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[agente t]

TRAS LAS ELECCIONES
CCAA y ayuntamientos planean miles de despidos

LIBRE MERCADO-LD

Una de las alternativas que han tomado las administraciones públicas, en su mayoría sobredimensionadas, para atajar la crisis que atraviesan es la convocatoria de un aluvión de expedientes de regulación de empleo (ERE) tras las elecciones autonómicas y municipales que tendrán lugar el próximo 22 de mayo.

Según informó el diario El Mundo este domingo, el motivo principal que ha hecho que se aplacen estos recortes es la inminencia de las elecciones con el objetivo de evitar el aumento del paro. Aunque el Ministerio de Trabajo ha anunciado que se va a oponer a los ERE, son las consejerías de cada autonomía las que tendrán que aprobar su reducción de plantilla y los partidos políticos preparan ya con los sindicatos los expedientes de regulación que afectarán a las miles de empresas públicas creadas por CCAA y ayuntamientos.

Tanto PP como PSOE han reconocido que los ingresos ya no dan más de sí y que hay que "echar números" sobre el "la dimensión del gasto en personal". Los sindicatos, por su parte, consideran que no es posible el despido colectivo o individual por causas objetivas (económicas, organizativas, técnicas o de producción) en las administraciones, y aseguran que el declive de las entidades publicas podría corregirse con los presupuestos siguientes.

La emisión de bonos patrióticos por parte de las CCAA, la deuda oficial de ayuntamientos y autonomías y el exceso de cargos públicos en sus administraciones (por ejemplo, en Mainoma, Badajoz, hay un trabajador municipal por cada 23 vecinos) son las causas de que entidades locales y regionales puedan perder uno de sus privilegios más preciados, poseer un puesto de trabajo intocable.

[agente t]

La CEOE insiste en el contrato de formación hasta los 35 años

UGT y CCOO no ven una postura más dura de Rosell tras la junta

Aún no ha culminado la negociación para reformar los convenios colectivos, pero los sindicatos y la patronal han abierto un nuevo frente, con el Gobierno como tercer contendiente, para mejorar la contratación a tiempo parcial y combatir el paro juvenil. Pese a que en la primera reunión sólo se estableció el marco general, se hizo un diagnóstico inicial y se fijó el calendario, la CEOE volvió a poner sobre la mesa su propuesta para crear un nuevo tipo de contrato de formación hasta los 35 años y con un sueldo, en principio, igual al salario mínimo interprofesional (641 euros al mes).

El argumento de la patronal para ampliar este tipo de contrato, hasta ahora destinado a jóvenes de 16 a 21 años sin titulación, es que, en realidad, no debería tener ningún límite de edad dados los altos porcentajes de desempleo juvenil (el 40%) y de fracaso escolar. Los sindicatos no sólo lo rechazan, sino que como alternativa prefieren adaptar a España el modelo dual de formación y empleo de que disfrutan, y con éxito, países como Alemania, Suiza o Austria.

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se declaró ayer en el Congreso a favor de estudiar el sistema alemán. Según fuentes sindicales, para trasladarlo a España «no bastará con modificar el Estatuto de Trabajadores», sino que implicará cambios en el sistema español de Formación Profesional. Las mismas fuentes aseguran que la CEOE ha recibido bien la propuesta.

En cualquier caso, las tres partes comenzarán sus discusiones la semana próxima con el contrato a tiempo parcial, cuyo uso la patronal quiere extender. Para ello pide mayor disponibilidad de las horas complementarias y que el tratamiento de las horas extra en este contrato sea idéntico al que tiene el de jornada completa. UGT y CCOO ven fundamental aumentar la protección social que brinda el de tiempo parcial.

También volvieron a reunirse los líderes de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, con el presidente de la CEOE, Juan Rosell, tras la polémica junta directiva que la patronal celebró el miércoles. Pese a las voces que le exigieron que endureciera sus planteamientos en la negociación, los sindicatos no apreciaron ayer un cambio de postura. Fuentes sindicales demoraron la aparición de dificultades al momento en que las partes «se pongan a concretar» lo que de momento son términos generales, eso sí, de un asunto «ya maduro» y con «objetivos identificados». «Como los empresarios le han pedido mayor concreción», explicaron, «entonces se verá si ha endurecido sus exigencias». Pero eso no ocurrirá hasta la semana próxima, cuando comiencen a redactar el posible acuerdo.

