Miguel Ángel Fernández Ordóñez aboga por reestructuraciones bancarias...

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La apertura de una línea de crédito europea para sanear y restructurar el sistema financiero español es una expresión paradigmática del principio smithiano según el cual el mutuo interés es el mejor estímulo para la cooperación. Desde esta perspectiva, la solución aportada para sortear un potencial colapso de la banca no tiene nada que ver con un ejercicio de benevolencia o de solidaridad europea. Es una opción puramente racional, basada en una estrategia de maximización de beneficios por parte española y de la UE. España necesitaba liquidez para evitar el hundimiento de su mecanismo de medios de pago, y la Eurozona debía facilitársela para conjurar el golpe mortal que ello supondría para la banca de los países centrales de la unión monetaria y la casi segura ruptura de ésta. Ello ha conducido a un juego de suma positiva en el que todos ganan.

El Gobierno ha logrado un éxito notable si se tienen en cuenta los antecedentes: un sistema financiero bajo sospecha de insolvencia, con los mercados cerrados en cuyo infructuoso salvamento se habían enterrado unos 140.000 millones de euros, según el FMI. Tras ese ingente derroche de dinero público realizado por el Banco de España con la colaboración del Gabinete socialista, el margen de actuación del Ejecutivo del PP era inexistente. Los dos decretos ley elaborados por Economía señalaban de manera rotunda los límites para afrontar la crisis del modelo banca-cajas sin asistencia externa. Ni existían recursos domésticos para realizar esa tarea ni los mercados estaban dispuestos a aportarlos.

La única alternativa del Gobierno consistía en lograr financiación de la UE sin verse abocado a una intervención de la economía y sin imponer mayores exigencias a su programa de consolidación presupuestaria ni reformas estructurales. Hace semanas, esta hipótesis parecía irrealizable ante la resistencia de los países nórdicos, liderados por Alemania, a dar fondos a un estado del Club Mediterráneo.

Desde esta perspectiva, la puesta a disposición de un crédito de hasta 100.000 millones de euros, sólo para resolver la dramática situación del sistema financiero patrio, es un logro político de primera magnitud y, a sensu contrario, constituye una manifestación clara del error que supone establecer un diálogo con los socios europeos basado en la debilidad. Los gobiernos fuertes han de ejercer como tales en la defensa de los intereses nacionales.

Desde el punto de vista político, el crédito ofrecido al mecanismo de pagos de la economía nacional es un refrendo claro del programa desplegado por el Gobierno. De lo contrario, se habría visto acompañado por mayores ajustes fiscales y más intensas reformas estructurales. Esto no significa que la UE considere cerrado el proyecto de transformación de la economía española, pero sí supone otorgar confianza a la estrategia diseñada por el Gabinete Rajoy, lo que marca una diferencia radical con las operaciones de rescate practicadas hasta el momento en la zona euro. Si bien es cierto que una intervención de España era impracticable en términos de coste, también lo es que, si la UE desconfiase de la política económica española, habría acompañado la oferta de crédito al sistema financiero de una fuerte condicionalidad para la política macro y microeconómica. Eso no ha sucedido.

Aunque es prematuro cifrar la cuantía exacta de fondos que demandará el Gobierno para culminar el saneamiento/reestructuración de los bancos y cajas, es evidente que dispondrá de los suficientes para cumplir ese objetivo. La conversión del Ejecutivo en el avalista de los créditos le proporciona los incentivos adecuados para forzar a las entidades crediticias a limpiar sus balances con rapidez y es un poderoso mecanismo de presión para que aquéllas mejoren su eficiencia y, de este modo, sean capaces de generar los recursos precisos para devolverlos. La espada de Damocles de una conversión de la deuda bancaria en pública es un estímulo de extraordinaria eficacia para evitar situaciones de riesgo moral, es decir, que las instituciones financieras no se ajusten o se demoren en hacerlo ante la afluencia de dinero fresco. Esto debilita de manera decisiva el peligro de la captura del regulador, esto es, que el Banco de España y el Gobierno entren en connivencia con las entidades para realizar una limpieza laxa de sus balances.

En cualquier caso, la decisión adoptada por el Eurogrupo no implica ni una caída drástica de la prima de riesgo ni una inmediata normalización de los flujos crediticios a las empresas y a las familias. Persisten las dudas sobre la capacidad política de los estados de la UE para establecer cortafuegos eficaces y evitar escenarios de riesgo sistémico. La ayuda ofrecida al sistema financiero nacional es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente.

Grecia mantiene un fuerte potencial desestabilizador que se acentuará si el domingo las elecciones no proporcionan un gobierno estable comprometido con la estabilidad macroeconómica. Por último, nadie sabe aún cual será la posición definitiva de Hollande sobre la forma de enfrentar la crisis de la Eurozona. Este conjunto de factores genera un clima de alta incertidumbre en las próximas semanas.

