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  1. #91
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    Predeterminado El coste de la política que Rajoy no afronta

    Los italianos le llaman «el coste de la política» y es el precio que pagan los contribuyentes por la infinidad de cargos elegidos que administran su país. Aquí no tenemos un concepto tan redondo y, además, solemos discutir de cosas diferentes.

    Rosa Díez le planteó ayer al presidente del Gobierno que «tenemos un Estado inviable e insostenible. Inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el económico». Rajoy le dio la razón en que existen duplicidades y dijo que sobran organismos autónomos y empresas públicas. Pero no pasó de ahí.

    Más tarde, en la interpelación que la líder de UPyD hizo al ministro de Hacienda, se perfilaron mejor las posturas. Mientras Díez habló de un Estado ruinoso por caro e inútil («no es que no lo podamos pagar, es que además no resuelve los problemas de los ciudadanos», dijo) y abogó por refundarlo, Montoro prefirió hablar de corregir el despilfarro y las duplicidades. «Pero no renunciemos al modelo», añadió.

    A diferencia del PSOE, en el que Rubalcaba se mostró a favor de suprimir las diputaciones provinciales durante la campaña electoral, el PP nunca ha querido abordar la cuestión del coste de la política. Un informe de UPyD asegura que simplemente con extender a todas las comunidades autónomas los criterios de las tres mejor gestionadas se ahorrarían 28.900 millones. La cifra, según Díez, sube a 40.000 millones si se eliminan diputaciones y ayuntamientos pequeños.

    «Francamente, esa cifra me parece una exageración», contestó ayer Montoro, pero no pudo ofrecer una estimación propia porque su partido no la tiene. Los populares estudiaron el año pasado una reforma administrativa -lo hizo Juan Manuel Moreno, actual secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad-, pero era increíblemente tímida. Sólo se avenía a suprimir las mancomunidades, frenar la proliferación de municipios y fusionarlos donde se pudiera, pero salvaba las diputaciones provinciales a toda costa.

    No es difícil pensar que el propio Rajoy haya impregnado este asunto con su proverbial relativismo galaico, ya que cualquier reforma sorprendería al PP con un poder territorial sin precedentes y reducirlo significa remover a fieles del partido.

    Hay un cálculo que me parece más realista que el de UPyD y es el que ha efectuado Josep Prats en su libro No sólo se indignen (Ed. Plataforma Actual). En él propone ahorrar 5.000 millones al año eliminando las diputaciones provinciales, reagrupando los casi 7.000 municipios de menos de 10.000 habitantes y suprimiendo el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado y el Senado. Esto permitiría eliminar 500 políticos de primera categoría, un millar de segunda (diputados provinciales), 7.000 de tercera (alcaldes) y 50.000 de cuarta (concejales). Muchos de estos últimos no cobran sueldo, porque sus ayuntamientos son muy pequeños, pero reciben dietas y tienen un efecto institucional.

    Ese es un coste de la política muy relevante que el PP se empeña en ignorar. Hay quien abriga esperanzas de que después de las elecciones andaluzas, una reforma de este tipo tenga cabida en el plan de Gobierno. Creo que tiene escasísimas posibilidades, pero sería un gesto audaz, a la par que necesario.

    john.muller@elmundo.es

  2. #92
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    Predeterminado Grecia, el que no corre , vuela

    «¿Quién va a querer invertir en este país con esta malísima publicidad? Todos los días la prensa dice: '¡Grecia al borde del default, Grecia sale del euro, Grecia deja la UE!'». Michalis Jrisohoidis, el ministro de Protección al Ciudadano (Interior) de Grecia, se enciende al final de una conversación con periodistas europeos. «Haremos las reformas», dice, «pero dudar de ello es atacar los sentimientos de la gente más humilde de este país».

    El ministro no toca de oído. Hace sólo una semana, Jrisohoidis era el titular de la cartera de Desarrollo, Competitividad y Transporte. Es como si en España Mariano Rajoy nombrara ministro de Interior a Luis de Guindos después de poner en marcha las grandes reformas económicas. ¿Quién mejor que el responsable de su diseño para ponerlas en práctica en términos de orden público? Cosas de Grecia.

    La queja del ministro, sin embargo, revela que tras el éxito de la quita de su deuda en manos de la banca el pasado fin de semana, la crisis ha entrado en una nueva fase. Y el supuesto Gobierno tecnocrático de Lucas Papademos, aunque formalmente le queda poca vida porque las elecciones generales se han fijado para abril, es consciente de ello. Sin embargo, la mayoría de sus miembros, que en gran parte son socialistas del anterior Ejecutivo de Papandreu, cree firmemente que tras los comicios continuarán de una u otra forma en el poder.