El ministro de Trabajo precisó ayer que si hay pacto, la reforma irá a Consejo de Ministros el 3 de junio; si no lo hay, irá el día 10.

B. P. Ramírez, en El Mundo

[agente t]

Gran parte de la población tiende a pensar que la función principal de las empresas es generar empleo. Sólo cuando una compañía empieza a perder dinero, se tolera que pueda prescindir de una parte de sus empleados para reducir costes y regresar a la rentabilidad. Y aun en esos casos, se suelen atribuir las pérdidas a los altos sueldos de los directivos, exigiendo a renglón seguido rebajas sustanciales en sus emolumentos para mantener el nivel de empleo.

El escándalo por supuesto estalla cuando una empresa con beneficios comienza a despedir gente. Rápidamente se acusa al capitalismo de ser un sistema inmoral y perverso que sacrifica cuantos valores haya con tal de maximizar sus ganancias. Si la empresa es rentable (incluso muy rentable), si puede permitirse mantenerlos en plantilla, ¿a qué viene despedirlos?

Lo primero a destacar es que la tarea principal de las empresas no es generar empleo, sino crear riqueza. Su cometido es dar lugar a una organización de factores productivos capaz de engendrar bienes y servicios por los que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio lo suficientemente elevado como para rentabilizar esa organización (esto es, que le permita a la empresa remunerar a los factores implicados compensándoles el tiempo que dedican a producir esos bienes o servicios).

A los consumidores, la organización productiva les resulta irrelevante: prácticamente nadie conoce ni está interesado en conocer los detalles de la elaboración de una determinada mercancía. Lo único que les concierne es que las prestaciones que les proporciona esa mercancía sean más valiosas que el precio que deben pagar por ella (y que habrían podido gastar en otros bienes de consumo o de capital que les hubiesen proporcionado otro tipo de prestaciones y satisfacciones en el presente o en el futuro). O dicho de otra manera, una mercancía será igual de valiosa si ha sido producida por 10.000 trabajadores que si no ha requerido los servicios de ningún obrero. Dado que las empresas nacen para producir bienes y servicios, resulta absurdo el exigirles un nivel mínimo de empleo (o un nivel mínimo de consumo de gasolina, de cobre, de horas de encendido de los ordenadores...).

Ahora bien, que la organización productiva les resulte irrelevante a los consumidores no significa, ni mucho menos, que realmente lo sea. Dado que los recursos son más escasos que nuestras necesidades, mal haríamos en ignorar el uso o mal uso que estamos haciendo de los mismos: al cabo, cada vez que utilizamos los factores productivos de un modo, estamos impidiendo que se utilicen de otro, esto es, estamos impidiendo que se produzcan otros bienes y servicios que podrían satisfacernos otras necesidades. Los empresarios se dedican justamente a eso: a trazar aquellos planes empresariales que minimicen los fines a los que los consumidores deben renunciar por el hecho de producir unos determinados bienes y servicios. Por eso tratan de vender al precio más alto (lo que indica una alta valoración de los consumidores) y de producir producen al menor coste posible (lo que significa que acaparan pocos recursos que pueden destinarse a otros planes de negocio).

El progreso y el crecimiento económico, más allá del descubrimiento de nuevos recursos, provienen, precisamente, de sacar un mayor partido a los factores que ya controlamos: o de producir una mayor cantidad de bienes con los mismos recursos o de producir lo mismo recursos con una menor cantidad de recursos, de modo que los sobrantes queden disponibles para fabricar otros bienes y servicios. Tal es el significado que en el uso corriente le damos a la palabra "economizar"; evitar las duplicidades, redundancias o despilfarros para lograr el mismo objetivo con menos esfuerzo o gasto.

