han pasado por una limitación temporal a la capacidad de disposición de los depósitos. Esas medidas han sido identificadas por algunos medios con un corralito europeo. La analogía puede ser improcedente jurídicamente pero remite a esa limitación temporal a la capacidad de disposición sobre los depósitos. Sin duda, se trata de medidas muy llamativas en el marco de una Unión Económica y Monetaria en la que rige la libertad de movimientos de capital.

    Tras varios retrasos, estamos a la espera de que el parlamento chipriota pueda reunirse y aprobar -o no- las medidas acordadas con el Eurogrupo. Es una decisión crucial para Chipre, de la que depende la materialización del rescate. Entretanto, las noticias han provocado una indudable inquietud, por lo que sería importante que se aclarase tanto el fundamento jurídico de las medidas adoptadas como, sobre todo, su excepcionalidad. Aunque estos hechos han tenido una gran repercusión en los medios de comunicación españoles, debe afirmarse que la situación de España y las condiciones del apoyo financiero recibido por algunas entidades no tienen nada que ver con lo ocurrido en Chipre y que, por tanto, debe contemplarse lo que sucede con más interés técnico que preocupación.

    Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG-España, en El Mundo

  2. #52
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    08 ene, 07
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    Predeterminado La Inspección alertó en vano al supervisor del coste para Caja Madrid de la compra de

    Ordóñez aprobó el sobreprecio en Miami

    El Banco de España también permitió la salida a Bolsa de Bankia con el agujero en Florida

    El Banco de España supo desde el primer momento y pudo evitar que Caja Madrid pagara un sobreprecio por la compra en 2008 del City National Bank of Florida (CNBF), según han asegurado a EL MUNDO distintas fuentes próximas al órgano supervisor del sector financiero.

    La Comisión Ejecutiva del Banco de España presidida por el entonces gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez autorizó en el otoño de 2008 a Caja Madrid la compra del banco en Florida tras estudiar los servicios de inspección entre mayo y septiembre las condiciones de la operación y detectar que se iba a pagar un precio más elevado de lo normal. La Comisión Ejecutiva dio su permiso –imprescindible para que la caja pudiera ejecutar la transacción– pese a que la Inspección del organismo alertó de que existía sobreprecio.

    La valoración de los inspectores se apoyaba en datos de la Reserva Federal y ponía como ejemplo que el Banco Popular había pagado por el banco Total Bancshares de Florida un año antes –cuando aún no había estallado la crisis financiera internacional– 21 veces su valor en libros. En contraste, Blesa pagaba extrañamente 25 veces en plena recesión ya en España y con las hipotecas subprime de Florida en su apogeo.

    La compra del CNBF ha sido calificada de «aberrante» por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva y la consideró suficientemente delictiva como para enviar el pasado jueves a prisión a Blesa. Éste planteó la compra del banco de Florida al Banco de España en abril de 2008 con España entrando en recesión y varios meses de crisis financiera internacional. Tras obtener la autorización del supervisor la ejecutó en noviembre de ese año cuando acababa de quebrar Lehman Brothers.

    Como en tantos otros casos, la cúpula del Banco de España ignoró las señales de alarma de los inspectores y dio su visto bueno a cambio –según explicó el entonces presidente de Caja Madrid posteriormente a sus directivos– de que saliera a Bolsa la llamada Corporación Cibeles, un holding financiero que iba a incluir filiales como el banco de Florida y que iba a salir a Bolsa. Para Ordóñez bastaba esa promesa futura de que Caja Madrid se sometería por fin a los esquemas de teórica transparencia y responsabilidad a que obliga cotizar en los mercados para dar la autorización.

    Los inspectores revisaron la operación de nuevo año y medio después y no sólo corroboraron el análisis inicial, sino que lo endurecieron. Su segundo informe, fechado el 19 de abril de 2010, cuantificó el sobreprecio en 450 millones de euros lo que suponía prácticamente un desvío del 100%. EL MUNDO ya informó de este documento el pasado 3 de diciembre y el artículo fue aportado como documento número uno en la denuncia presentada días después por el sindicato Manos Limpias, que es la que provocó el envío a prisión de Blesa el pasado jueves.