    Por eso el socialista Jrisohoidis pasa al ataque ante la prensa europea y sugiere que ya es hora de que se empiece a hablar mejor de su país. Mires donde mires, los políticos griegos siempre encuentran una excusa para ponerse los últimos en la lista de los responsables de la situación. Rodoula Zissi, la vicepresidenta socialista del Parlamento, explica sin inmutarse: «Nuestro país no sólo es hoy campo de experimentación y, algunas veces, blanco de ataques especulativos, también somos el campo de batalla del futuro de Europa, un catalizador fundamental de la evolución de nuestro continente. Una barricada, si se quiere, para evitar un efecto dominó en la Eurozona». Bonitas palabras que encierran una velada advertencia.

    El conservador Stavros Dimas, ministro de Asuntos Exteriores, también entra en el juego. En su comparecencia ante un grupo de periodistas españoles, franceses y portugueses no ha dejado de comparar a Grecia con España. «Esperamos que baje nuestro desempleo, que es muy similar al de España», dice y, a continuación, agrega que «hoy en Bruselas [por la reunión del Eurogrupo] se habla de la reestructuración griega y del déficit presupuestario español».

    Su estrategia es demasiado evidente. El Gobierno griego sigue haciendo valer la capacidad vírica de su crisis para obtener cualquier contrapartida. El lunes la puso en práctica en todos los frentes esperanzado de que la decisión de Rajoy de cambiar el objetivo de déficit español al 5,8% en 2012 le permitiera abandonar el ranking de las malas noticias económicas. Aquí ya se sabe, el que no corre, vuela.

    john.muller@elmundo.es

  3. #93
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    Predeterminado EEUU Ya somos como Europa

    Mientras desde el Viejo Continente nos llegan noticias cada vez peores, son muchos los que han empezado a preguntarse cuánto tardará nuestro Estado de Bienestar en poner rumbo al despeñadero. La mala noticia ya está aquí: puede que ya estemos en la senda.

    Este año –ya son cuatro los ejercicios consecutivos en que hemos pedido prestado más de un billón de dólares para sostener el Estado–, el déficit presupuestario superará los 1,3 billones de dólares, el 8,7% del PIB. Si cree que eso suena mal, es porque es malo. De hecho, solo dos países europeos, Grecia e Irlanda, tienen un déficit superior.

    En cuanto a nuestra deuda, supera los 15,3 billones de dólares, equivalente al 102% del PIB. Solamente cuatro países europeos tienen deudas superiores: Grecia, Irlanda, Portugal e Italia. Esto quiere decir que nuestro Gobierno es fiscalmente menos responsable que los de países como Francia, Bélgica o España.

    Si las cosas están mal ahora, en el futuro pueden estar aún peor. Si a la deuda oficial añadimos las obligaciones de pago de la Seguridad Social y Medicare en concepto de pensiones y demás, en realidad debemos entre 72 y 137 billones (la primera cifra tiene en cuenta el ahorro en el Medicare que según el Gobierno podría suponer el Obamacare). O sea, entre un 480 y un estupefaciente 911% del PIB. Aplicando los mismos baremos, la nación más endeudada de Europa es Grecia, que debería el 875% del PIB. O sea, sí, menos que nosotros. Francia, el segundo peor país europeo en esta lista, debe sólo el 549% del PIB. Incluso en el escenario más optimista, EEUU debe más que paradigmas de la irresponsabilidad fiscal como Irlanda, Italia, Portugal y España.

    Hasta ahora hemos podido evitar las consecuencias de nuestro gasto exorbitante porque las muy publicitadas turbulencias europeas han contribuido a que aparezcamos como un refugio seguro para los inversores. En comparación con el euro, el dólar parece más seguro, lo cual significa que aún hay gente dispuesta a prestarnos dinero a tasas absurdamente bajas. Pero este estado de cosas no durará para siempre. De hecho, ya hay siete países europeos, entre los que se cuentan Alemania y Suecia, con mejores calificaciones crediticias que la nuestra.

    Tal vez podamos obtener algún consuelo del hecho de que nuestro Estado de Bienestar aún no es tan grande como el europeo. Pero la palabra clave aquí es aún. Hoy en día, el Gobierno federal gasta más del 24% del PIB. Añada el gasto de todas las demás administraciones y verá que el Estado consume más del 43% de todo lo que produce el país. Una cifra altísima, sí, pero aún es inferior a la europea, donde el promedio está por encima del 50% del PIB. Ahora bien, la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que el gasto del Gobierno federal supere el 42% del PIB allá por el 2050. El gasto público total excederá el 59% del PIB, según ese cálculo.

    A modo de comparación, hoy en día Irlanda es el único país de Europa con un Estado más grande de lo que sería el de EEUU en 2050. Para entonces podríamos tener un Estado mayor que el de paradigmas del asistencialismo como Dinamarca o Suecia.

    Llegados a ese punto, ¿dejará EEUU de ser EEUU?

    ¿Puede nuestra economía sobrevivir a la carga de gasto público, impuestos y deuda que soporta?

    En pleno desastre, el presidente Obama acaba de presentar un presupuesto que rechaza explícitamente la "austeridad", rehúye cualquier reforma del Medicare o de la Seguridad Social y añade otros 7 billones de dólares a la deuda nacional para los próximos 10 años.