Por lo que se refiere a la reactivación del crédito al sector privado, el fortalecimiento de la posición de los bancos y de las cajas es la condición previa e imprescindible para que se produzca, pero esta dinámica lleva tiempo. El supervisor y el regulador deberían velar para que el suministro de liquidez a las entidades no se destine, en todo o en gran parte, a la adquisición de deuda pública, como ha sucedido con los fondos captados por ellas en el BCE. Este movimiento es indeseable por dos razones. Primera, porque la combinación del riesgo bancario con el soberano crea un cóctel explosivo; segunda, porque esa práctica restringe y encarece todavía más los escasos recursos disponibles para los hogares y para las compañías. Ésta es una fuerte tentación para un Gobierno con elevadas necesidades de financiación y con el acceso a los mercados muy restringido. Quizá la desaparición de la desconfianza sobre la sostenibilidad del mecanismo de medios de pago español contribuya a abrirlos, pero es pronto para saberlo y poco prudente aventurar un plazo.

Con la decisión del Eurogrupo, desaparece el primer problema que ponía en cuestión la salida de la crisis, la amenaza de colapso del sistema financiero. Si el Gobierno mantiene su programa de austeridad fiscal, profundiza en la liberalización de los mercados y en la reforma institucional, el fantasma de un largo periodo de estancamiento-recesión desaparecerá de la escena. Hay luz al final del túnel, y ésa es una excelente noticia.

Lorenzo Bernaldo de Quirós, en El Mundo

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Sólo CaixaBank, BBVA, Santander, Bankia, Sabadell y Popular tienen garantizada la supervivencia por tamaño

. Sólo seis bancos se salvarían de la quiebra diseñada por la Comisión Europea por ser considerados sistémicos. Es decir, por tratarse de entidades que por su tamaño, complejidad, actividades transnacionales, interconexiones con el resto del sistema financiero y tiempo que se tarda en sustituir sus servicios en caso de liquidación, hay que evitar que quiebren. Tienen nombre: CaixaBank (incluida Banca Cívica), BBVA (junto con Unnim), Santander, Bankia, Sabadell y Popular.

Sin embargo, hay otros 10 bancos no considerados sistémicos y con problemas en sus balances y cuentas de resultados, cuya quiebra podría tenerse en cuenta, parafrasenado los argumentos empleados por la Comisión. La Autoridad Bancaria Europea mide la fortaleza de la capitalización de un banco en función de su volumen de activos y define como entidades sistémicas a aquellas que superan los 150.000 millones de euros en activos.

Sin intención de alarmar, los bancos españoles no sistémicos se pueden distribuir en tres grupos: bancos nacionalizados, entidades en vías de fusión y bancos y grupos bancarios de mediano y pequeño tamaño. No todos son problemáticos. De hecho, algunos disponen de un colchón financiero para completar su saneamiento inmobiliario. No obstante, todos tienen en común que su quiebra no supondría un riesgo grave para la estabilidad del sistema financiero español.

Bancos nacionalizados.Catalunya Banc, Novagalicia Banco y Banco de Valencia son las entidades más problemáticas del sistema. El Estado es propietario de un 90% de su capital, tras haber realizado una inyección de 1.718 millones, 2.465 millones y 1.000 millones de euros, respectivamente. Salvo Novagalicia, las otras dos están en proceso de subasta. El futuro de la gallega se debería decidir en septiembre.

Ninguna de ellas supera los 80.000 millones de euros en volumen de activos. Es más, Banco de Valencia apenas llega a los 22.500 millones, tomando como referencia los datos del 31 de diciembre de 2011. Entre las tres tienen una cartera de clientes de 7,7 millones de personas. El banco valenciano cuenta con 590.000 clientes.

Las cifras que se manejan en el Banco de España revelan que el grupo de cajas catalanas y el gallego necesitarán una media de 4.500 millones de euros, respectivamente, para seguir adelante.

En proceso de integración.Hay cinco grupos bancarios que se encuentran inmersos en un proceso de fusión -o buscando con quién hacerlo- y que podrían necesitar ayudas públicas para seguir estando en el mercado financiero. Se trata de Unicaja Banco (incluido Banco Ceiss), BMN, Liberbank, Ibercaja Banco y Banco Caja3.

De ellos, sólo el grupo que forman Unicaja y las antiguas Caja España y Caja Duero rozan los 80.000 millones de euros en activos. BMN registra 67.200 millones. Los otros tres cuentan con un volumen inferior a los 50.000 millones. Caja3 no llega ni a los 21.000 millones.

Banco Mare Nostrum está buscando alianzas con otros grupos para poder cumplir con las coberturas de saneamiento inmobiliario impuestas por el Gobierno. El año pasado, su beneficio fue de 115 millones. La norma le obliga a dotar provisiones por 1.298 millones netos.

En el caso de Liberbank, Ibercaja y Caja3 se trata de ocho antiguas cajas que están en proceso de fusión. Entre las tres entidades, su beneficio fue de 337 millones en 2011. La necesidad de capital total que precisan para cumplir con las coberturas inmobiliarias es de casi 3.500 millones de euros.

Bancos medianos estables.Kutxabank y Bankinter no son entidades sistémicas, pero son las únicas que pueden considerarse no problemáticas, atendiendo a los argumentos empleados por la Comisión Europea. En cuanto a Kutxabank, es el grupo de cajas con menos exposición al ladrillo (8.180 millones), mientras que Bankinter es el banco con menos créditos inmobiliarios (1.500 millones) de todo el sistema. Ninguna de las dos entidades supera los 80.000 millones de euros en volumen de activos. No obstante, son los únicos dos bancos de este grupo de 10 que cumplirán el saneamiento inmobiliario sin ayudas.