En consecuencia, no es ni mucho menos necesario que las empresas esperen a incurrir en pérdidas para que se dediquen a economizar sus recursos: su misión es estar haciéndolo continuamente. Por mucho dinero que ganen, sería nocivo para accionistas y consumidores que, si pueden reducir sus costes manteniendo sus niveles de producción, no lo hicieran. Para los accionistas, porque estarían renunciando a ganar más dinero (al menos a corto y medio plazo, hasta que la competencia les forzara a bajar los precios hasta los menores costes); para los consumidores, porque podrían disfrutar de más bienes o servicios si los factores con funciones redundantes se concentraran en otros procesos productivos (obviamente, en caso de que la compañía opte por "prejubilar" a los trabajadores, los consumidores no se verían beneficiados por la economización, sino que las ganancias resultantes de esa economización se repartirían entre accionistas y los trabajadores prejubilados).

En otras palabras, no existe ninguna incompatibilidad entre ganar dinero y despedir trabajadores: las ganancias son una muestra de que la empresa está haciendo un uso eficiente de los factores productivos y la decisión de economizarlos todavía más es una señal de que pretende seguir haciéndolo. Aunque la teoría de la explotación marxista es más falsa que un duro sevillano, sí contiene una intuición que puede sernos útil: si el empresario se estuviera lucrando a costa de un determinado trabajador, ¿por qué lo despide? ¿Acaso pueden los vampiros chupar la sangre a distancia?

La economización de recursos, por cierto, suele generar mucho escándalo cuando afecta a trabajadores, sin embargo suele ser recibida entre ovaciones cuando se trata de racionar el consumo energético. ¿Se imaginan que la opinión pública vituperara a las compañías por decidir minorar su consumo de petróleo con el argumento de que con ello estarían perjudicando a las petroleras? Yo no, porque afortunadamente la gente sí suele entender que la economía no debe estar orientada a maximizar el gasto de petróleo sino la producción.

Por supuesto, despedir a trabajadores puede ser un drama dentro de una economía donde las rigideces institucionales impidan su pronta recolocación; un drama para el consumidor que no se beneficiará de una expansión en el número de bienes y servicios y un drama sobre todo para el trabajador, que si no ha logrado amasar un patrimonio que le proporcione rentas alternativas, se verá privado de su única fuente de ingresos. Pero la responsabilidad de ello no corresponde a las empresas que economizan sus recursos, sino a los políticos y sindicatos que mantienen unas instituciones que obstaculizan o impiden la creación de empleo; y por ello no debería ser la empresa la que pagara los platos rotos. A la postre, impedirle que prescinda de sus trabajadores redundantes sería tanto como permitirle que los despida para, acto seguido, imponerle un tributo cuya recaudación fuera a parar a esos trabajadores.

Cuestión distinta, claro está, es que haya que subvencionar esos despidos. Por los mismos motivos por los que no debe subvencionarse la eficiencia energética, tampoco debería subvencionarse la "eficiencia obrera". La economización de recursos no debería beneficiar a accionistas y consumidores a costa de los contribuyentes.

En definitiva, es comprensible que la natural aversión que mucha gente siente hacia que una empresa rentable despida a parte de su plantilla se camufle con críticas (razonables) a que las instituciones laborales obstaculizan su pronta recolocación o a que los contribuyentes están sufragando parte del despido. Pero, en tal caso, la exigencia no debería ser la de prohibir esos despidos, sino la de reformar el mercado laboral y la de poner fin a tales subvenciones.

Por Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y jefe de opinión de Libertad Digital. Puede seguirlo en Twitter o en su página web personal.

[agente t]

FRAUDES A LA HACIENDA PÚBLICA

Grecia descubre que seguía pagando a 4.500 funcionarios muertos

Trabajo investiga cuántos pensionistas centenarios han muerto y a 18.000 supuestos parados que recibían el subsidio sin tener derecho

EFE / Atenas / El Periódico de Catalunya

La ministra de Trabajo de Grecia, Luka Katseli, ha anunciado que se han descubierto en el último año grandes estafas en el cobro de dinero público, como que los familiares de unos 4.500 funcionarios fallecidos siguieron percibiendo la pensión de éstos.

En una entrevista al periódico Ta Nea, Katseli se refirió a "unas 4.500 pensiones cobradas en nombre de personas ya fallecidas y más de 18.000 casos de beneficios por desempleo a personas que no tenían ese derecho".