    ¿Y los republicanos? Están muy ocupados discutiendo las ventajas y desventajas del control de natalidad...



    © El Cato

    MICHAEL D. TANNER, director del Proyecto del Cato Institute para la Privatización de la Seguridad Social. En LD

  4. #94
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    Predeterminado La austeridad, para el sector privado

    Tres meses después de aquel aciago Consejo de Ministros del 30 de diciembre en el que se aprobó una de las mayores subidas de impuestos de nuestra historia y un exiguo recorte del gasto de 8.900 millones de euros, la presentación del presupuesto más austero y audaz de nuestra historia apenas ha supuesto una mera apostilla de lo aprobado en aquel entonces. Al cabo, el recorte efectivo del gasto sólo ha crecido en la nimiedad de 4.000 millones de euros hasta los 12.900 (un 9,5% del gasto total que maneja la administración central); para este dominguero viaje desde luego no hacía falta acumular tantas alforjas durante el trimestre anterior a las elecciones andaluzas. El resto del ajuste, hasta alcanzar los 27.000 millones anunciados, proviene en realidad de una doble vuelta de tuerca: una, a las empresas y ciudadanos; otra, a las autonomías.

    En cuanto a la primera, visto lo visto, la subida del Impuesto de Sociedades podrá ser cualquier cosa menos una sorpresa. Desde el momento en el que el Partido Popular de Rajoy dejó de ser para siempre el partido defensor de la fiscalidad moderada, lo único que cabía esperar de su Gobierno es que se siguiera exprimiendo a los ciudadanos honrados generadores de riqueza. En diciembre fue a las personas físicas y autónomos, ahora toca a las grandes y pequeñas empresas (sí, también a las pequeñas, pues la subida les afectará a menos que aumenten su plantilla, cosa que no harán demasiadas). Así, confía el Gobierno en arrebatarles a particulares y empresas cerca de 9.500 millones de euros (luego se les llenará la boca diciendo que trabajan para que las pymes no se vean ahogadas por la falta de liquidez), a lo que habría que añadir los 2.500 millones obtenidos merced a la repatriación de capitales derivada de la amnistía fiscal. En total, unos 12.300 millones de euros que tras la merma recaudatoria propia de la recesión esperan que se queden en 10.000.

    En cuanto a la segunda vuelta de tuerca, todo apunta a que el Gobierno reducirá las transferencias a las autonomías en cerca de 5.000 millones de euros, lo que elevará el ajuste a acometer por estas administraciones hasta los 20.000 millones. Nada imposible de lograr, ciertamente, en tanto en cuanto manejan un presupuesto de 170.000 millones, pero que en todo caso sí requerirá de una intensa reforma de la legislación básica estatal en materia de cartera de servicios públicos: si esto no se hace, el recorte autonómico quedará en agua de borrajas. Eso sí, dado que es dudoso que la mayoría de virreyes autonómicos quieran acometer el 100% del ajuste por el lado del gasto, esperen en esta sede un nuevo aumento de tributos que muy previsiblemente pasará por copagos de todo tipo.

    En total, pues, el Gobierno del PP pronostica un ajuste cifrado en algo más de 45.000 millones de euros; presuntamente suficiente para pasar de un déficit del 8,5% (91.000 millones) a uno del 5,3% (56.000 millones). Ahora bien, una cosa es la fría contabilidad pública y otra muy distinta la cruenta realidad económica. A poco que fallen las estimaciones, y fallarán, no alcanzaremos el ajuste esperado ni, claro está, el objetivo de déficit. [B]Si la recesión hunde la recaudación tributaria más de lo esperado –algo nada descartable en virtud del efecto depresivo propio de las subidas de impuestos– y si las autonomías no cumplen escrupulosamente sus compromisos –algo que jamás han hecho– nos quedaremos a una distancia considerable del 5,3% (olvidémonos ya del 4,4% al que nos habíamos comprometido en un primer momento). [/B]Habría sido necesario un ajuste mucho más enérgico y decidido de los gastos públicos por parte del Ejecutivo central: aquí pueden encontrar algunas ideas para recortar no ya 13.000 millones sino casi 33.000. Por ejemplo, sigo sin entender cómo es posible que las políticas activas de empleo, monumento a la inutilidad donde los haya, sólo sufran un recorte de 1.500 millones de euros sobre 7.500 millones: esa diferencia de 6.000 millones nos habría permitido ahorrarnos la subida sobre la Renta o sobre Sociedades. Pero ya se sabe, el PP abrazó hace tres meses el modelo de Estado mastodóntico sufragado por una sociedad civil raquítica.

    Y al final, ése es justamente el problema: desde el momento en el que el Partido Popular decidió no reformar en lo sustancial el modelo de Estado que padecemos –transformación del Estado de Bienestar en una sociedad del bienestar sin Estado, con la correspondiente reducción del personal y de las subvenciones públicas–, la minoración de nuestro colosal déficit estructural ha pasado a depender de que la recaudación tributaria –hundida con el pinchazo de la burbuja– vuelva a remontar con fuerza, ya sea gracias a una recuperación económica que no se avista o, como ha optado el PP hasta la fecha, a través de un mayor estrangulamiento de las clases productivas de la sociedad. Pero ni siquiera así podemos estar seguros de que el déficit terminará reduciéndose de verdad: querer mantener un modelo de Estado hipertrofiado a través de meterles la mano en la cartera a los pocos ciudadanos y empresas que siguen generando riqueza suele ser una estrategia condenada al fracaso.

