Portugal no subirá los impuestos para compensar las medidas de austeridad que el Constitucional considera ilegales y que abren un agujero de 1.300 millones en las cuentas públicas para este año. El Gobierno de Lisboa ha optado por hacer más recortes en sanidad y educación para evitar un nuevo rescate.

«Subir los impuestos pondría en peligro las posibilidades de recuperación económica», afirmó ayer el primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, en su primera intervención pública desde que se conoció la sentencia de los jueces, el viernes pasado.

Portugal se enfrenta este año a una recesión del 2,3%, más del doble que las anteriores previsiones del Ejecutivo y con un aumento descontrolado del desempleo, que ha pasado del 12,6% de hace dos años, cuando Portugal pidió el rescate, al pico del 19% que esperan se alcance a finales de 2013.

Por ello, Passos Coelho entiende que el plan B que tiene que buscar su Ejecutivo no puede pasar por aumentar la carga fiscal, sino por reducir el gasto público. El objetivo del líder conservador es, en última instancia, seguir cumpliendo el memorándum de entendimiento firmado con la Troika y evitar a toda costa un segundo rescate que podría tener consecuencias catastróficas para el país.

Mientras tanto, el Gobierno español sigue con extrema inquietud el bloqueo judicial al plan de ajuste portugués. La alarma generada por el accidentado rescate de Chipre había quedado mitigada tras la amplia demanda de deuda española en la subasta de la pasada semana y la estabilización de la prima de riesgo en el entorno de los 350 puntos. Sin embargo, la reacción de los inversores es hoy una incógnita. Daniel Lacalle, gestor de fondos de Londres, considera que hay riesgos al alza para la prima de riesgo «porque pone en duda la capacidad de los gobiernos europeos de tomar decisiones presupuestarias relevantes».

A ojos de los inversores, la intervención del Tribunal Constitucional luso «sienta un precedente peligroso si se llevan a cabo decisiones similares en otros países». Sin embargo, en opinión de Lacalle, esto no parece «posible en España tras la modificación de la Constitución en verano de 2011».

En Portugal, el Tribunal Constitucional determinó la ilegalidad de cuatro medidas de austeridad, entre ellas, la eliminación de las pagas extra de vacaciones a funcionarios públicos y jubilados y las contribuciones a la Seguridad Social de desempleados y personas con baja por enfermedad. Estas medidas entraron en vigor el pasado 1 de enero, pero no podrán seguir siendo implementadas. Sin margen para subir los impuestos, al Gobierno de Lisboa no le queda más remedio que apostar en la contención del gasto público. Eso es lo que anunció ayer Passos Coelho. «Sólo nos resta la reestructuración del Estado», dijo el líder socialdemócrata, añadiendo que ya ha dado indicaciones a todos los ministerios para que reduzcan sus gastos. Este año, Portugal se ha comprometido con la Troika a reducir el déficit público al 5,5% del PIB. Sin las medidas ahora rechazadas por el Constitucional, el déficit luso no bajaría del 6,3%. «Para compensar el desequilibrio presupuestario tendremos que poner en práctica medidas de contención en el gasto público en áreas sociales como la sanidad, la educación, la seguridad social», afirmó Passos Coelho, volviendo a hacer referencia a la reforma del Estado social que ya había sido exigida por la Troika y que todavía no había sido llevada a la práctica.

En concreto, las instituciones internacionales piden a Lisboa que ejecute recortes en torno a los 4.000 millones de euros del gasto público permanente. En la última evaluación periódica de la Troika, de febrero pasado, éste era uno de los temas principales que al final quedó pendiente de ejecución. Ahora, Passos Coelho asegura que durante las próximas semanas presentarán los recortes. «No dudo de que aparecerán voces de protesta diciendo que estamos poniendo en peligro el Estado social y que el Gobierno no aprende la lección de la austeridad», argumentó Passos Coelho, para dejar claro que «para defender el Estado social es necesario garantizar el dinero que soporta sus gastos». Y en este momento crítico que atraviesa la economía portuguesa, el jefe del Ejecutivo conservador entiende que «el Estado no dispone de la financiación necesaria para cubrir todos los gastos», por lo que es inevitable que éstos sean recortados.

En su intervención, Passos Coelho también aseguró que acatarán la decisión del Constitucional, pero responsabilizó a los jueces de «dificultar más la vida del Gobierno y la de los portugueses». El socialdemócrata subrayó el hecho de que la sentencia se haya producido a menos de una semana de «tener que cerrar con los socios internacionales una negociación decisiva para llegar a un acuerdo con los acreedores con el objetivo de suavizar los pagos de la deuda y hacer más favorables los compromisos».

Passos Coelho dijo que éste sigue siendo su objetivo, aunque añadió que el rechazo a sus presupuestos fragiliza la postura portuguesa. Algo que, por otro lado, no parece amedrentar al conservador, que ayer se mostró firme a la hora de decir que sigue al frente del Ejecutivo, aunque entiende que la responsabilidad de sacar a Portugal de la supervisión internacional no depende sólo del Gobierno de coalición conservadora, formado por los partidos Socialdemócrata y Cristianodemócrata, sino que compete a «todos los órganos de soberanía y a todos los partidos políticos». Se trataba de una clara llamada al principal partido de la oposición, el Partido Socialista, cuyo líder, Antonio José Seguro, que ha pedido elecciones anticipadas durante los últimos días, sólo reaccionará hoy.

La Comisión Europea aplaudió anoche los nuevos ajustes anunciados por Porugal. En un comunicado, Bruselas advirtió de que el incumplimiento de los objetivos de recorte de gasto podrían «neutralizar» los esfuerzos realizados hasta ahora por el país y «prolongar las dificultades». «La continua y decidida implementación del programa [de ajuste] es la mejor manera de restablecer el crecimiento económico sostenido y mejorar las oportunidades de empleo en Portugal», añade el comunicado.

Virginia López, en El Mundo