    Pese a conocer este agujero producido por el deterioro del fondo de comercio en la compra del CNBF y otros como la necesidad de intervenir la también participada Banco de Valencia, el Banco de España autorizó también un año después, en julio de 2011, la salida a Bolsa del banco.

    En el folleto de emisión de Bankia, la entidad no mencionó problema alguno a los inversores con la operación de Florida, sino que la presentó como la mejor muestra de su expansión internacional.

    En su declaración del pasado jueves, Blesa alegó en su descargo la autorización del Banco de España a la operación. Tras escuchar los argumentos de Blesa con el Banco de España, el juez los desautoriza. «Se obvia un extremo trascendental (...) tal autorización no supone que se concluya la bondad o conveniencia de tal adquisición, cuya responsabilidad corresponde exclusivamente al adquirente, es decir a Caja Madrid y en tanto a que entidad paradigmática y eminentemente presidencialista, a su presidente, el imputado Miguel Blesa». El juez relativiza también el argumento de Blesa de que la decisión no era suya, sino del consejo de la caja que aprobó la operación, aunque el consejero Estanislao Rodríguez Ponga (ver EL MUNDO del 4 de enero de 2009) criticó que la operación se hacía sin informe de una valoración independiente.

    Rodríguez Ponga era consejero propuesto por la Comunidad de Madrid y Blesa interpretó su movimiento como una hostilidad de Esperanza Aguirre. Sin embargo, el Ejecutivo regional no se percató entonces de que la compra se realizaba casualmente en una primera fase por el 83% del capital y no por el 100%. De ese modo, evitó tener que pedir autorización expresa a Aguirre al superar el umbral del 5% sobre recursos propios. El informe del Banco de España denuncia esta picaresca.

    Otro movimiento que provocó desavenencias internas fue el traspaso inmediato del banco de Florida a la Corporación Cibeles, fuera de la pirámide de control tradicional. El entonces secretario general de la entidad Enrique de la Torre, sostuvo que las inversiones de Cibeles debían pasar al menos por el Comité de Inversiones de Caja Madrid. Blesa optó por designar secretario general de Cibeles a Ignacio Navasqüés, esquivando a De la Torre.

    Carlos Segovia, en El Mundo

  3. #53
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    Predeterminado Todos los sabían y nadie lo impidió

    El Banco de España y la CNMV eran conscientes de la política de comercialización de participaciones preferentes de Caja Madrid y Bancaja, al menos desde 2010. Así lo demuestran los documentos que la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores remitió al juez que instruye el caso Bankia y a los que tuvo acceso este diario.


    El 16 de junio de 2010, la CNMV remitió cartas a los responsables de las patronales bancarias explicando los nuevos requisitos sobre las emisiones de renta fija destinadas a clientes minoristas. El 1 de abril de 2011, el departamento de supervisión de este organismo dirigió sendos requerimientos a Caja Madrid y Bancaja en relación a la operativa que seguían en operaciones entre clientes de instrumentos híbridos. Seis meses después, el 13 de octubre del mismo año, la Dirección General de Entidades de la CNMV emitió otro requerimiento, pero esta vez a Bankia, pidiendo a la entidad que «adopten medidas inmediatas y efectivas que eliminen los perjuicios causados a los clientes».

    El 5 de marzo de 2012, dos meses antes de que Rodrigo Rato presentara su dimisión como presidente de Bankia, la comisión ejecutiva del Banco de España emitió un informe autorizando una operación de recompra y amortización de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas por parte de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) por un máximo de 1.277 millones de euros. En el citado informe, el supervisor bancario reconoce que podían existir «posibles reclamaciones de clientes minoristas» que suscribieron emisiones de preferentes «por mala información». Incluso, deja constancia de que conoce que las personas a las que Bankia vendió preferentes eran «de edad avanzada», con inversiones de hasta 30.000 euros en este producto y de 65.000 en otros. Es más, advierte la existencia de un estudio interno realizado por BFA sobre el perfil de los tenedores minoristas de preferentes y subordinadas.