    Juan Ramón Rallo, en LD

  5. #95
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    Predeterminado Una moneda al aire

    Qué pocas migas le quedan ya en la bolsa al Gobierno para seguir echándoselas al Monstruo de la Confianza, bicho de dos cabezas -una con cara de mercados y otra con cara de Bruselas- que devora todo lo que se le pone por delante. Las medidas anunciadas el viernes dentro de unos Presupuestos Generales del Estado que, de momento, sorprenden por su dureza, pero que acabarán dando miedo cuando notemos en carne propia las consecuencias prácticas de su aplicación, agotan prácticamente el margen de maniobra del equipo de Rajoy.

    Ya no puede recortar más gastos en la Administración central del Estado ni anular más subvenciones ni renunciar a más compromisos, so pena de hundir definitivamente la agónica economía del país. Ahora sólo le queda, nos queda a todos, esperar.

    Esperar a que ese temido hundimiento final que se augura desde la izquierda no se produzca y que lo que el Gobierno cuenta con ingresar con medidas como la reducción de las bonificaciones en el Impuesto de Sociedades acabe sumando de verdad los soñados miles de millones de euros que el ministro de Hacienda ha apuntado ya en la columna del haber de los Presupuestos para 2012.

    Pero, aunque ese dinero de la recaudación procedente de la repatriación de beneficios por parte de las empresas sea de momento tan sólo una previsión, es más firme y segura que la que el propio Gobierno hace depender de la voluntad de los especialistas en la evasión de capitales. O sea, y aunque no se le pueda dar ese nombre porque la ley prohibe una práctica de esa naturaleza, de la amnistía fiscal que Cristóbal Montoro anunció anteayer.

    La cosa consiste en ponerles a los evasores un caramelo a la puerta de la casa de todos para ver si se animan a traerse a España el dinero que han estado escondiendo al fisco durante años y por cuya tenencia no han pagado ni un céntimo hasta ahora en nuestro país.

    Nada menos que 40.000 millones de euros calcula el Gobierno que duermen en paraísos fiscales o en lugares ocultos del territorio nacional. Así que, con la vista clavada en ellos y acuciado por la indigencia, el Ejecutivo se ha visto en la vergonzante tesitura de asumir una medida contra la que la cúpula del PP ha estado clamando hasta hace nada. Pero no sólo el PP.

    Todo español que cotice por los infinitos conceptos por los cuales las haciendas públicas le sacan el dinero se siente burlado cada vez que los responsables políticos del país anuncian que van a poner una alfombra y a recibir con música y palmas a quienes, habiendo tenido la inmensa ventaja de amasar miles de millones y la inmensa desvergüenza de ponerlos a salvo de sus obligaciones tributarias, ahora pueden aprovecharse de todas las ventajas legalmente posibles para que nos hagan el favor de traer de regreso su dinero a España.

    «Hay que hacer lo que hay que hacer», decía Montoro el viernes con gesto casi desesperado, «porque hay que ingresar sin subir los impuestos indirectos». Y de esa manera el ministro de Hacienda trataba de encajar en el ánimo de los cotizantes el hecho insultante de que el Estado ofrezca blanquear dinero a los defraudadores por el módico precio de un 10% si se trata de rentas de patrimonio, o incluso del 8% si hablamos de rentas de capital. Son 2.500 millones los que se han contabilizado por este concepto blanqueador por el que el Estado espera, sueña más bien, con hacer de perista del dinero negro y comprarlo a precio de oro.

    No es el ministro Montoro el primero que lo ha hecho. Ya le precedieron en este tipo de medidas los ministros socialistas Miguel Boyer y Carlos Solchaga, también en situaciones difíciles para nuestra economía, aunque no tanto como las que sufrimos ahora. Y no es él tampoco el primero al que, sin duda, se le han atragantado las palabras intentando justificar el hecho crudísimo de que, por dinero, se pueden cometer grandes atropellos nacionales.

    Pero la pretendida justificación de la dramática y urgente necesidad de recaudar no está sólo en que el Gobierno espera que los defraudadores decidan reconvertir sus billetes de B en A por el módico precio de un impuesto ridículo. Es que espera también que, con una oferta tan tentadora, ese dinero, -al menos 30.000 de los 40.000 millones que se estima que se ocultan a Hacienda- sea aflorado en España, se quede aquí una vez blanqueado y sirva después para ayudar a reactivar nuestra economía. Y algo más aún: que, una vez aquí y habiendo disfrutado de entrada del privilegio de la exención tributaria, pase a continuación al flujo normal de la economía nacional y empiece a cotizar de ahí en adelante como todo hijo de vecino. O casi.