Marisa Recuero, en El Mundo

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Los valoradores independientes adelantarán su informe de cara al G-20

Ya no son 40.000 millones, como precisó el Fondo Monetario Internacional hace apenas una semana. La necesidad de capital de la banca española podría incrementarse en 30.000 millones más y elevarse a 70.000 millones de euros, según los datos que manejan fuentes financieras a partir de los escenarios que están auditando las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger, informa Reuters. Estas dos firmas son las encargadas de valorar el comportamiento que podrían adoptar los bancos en una situación económica extrema en 2012 y 2013.

El resultado de ambas valoraciones, que estaba prevista para el próximo 21 de junio, podría conocerse en poco menos de tres días. En concreto, el lunes, según confirmó esta agencia de noticias. De esta manera, el Gobierno de Mariano Rajoy podría acudir a la cumbre del G-20 con una cifra concreta de las necesidades de capital de la banca española bajo el brazo. Y es que esa reunión comienza el próximo lunes.

«El lunes, el Gobierno ya tendrá la cifra global de las necesidades del sistema financiero español de los auditores. Quieren acudir a la cumbre del G-20 ya con esa información», apuntó a Reuters una fuente que participa en el proceso.

El rescate financiero al que está dispuesta a llegar Europa para ayudar a España es de 100.000 millones de euros. Después de conocer las valoraciones de estos consultores independientes, el Gobierno tendrá que afrontar también las auditorías que Deloitte, KPMG, Ernst & Young y PwC están realizando de las carteras crediticias de cada banco. En este caso, habrá que esperar hasta el próximo 31 de julio.

De los 70.000 millones cifrados a partir de las valoraciones de Oliver Wyman y Roland Berger, sólo Bankia absorbería 19.000 millones, que es lo que cuesta su recapitalización. Por su parte, Catalunya Banc y Novagalicia -entidades nacionalizadas- tendrían que necesitar en torno a 20.000 millones. Y el resto se lo repartirían algunos grupos bancarios, producto de la unión de antiguas cajas de ahorro. Al menos, ésas son las cifras que barajan las citadas fuentes financieras.

Precisamente, el Banco de España, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), descartó, ayer, que prevea liquidar una de las tres entidades nacionalizadas -Catalunya Banc, Novagalicia y Banco de Valencia-. Sólo seis líneas le bastaron al supervisor para desmentir al comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, que aseguró que el Gobierno liquidaría uno de estos bancos.

En este sentido, el banco catalán y el gallego remitieron sendos comunicados advirtiendo de que siguen adelante con sus procesos de recapitalización. En el primer caso, está en plena subasta. En el segundo, el pasado lunes, presentó un plan al Banco de España «que garantiza la viabilidad del banco», apunta la entidad.

«Lo que está diciendo ahora Almunia no es una novedad, sino que se encuentra ya previsto en la normativa europea sobre ayudas públicas», reconoció a este diario Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG en España. «Si una entidad no pudiera recuperar su viabilidad, habría que liquidarla», precisó.

La Comisión Europea ya anticipó los criterios con los que evaluaría las ayudas estatales dirigidas a la recuperación de la viabilidad y la restructuración del sector financiero en 2009. En concreto, en el Diario Oficial de la Unión Europea del 19 de agosto de 2009 (2009/C 195/4).

En aquella ocasión advirtió de que si el Estado al que se le conceden esas ayudas no puede demostrar la futura viabilidad de la entidad, la ayuda no se le autorizaría. En el caso español, el Frob debería presentar un plan de reestructuración de cada una de las entidades que soliciten ayudas. Sólo en caso de que el banco no sea viable en un futuro, el Fondo deberá indicar cómo proceder a una liquidación de manera ordenada.

En esa liquidación no se aplicarían normas europeas, sino nacionales. Es más, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) asumiría un papel importante en ese proceso, ya que se convertiría en el administrador concursal del banco en caso de que la entidad entrase en concurso de acreedores. No obstante, «éste no ha sido el procedimiento que se ha utilizado históricamente para la resolución de las crisis bancarias en España», advierte Uría, que reconoce que en casos anteriores se optó «por vías alternativas al concurso, con la participación del Fondo de Garantía de Depósitos o, en los últimos tiempos, del Frob».

La opción de liquidar bancos está, por tanto, encima de la mesa, aunque nunca se haya aplicado antes en España.

Marisa Recuero, en El Mundo

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La respuesta política a la crisis se ha basado en acudir al rescate de los dependientes de un crédito artificialmente barato y abundante. Si los bancos quebraban, se socializaban sus deudas; si ciertos trabajadores y ciertas empresas quedaban súbitamente inactivos, se aprobaba un plan de despilfarro público (tramposamente denominado "de estímulo") para proporcionarles, con cargo al endeudamiento estatal, ingresos durante unos meses más; cuando la propia solvencia de los Estados se ponía en duda, otros Estados más solventes acudían a refinanciarlos.

Parece que nadie quiere asumir que la burbuja se ha desinflado y que alguien distinto del contribuyente ha de cargar con las milmillonarias pérdidas.

Esta política, sin embargo, tiene un error conceptual de base: si el Estado impide que se materialicen las pérdidas y, en cambio, sigue inyectando fondos a una mayoría de deudores para que perseveren en las antieconómicas actividades que desarrollaban durante la burbuja, el país no hace sino acaparar más deuda a cambio de... seguir destruyendo riqueza.