    El colofón lo puso la CNMV el pasado 11 de febrero, cuando en un informe sobre instrumentos híbridos en Caja Madrid y Bancaja reconoce que entre los años 2010 y 2012 ambas entidades «intermediaron operaciones por cuenta de sus clientes sobre las distintas emisiones de preferentes y subordinadas dirigidas a inversores minoristas, a precios significativamente alejados de su valor razonable». La CNMV admite en este informe el «perjuicio a los intereses de los compradores, mientras que los clientes vendedores y las entidades se veían beneficiados por dicha operativa».

    El escenario de fechas descrito pone de manifiesto que los supervisores conocían con detalle la política de comercialización de preferentes de las dos cajas mayoritarias de Bankia, pero ambas entidades siguieron operando sin más. Como consecuencia de ello, el grupo bancario llegó a reconocer hasta 300.000 afectados, en general, por el caso de las preferentes. Lo peor de todo es que no hay entidad financiera en España que no haya comercializado este tipo de producto. Sin embargo, parece que sólo es Bankia la única que sale en los papeles. El resto pasó desapercibido por el mapa financiero.

    M. Recuero, en El Mundo

  4. #54
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    Predeterminado Políticos y sindicalistas causaron la crisis financiera

    No ha existido crisis bancaria. La doble inmersión cautelar impuesta por Luis Ángel Rojo en su día se mostró tan eficaz que, mientras grandes Bancos norteamericanos y europeos se tambaleaban, los españoles demostraron excelente salud y resistieron -sobresaliente cum laude- la implacable auditoría de Oliver Wyman y Roland Berger. El Santander está sólidamente instalado en el top ten mundial y es, por beneficios, el primer Banco del mundo, los chinos aparte. El BBVA triunfa en varios continentes y está espléndidamente gestionado y la Caixa, administrada profesionalmente con admirable rigor por Isidro Fainé, se encuentra en la cumbre del sistema financiero.

    Políticos y sindicalistas insisten, con enternecedora procacidad, en hablar de la «crisis bancaria». Incluso Luis de Guindos volvió a la reiterada cantinela durante su intervención en el Congreso de los Diputados. Políticos y sindicalistas quieren desviar hacia los banqueros la ira popular por los estragos de la crisis. Guindos, después de referirse a la «crisis bancaria», explicó que el Gobierno había inyectado en Catalunya Caixa, politizada y sindicalizada hasta la náusea, 12.000 millones de euros, cifra descomunal pues la entidad catalana es cinco veces más pequeña que Caja Madrid, donde la inyección se ha quedado en 22.000 millones, mientras la Caja del Mediterráneo puede terminar costando 15.000 millones. A las alcancías de los Bancos, claro, no llegó un euro del maná derramado desde el Gobierno. Por el contrario, las entidades bancarias, a causa de la infecta gestión de ciertas Cajas, se han visto obligadas a hacer provisiones desmesuradas. Esa es la realidad.

    Políticos y sindicalistas han utilizado las Cajas, no todas, claro, como sus cortijos particulares y desde ellas han aprobado créditos sin avales, se han beneficiado de prebendas sin número, han enchufado a parientes, amiguetes y paniaguados... Y, para intentar salvarse del desastre, han convertido a las Cajas en Bancos con la esperanza de confundir a la opinión pública. Y así, Caja Madrid se ha enmascarado en Bankia; NCG Banco es Novacaixa Galicia; Catalunya Banc es la integración de Caixa Tarragona, Caixa Catalunya y Caixa Manresa; Banco de Valencia es sustancialmente Bancaja Inversiones; Banco Mare Nostrum es la integración de Caja Murcia, Caixa Penedés y Caja Granada; Liberbank está constituido por Grupo Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria; Banco Ceiss es Caja España de Inversiones... Hace unos días, tal vez con el propósito de fondo de arremeter contra Aznar, se han aireado las contradicciones de Miguel Blesa, sin hacer referencia alguna, como ha recordado Jaime González que está escribiendo una sección espléndida en ABC, a José Antonio Moral Santín, enchufado por IU en Caja Madrid, como «mayor baluarte de Blesa»; a los socialistas Ramón Espinar, Antonio Romero, José María Arteta y José María de la Riva; a los sindicalistas de CCOO, Juan José Azcona, Francisco Baquero, Pedo Bedia y Rodolfo Benito y al ugetista Gonzalo Martín. Todos son responsables de los despilfarros y del saqueo de Caja Madrid. Todos fueron seducidos por el poderoso caballero Don Dinero de la sagacidad de Quevedo.