    El ministro de Hacienda se está viendo obligado a hacer todo aquello que detesta hacer, todo lo que nunca habría querido hacer y que destroza como una bala dum-dum sus más íntimas convicciones. Pero eso mismo les pasó a los anteriores gobernantes y hay que ver cómo se le afeó y reprochó al presidente Zapatero aquellas medidas, las bautizadas como «las del 10 de mayo», en las que la ideología del presidente se desintegró ante las exigencias del mismo monstruo que ahora acecha a Rajoy y a los suyos, el de las dos cabezas, una con cara de Bruselas y la otra con cara de mercado. Quizá Zapatero esté sonriendo ahora con nostalgia y amargura mientras contempla cómo el nuevo ministro de Hacienda se parapeta detrás de sus gafas mientras trata de apuntalar su descarnada argumentación.

    Pero es que todo esto tiene una pega. Y es que esa cuenta, la que resulta de contar los ingresos que va a reportar la aplicación de la amnistía fiscal, ni siquiera está asegurada. Porque el esperado movimiento de blanqueo es voluntario, dado que los millones evadidos no están de momento detectados. De modo que el Gobierno no puede hacer otra cosa que esperar a ver si el cebo que les ha puesto resulta lo bastante atractivo a esos esquivos euros como para que les interese legalizarse en momentos tan inciertos.

    Al final, resulta ser una moneda lanzada al aire que el Gobierno ha dado por supuesto que caerá de cara y, por eso, ya la ha incluido en la contabilidad nacional como ingreso seguro. Y puede que no lo sea. Sin embargo, más nos vale que las previsiones gubernamentales se cumplan milimétricamente, porque ya no quedan en la bolsa más migas que sacar para saciar a una Europa que exige resultados. Y que los quiere aquí y ahora. O nos comerá vivos.

    victoria.prego@elmundo.es

  6. #96
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    Predeterminado Cristina Berechet: "Nuestro Estado sale muy caro"

    Diego Sánchez de la Cruz-LD 2012-05-13

    La economista Cristina Berechet coordina los trabajos de investigación del think tank Civismo. Durante los seis últimos años, Berechet ha realizado numerosas investigaciones sobre el Día de la Liberación Fiscal en España, completando el estudio a nivel nacional y autonómico, así como una calculadora personal de impuestos. En una entrevista para Libre Mercado explica la realidad de la presión tributaria en nuestro país.

    Pregunta (P): Según el informe del Día de la Liberación Fiscal para 2012, los contribuyentes españoles trabajan 124 días para cumplir con Hacienda. ¿Cómo se distribuye esta carga entre las diferentes figuras fiscales?

    Respuesta (R): El trabajador que gane un sueldo medio de 24.400 euros estaría destinando alrededor de dos meses (54 días) al pago del impuesto sobre la renta, otro mes más (27 días) al IVA y 23 días a la parte de la Seguridad Social que sale del salario bruto del empleado. También trabajaría 13 días para los impuestos especiales que gravan el consumo de alcohol, tabaco, electricidad o la gasolina y otros 7 días para otros impuestos, principalmente los municipales: sobre bienes inmuebles y el impuesto de circulación. En total 8.261 euros se destinan a pagar a la Administración.

    P: Rara vez se hace una defensa de la competencia fiscal, pero su estudio apuesta precisamente por estimular esa dinámica entre las Comunidades Autónomas españolas.

    R: La competencia fiscal entre los diferentes países del mundo es clave para restringir el tamaño del Estado, generar más libertad para los ciudadanos, crear un entorno favorable al emprendimiento, fomentar la iniciativa privada, y en definitiva, generar mayor prosperidad.

    Los think tanks liberales de todo el mundo, entre ellos Cato Institute, defienden la competencia fiscal e incluso la introducción del tipo impositivo único (flat tax). Si un país desarrollado quiere volver a las sendas de crecimiento, retener el capital y el know-how de sus trabajadores es necesario que revise su política fiscal, bajando los tipos impositivos, de modo que sea competitivo a nivel internacional.

    Como think tank liberal, desde Civismo defendemos la competencia fiscal entre las Comunidades Autónomas con el fin de que la bajada de los impuestos se traduzca en una gestión más eficiente del sector público y un mayor nivel de libertad para los contribuyentes de todas las regiones.

    P: El cálculo inicial de la Liberación Fiscal excluye las cotizaciones sociales, pero el estudio sí ha calculado su impacto en la presión tributaria.

    R: Las cotizaciones a la Seguridad Social que paga el empresario para cada uno de los trabajadores no se computan a la hora de calcular el día de la Liberación Fiscal del contribuyente medio, pero sí están incluidas las cotizaciones por parte del trabajador. No obstante, es también el trabajador el que finalmente soporta si no toda por lo menos parte de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

    En la web, cada trabajador puede calcular, además del día en el que deja de pagar impuestos, las cotizaciones a la Seguridad Social que paga el empresario y la fecha global del día de la liberación fiscal que incluye dichas cotizaciones. De este modo, el contribuyente medio estaría trabajando para el Estado hasta el 28 de junio, casi medio año.

