Crisis española

[agente t]

Día tras día, el comisario europeo Joaquín Almunia ha comenzado a marcar las condiciones del eurocrédito destinado a rescatar a la banca española. El martes dijo que el tipo de interés que se aplicará a los préstamos a las entidades rondará el 8,5%, una tasa casi prohibitiva que hará que éstas se lo piensen mucho antes de acudir al dinero público para resolver sus problemas.

Ayer añadió que si hay bancos cuyo cierre resulte más rentable que su saneamiento, deberán ser liquidados, siempre que no se trate de organizaciones sistémicas, como es el caso de Bankia, que está en vías de nacionalización. Y precisó que, según las intenciones de las autoridades españolas, una de las tres entidades actualmente nacionalizadas (Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia) «está encaminada a la liquidación».

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, desmintió que el Gobierno español tenga esa intención y dijo que la liquidación «no es una hipótesis probable». Otro portavoz gubernamental salió más tarde para recalcar enfáticamente lo mismo.

No se entiende el empeño del Gobierno por desvirtuar una de las soluciones más lógicas posibles para el sector financiero. Lo único que justifica la intervención del Estado para rescatar al sector financiero en vez de salvar a otros sectores de la economía es el carácter sistémico de algunas entidades. Pero no todas lo son. ¿Por qué ha de salvarse a Novagalicia Banco y no a cualquier factoría, comercio o empresa que haya cerrado en Vigo o Pontevedra?

O el Ministerio de Economía asume de antemano que todos los bancos son sistémicos (que no lo son) o está evitando aplicar las soluciones que señala el mercado que suelen ser las más eficaces y baratas para el contribuyente.

Que Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia sean los tres bancos que tras todo el proceso de fusiones han quedado en manos del Estado es un indicador que no se puede despreciar. La selección natural y sus propios errores, filias y fobias, las han conducido a esa situación. Por tamaño y por la gravedad de los problemas que arrastra, Banco de Valencia, con 12.000 millones de euros en depósitos, podría ser perfectamente objeto de liquidación. La entidad quedó devastada por la actuación de Domingo Parra y Aurelio Izquierdo. En Valencia se cuentan historias truculentas de la etapa de Parra y, en el informe que el Frob ha remitido a la Audiencia Nacional, el organismo ha apreciado indicios de delito en la actuación de los gestores.

Pero el Gobierno no debería negarse a estudiar la factibilidad de liquidar Novagalicia y Catalunya Banc. Sería una mínima concesión al libre mercado en un sector extremadamente regulado y, a veces, chapuceramente intervenido.

john.muller@elmundo.es

[agente t]

El mercado podría exigir a Cataluña más del 11% por comprar su deuda a dos años

El ataque de los mercados a la deuda española no ha podido llegar en peor momento para el país, que se enfrenta a dos meses clave para la financiación de su Administración central y autonómica. La situación es especialmente delicada para algunos gobiernos autónomos que habían contado con que el Estado central saldría en junio a su auxilio con los llamados hispabonos para hacer frente a los cerca de 9.000 millones de euros de vencimientos que, en conjunto, tienen que devolver las autonomías este mes.

Las duras condiciones que los mercados están exigiendo a España a cambio de comprar su deuda soberana y las fuertes rebajas de calificación que el país ha sufrido en las últimas semanas amenazan con echar por tierra de forma definitiva este proyecto que el Ejecutivo catalán pidió al Gobierno en febrero y después, el ministro de Economía, Luis de Guindos, comenzó a preparar con el objetivo de ahorrar más de 1.000 millones de euros al año en intereses de deuda autonómica.

La rebaja anunciada por Moody's el miércoles por la noche a la deuda española, a la que colocó al borde del bono basura, permite augurar que la agencia de rating penalizará también a todas las comunidades autónomas en los próximos días. Teniendo en cuenta que Valencia, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia ya son activos de grado especulativo (nombre oficial con el que las agencias se refieren a los bonos de alto riesgo que son popularmente conocidos como bonos basura), una nueva rebaja de calificación convertirá en casi imprescindible el rescate del Gobierno a estas comunidades.

El problema es que el Estado central se encuentra a un paso de ese grado especulativo y con la prima de riesgo en máximos históricos de 543 puntos también tiene serios problemas para encontrar financiación en los mercados, como ya ha reconocido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro.

Las últimas emisiones de deuda a corto plazo de Cataluña tuvieron un sobrecoste de 500 puntos sobre los intereses ofrecidos por el Estado central a los inversores. Esto significa que si ayer el bono español a dos años cerró al 4,98%, el mercado podría exigir ahora, siguiendo esa regla, más del 11% a la Generalitat a cambio de concederle financiación.

