Los italianos le llaman «el coste de la política» y es el precio que pagan los contribuyentes por la infinidad de cargos elegidos que administran su país. Aquí no tenemos un concepto tan redondo y, además, solemos discutir de cosas diferentes.

Rosa Díez le planteó ayer al presidente del Gobierno que «tenemos un Estado inviable e insostenible. Inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el económico». Rajoy le dio la razón en que existen duplicidades y dijo que sobran organismos autónomos y empresas públicas. Pero no pasó de ahí.

Más tarde, en la interpelación que la líder de UPyD hizo al ministro de Hacienda, se perfilaron mejor las posturas. Mientras Díez habló de un Estado ruinoso por caro e inútil («no es que no lo podamos pagar, es que además no resuelve los problemas de los ciudadanos», dijo) y abogó por refundarlo, Montoro prefirió hablar de corregir el despilfarro y las duplicidades. «Pero no renunciemos al modelo», añadió.

A diferencia del PSOE, en el que Rubalcaba se mostró a favor de suprimir las diputaciones provinciales durante la campaña electoral, el PP nunca ha querido abordar la cuestión del coste de la política. Un informe de UPyD asegura que simplemente con extender a todas las comunidades autónomas los criterios de las tres mejor gestionadas se ahorrarían 28.900 millones. La cifra, según Díez, sube a 40.000 millones si se eliminan diputaciones y ayuntamientos pequeños.

«Francamente, esa cifra me parece una exageración», contestó ayer Montoro, pero no pudo ofrecer una estimación propia porque su partido no la tiene. Los populares estudiaron el año pasado una reforma administrativa -lo hizo Juan Manuel Moreno, actual secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad-, pero era increíblemente tímida. Sólo se avenía a suprimir las mancomunidades, frenar la proliferación de municipios y fusionarlos donde se pudiera, pero salvaba las diputaciones provinciales a toda costa.

No es difícil pensar que el propio Rajoy haya impregnado este asunto con su proverbial relativismo galaico, ya que cualquier reforma sorprendería al PP con un poder territorial sin precedentes y reducirlo significa remover a fieles del partido.

Hay un cálculo que me parece más realista que el de UPyD y es el que ha efectuado Josep Prats en su libro No sólo se indignen (Ed. Plataforma Actual). En él propone ahorrar 5.000 millones al año eliminando las diputaciones provinciales, reagrupando los casi 7.000 municipios de menos de 10.000 habitantes y suprimiendo el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado y el Senado. Esto permitiría eliminar 500 políticos de primera categoría, un millar de segunda (diputados provinciales), 7.000 de tercera (alcaldes) y 50.000 de cuarta (concejales). Muchos de estos últimos no cobran sueldo, porque sus ayuntamientos son muy pequeños, pero reciben dietas y tienen un efecto institucional.

Ese es un coste de la política muy relevante que el PP se empeña en ignorar. Hay quien abriga esperanzas de que después de las elecciones andaluzas, una reforma de este tipo tenga cabida en el plan de Gobierno. Creo que tiene escasísimas posibilidades, pero sería un gesto audaz, a la par que necesario.

john.muller@elmundo.es