La salida a la crisis no es sencilla. No hay soluciones mágicas e instantáneas, pero sí existen remedios para los desequilibrios de fondo... y parches que no harán sino perpetuarlos. La piramización de la deuda es un parche con el que se gana cada vez menos tiempo, acaso porque hemos sobrepasado los umbrales de saturación de deuda y los agentes económicos son conscientes de que los países al borde de la suspensión de pagos sólo pueden hacer una cosa para tratar de sobrevivir: dejar de endeudarse y comenzar a reducir sus pasivos.

En suma, el rescate europeo a la banca española nace del error de no entender que la economía española no puede absorber más deuda y que, por el contrario, lo que necesita con urgencia es una considerable reducción de sus obligaciones. Por eso la concesión de un préstamo de 100.000 millones de euros al Gobierno por parte del Eurogrupo para recapitalizar el sistema financiero no debe ser considerada un éxito que salvará a nuestra economía, sino como una manera perversa de redistribuir las pérdidas derivadas de las malas inversiones gestadas durante el boom crediticio.

El Ejecutivo del PP ha logrado financiación para acometer una operación que se nos vende como provechosa –prestar a nuestros bancos infracapitalizados para sanearlos y luego recuperar los créditos con suculentos intereses– pero que, mire usted por dónde, ningún agente privado está dispuesto a acometer. Si tal inversión resulta fallida –y en buena medida lo será–, los que cargarán con el coste de devolución del préstamo de 100.000 millones (más los correspondientes intereses) serán los contribuyentes españoles. Así pues, la deuda pública de nuestro país, ya en niveles peligrosamente altos, habida cuenta de la endeblez de nuestra economía y del tremendo déficit, se elevará en 10 puntos del PIB: sanearemos nuestras entidades financieras y condenaremos a la insolvencia al sector público (y de rebote al financiero, pues si aquél cayera, también lo harían inevitablemente los bancos). Todo ello sin un plan de ajuste adicional para una consolidación presupuestaria creíble –no los faroles de austeridad lanzados hasta la fecha–. ¿Cómo no va a cundir la desconfianza en nuestra deuda?

Traspasar el agujero financiero de una parte de la economía a otra no mejora en absoluto la solvencia general del Reino. De ahí que el auténtico remedio sea otro: la capitalización de la deuda bancaria, tal como ha propuesto el Instituto Juan de Mariana. Esta vía de salvamento de entidades financieras no sólo tendría un coste cero para el contribuyente, sino que –aun más importante– las deudas del conjunto de la economía se reducirían y las pérdidas habrían de asumirlas sus responsables últimos (que se verían forzados a modificar y readaptar su comportamiento).

Mientras no reduzcamos la deuda, asignemos las pérdidas y modifiquemos las pautas de comportamiento que seguimos durante la burbuja, la economía no sólo no mejorará, sino que se irá hundiendo peligrosamente en la insolvencia. Gran parte del sector privado ya ha hecho su ajuste: su problema es, justamente, que los sectores público y financiero no han hecho lo propio –al contrario, han acumulado nuevos desequilibrios–, y tamaña distorsión les está impidiendo salir adelante. El capital y la inversión huyen de España justamente porque no entienden cómo vamos a saldar un endeudamiento improductivo que no deja de crecer. Y encima optamos por endeudarnos todavía más. Así, no es extraño que fracasemos.


juanramonrallo.com
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Agradezco la oportunidad que me brinda mi colega y amigo Juan Velarde para desarrollar y matizar algunos de los argumentos que empleé la semana pasada en mi artículo Por qué el rescate europeo es un error.

Mi propósito, como fácilmente puede comprobarse, no era otro que el de abrir un debate sobre la conveniencia de que la banca española no sea rescatada a costa de un contribuyente –que ya carga a sus espaldas con una billonada de deuda pública y privada– sino a expensas del acreedor que se equivocó al invertir su dinero en entidades hoy insolventes. La ventaja de la capitalización de deuda, o bail-in, es que evita la liquidación desordenada de las entidades financieras y permite que éstas subsistan en su forma actual, cargando las pérdidas a los malos inversores.

Afortunadamente, diría que el debate está más vivo que nunca, tal como acredita el hecho de que Hans-Werner Sinn, presidente del prestigioso instituto alemán IFO, se haya sumado explícitamente a la propuesta del bail-in. Que incluso desde Alemania, nuestro principal acreedor exterior y, por tanto, uno de los países que más sufriría una capitalización de deuda, abracen esta alternativa como la más saludable de las posibles, sólo puede ser recibido con una moderada y cautelosa esperanza.

Pero regresemos a la crítica que Don Juan Velarde ha efectuado sobre mi artículo. Tres son las peticiones de principio que don Juan me afea: la primera, mi impropia comparación entre el rescate a la banca y los planes de despilfarro tipo Plan E; segunda, mi presunción de que gran parte del rescate terminará acarreando pérdidas tanto para el Estado como para, en última instancia, el contribuyente; y tercero, mi apresurada aseveración de que el préstamo de Bruselas, instrumentado a través del Tesoro, condena a nuestro sector público a la insolvencia. Voy a intentar aclarar estos tres extremos.