Lo mismo ocurre con el resto de autonomías (salvo contadas excepciones, como el País Vasco o Navarra, que tienen un grado de inversión superior al del Estado). En su última prueba ante el mercado, Castilla y León tuvo que ofrecer más de 200 puntos sobre la deuda estatal para colocar sus bonos.

Ante esta situación, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) tuvo que salir en mayo al rescate autonómico con cerca de 5.000 millones de euros en préstamos para cubrir los vencimientos de seis comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Cataluña y Valencia, según publicó este periódico.

El calendario de vencimientos de deuda autonómica no dará tregua hasta finales de año. El próximo trimestre, las autonomías deben devolver 3.474 millones de euros entre bonos y préstamos, mientras que en los últimos tres meses del año se concentrarán más de 12.300 millones de euros en devoluciones autonómicas.

Además de los gobiernos regionales, el Estado español también afronta pagos importantes con sus acreedores en el corto plazo. El próximo 22 de junio, el Tesoro afronta el vencimiento de 9.277 millones de euros en letras, mientras que en el mes de julio en su conjunto tendrá que devolver o renovar emisiones por valor de 19.300 millones de euros. Después, hasta el mes de octubre no tendrá que afrontar volúmenes de esa magnitud.

Gracias a la estrategia seguida a comienzos de año por el organismo que depende del Ministerio de Economía, el Tesoro tiene margen para cumplir con los vencimientos de julio, puesto que, en este momento, lleva captados en el mercado 83.000 millones de euros, de los 160.000 millones que necesita en 2012, según datos facilitados a este periódico por Ahorro Corporación.

A esta deuda habría que sumar los vencimientos que afronta el ICO y el fondo para la financiación de proveedores. Según las pantallas de Bloomberg, el monto que España debe devolver este año alcanza los 92.900 millones de euros.
Y para cumplir con sus compromisos, el Estado tendrá que desembolsar cerca de 30.000 millones de euros en intereses, según se contempla en los Presupuestos, que fueron elaborados con la prima de riesgo en menos de 400 puntos.

Frente a los problemas del sector público para obtener financiación con la que cubrir sus vencimientos, la banca española no cuenta con ese problema, ya que con los préstamos que consiguió en los dos manguerazos de liquidez del BCE (llamados LTRO) logró los recursos necesarios para cubrir todos sus vencimientos hasta final de año.

María Vega, en El Mundo

[agente t]

Quienes seguimos la economía día a día asistimos, llenos de perplejidad, al lamentable espectáculo que está dando el Gobierno. Mientras los mercados muelen a palos a nuestra deuda pública, encareciendo cada vez más la financiación del déficit público y acercándonos progresivamente a ese punto en el cual la carga de la deuda se hará insostenible para nuestro país, nuestro Ejecutivo contempla los acontecimientos paralizado, sin la menor capacidad de reacción. Porque reaccionar no es esperar a que pase la tormenta, como estamos haciendo, o pedir al Banco Central Europeo que intervenga en los mercados, sino tomar las medidas adecuadas para resolver la situación.

La solución, desde luego, no pasa por una unión fiscal y una unión bancaria en la zona euro, como acaba de pedir Rajoy en la reunión del G-20. Ambas pueden ser necesarias para el buen funcionamiento de la Unión Monetaria Europea si consigue superar esta crisis, pero no son la salida para nuestros problemas, que son acuciantes e inmediatos, mientras que la unión monetaria y la unión bancaria son proyectos de larga tramitación porque exigen la modificación de los tratados europeos. La solución tampoco está en tratar de que el rescate de cien mil millones de euros que ha aprobado la Unión Europea para el sistema financiero español sea un dinero que se entregue directamente a los bancos y cajas de ahorros, para que no compute como deuda pública ni los intereses que generen estas ayudas entren a formar parte del déficit presupuestario, porque la crisis fiscal del Reino de España sigue ahí, con o sin rescate. Todo esto no son más que triquiñuelas de cara a la galería para evitar el tener que afrontar el verdadero problema, que no es otro que el deterioro, día a día, de la posición fiscal española.