Respecto a los recortes anunciados por el primer ministro griego, Yorgos Papandréu, dentro del acuerdo con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para sanear la endeudada economía helena, la ministra defendió que "los beneficios sociales no se recortarán, sino que se reestructurarán para que respondan verdaderamente a las necesidades reales de la población".

El departamento de Trabajo se propone ahorrar 6.800 millones de euros entre 2012 y 2015 y, al respecto, Katseli informó de que ya ha logrado economizar "más de 16 millones de euros en 2010 solo a base de comprobar la información de las pensiones de los funcionarios públicos".

9.000 centenarios dudosos
La responsable de Trabajo subrayó que seguirán reforzando los controles contra el fraude y afirmó que supervisarán casos sospechosos, como la existencia de 9.000 ciudadanos con más de cien años que continúan cobrando una pensión. "De unos 9.000 jubilados registrados que son mayores de cien años estamos investigando cuántos de ellos están vivos", indicó.

Katséli defendió la medida que se aplicará a partir de este año y que supone que los nuevos contratados de 18 a 25 años recibirán sueldos en un 20% menores a lo acordado en el acuerdo colectivo (cobrando 592 euros en lugar de 839 euros) y podrán ser despedidos sin compensaciones durante tres años. "El problema es que el paro en esa franja de edad está en el 40% y, por tanto, la medida no se orienta a reducir el coste laboral, sino a aumentar los incentivos para que se incremente el empleo entre aquellos que ahora tienen cero ingresos", precisó.

[agente t]

Tenemos muchos problemas, pero uno de ellos es particularmente grave, humano, social, económico y político: el paro. Una sociedad mínimamente responsable no puede permitirse tener al 21% de su población que puede y desea trabajar sin una ocupación, viviendo de la escasa e insegura sopa boba del Estado del bienestar, sin desarrollar su capital humano, sin la autoestima que da saberse útil.

«No exageres -me dice el lector-. La tasa de paro es mucho menor». Sí, claro. Pero esto no hace sino añadir nuevos calificativos al problema. La economía sumergida es ineficiente e injusta; es muestra de la falta de calidad humana y profesional de algunos empresarios (los que están permanentemente sumergidos); es una prueba del fracaso de nuestro mercado de trabajo, que no es capaz de crear empleos eficientes para todos. Y es la evidencia del carácter cortoplacista de las soluciones que estamos adoptando y del carácter individualista de nuestra sociedad.

«Bien, pero ¿de quién es la culpa?», me pregunta el lector. Yo tengo mi lista de culpables, pero hace ya tiempo que decidí no entrar en una caza de brujas. Imagínense el Ejército que, en pleno ataque enemigo, dedica sus mejores efectivos a buscar los culpables de la última derrota: ¿sería esta una buena estrategia? Por supuesto, quien provoca un desaguisado debe pagar por él. Pero lo que nos interesa es buscar soluciones.

Y soluciones las hay. Algunas, falsas. Por ejemplo: un día de estos vendrá la recuperación, y entonces volveremos a crear empleo. Bien, pero ¿cuándo volveremos a encontrar empleo para digamos tres millones de nuestros parados? Otra: que cree empleos el sector público. Bien, pero ¿de dónde sacarán el dinero? ¿De unos impuestos que no queremos que nos suban? ¿De un crédito que los bancos deberían dedicar a la creación de empleo privado, o que los prestamistas internacionales no quieren darnos, porque temen que nuestros gobiernos sean insolventes?

Otra solución, no tan falsa, pero sí parcial: confiemos en las nuevas tecnologías. ¿Sí? ¿Es creíble que la biotecnología o la aeronáutica puedan crear esos millones de empleos en un plazo razonable? Me parece que no. A esos sectores les tocará ser la avanzadilla del progreso tecnológico del país, el motor que arrastrará a otras industrias, pero el grueso del empleo vendrá de los sectores «de toda la vida»: el turismo, la distribución, el comercio y otros servicios, la industria tradicional, la construcción (sí, que la construcción sigue ahí)¿

Tenemos muchos excelentes diagnósticos de los problemas de nuestro mercado de trabajo. Todos ellos incluyen los costes de despido, sobre todo porque frenan a las empresas a la hora de contratar nuevos trabajadores. Y la negociación colectiva, porque los criterios de fijación de salarios en convenio tienen muy poca racionalidad (son racionales para algunas grandes empresas y para los sindicatos, pero no para los parados). Y la maraña de contratos, que no están adaptados a las necesidades de los que, en definitiva, crean los puestos de trabajo, que son las empresas.