En cuanto a mi equiparación entre los estímulos de demanda y el rescate de la banca, es verdad que en apariencia no tienen demasiado que ver. El despilfarro público se articula mediante gastos, corrientes o inversiones, cuyo único propósito es el de generar actividad "sea como sea" para mantener a parte de los trabajadores empleados; en cambio, el rescate de la banca se instrumenta mediante un préstamo que, por un lado, tiene que repagarse en el futuro y, por otro, está garantizado por los activos de las entidades financieras.

Sin embargo, a la hora de la verdad puede que ambas políticas no se diferencien tanto como podría parecer: el préstamo privilegiado a la banca no es más que una inversión pública que el Gobierno espera que le proporcione retornos positivos... exactamente del mismo modo en que espera que se los proporcione un programa de gasto público dirigido a estabilizar la demanda, a que las economías se relancen y a que no se desplomen los ingresos tributarios. Por supuesto, lo segundo es una fantasía keynesiana empíricamente incomprobable y teóricamente falaz, mientras que lo primero es una operación cuyas pérdidas y ganancias contables sí podemos calcular en el futuro, pero desde el punto de vista del político intervencionista, ambas decisiones son análogas: lo que se intenta es minimizar los en parte imprescindibles reajustes propios de toda crisis económica, cargando los errores ajenos a las espaldas de todos los contribuyentes.

Justamente, ése es el contexto en el que enmarco el artículo y en el que debe leerse mi analogía: seguimos insertos en un pensamiento burbuja donde se ha tratado de contrarrestar la parálisis crediticia del sector privado con un sobreendeudamiento público para rescatar a todo aquel damnificado por la sequía crediticia (trabajadores en paro, bancos quebrados por acumulación de morosidad, promotores que acumulan stocks de viviendas invendidos, etc.). Huida hacia adelante que obvia que no estamos en disposición de seguir endeudándonos a ritmos expansivos sino que, por primera vez en varias décadas, debemos proceder a desapalancarnos.

Por lo que se refiere a mi pesimismo acerca de las pérdidas del salvamento bancario para el Tesoro, mi postura se basa tanto en consideraciones teóricas como históricas. En cuanto a la teoría, una mera identidad contable: las pérdidas del activo (derivadas en este caso de la morosidad) se han de trasladar forzosamente al pasivo. Si la parte más debilitada del sistema financiero español, que es la que necesita del rescate, no es capaz de absorber con su pasivo actual las pérdidas de su activo, muy probablemente sean los contribuyentes quienes las soporten. Temor que no hace más que acrecentarse cuando descubrimos que ningún inversor privado, ni nacional ni extranjero, se muestra dispuesto a pujar por nuestras peores entidades a menos que el Estado le otorgue un esquema de protección de activos tan gravoso para el contribuyente que ni siquiera nuestros mandatarios se atreven a proponerlo.

En cuanto a las consideraciones históricas, lo cierto es que los procesos de recapitalización estatal de los bancos suelen ser bastante costosos para el contribuyente. Sin ir más lejos, el profesor Velarde cita el trabajo de Álvaro Cuervo, quien estimó que la crisis bancaria de finales de los 70 y principios de los 80 le costó al erario más de un billón de pesetas de entonces: el equivalente al 4% del PIB. Si tenemos en cuenta que la crisis bancaria actual es mucho más grave, no resulta inverosímil especular sobre unas posibles pérdidas cercanas al 8%-10% del PIB, es decir, entre 80.000 y 100.000 millones de euros, que es la práctica totalidad del importe prestado por Bruselas.

Por último, Don Juan Velarde también ve injustificado que asuma sin más que diez puntos adicionales de deuda pública conducen irreversiblemente a la insolvencia del Reino de España, cuando otros países vecinos, como Alemania, tienen unos pasivos gubernamentales superiores sin que ello socave su posición. Sin embargo, tan importante como la cantidad de deuda es la calidad de esa deuda, es decir, la capacidad para continuar pagándola merced a la riqueza nacional anualmente generada y apropiada por el Gobierno. No deberíamos obviar que España tiene un déficit público enquistado en torno al 7% del PIB, lo que significa que en dos años podemos llegar al 100% de deuda sobre PIB. ¿Se habrá solventado para entonces nuestro agujero presupuestario? Sin medidas más audaces por parte del Gobierno, es muy dudoso. Eso es lo que valora el especulador que decide no comprar nuestra deuda: no si ahora no estamos del todo mal, sino si lo vamos a estar en un futuro verosímil.

Y precisamente por ello, el problema de solvencia de España afecta al conjunto de la economía. En esto no existen diferencias categóricas entre sectores: lo que se valora es la solvencia del conjunto del sistema, donde participan gobiernos, empresas y familias. Un sector privado poco endeudado puede estar abocado a la quiebra si padece un sector público hiperendeudado que amenaza con devaluar su divisa (Grecia); y un público poco endeudado puede estar quebrado si la base de su recaudación es un sector privado hiperendeudado y con escaso margen para generar riqueza. De hecho, no olvidemos que muchos defaults soberanos se han producido con niveles de deuda pública aparentemente reducidos: por citar dos casos recientes, Rusia suspendió pagos en 1998 con un 66% de deuda pública sobre el PIB y Argentina en 2001 con un 47%. Por consiguiente, España no se encuentra ni mucho menos inmunizada contra una reestructuración de su deuda pública, sobre todo si, en el contexto actual, le añadimos de golpe y porrazo 100.000 millones adicionales para reflotar a la banca.