El Gobierno habló de ajuste presupuestario este año, pero, como la lechera del cuento, confió buena parte de la reducción del déficit público a una amnistía fiscal y a una lucha contra el fraude que no parece estar dando el menor resultado. De hecho, los datos de ejecución presupuestaria hablan de un deterioro constante, no de una corrección del déficit, con lo que la cosa está empeorando. Esta situación exige empezar a actuar rápidamente por el lado del gasto público, con mucha más ambición que la manifestada por un Ministerio de Hacienda que parece estar en Babia, porque, con la que está cayendo, tendría que estar anunciando y ejecutando planes de recorte del gasto público en las autonomías y en los ayuntamientos que permitieran al Estado reducir las transferencias a los mismos y, de esta forma, avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de déficit y hacia una posición fiscal más desahogada y con menos presiones por parte de los mercados. Lo que no podemos hacer es seguir paralizados como hasta ahora por el miedo a un supuesto estallido social, que no me cabe la menor duda de que va a acabar por producirse, pero no por las medidas que pueda tomar el Gobierno, sino porque desde la reforma laboral no ha vuelto a hacer nada para salir de la crisis y los españoles ya se están cansando de sufrir de forma gratuita mientras autonomías y ayuntamientos siguen haciendo de las suyas porque nadie les obliga a hacer otra cosa.

Pedro J. González, en LD

[agente t]

Los ríos de tinta que se han vertido sobre el problema bancario de España, especialmente desde que el Gobierno anunció su intención, finalmente cumplida, de apelar a los instrumentos europeos de apoyo a los países con crisis severas, han dejado en un segundo plano, casi olvidados, los demás asuntos económicos que requieren también soluciones urgentes.

Los lectores deben saber que los problemas financieros no se gestan al margen de la economía real; es decir, del conjunto de los sectores de producción de bienes y servicios. En España, durante la década que precedió a la crisis y, muy especialmente, entre los años 2004 y 2008, auspiciado por el bajo coste de los recursos financieros, se produjo un intenso proceso de inversión cuyo nivel excedió con mucho al ahorro interno del país, acumulándose así un desequilibrio sin precedentes entre estas dos variables macroeconómicas. Por supuesto que buena parte de ese desajuste entre ahorro e inversión vino de la mano de la que acabó siendo una desmesurada expansión inmobiliaria. Pero no se puede olvidar que, de los otros componentes de la inversión, el referido a las infraestructuras estuvo también influido por la desmesura, de manera que se construyeron instalaciones que luego casi nadie ha usado o que, en su explotación, han revelado que la demanda de los servicios a los que se asocian es muy inferior a la que se supuso para ellas. Y tampoco se puede obviar que el componente productivo de la inversión fue mucho más parsimonioso que los dos anteriores, de manera que la expansión de la economía no se vio acompañada, al mismo nivel, por la ampliación de las actividades industriales y de servicios.

Una situación como la que acabo de describir se expresa, desde el punto de vista económico, en dos desequilibrios que son simétricos y equivalentes entre sí. Uno es el que muestra el desfase entre la inversión y el ahorro, de manera que la apelación a la financiación exterior es inevitable. El otro es el que refleja la balanza de pagos entre las necesidades de importación y la capacidad exportadora del país, de modo que es con el ahorro foráneo como se logra sostener el flujo de mercancías y servicios que llega del extranjero. Y ambos señalan no sólo que el país vive por encima de sus posibilidades, sino también que éstas están limitadas por una menguada capacidad competitiva en los mercados internacionales.

Esta conexión entre los ajustes del ahorro con la inversión y de las importaciones con exportaciones es clave para el crecimiento económico. El profesor Anthony P. Thirlwall, de la Universidad de Kent en Canterbury (Reino Unido), ha demostrado que, en efecto, la expansión a largo plazo de cualquier economía nacional se encuentra restringida por el equilibrio entre esas variables, de manera que los desajustes entre ellas acaban reflejándose en las fluctuaciones de la producción y el empleo. [B]La ley fundamental del crecimiento de Thirlwall sitúa así en el sector exterior de la economía la clave para el aumento de su expansión a largo plazo.[/B]

Una aplicación de la ley de Thirlwall a la economía española mediante el análisis de sus funciones de comercio exterior, nos revela que nuestras posibilidades de crecimiento son ahora más limitadas que en el pasado. De esta manera, partiendo de los resultados obtenidos por el Banco de España acerca de los factores que determinan las importaciones y exportaciones se puede comprobar que, si hasta el final de los años noventa, el crecimiento de la economía española compatible con el equilibrio externo superaba ligeramente la media de la economía mundial, actualmente apenas llega al 80 por ciento de ese promedio. Esto significa que, en la pasada década, mientras se acumulaban los desajustes entre la inversión y el ahorro, la economía real, productiva, iba perdiendo capacidad competitiva a pasos agigantados.