Y otros inconvenientes, relevantes también, pero probablemente menos graves: el fallo de los sistemas públicos de colocación, la estructura del seguro de desempleo, las dificultades administrativas para la creación de nuevas empresas, las cotizaciones sociales, la falta de competencia en sectores importantes¿

El problema no es técnico: los economistas sabemos qué hay que hacer, y nos pondríamos de acuerdo en, por lo menos, el 80% de las medidas. El problema tiene otras dos dimensiones. Una es la que podríamos llamar cultural, y tiene varias facetas. Una la han puesto de manifiesto los indignados, siguiendo la estela de los sindicatos: nosotros no hemos creado este problema, que lo resuelvan otros. No es verdad: todos hemos creado este problema, porque los males de nuestro mercado de trabajo son mucho más antiguos que la burbuja inmobiliaria. Y, en todo caso, todos hemos de aportar nuestra solución.

Otra faceta de este problema que he llamado cultural es una falta de confianza colectiva. Para unos, los empresarios son unos aprovechados, que solo quieren ganar más a costa de sus empleados, por ejemplo, aumentando su rentabilidad a costa de despidos masivos. Para otros, los trabajadores son unos frescos, que solo quieren trabajar menos y ganar más, como muestra el elevado absentismo. Los sindicatos van a su bola; los gobiernos solo piensan en las próximas elecciones¿ Decididamente, si no somos capaces de romper esa falta de confianza, nunca llegaremos a resolver nuestros problemas.

Y esto me lleva a la otra dimensión de nuestros problemas, que podemos llamar política, en sentido amplio (no solo de política del Gobierno, aunque también): la reforma laboral pisa muchos callos, y los afectados se resisten. Y una reforma, aunque la imponga el Gobierno, exige negociación. Y para eso hace falta buena voluntad, como ya he dicho, y mano izquierda. Y me parece que la sociedad debería involucrarse mucho más en este proceso.

Por Antonio Argandoña, profesor del IESE. Cátedra La Caixa. En El Periódico de Catalunya

[agente t]

Las medidas que prepara el Gobierno para estimular la contratación han suscitado el rechazo unánime tanto de los sindicatos y la patronal como de los expertos. Todos ellos dudan de que los cambios, decididos «a la desesperada» y «bajo presión europea», según dicen, sean eficaces y ayuden a reducir el desempleo, sobre todo el juvenil, para el que están especialmente diseñados.

«Es otra huida hacia adelante, fruto de la imposición de Bruselas», se lamenta la secretaria de Empleo de CCOO, Paloma López, «en lugar de tomar decisiones de forma serena, se precipitan las medidas y no se resuelven los problemas». Tanto Comisiones Obreras como UGT, en boca de su número dos, Toni Ferrer, advierten de que permitir el encadenamiento sin límites de los contratos temporales y ampliar a 30 años la edad para suscribir contratos de formación sólo va a «estimular la precariedad y el empleo de mala calidad y con menos derechos».

Casi en la misma dirección apuntaba ayer Juan José Dolado, profesor de Economía de la Universidad Carlos III e investigador de Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en cuyo patronato participan algunas de las principales empresas del país. «[Las medidas] No van a reducir la dualidad del mercado laboral [la segmentación entre empleados temporales y fijos], sino que volverán a inundar de contratos temporales el mercado de trabajo». Para Dolado, las nuevas disposiciones no se «notarán especialmente» en el descenso del desempleo. Por el contrario, la única receta efectiva consiste, explicó, en «dejar de marear la perdiz» e instaurar el contrato único, el caballo de batalla de Fedea desde abril de 2009.