Con todo, lo mollar de las anteriores reflexiones es resaltar lo que, a mi juicio, supone el gran error del modo en que se está tratando de atajar la crisis actual: solucionar los problemas derivados de un exceso de endeudamiento mediante dosis adicionales de endeudamiento que arrastren hasta la insolvencia a aquellos pocos agentes económicos que todavía seguían siendo confiables en la economía. La capitalización de deuda, o el bail-in, posee precisamente la virtud de revertir esta tendencia: saneamos a la banca al tiempo que nos desapalancamos. Sólo por ello, y porque no traslada las pérdidas privadas a los lomos de los contribuyentes, ya merece ser tenida en cuenta.

Pero, en efecto, coincido con el profesor Velarde en que el cambio de mentalidad que hace falta en nuestras sociedades es mucho más amplio: austeridad pública de verdad centrada en el gasto, aumento del ahorro familiar y empresarial, liberalizaciones privadas mucho más intensas y reestructuraciones sensatas de aquella deuda impagable.

Juan Ramón Rallo Julián, en LD

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Hay un viejo chiste en el mundo de las asesorías empresariales. ¿Qué es un consultor? Pues un tipo al que le preguntas qué hora es y antes de contestarte coge tu reloj, mira la hora y te dice: «Las tres menos cuarto». ¿Y un auditor? Pues lo mismo, sólo que después de decirte la hora el tipo se lleva tu reloj.

Mucha gente tenía ayer esa sensación al conocer la valoración de Roland Berger y Oliver Wyman que le ha costado dos millones de euros al Banco de España. Al final, sus informes han añadido más incertidumbre y suspense a la reforma financiera que lo que han aclarado. Los dos escenarios que han utilizado para su test de estrés, por ejemplo, son muy discutibles y hay ciertas incoherencias en el escenario base, sobre todo en lo relativo a las tasas de desempleo.

Pero lo primero que hay que leer en estos informes para ver por qué tan en serio tenemos que considerarlos son sus disclaimers, esas cláusulas donde ambos valoradores se curan en salud. Así, Oliver Wyman dice que «la información facilitada por terceros, en la que se basa todo o parte de este informe, no ha sido verificada». Esto, en un medio de comunicación que publica noticias a veces menos relevantes que estos documentos financieros, sería una práctica inaceptable.

Pero los descargos no terminan ahí. En otro párrafo se añade que «todas las decisiones relacionadas con la puesta en práctica o con la utilización como asesoría o consejo de los contenidos en este informe no son responsabilidad de Oliver Wyman».

Roland Berger, en cambio, «no acepta ninguna responsabilidad por la integridad y precisión de los documentos e informaciones puestas a disposición de Roland Berger en el curso de este proyecto. RB asume que los datos y documentos son completos [...] verdaderos y exactos».

No es posible, en un mes, realizar algo más que una recopilación de informes ya existentes. Estos documentos son un refrito de las inspecciones del Banco de España hechos contrarreloj, por la sencilla razón de que es materialmente imposible revisar todos los activos de la banca. Eso quizás lo puedan precisar las cuatro grandes auditorias que están haciendo la revisión a fondo que el Ministerio de Economía ha prometido para el 31 de julio.

Lo peor no es que se hayan echado dos nuevas horquillas numéricas a la mesa de apuestas de la ruleta financiera española, sino que se ha puesto en el punto de mira al grupo de entidades medianas que han quedado situadas en tierra de nadie, o sea, entre los tres grandes que expresamente han sido descartados (Santander, BBVA y La Caixa) y los que han sido intervenidos o están en vías de serlo, y que se presume que necesitarán la mayoría de las ayudas.

Sobre esas entidades, de las que nada preciso se dice, se ha extendido una irresponsable sombra de duda. Y son esas dudas las que están erosionando más allá de lo razonable la credibilidad de un sistema financiero que si bien no era tan ejemplar como se presumía, tampoco es tan malo como se quiere hacer ver ahora.

john.muller@elmundo.es

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Vuelven la conjura judeo-masónica, el Contubernio de Munich y quién sabe si hasta Los protocolos de los sabios de Sión (o de Gijón, que tanto monta). La liebre la acaba de levantar Mafo en la Comisión de Economía del Congreso. Que "se lanzó una campaña contra el Banco de España intentando descalificar a la institución", ha denunciado gallardo el cesante tras apelar a la muy modesta figura de la personificación. ¿Acaso no se permitía un parvenu como Luis XIV decir aquello de que "el Estado soy yo"? ¿Con qué autoridad entonces negarle a Fernández que el Banco de España era él? Y es que, arteras campañas al margen, el exgobernador considera una gran injusticia que su gestión de la burbuja no haya sido premiada con un marquesado o, en su defecto, con otro pazo como el de Meirás.