La salida de la crisis requiere resolver, por supuesto, los problemas financieros, sobre todo cuando, por la incidencia que sobre ellos tienen las multimillonarias transacciones de los mercados de capitales, se expresan con dramática urgencia. Pero éstos no podrán solventarse si, simultáneamente, la economía real no encuentra la vía para superar la recesión a la que se han visto sometidas sus actividades productivas y su empleo. Y esa vía, como recuerda Thirlwall en sus trabajos, únicamente puede asentarse o bien en la expansión autónoma de algunos sectores de alta productividad –principalmente los industriales– o bien en el aprovechamiento de los mercados internacionales a través de las exportaciones.

En consecuencia, la política económica, más allá del sector bancario y del equilibrio macroeconómico, tiene que adentrarse en el poco conocido terreno de la competitividad microeconómica. Algunos instrumentos generales tienen efectos sensibles en este campo porque afectan a los costes y a la eficiencia de las empresas. Es el caso de la reforma del mercado de trabajo –que, sin negar el avance que supone lo ya aprobado por el Gobierno del PP, puede todavía perfeccionarse si se aborda el problema de la dualidad entre los trabajadores fijos y los temporales– o de la remodelación del sistema energético –cuyas realizaciones son aún incipientes y, por cierto, severamente contestadas por los sindicatos mineros del carbón y los grupos de presión empresariales del sector eléctrico–. Y es el caso también de la política fiscal, pues la configuración de las figuras impositivas tiene efectos relevantes sobre los incentivos al trabajo y a la inversión.

Los pasos dados por el Gobierno en este terreno han sido, no sólo insuficientes, sino equivocados. España necesita una reforma fiscal que, de forma simultánea, atienda a los objetivos de ampliar la base de exacción de la carga tributaria y de incentivar la inversión y el empleo de la mano de obra no utilizada.

El primero de esos objetivos atiende al desequilibrio entre los ingresos que proporcionan los impuestos y los gastos de las Administraciones Públicas. El problema se puede resumir de la siguiente manera: la recaudación de impuestos proporciona una cifra de ingresos que equivale más o menos al 35 por ciento del PIB; pero el gasto de las Administraciones Públicas es diez puntos porcentuales mayor que esa cifra; por tanto, más allá de los ajustes que proporcione el recorte del gasto público, se necesita ampliar la base fiscal y, para ello, no sirve tratar de exprimir aún más a los aproximadamente ocho millones de contribuyentes cuyas rentas oscilan entre 30.000 y 100.000 euros anuales, porque están exhaustos, como muestra el fracaso de la última elevación de los tipos en el IRPF. La ampliación de la base fiscal tiene que venir de la mano de los grupos que actualmente contribuyen muy por debajo de su participación en la renta –empresarios y autónomos– y de los trabajadores de menor nivel retributivo. Por ello, parece inevitable aumentar la potencia recaudadora del IVA por una doble vía: por una parte, mediante la elevación de su tipo general, aproximándolo al promedio de los países europeos; y, por otra, constriñendo el ámbito de los tipos reducidos.

La elevación del IVA, si se quiere atender al segundo de los objetivos antes señalados, tendría que acompañarse por una reducción de las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores, pues no se puede olvidar que España, paradójicamente, es uno de los países europeos en los que la carga fiscal del trabajo es más elevada. Los estudios que se han realizado sobre este asunto concluyen que una operación así puede tener efectos favorables sobre el crecimiento del PIB y el empleo, y sobre la reducción del déficit exterior. Y, por otra parte, sería conveniente una revisión a fondo del impuesto de sociedades orientada tanto a la reducción simultánea de sus tipos impositivos nominales como a la revisión a la baja de la maraña de incentivos fiscales que contiene.

Las reformas laboral, energética y fiscal son urgentes, pero en ellas no se agota el campo de los cambios orientados a la competitividad microeconómica. El Gobierno no debe pararse en ellas, pues la magnitud de los problemas económicos actuales es tan imponente que no queda tiempo para tomar aliento.

Mikel Buesa, en LD

[agente t]

El PSOE perdió el tiempo de partido, el PP ha pasado la prórroga sin convencer a Europa. Y en sólo un verano deberemos marcar todos los penaltis necesarios para salvarnos. Permítanme que emplee el símil para describir nuestra situación tras la reunión europea del jueves y viernes. Porque nada más que eso -que no es poco- hemos conseguido: tiempo. Un tiempo tan precioso como corto para acometer la necesaria reforma de la Administración que acabe con el déficit estructural en España.