    El ventilador que políticos y sindicalistas, para eludir su responsabilidad, han encendido sobre la basura de algunas Cajas ha resultado eficaz. Los Bancos no han sabido defenderse y un sector de la opinión pública se ha creído lo de la crisis bancaria y se ha revuelto contra los banqueros. Poco a poco, sin embargo, la verdad abrirá nuevos cauces y el ciudadano medio tendrá conciencia de que los banqueros han actuado correctamente mientras los políticos y sindicalistas saqueaban las Cajas provocando la crisis financiera que todavía zarandea a España y a los pequeños y medianos empresarios. Vespasiano le dijo a Tito que el dinero, incluso el que producían las letrinas romanas, no huele. Pecunia non olet. Es mentira. En España sí huele y en las últimas semanas el hedor de Caja Madrid, de Catalunya Caixa, de la Caja del Mediterráneo... apesta la vida española.

    Luis María Anson, miembro de la Real Academia Española, en El Mundo.

  5. #55
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Madina también estaba en Caja Madrid

    En la Asamblea General de Caja Madrid estaba Pedro Sánchez. Y otros 69 representantes del PSOE. Junto con 13 de IU, 18 de CCOO, 16 de UGT, dos de CiU, uno de ERC, etc. Y junto a todo un largo listado de formaciones -entre las que obviamente destacaba el PP, con 111 personas- que responde a la perfección al porqué del desastre final de unas cajas politizadas hasta el tuétano, y que nos han dejado un boquete de 61.000 millones de euros -41.000 millones directamente prestados por Europa-.

    Pero quienes se sentaban en esa asamblea de 321 personas, no lo hacían a título personal. Algo que resulta bastante obvio tras comprobar que el reparto de pesos en ese órgano se parece mucho al del poder político en cada área de influencia.

    Quienes se sentaban eran los representantes de sus partidos. O, lo que es lo mismo, que tan representado estaba en Caja Madrid Pedro Sánchez como Eduardo Madina, Rubalcaba, Zapatero, o el último cargo del PSOE. Porque ese era el fin de la Asamblea General: intercalar los deseos políticos de los partidos -de todos- en las decisiones de gestión. Un fin que consiguieron, y cuyo resultado hoy sufrimos todos los españoles. Pero, aclarado este punto, permítanme que avance en la reflexión. Porque fue una decisión del muy socialista Banco de España del año 2009 la que impulsó la comercialización de las preferentes entre los particulares, por parte de las cajas de ahorros. Y fue una decisión del muy socialista Ministerio de Economía y de la muy socialista Presidencia del Gobierno en 2009 y 2010 la que optó por no hacer caso de las advertencias que llegaban sobre la mala salud de algunas de las cajas.

    Es decir, que si la gente de Madina quiere acusar al resto de miembros del PSOE, que empiece a plantearse que no son ellos los más indicados para culpar a nadie; sino todos los españoles a la necedad de su Gobierno, al despropósito de su partido en bloque, y, de paso por la parte que le corresponde, al resto de partidos y sindicatos, que igualmente estaban sentados en las cajas viendo cómo se iban a la deriva sin advertir de nada, no fuese a ser que se acabase el chollo de la financiación a medida.

    ¿O es que Madina, cachorro por excelencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha olvidado ya de que su mentor era nada más y nada menos que el vicepresidente primero de aquel desastroso Gobierno?

    Carlos Cuesta, en El Mundo

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