Pues es sabido que la quiebra del sistema financiero no tuvo nada que ver con él, Mafo solo pasaba por allí. Sucede, sin embargo, que la recurrente coartada europea no alcanza para taparle las vergüenzas a nuestro héroe. Cierto que el regulador no podía recurrir a la palanca del tipo de interés, un juguete ahora en manos del BCE. Tan cierto, ¡ay!, como que dispuso de todo un arsenal completo para acabar de un plumazo con la orgía del cemento si se lo hubiera propuesto. Empezando por la potestad de reducir el plazo legal máximo de las hipotecas, lo que hubiese frenado en seco la demanda inmobiliaria. Continuando por la facultad de imponer severos límites cuantitativos al alegre crecimiento del crédito bancario, algo que habría operado en idéntico sentido.

Y acabando, en fin, por hace uso de una tercera prerrogativa a su alcance, la de fijar provisiones crecientes que castigasen la exposición crediticia al ladrillo. Si no concedió recurrir a ellas fue porque, simplemente, no le dio la gana. Por algo nuestro airado Miguel Ángel es la prueba andante de que, al otorgar autonomía al Banco de España, pasamos de Guatemala a Guatepeor. Liberamos a la institución de la tutela política para entregársela en bandeja a las entidades financieras que, se supone, debía custodiar. ¿Cómo descifrar, si no, lo incomprensible de tantos procederes? Y pensar que aún tiene arrestos para ponerse gallito ante el Parlamento.

José García Domínguez, en LD

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La medidas de ajuste procíclicas se demuestra que incrementan la recesión.

Una declaración de un señor llamado Draghi ha provocado un ascenso de la Bolsa –que sigue hundida– y un descenso de la prima, que sigue instalada en lugares intolerables. Ha dicho que va a ayudar al euro. Todos interpretaron que eso equivale a asegurar compra de deuda pública española. Así que está claro: la forma de apuntalar –o intentarlo– la moneda única es auxiliar a los gravísimos problemas de liquidez de España. Somos el problema europeo.

Draghi no actúa solo, sino que por detrás se encuentra Alemania, lo que ha provocado una violenta reacción en sectores influyentes en su país. Lo curioso es que, con la experiencia que tenemos de cómo funciona la UE, unas breves palabras de un funcionario cualificado provoquen este resultado. Y más curioso aún: nuestro Gobierno habla, promete, dice y no soluciona nada. Un señor como Draghi dice algo y ya está todo solucionado. ¿Quién gobierna en España? ¿Draghi? ¿Le hemos votado?

España tiene problemas graves de liquidez, pero también de crecimiento. En mitad de esta falsa pseudoeuforia, la realidad: máximo histórico del paro. Y lo que es peor: no sólo continuamos en recesión este año, sino que, incluso, se pronostica una caída superior al 1%. Sin crecimiento, no salimos. Las medidas de ajuste procíclicas se demuestra que incrementan recesión.

Ayer me decía un hombre inteligente: es como si un barco recibe un torpedo de babor, se inunda parcialmente y para ponerlo derecho, se abre otro boquete en estribor. El barco se adriza, pero se hunde perfectamente adrizado. Buen símil. Necesitamos liquidez imperiosamente. Tenemos que apelar al BCA porque no tenemos soberanía monetaria. Curioso: parece que los bancos pueden prestar a un fondo destinado a financiar excesos autonómicos, pero no tienen dinero para pymes. Me temo que en la economía real, nos estamos hundiendo perfectamente adrizados.

Mario Conde, en La Gaceta.es

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Los inversores con cualquier otro producto sufrirán pérdidas si la entidad tiene problemas

La AEB reclama eliminar los límites de interés sobre los depósitos para evitar la asfixia, El corte está en los pagarés. Sólo los ahorradores que tengan su dinero en este producto financiero, amén de quienes lo guarden en depósitos y cuentas corrientes, estarán a salvo de sufrir mermas si su entidad bancaria necesita algún tipo de ayuda. Así lo recoge el borrador de la reforma financiera elaborado por el Ministerio de Economía, y que revisa estos días la Comisión Europea.

La normativa, que el Consejo de Ministros aprobará el viernes si recibe el visto bueno de Bruselas, aplica el criterio establecido por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, y que obliga a los ahorradores a repartirse las pérdidas en caso de que la entidad tenga que recibir asistencia financiera. El objetivo es que el impacto sobre los contribuyentes sea el menor posible. Los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada sufrirán las mayores pérdidas porque tendrán que canjearlas a precio de mercado.

También se arriesgan a registrar minusvalías los inversores en deuda senior, que es la de mejor calidad. Economía ha tratado hasta el último instante de blindar este tipo de productos para evitar la fuga de clientes, pero finalmente ha aceptado incluirla en un párrafo para evitar el veto de Bruselas a la normativa.

El sector sí que ha recibido con alivio la cobertura a los pagarés, ya que muchas entidades se habían lanzado a comercializarlos de forma masiva a través de su red de oficinas después de que el Banco de España pusiera un techo del 4% al interés que podían ofrecer por los depósitos.

El ex gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez ordenó esta medida para acabar con la guerra del pasivo, es decir, la escalada de ofertas entre entidades bancarias para captar depósitos de pequeños ahorradores. Sin embargo, según reconocen fuentes
financieras, la iniciativa «ha sido un fracaso». Estrangulados por la falta de liquidez, bancos y cajas se han dedicado a sortear la prohibición a través de otros productos, como los pagarés.