Porque ¿acaso alguien ha encontrado en las conclusiones de la reunión europea algún nuevo fondo con el que pagar nuestra deuda? ¿Alguien ha visto alguna partida distinta del mecanismo de rescate, definido hace cinco meses y con el que todo el mercado contaba ya? ¿Alguien ha olido algún mecanismo estable de mutualización de la deuda similar a los eurobonos? Pues si la respuesta es no, ya sabemos dónde estamos: en el mismo sitio pero un mes antes.

Alemania ha aceptado suavizar el impacto visual del rescate bancario -se avalará por el Estado, pero no figurará en el cómputo de deuda pública-; ha accedido a no tener preferencia de cobro en caso de impago de España. Y ha dado el visto bueno a que se permita pedir de tapadillo un rescate global sin la humillación de la petición oficial. Fin.

Y que nadie me malentienda. Lo conseguido no es poco. Al contrario, es más de lo esperable dadas las dudas que despierta nuestra capacidad de pago de una deuda público-privada que se acerca a los 4 billones de euros, y, especialmente, cuando nos ayudan unos países que no están obligados a ello por ningún tratado.

Pero ni jugar al escondite con los rescates, ni disimular en las cuentas las garantías de pago del Estado, ni alterar el orden de cobro de los acreedores en caso de quiebra -momento en el que dudo que nada supusiese un gran alivio-, soluciona nuestro problema: un déficit provocado por el gigantismo de la Administración que amenaza con llevar el déficit español este año por encima del 6%, lejos de las exigencias de Bruselas. Y sobre todo, de la paciencia de Alemania.

Carlos Cuesta, en El Mundo

[agente t]

Rajoy acaba de anunciar una nueva oleada de reformas y ajustes para este verano. De inmediato, surge una contradicción: ¿pero no decía el PP hasta hace dos días que estaba todo hecho, que más no se podía hacer, que el Gobierno había cumplido a pies juntillas todos los deberes y recomendaciones impuestos por Bruselas? ¿En qué quedamos? La realidad, como es habitual, difiere mucho de las manidas y engañosas soflamas políticas. Hasta ahora, Rajoy ha hecho poco para combatir la crisis económica y evitar la quiebra, y lo que ha hecho, al menos en materia fiscal, lo ha hecho mal, rematadamente mal, como la brutal subida de impuestos directos aprobada nada más llegar al poder. De ahí, precisamente, la desconfianza récord que han mostrado los mercados –a los que España sigue pidiendo dinero– hacia la solvencia del país.

Del "no podemos hacer más" al es "preciso adelantar ajustes urgentemente" intermedia, básicamente, un hecho trascendental: la petición del rescate financiero y la pasada cumbre europea en la que los líderes de la zona euro se comprometieron políticamente a apoyar a España e Italia en caso de necesidad a cambio, eso sí, de estrictas condiciones. Lo que aprobará el Gobierno en las próximas semanas serán, precisamente, las exigencias que reclaman los países solventes del norte para prestarnos ayuda y evitar así la temida quiebra. Además, el hecho de cumplir tales recetas permitirá, muy posiblemente, retrasar un año el objetivo de reducir el déficit público al 3% del PIB –hasta 2014–, tal y como prometió la Comisión Europea. En resumen, España acaba de entrar oficialmente en una especie de intervención light que, en el fondo, no se diferencia demasiado de la intervención directa impuesta a Grecia, Irlanda y Portugal. Esto significa que, a partir de ahora, gobiernan nuestros acreedores –los estados que prestan el dinero–, de modo que Rajoy deberá aplicar las políticas económicas y fiscales dictadas desde el exterior.

Este drástico cambio de rumbo es, en el fondo, lo que se ha estado negociando a puerta cerrada durante las últimas semanas en los pasillos y despachos de la burocracia comunitaria. En este sentido, no es casualidad que en los últimos consejos de ministros no se haya aprobado ni una sola medida económica de relieve, ya que esta parálisis gubernativa formaba parte del particular órdago que Rajoy lanzó a Europa –y especialmente a Alemania– a fin de que el BCE interviniera para reducir la prima de riesgo y Berlín aceptara la recapitalización directa de la banca española; como tampoco lo es el hecho de que, una vez arrancada la promesa de recapitalización directa y nueva intervención monetaria –bajada de tipos de interés y, posiblemente, otro manguerazo para la banca o compra de bonos–, el Gobierno se apresure ahora a poner en marcha ajustes que debía haber emprendido desde el minuto uno de su mandato. Ya lo advirtió Merkel: "No habrá ayudas sin contraprestaciones".