    P: ¿Qué ocurre en el resto de países europeos en cuanto a la carga fiscal sobre las rentas salariales? ¿Estamos mejor o peor que nuestros socios?

    R: Si comparamos la carga fiscal sobre el salario medio de otros países, los españoles pagamos 5 puntos más que la media de la OCDE, pero 1,6 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. No obstante, aunque el Estado nos retiene un porcentaje parecido a la media europea de nuestro sueldo, el salario del trabajador español está por debajo de la media; por tanto, con el mismo nivel de renta, pagamos más impuestos que el promedio europeo.

    En otros países, incluso con prestaciones sociales elevadas como Canadá, el trabajador medio tiene una carga fiscal 9 puntos inferior a la española. Por tanto, no por pagar más impuestos recibimos más o mejores servicios.

    P: Los informes sobre Libertad Económica en España subrayan la fortaleza de Navarra o el País Vasco. En el caso del Día de la Liberación Fiscal ambas regiones salen muy bien paradas. ¿Deberíamos extender el concierto económico al resto de España?

    R: Navarra y País Vasco han sabido aprovechar el concierto económico para dar más libertad a sus ciudadanos, a través de un menor gravamen sobre las rentas de trabajo, pero también, en el caso de Navarra, a través de unos impuestos municipales más reducidos.

    Las demás comunidades también tienen libertad de elegir el tipo impositivo que quieren aplicar en la cuota autonómica del impuesto sobre la renta y también libertad en la elección de los impuestos municipales, pero no todos la están explotando para beneficiar al contribuyente. Mientras que Madrid y La Rioja han reducido el impuesto sobre la renta en todos los tramos, Cataluña, Cantabria, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Murcia han aprovechado dicha libertad para subir los tipos impositivos para las rentas más altas.

    P: El movimiento 15-M ha afirmado repetitivamente que los ricos no pagan suficientes impuestos. ¿Qué aporte hacen las rentas altas a la recaudación del IRPF?

    R: El 72% de lo que se recauda en el impuesto de renta lo aportan el 19% de los contribuyentes que cobran más de 30.000. En cambio, los contribuyentes de los tramos de renta más reducidos, que representan el 38% del conjunto de contribuyentes, tan sólo proporcionan el 1,2% de la recaudación del impuesto sobre la renta.

    No es que los ciudadanos no paguemos lo suficiente, es que nuestro Estado sale muy caro. Además, las elevadas tasas de paro hacen que cada vez el número de contribuyentes se reduzca y la presión fiscal sobre las rentas de trabajo aumente para mantener el nivel de recaudación. Especialmente, un menor gravamen sobre el trabajo hace que el mercado laboral funcione mejor, que haya más personas empleadas, un mayor número de contribuyentes y, por tanto, una base tributaria más amplia.

  7. #97
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    Predeterminado ¿Dónde está Draghi?

    Los inversores extranjeros llevan meses huyendo masivamente de la deuda pública española. A un ritmo superior a los 700 millones de euros diarios. Hasta hace una semana la prima de riesgo (la diferencia de tipo de interés respecto a Alemania que debe pagar el estado para colocar sus títulos) registraba esa retirada de los inversores con alzas sostenidas pero no dramáticas. Eso era así porque los bancos españoles compensaban la fuga exterior con compras financiadas con las líneas de liquidez del Banco Central Europeo (BCE). Pero esa bicicleta, endeudarse a bajo interés y comprar deuda a un tipo más alto, tenía límites.

    Los bancos españoles no podían destinar todos los recursos obtenidos en Frankfurt a comprar deuda pública, porque ese no es su negocio natural, pero también porque implicaría una peligrosa concentración de riesgo en un activo bajo sospecha, que puede perder valor en el mercado, justo lo que está sucediendo estos días, y les podría perforar aún más sus balances.

    A principios de este mes, algunos analistas calculaban que a las entidades españolas les quedaba munición para seguir haciendo compras de deuda del Estado durante un máximo de 50 días. En teoría, aún estamos dentro de ese plazo, pero ¡ay! las sorpresas que da la vida, por el camino se han cruzado la crisis y nacionalización de Bankia y un nuevo decreto del Gobierno, el del viernes pasado, exigiendo a las entidades nuevas dotaciones, que han reducido ese margen y muy probablemente les habrán forzado a ser mucho menos activas en el mercado de deuda.

    Como no hay compradores extranjeros y los que hasta ahora les sustituían ya no tienen fondos o han reducido notablemente sus adquisiciones, hay que pagar más interés para que alguien se queda con los bonos. Y en esas estamos, prima disparada y tipos en el 6,3% a diez años. Insostenible, como ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos.

    Añádase la desconfianza general hacia la banca española, puesta de manifiesto en la exigencia de auditorías externas de la mano del BCE, y un caos de grado Lehman Brothers en la escala de terremotos financieros por el pánico a la debacle griega, y ya tenemos los componentes que explican la atmósfera de miedo social.