Tampoco la CEOE, para la que parecen pensados el encadenamiento de contratos temporales y la ampliación del de formación, ha celebrado el borrador del decreto que el Consejo de Ministros estudiará mañana. Los empresarios consideran que el texto «no va en la dirección adecuada para recuperar la actividad económica y el empleo», básicamente porque excluye flexibilizar el contrato a tiempo parcial, a su juicio «una alternativa adecuada a la contratación temporal menos justificada».

La patronal veía con buenos ojos la propuesta que el Gobierno había hecho en la Mesa de Empleo y Contratación: aumentar al 10% la jornada que el empresario podía distribuir de forma flexible y recortar el periodo de preaviso al trabajador para modificarle el horario. «Se ha desperdiciado la ocasión de reactivar la contratación a través de un modelo que ofrece amplio recorrido y ayuda a la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores», se quejaba ayer la CEOE en un comunicado que no entra a valorar los cambios en la normativa sobre contratos temporales.

Por el contrario, Valentín García González, abogado de Cuatrecasas y asesor del Banco Mundial en temas laborales, aplaude que se supriman los límites al encadenamiento de contratos temporales, que «pervirtieron la lógica» de este tipo de instrumentos. La norma se incluyó en el Estatuto de los Trabajadores como parte de un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal en 2006. «No todos los temporales son contratos fraudulentos, por lo que limitarlos es una solución errónea», argumenta García González, quien habría preferido disponer «un periodo de prueba más extenso o una indemnización que creciera con la antigüedad» para evitar las trampas. «Debido a la crisis, los empresarios tienen necesidades de trabajo muy puntuales, ¿por qué tienen que cargar con un trabajador cuando haya concluido la obra o servicio para los que fue contratado?», se pregunta. Aunque el abogado también reconoce que muchas empresas han utilizado bonificaciones para convertir en indefinidos de fomento del empleo contratos «que ya en origen no eran temporales», en lugar de ofrecer directamente un empleo fijo. «Es una práctica muy arraigada», asegura.

En España se registraron 13,2 millones de contratos temporales en 2010, por sólo 1,3 millones de indefinidos. Cada mes se firman casi medio millón de contratos por obra y servicio. «No es necesario incentivar el empleo temporal, apunta Paloma López, «para promover la contratación lo que hace falta es estimular la actividad económica».

El contrato de formación hasta los 30 años no ha satisfecho tampoco a sindicatos y patronal. Ésta considera la medida «a años luz de la formación dual» -en la escuela y en la empresa-, que el Gobierno y los agentes sociales pretendían copiar a Alemania. La dirigente de CCOO admite que se buscaba «un proceso más ambicioso», que el decreto ha limitado a un nuevo contrato de formación y aprendizaje. En lo que también coinciden Fedea, Cuatrecasas y los sindicatos es en calificar de «poco razonable» la ampliación del acceso a estos contratos hasta una edad tan elevada como los 30 años. El decreto eliminará, además, el límite de empleados en formación que pueden tener las empresas, hasta ahora proporcional al tamaño de sus plantillas. Por ejemplo, 30 aprendices o el 4% de la nómina si superan los 500 trabajadores, informa Servimedia.

Ni siquiera la integración del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en el Servicio Público de Empleo ha tenido buena aceptación sindical. CCOO la considera «una vía de escape irresponsable para obviar la saturación» del Fogasa. El sindicato ha convocado movilizaciones en septiembre para protestar por la carga de trabajo provocada por la crisis, que se traduce en retrasos de hasta seis meses en el pago de indemnizaciones y salarios. «Fusionarlos sin corregir previamente las deficiencias estructurales de plantilla que padecen sólo puede llevar a un colapso aún mayor en ambos organimos», avisa.

Begoña P. Ramírez, en El Mundo

[agente t]

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, como no podía ser menos teniendo en cuenta su militancia en la UGT, acaba de sumarse a las tesis de los sindicatos acerca de un gran pacto de rentas, que suponga también la moderación de los beneficios empresariales y la reducción de los márgenes de distribución. Defender semejante propuesta es no entender nada de la naturaleza de esta crisis ni saber una palabra de economía.