Pues bien, bienvenida sea la intervención de España y bienvenida la señora Merkel, pues ésta –la imposición de condiciones–, no el rescate en sí –más deuda para resolver una crisis de deuda–, es la que permitirá abrir una nueva ventana de esperanza. Y es que, evitar la quiebra no dependerá en ningún caso de que los estados europeos, el FMI o el BCE presten al Gobierno español el dinero que ahora le niegan los inversores privados por miedo al impago sino de poner en marcha los mecanismos precisos para liberalizar al máximo la economía y reducir de forma drástica el peso del sector público. La intervención implicará ajustar el Estado del Bienestar –educación, sanidad, desempleo y pensiones–, reducir salarios y empleados públicos, privatizar activos, eliminar empresas estatales y autonómicas, reformas estructurales más profundas y reestructurar el sistema financiero liquidando incluso entidades inviables, entre otras medidas. También implicará más subidas de impuestos, no hay duda, lo cual es negativo, pero en todo caso la clave radica en que al fin se iniciará el necesario ajuste que precisa la sobredimensionada administración pública española.

Desde este punto de vista, la intervención abre un panorama esperanzador. Si Rajoy no ha sido capaz hasta ahora de afrontar la crisis, que vengan otros y lo hagan. La cuestión es hacerlo, de una u otra forma, ya que los españoles han demostrado en múltiples ocasiones que tan sólo precisan del marco institucional adecuado –más libertad y libre mercado– para salir adelante y prosperar. No en vano, España era un país en vías de desarrollo hasta que en 1959, gracias a la apertura exterior, el Gobierno de turno abandonó la autarquía y el socialismo económico, permitiendo así a los españoles alcanzar el top ten de las economías desarrolladas en pocos años. Ahora bien, la intervención en sí no está exenta de riesgos. Todo dependerá de la voluntad política del Ejecutivo: el desastroso ejemplo de Grecia y el exitoso ejemplo de Irlanda son buena prueba de ello.

Manuel Llamas, en LD

[agente t]

El sector público ha incrementado su gasto y su número de funcionarios, sufragando todo con incrementos tributarios y aumentos de deuda.

Antes de la crisis, la Hacienda Pública española tenía una estructura económica y financiera solvente. El gasto se ajustaba a los ingresos e incluso, durante varios años, se alcanzó el superávit presupuestario.

La burbuja provocada por la expansión crediticia y el boom inmobiliario, permitió que el ente público creciera. Y así fue. Sin embargo, la falta de decisión política desde 2007 para hacer los deberes, ha llevado al Estado español al borde de la quiebra.

Ante esta situación desbordada, las primeras medidas de los Ejecutivos han ido encaminadas a aumentar la deuda pública, que ha efectos económicos, supone un impuesto futuro, pero que al no ser efectivo en el presente, no supone un coste electoral excesivo. No obstante, la cada vez más insostenibilidad del mastodóntico Estado, ha disparado la prima de riesgo que los inversores exigen para seguir financiando el despilfarro, por lo que la última solución ha sido la de subir los tributos presentes, esperando una recaudación que nunca acabará de llegar.

Los ingresos que recibía el ente público antes de la crisis no volverán en décadas, por lo que, irremediablemente, el Estado terminará viéndose obligado tarde o temprano a reestructurarse. Y debe hacerlo cuanto antes, sino quiere terminar en una situación de bancarrota.

Daniel Marín Arribas, en La Gaceta,es

[agente t]

«Ii con la cabeza bien alta», ha pedido a sus militantes el presidente Rajoy. Pero se le ha olvidado añadir que ello no impedirá que sus bolsillos queden vacíos pasto del mayor arrebato impositivo observado en España. Porque de tanto «descolocar a la izquierda» -como aseguró el ministro Montoro tras subir el IRPF- a este paso no quedará nadie, ni de derechas, ni de izquierdas, con fuerzas, no sólo para llevar la cabeza alta, sino para soportar los sacrificios.

34.419 millones es el nuevo castigo fiscal que cae sobre los españoles hasta 2015. Un volumen frente al que el Gobierno sólo podrá alegar los 27.000 millones que asume la Administración. Todo ello mientras escuchamos la enésima amenaza no materializada de intervención a unas autonomías cuya estimación de déficit, según Fedea, superará en 8.000 millones la exigencia de no sobrepasar un agujero de 16.000 millones en 2012. Ni Bruselas ni los mercados pidieron esta subida del IVA. El consenso internacional reclamaba elevar el IVA tras retirar la subida del IRPF, hacer un profundo recorte del gasto público y reducir las cotizaciones en proporción suficiente para permitir a las empresas absorber el auge del IVA. Nadie pidió hundir las expectativas laborales bajo una montaña de impuestos al consumo, a las empresas y hasta a las retribuciones en especie.