    Todo indica que los últimos movimientos del Gobierno español, con Guindos al frente, la segunda reforma financiera, la defenestración de Rodrigo Rato y la nacionalización de Bankia, formaban parte de un acuerdo implícito con el BCE: reforma financiera y supervisión camuflada de la banca española por el regulador europeo a cambio de más liquidez y un techo para los tipos de interés de la deuda.

    La dirección del banco emisor del euro es asunto complejo. Pese a la igualdad formal de sus consejeros, algunos pesan más que otros, especialmente si son alemanes. Y parece que la resistencia de ese país a una acción decidida del BCE es la principal explicación de su parálisis, especialmente de la ausencia de compras de deuda en los últimos meses. Pero su presidente, el italiano Mario Draghi, vino a Barcelona y pidió decisión y audacia. Por eso, los ciudadanos españoles han visto estupefactos cómo el Estado ha asumido el riesgo del rescate de Bankia, una entidad equivalente al 30% del PIB. Por eso es procedente preguntarse: ¿dónde está ahora Draghi?

    Manel Pérez en La Vanguardia.com

  8. #98
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    Predeterminado El coste de nuestro descrédito

    Prometimos a Europa que nuestro déficit no superaría el 6% al cierre de 2011. Un mes después el agujero alcanzaba el 8%. En abril, el 8,5%. Y hemos acabado mayo confirmando que el desfase llega a los 95.000 millones de euros: el 8,9%.

    Afirmamos ante todos nuestros inversores que los distintos Frob y las fusiones de las cajas eran la solución al entramado financiero porque nuestras entidades estaban mayoritariamente sanas y tan solo necesitaban reagruparse. Y hemos acabado nacionalizando ocho fusiones de 15 cajas, tras descubrir que las uniones se realizaban con criterios políticos, sin la precisa información y que las auditoras ya no pasaban por el aro.

    Y ofrecimos a medio mundo la garantía de nuestro supervisor financiero, para acabar descubriendo que ni el control de activos inmobiliarios, ni la supervisión de riesgos del Banco de España merecen el más mínimo crédito internacional. El resultado: una pérdida completa de credibilidad que ha disparado nuestro coste de financiación y la prima de riesgo hasta superar los 500 puntos básicos, y que ha puesto al país, de nuevo, al borde de la ayuda internacional.

    Pero, ¿es eso lo peor? En absoluto. Porque mientras Bruselas tiene claro que no puede permitir la caída de España, nadie se percata de que los verdaderos pagadores del encarecimiento de los costes de financiación -empresas e inversores particulares- siguen viendo caer su crédito a ritmos del 3,6% anual y han empezado a optar ya por salir de España. Por eso la tenencia de deuda pública española en manos extranjeras se ha desplomado desde los 286.000 millones de euros (el 52% del total) hasta los 219.000 (el 37%). Por eso el saldo deudor de nuestra banca con el resto de las entidades europeas ha pasado de 43.000 millones a más de 300.000, como destaca el economista Juan Ramón Rallo. Y por eso el índice de confianza de los consumidores se hunde a ritmo del 28,6% y el de la industria al 17,5%.

    Porque mientras los gobiernos pueden negociar en Europa soluciones políticas a sus desastres, los particulares se tienen que contentar con intentar sobrevivir sin posibilidad de acceder a financiación.

    Por eso es decisivo que no haya ni una sola muestra más de falta de credibilidad. Por eso es necesario que las autonomías cumplan lo pactado a rajatabla. Y por eso es exigible que, tanto en la banca como en las cuentas regionales, la actuación del Ejecutivo sea contundente. Cada paso en falso se convierte en más impuestos y más paro.


    Carlos Cuesta, en El Mundo

  9. #99
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    Predeterminado Los inversores extranjeros se desacen de nuestra deuda

    La banca nacional tendrá que seguir cubriendo el hueco abierto por los inversores foráneos, que ya han vendido más de 10.000 millones de títulos en el primer trimestre

    Vender España no es fácil. La pérdida de competitividad de la economía en los últimos años, el creciente nivel de deuda pública y la debilidad de la banca dejan un cóctel de regusto amargo y escaso atractivo. Y eso se nota ya en las estadísticas. Según los últimos datos disponibles, las ventas del Tesoro por parte del resto del mundo en el primer trimestre del año se han elevado hasta los 10.000 millones de euros y suponen un eslabón más en la cadena de desinversiones que se inició ya en 2011.

    La huída de inversores extranjeros ha tenido un efecto directo en el equilibrio de financiación del país. Y es que, a medida que los extranjeros se deshacían de los títulos de deuda, el Tesoro aumentaba sus necesidades de financiación (el saldo vivo de la deuda del Tesoro se ha incrementado en algo más de 30.000 millones de euros en lo que llevamos de ejercicio). Como resultado, la cuota de tenencias del llamado sector no residente ha caído a mínimos del año 2000, hasta el 31,3%.