La Asociación Española de Banca (AEB) ha solicitado formalmente al Gobierno que elimine las restricciones sobre los depósitos porque no han servido para romper la dinámica comercial que pretendían evitar. «Si no llegan a blindar los pagarés, podría haber sucedido como ha pasado con las preferentes», afirman fuentes de una entidad nacionalizada.

¿Y qué ha pasado con las preferentes? Pues que sus poseedores van a sufrir pérdidas masivas, porque el Gobierno ha recogido con todo el rigor el criterio de Bruselas. En estos momentos, las participaciones cotizan con descuentos entre el 15% y el 78%. En caso de que la entidad emisora entre en un proceso de resolución, los ahorradores las cobrarían con ese descuento más otro adicional.

«En la Comisión Europea no valoran que se hayan podido cometer abusos al vender participaciones a clientes sin formación, creen que ese es un asunto que compete al Gobierno», explica un alto directivo bancario. «Ellos consideran que, detrás de los accionistas, los que tengan participaciones deben ser quienes sufran las pérdidas más grandes».

La inflexibilidad de la Comisión Europea en este sentido es absoluta. El orden de cobro en caso de resolución de una entidad quedará establecido de la siguiente manera: depósitos y cuentas, pagarés, deuda senior, deuda subordinada, participaciones preferentes y acciones. Pese a ello, el ministro de Economía, Luis de Guindos, volvió a reiterar ayer en una entrevista con el International Herald Tribune que España tendrá sólo tendrá que utilizar unos 62.000 millones de euros de los 100.000 disponibles en el fondo de rescate
En junio, Mariano Rajoy aseguró en el Congreso que el saldo vivo de las participaciones preferentes minoristas podría llegar a reducirse un 75% con las reformas del sector, dando una oportunidad a los «inversores atrapados».

En junio, ese saldo vivo de preferentes en manos de minoristas ya había caído un 60%, hasta los 8.500 millones de euros. El último boletín trimestral de la CNMV señala que la cifra asciende a 16.861 millones, si bien esa cantidad tiene en cuenta el saldo vivo total de preferentes aún en circulación, incluyendo a las emisiones de grandes empresas y no sólo de entidades financieras. Y sin descontar las que están en manos de los pequeños inversores. Los datos de julio de BME, sitúan el total de participaciones preferentes circulando en 15.070 millones de euros, de los cuales 2.676 corresponden a «bancos y cajas» y 9.603 a «entidades de financiación», nuevamente sin discriminar por tipo de tenedor.

En el caso de pagarés, el total es muchísimo mayor, 76.546 millones de euros, cuando la CNMV los fijaba en 64.805 al cierre del segundo trimestre. Según BBVA Research, los pagarés en manos de familias y empresas han aumentado casi 30.000 millones desde justo hace un año. Sólo en julio, según datos del mercado AIAF, el importe de negociación de pagarés fue de 28.493 millones de euros, casi el doble que en junio.

F. PASCUAL y P. R. SUANZES en El Mundo

[agente t]

Cada vez que hablan del bancomalo me pongo malo. La crisis financiera está cumpliendo el sueño de los totalitarios de toda condición, comunistas, fascistas y socialcristianos radicales: la nacionalización de la banca. Que, como todas las nacionalizaciones, suponen la burocratización de la ruina. La penúltima vez que los socialistas nacionalizaron la banca fue en el expolio de Rumasa, con los geos tomando las torres en la Castellana y Alfonso Guerra diciendo en el telediario: «¿Rumasa? ¡Tó par' pueblo!» y, efectivamente, al pueblo, satisfecho por la lotería, le toco pagar casi dos billones de pesetas por unas deudas en torno a 200.000. El dinero del pueblo se empleó en sanear todas las empresas para luego regalárselas a los amigachos del Gobierno del PSOE, empezando por Gustavo Cisneros, agraciado con Galerías Preciados, que tuvo el detalle de pasear a Miguel Boyer e Isabel Preysler, su flamante esposa, en su flamante yate. A otros «amigos del pueblo» italianos, favorecidos por Guerra, se les adjudicó la empresa saneada, se llevaron la caja y nunca se les volvió a ver el pelo.

Pero de esa experiencia y otras similares nos negamos a aprender. Llevamos tres años de ayudas ilimitadas al sector financiero, porque la compra masiva de deuda por el Banco Central Europeo es anterior a la quiebra de aquella noche de mayo de 2010 y al plan que al día siguiente presentó en el Congreso Zapatero para deshacer el desastre por él creado. Esas ayudas nos han costado un ojo de la cara y no es seguro que salvemos el otro. Por de pronto, este Banco Malo huele a rumasada que apesta. Si un banco está quebrado, que quiebre; y si tiene activos inmobiliarios sobrevalorados, que los venda a su precio real, o sea, a lo que den por ellos, o que los done a Cáritas. ¿Dónde se ha visto que un banco, cuya función es prestar dinero hoy a cambio de más dinero mañana, se quede con lo que no vale pero lo pague como si valiera, malbaratando lo que nos quita el Fisco? Para colmo, este engendro demoníaco, negación de la propiedad privada y de la responsabilidad en general, íncubo digno del luctuoso y ruinoso Che Guevara, se llamara Sareb, que es besar medio al revés. Deberían ponerle El Beso de Judas o Monte de Impiedad. Esa que los demagogos reservan par' pueblo.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo
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Maquinación para alterar el precio de las cosas