El presidente ha vuelto a optar por el centro. Quito una paga extra a los funcionarios, pero no echo a los que sobran. Subo los impuestos, pero no recorto la insostenible factura de Sanidad y Educación. Reduzco gasto público central, pero no acabo con el sumidero autonómico. Rebajo el cobro del paro, pero no acorto el plazo que forzaría al parado a coger cualquier empleo. Pero en economía las recetas o triunfan o no. No existe ese pretendido centro político. Y el mediopensionismo no es sinónimo sino de fracaso.

El Gobierno se enfrentará ahora al ataque de la izquierda igual que si hubiese hecho lo que debía. Pero irá perdiendo el convencimiento de sus votantes para combatir el auge de la extrema izquierda entre los descontentos.
Dudo mucho del acierto de esta estrategia. Ni en lo económico. Ni en lo político.

Carlos Cuesta, en El Mundo

[agente t]

Alemania no cede. El BCE no nos da dinero. Los malvados mercados no perdonan. ¿Es que no ven nuestro sacrificio?

Déjenme que responda a esta cansina letanía con un evidente no. Porque nuestro sufrimiento, exactamente igual que a nosotros el suyo, no les importa lo más mínimo. Porque nadie financia a nadie por lástima, sino por el deseo de un beneficio. Y porque resulta patético que nuestro último recurso sea el victimismo argentino.

Nuestro sacrificio, plasmado en una sangría de impuestos de 34.419 millones a una población machacada por el paro, mientras la Administración limita a 27.000 millones su recorte, es nuestro problema. No el del resto. Y lo es porque nuestros gobernantes han convertido en líneas rojas las verdaderas partidas de gasto: el esquema territorial, la invasión política en la economía y el supuesto Estado del Bienestar.

No ha sido Alemania quien ha dotado un fondo de 18.000 millones para las autonomías tras exigir a las regiones un recorte de idéntica cuantía. Ni ha sido Finlandia quien ha decidido mantener la farsa de la sostenibilidad de las pensiones inyectando 6.683 millones procedentes de impuestos para esconder la quiebra del sistema. Ni ha sido el BCE quien ha preferido elevar el pago de intereses en 9.114 millones, antes que amoldar las prestaciones políticas, sanitarias y sociales a la realidad de nuestros recursos.

¿Cómo podemos quejarnos cuando ni un Parlamento ha recortado el número de políticos, cuando no se ha despedido a un funcionario, ni cerrado un aeropuerto, ni una televisión pública, ni el Senado, ni un hospital, ni se han agrupado colegios, ni se han integrado municipios, ni se ha vendido un sólo inmueble público.

Lo nuestro no es un sacrificio. Es una tortura: la que nos hemos impuesto por negarnos a acabar con un Estado plagado de políticos que aseguran que sin su manoseo no tendríamos sanidad ni educación.

No pidamos dinero. Pidamos valor: a nuestros políticos y a nosotros mismos. Valor para construir una sociedad donde el trabajo se premie y la vagancia se castigue. Y si no tenemos valor, al menos dejemos de dar pena llorando en público.

Carlos Cuesta, en El Mundo

[agente t]

Sin asistencia externa, la economía española no podrá hacer frente a la financiación/refinanciación de su endeudamiento público y privado. En este caso, la falta de liquidez del Estado se convertiría en un problema de clara insolvencia cuando se produzcan los grandes vencimientos de deuda pública a final de 2012 y ésta carezca de compradores. Con los mercados cerrados y sin ayuda de la UE, España estaría forzada a realizar una reestructuración de su deuda externa. Ante este panorama, la cuestión central es si esa medida debería adoptarse dentro o fuera de la Unión Monetaria. Guste o no, éste es un escenario que es preciso contemplar aunque las declaraciones de Draghi, cuyo alcance puede ser todo o nada, han desatado la euforia de unos mercados necesitados desesperadamente de alguna buena noticia.