    Los inversores nacionales, en concreto las entidades financieras, han cubierto hasta ahora el hueco creado, si bien las dudas sobre su capacidad para seguir comprando la deuda del Tesoro va en aumento. En plena ola reformista por parte del Gobierno, las entidades financieras deberán poner sobre la mesa 86.000 millones de euros más en provisiones.

    Sin embargo, según los cálculos de Analistas Financieros Internacionales (Afi), considerando la liquidez de que dispone la banca -especialmente a través de su financiación en el Eurosistema- hasta abril, la banca podrá aguantar el tipo. El remanente de liquidez asciende a 85.000 millones, esto es, un importe suficiente como para financiar toda la emisión neta pendiente del Tesoro en 2012, su parte de vencimientos de deuda pública y un 30% de los vencimientos de deuda de los no residentes. Parece que, al menos de momento, hay margen.

    M. Cuesta, en ABC.es

  10. #100
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    Predeterminado La UE prevé que la prima española subirá a 650 si no se sanea la banca

    El equipo técnico de la Comisión Europea alerta en un documento sobre España de que el coste de la deuda pública podría aumentar hasta una rentabilidad del 8% para las emisiones a largo plazo (vencimientos a 10 años o más) y hasta el 6,5% en las letras y bonos con vencimientos a corto plazo. Es un encarecimiento considerable respecto al coste de financiación actual, ya de por sí alto, y que podría situar la prima de riesgo por encima de los 650 puntos teniendo en cuenta la rentabilidad del bono alemán. Éste es el peor escenario que ven los analistas del Directorio General de Asuntos Económicos y Financieros (Ecfin), dirigido por el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Olli Rehn.

    Las estimaciones aparecen en la revisión en profundidad de los desequilibrios macroeconómicos de España y para elaborarlas se tiene en cuenta un escenario base, que es el que contempla la Comisión Europea en sus últimas previsiones macroeconómicas. Esto es, una caída del PIB en España del 1,8% en 2012 y del 0,3% en 2013; un déficit del 6,4% y del 6,3%, respectivamente; y una inflación en la Eurozona del 2,4% este año y del 1,8% el siguiente.

    «La financiación española ha experimentado nuevas tensiones y sus altos tipos de interés junto al rápido aumento del endeudamiento público eleva las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública», sostiene el texto.

    En la hipótesis central, la Comisión Europea prevé que para todo 2012 el coste de financiación del Tesoro se mantenga en los niveles actuales, es decir, alrededor de un 2% de interés para las emisiones con vencimientos a corto plazo y del 6% para la deuda a largo plazo.

    Pero el documento reconoce que las condiciones pueden empeorar si persiste la incertidumbre en el mercado y España no es capaz de hacer frente a los problemas macroeconómicos y del sector financiero. En el escenario «menos desfavorable» se tiene en cuenta que los costes actuales se mantienen no sólo en 2012, sino también el próximo año. La previsión «intermedia» contempla un encarecimiento de la deuda hasta el 7% para las emisiones a largo plazo y al 5% para los instrumentos a corto plazo. Y en la «más desfavorable» la rentabilidad se dispararía hasta el 8% y el 6,5%, respectivamente.

    Para elaborar estas previsiones también se han tenido en cuenta dos alternativas respecto a la evolución del PIB. Una positiva, con un aumento del 1% respecto a las previsiones de la Comisión, y otro negativo, donde la renta nacional caería un 1% adicional a lo previsto. Ya el escenario central deja unas perspectivas muy poco favorables para la tarea del Tesoro, pero la peor de las previsiones sitúa el coste de la financiación en un nivel directamente inasumible para un país que este año y el siguiente tendrá vencimientos de más de 150.000 millones de euros y que deberá añadir al saldo vivo de deuda las nuevas emisiones para recapitalizar el sistema financiero.

    La Comisión no hace ninguna referencia a la posibilidad de que España necesite pedir un rescate si se cumplen estas previsiones tan negativas, e incluso reconoce que aún en el peor de los casos la deuda pública llegaría al 112% en 2020, un nivel bajo en comparación con otros países. Pero sí advierte de que «sin una intervención, el ratio de deuda/PIB no se estabilizará antes de 2020».

    El Gobierno va a utilizar las estimaciones de recapitalización de la banca que hará esta semana el FMI y lo completará con los resultados del análisis que están llevando a cabo las dos consultoras contratadas. A partir de ahí deberá definir una estrategia para inyectar el capital adicional que necesitan los bancos y que según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) será de alrededor de 60.000 millones (incluyendo los 19.000 que necesita Bankia).

    Una fuente comunitaria consultada por este periódico sostiene que si se confirman estas cifras el Gobierno tendrá que recurrir al fondo de rescate y aceptar que la Troika imponga un plan de ajuste económico. «Habrá un debate sobre el cambio de los estatutos del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) para que pueda inyectar capital directamente en la banca sin necesidad de que lo pida el Gobierno, pero esa opción no es viable para España porque el proceso será lento y el Gobierno tiene que actuar de inmediato».

    Javier G. Gallego, en El Mundo

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