Tal y como están las cosas en estos momentos, las empresas no tienen más remedio que bajar precios si quieren vender algo porque todavía continúa el desplome de la demanda interna. Es la crisis, en sí misma, la que está moderando los beneficios sin necesidad de pacto alguno, cuando no llevando a pérdidas a muchas empresas. Si a ello se añade que la economía española necesita ganar competitividad, reduciendo los precios en torno a un 30%, las presiones a la baja sobre los beneficios son más que evidentes. ¿Qué ocurre? Pues que, en este contexto deflacionista, para que muchas empresas puedan sobrevivir necesitan reducir sus costes drásticamente. Si tenemos en cuenta que el Gobierno, con su absurda política energética, ha disparado el coste de la energía, no queda más remedio que la gran carga del ajuste venga del lado de los costes laborales, bien mediante despidos, bien, si se quiere evitar dejar a más gente sin trabajo, mediante la moderación salarial o, incluso, mediante bajadas de salarios. Además, si los precios bajan, los trabajadores no tendrán por qué perder poder adquisitivo. Ahora, hay que permitir que los precios se puedan ajustar a la crisis, empezando por la moderación salarial y siguiendo por el precio de la vivienda, que sigue sin ajustarse porque los políticos lo mantienen artificialmente alto.

El problema, en contra de lo que dicen los sindicatos, no son los beneficios altos, porque mayores beneficios implican también sueldos más elevados. El problema es una negociación colectiva centralizada que no tiene en cuenta la realidad de las empresas y las lleva a la ruina. El problema es, también, pensar que parte de los beneficios se tienen que destinar a inversión cuando en estos momentos sobra capacidad productiva ante la falta de demanda tanto nacional como internacional. Pedir que parte de ellos se destine a crear empleo es sobrecargar a las empresas con más costes cuando lo que tienen que hacer es recuperar competitividad. Y en cuanto a los márgenes de distribución, lo que hay que hacer es introducir más competencia en todos los estadios del sector para que dichos márgenes se moderen.

Todo esto significa permitir que funcionen los mecanismos de ajuste de una economía de mercado. El resto es crear más problemas que los que se pretende resolver.

Emilio J. González, en LD

[agente t]

Urgencia de reforma es lo que tiene el mercado laboral español con casi cinco millones de personas sin trabajo y con unas previsiones de la OCDE que indican que la tasa de paro puede subir hasta el 23% en 2012, -ahora es del 21,52% según la Encuesta de Población Activa-. En este escenario, el presidente electo, Mariano Rajoy, ha mantenido reuniones por separado esta semana con los agentes sociales para abordar una nueva reforma laboral y cerrar los tiempos para su aprobación. Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, ha dicho que Rajoy quiere cerrar acuerdos después de Navidad; y Juan Rosell, presidente de la CEOE, ha transmitido que el líder del PP comunicó que no pueden estar negociando de forma indefinida. Así que año nuevo, reforma laboral nueva.

El programa electoral del Partido Popular no ha sido muy claro en esta materia; si bien Mariano Rajoy sí avanzó durante la campaña que haría una reforma para impulsar el mercado de trabajo y reducir los niveles de desempleo. Entre sus propuestas, el nuevo Gobierno puede resucitar la idea del modelo austríaco, un fondo de capitalización individual para cada trabajador que, en caso de despido, serviría para su indemnización. También podría utilizarse para su formación, favorecer la movilidad o para su jubilación.

Asimismo, el PP apuesta por una simplificación de los tipos de contratos, «para reducir la temporalidad y dar expectativas de estabilidad, flexibilidad y seguridad a todos los trabajadores y empresas». El planteamiento de un contrato único de indemnización progresiva ha sido avanzado por este grupo político en alguna ocasión. Sin embargo, Toxo, tras el encuentro, comentó que Rajoy «también es consciente de que la economía no necesita sólo una forma de contrato de trabajo».

En cuanto a la negociación colectiva, el PP da prioridad a los convenios de empresa frente a los de ámbito superior, como los sectoriales o los estatales. De este modo, se hace posible que el salario o la jornada de trabajo puedan adaptarse a las circunstancias de cada empresa.