Dentro del euro y sin recursos financieros, la quita de deuda no serviría para nada. La economía española debería emprender un proceso acelerado de deflación interna, caída de precios y salarios, para restaurar su competitividad, recuperar el acceso a los mercados y crecer para generar los ingresos que la permitan pagar a sus acreedores. Esto es imposible o, al menos, improbable. El ajuste a la baja de los costes internos, de producirse, tardaría demasiado tiempo en tener un efecto apreciable sobre la actividad económica. Sin el paraguas de una cobertura financiera externa, España mantendría su dependencia de los mercados para financiarse y no existe motivo alguno para que éstos le presten o renueven sus préstamos. Es más, la quita de deuda eliminaría el débil, por no decir inexistente, apetito de los inversores por los bonos españoles. Así, la reestructuración de deuda sería inútil y habría que plantear otra en breve plazo. Esto reforzaría el cierre de los mercados. La serpiente se muerde la cola en una espiral diabólica.

En este contexto emerge una alternativa terrorífica a priori: reestructurar fuera del euro. El argumento central contra esa opción es que llevaría a la economía española a una posición dramática, con una caída irrecuperable del PIB, con un empobrecimiento brutal de los ciudadanos, con un aumento aún mayor de la prima de riesgo, con el hundimiento del sistema bancario, con el cierre a perpetuidad de los mercados y con el riesgo de desatar una dinámica hiperinflacionaria. La casuística del apocalipsis podría extenderse hasta donde la portentosa imaginación humana tiene capacidad de proyectarse. Esto no quiere decir que la salida del euro o su estallido carezcan de importancia o que sus efectos no sean dolorosos en el corto plazo. Ahora bien, el abandono de la moneda única no tiene porqué ser una tragedia irreparable.

En un reciente trabajo, Manuel Balmaseda traía a colación un estudio del Center for Economic Policy Research en el que se analizaban los resultados de los 13 principales países del mundo que han devaluado sus monedas para salir de la crisis en las últimas dos décadas: Islandia, Argentina, Georgia, Indonesia, Tailandia, Malasia, Corea del Sur, México, Irán, Gran Bretaña, Italia, Finlandia y Suecia. La depreciación de la divisa en esos estados osciló entre un 96% y un 23%, con un valor promedio del 43%. Tres años después del ajuste cambiario, el PIB había superado el valor previo a la devaluación en diez de esas economías, alcanzando un crecimiento medio del 10,3%. Como enseñó Milton Friedman, es más fácil, más rápido y menos doloroso para recuperar la competitividad y el crecimiento modificar un solo precio, el tipo de cambio, que toda la estructura de precios relativos de una economía.

A mayor abundamiento, las rupturas de las uniones monetarias no siempre tienen ni han tenido efectos apocalípticos. En concreto, el abandono del patrón oro en 1931 del Reino Unido y de sus socios comerciales, de Noruega, de Dinamarca, de Suecia y de Finlandia no produjo el hundimiento de sus sistemas de medios de pago ni una hiperinflación, sino la salida de la depresión. Por el contrario, los estados del Bloque del Oro -Francia, Holanda, Bélgica, Italia y Polonia- se instalaron en un ciclo depresivo hasta el colapso final de ese régimen cambiario en 1936. Lo mismo sucedió con las economías latinoamericanas que rompieron su paridad con el dorado metal y dejaron flotar sus divisas. Lograron desvincularse de la Gran Depresión. La clave no es el abandono de una unión monetaria, sino la política que se aplica después de tomar esa decisión.

Desde esa perspectiva, las consecuencias de un abandono del euro por parte de España o, no lo descarten, del estallido de la moneda única tal como la conocemos, dependería de la política desplegada por el Gobierno. Estaría en nuestras manos que esa operación fuese un éxito o un fracaso, pero aportaría dos ventajas frente a la situación actual: primera, podría restablecerse con rapidez la competitividad a través de la depreciación de la nueva peseta y, por tanto, comenzar a crecer; segundo, el Banco de España podría operar como prestamista de última instancia y conjurar tanto posteriores quitas de deuda soberana como el riesgo de una corrida bancaria. En este entorno, España no tendría el riesgo ni de hacer bancarrota ni de introducirse en una depresión de duración imprevisible. Sin duda, el tema es más complicado pero, en términos teóricos, dejar el euro no tiene porqué ser un infierno, salvo que el Gobierno se echase en brazos del populismo. En cualquier caso, la presente situación es insostenible. Esperemos que el mensaje de Draghi signifique la decisión del BCE de estar dispuesto a actuar como la Reserva Federal, lo que implica comprar deuda soberana de los países que han perdido su acceso al mercado.

Lorenzo Bernaldo de Quirós,presidente de Freemarket Corporate Intelligence, en El Mundo