Mientras se suceden las reuniones y se materializan los acuerdos, ¿qué demanda el mercado laboral español? «Creo que se necesita una reforma global y profunda de nuestro mercado de trabajo en todos sus aspectos, pero quizá pivotado en tres ejes: reforma de la contratación laboral, flexibilidad especialmente para las pymes y un marco más adecuado a la realidad de la negociación colectiva. En general, una reforma que genere confianza en las empresas y evite el miedo a contratar», opina Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados.

En concreto, para los expertos la contratación es precisamente la cuestión en la que se deberían centrar las principales novedades. «Sería conveniente flexibilizar los requisitos para su celebración y mitigar las consecuencias de su incumplimiento. También podrían adoptarse medidas que favorezcan la contratación temporal acausal, y establecer una regulación más sencilla para el contrato a tiempo parcial», opina Fermín Guardiola, socio del departamento de laboral de Baker & Mckenzie. En este sentido, la unificación o simplificación de las formas contractuales se convierte en una opción. Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), aboga por «un contrato sencillo, pero no igual para todos, en el que se explique el número de horas, la categoría profesional y el sueldo».

Para Salvador del Rey, socio y presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas, «debe haber una unificación del contrato indefinido, una simplificación de los temporales, una promoción del parcial, y una reformulación de la contratación para la formación y el aprendizaje».

Federico Durán, director del departamento laboral de Garrigues, explica que «para vencer las reticencias a la hora de contratar debe preverse un acuerdo ligado a la coyuntura, indefinido, con una indemnización reducida y sin sujeción al control judicial. Además, hay que permitir un uso más amplio de las posibilidades de reclutamiento de las empresas de trabajo temporal».

El primer paso ya se ha dado; el camino para la nueva reforma se andará en 2012.

Beatriz Elías, en El Mundo

[agente t]

El BCE pidió una bajada de sueldos y 'minitrabajos' para los jóvenes

El Banco Central Europeo (BCE) remitió en agosto una carta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la que, a cambio de reactivar su programa de compra de deuda española, exigía una serie de medidas de ajuste presupuestario y económico que, en materia laboral, se traducían en una "devaluación competitiva" de los salarios y acciones contra el desempleo juvenil, incluyendo la creación de una nueva categoría de trabajadores con sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (situado en 641,4 euros mensuales en España).

El contenido de la misiva del BCE fue desvelado por el presidente electo del Gobierno, Mariano Rajoy, en su reunión con los agentes sociales el pasado jueves para discutir posibles aspectos de la futura reforma laboral, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.

La propuesta aboga por implantar en España la fórmula de los conocidos como 'minijobs' (mini-empleos) que se crearon en Alemania en 2003 como medida para atajar el desempleo y la economía sumergida. Consisten en contratos con un sueldo máximo de 400 euros mensuales para empleos de "escasa consideración" en los que el trabajador no paga impuestos y abona las cotizaciones sociales de forma voluntaria.

El líder 'popular' aseguró haber conocido el documento por fuentes distintas al Ejecutivo socialista en funciones, y transmitió su intención de utilizarlo como su hoja de ruta en su gestión, con el objetivo de entrar en el grupo de cabeza del euro.

Las medidas empezaron a aplicarse con la reforma de la Constitución para limitar el déficit pactada entre el PSOE y el PP, cuyo desarrollo legislativo será una de las primeras normas que aprobará el Gobierno de Rajoy cuando se constituya a finales de este mes.

Contrato de indemnización creciente
De cara a la reforma laboral, el PP siempre se ha mostrado partidario de ligar salarios y productividad, una de las principales fuentes de disensión entre patronal y sindicatos, dentro de su apuesta por la 'flexiblidad' de la negociación colectiva, para lo que además considera necesario priorizar los convenios empresariales sobre los sectoriales. Asimismo, los 'populares' ya han anunciado su intención de simplificar la tipología de contratos laborales. En este sentido, son partidarios de estimular el uso del contrato a tiempo parcial, el del fomento del empleo de indemnización de 33 días y de crear una nueva modalidad en el que la compensación por extinción de contrato sea creciente, hasta los 20 días, en función de la antigüedad.

En La Gaceta