Artículo 2: unidad de España.

[Constitución 1978]

1. PROGRAMA DE RADIO donde se habla de la re-edición del libro "LOS AÑOS MENTIDOS" de Ricardo de la Cierva:

http://archivo.lalinterna.com/index....anos_mentidos/

2. El subtitulo del libro es: "Falsificaciones de la Historia de España en el siglo XX". Es de lectura muy fácil y trata amenamente episodios extraordinarios:
- Voladura del Main, como pretexto para el inicio de la Guerra con EE.UU. en 1898.
- Fracisco Ferrer, la Semana trágica, los atentados contra Alfonso XIII y las virtudes del terrorismo.
- Porqué cayo Alfonso XIII.
- Pablo Iglesias y su amenaza de recurrir al atentado personal si regresaba al poder Maura.
- Intelectuales durante la Segunda República.
- El proceso de Transición a la Democracia.
...
...

3. Para quién quiera comprar el libro, puede hacerlo aquí:
http://www.libreriacastellana45.es/d....asp?cod=50682

4. Para información directa sobre el autor Ricardo de la Cierva y sus libros:
http://www.ricardodelacierva.com/

Gracias a Donibane por su información.

[anibal barca]

a mi parece donibane que centralizar sería un error muy grave que nos traéria de nuevo al célebre "vuelva usted mañana"

la descentralización funciona bien, allí donde se hace bien, y que sirve a un única función, el servicio al ciudadano, no te olvides de ese detalle, que es lo que importa ;el servicio al ciudadano.

por ejemplo en navarra todos los trámites administrativos se resuelven por la admon. foral muy rapidamente, mucho mejor que como ocurría hace años, con la centralización de antaño, la petición de un pequeño pueblo de Huesca de que asfalten un sendero, puede languidecer años, dentro de un montón de folíos, de una funcionaria ubicada en un recóndito despacho del ministerío de fomento en madrid.

además fomentaría más la corrupción, tener un primo de ujier en un ministerío volvería a estar cotizado.

[etrusk]

Abogo por suprimir la letra b) y nos quedará un artículo 2 muy mejorado.

El problema esta en el cumplimiento de las leyes. Delegar todo al papa Noel en el siglo XXI es simplemente ridículo.

En USA eligen no solo al gobernador, a los senadores, a los congresistas, a los alcaldes... también a los jueces del distrito, los jefes de la policía, los jefes de los bomberos, el consejo escolar y ... no pasa nada. Y la policia tambien hay local, del estado, federal, etc. Lo que pasa que el MARCO DE FUNCIONAMIENTO esta bien definido y cumplido a rajatabla.

[agente t]

Una de las grandes dificultades que tiene y tendrá el Gobierno para cumplir con el Pacto de Estabilidad que impone Bruselas –déficit máximo del 3% y deuda del 60% del PIB– será, sin duda, reducir el tamaño presupuestario de las administraciones paralelas. El gasto de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos ha crecido de una forma desaforada durante la última década al calor de la burbuja inmobiliaria y el consiguiente crecimiento económico.

En poco más de dos décadas, comunidades y entes locales han asumido más del 50% del gasto público total. Entre 1998 y 2007, el número de funcionarios ha aumentado un 22% mientras que la población apenas lo ha hecho en un 12,2%. El personal de las comunidades autónomas se ha duplicado y el de los municipios ha crecido casi un 20% durante dicho período. De hecho, pese a la crisis, no han dejado de contratar gente. España cuenta en la actualidad con casi tres millones de funcionarios (uno por cada seis trabajadores en activo), de los que casi el 80% pertenecen a la administración periférica.

Sin embargo, la fiesta se acabó. La crisis ha mermado de forma drástica los ingresos tributarios que con tanta alegría y devoción llenaban las arcas de los entes territoriales y, como resultado, los números rojos hunden ahora sus balances. La deuda autonómica creció un 25,8% interanual en 2009, hasta los 86.280 millones de euros (el 8,2% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica. Por su parte, en el caso de las corporaciones locales ascendió a 34.594 millones (un 9% más), el 3,3% del PIB.

El sector público, al igual que están haciendo familias y empresas, debe ajustarse de un modo draconiano. El problema es que los gobiernos regionales carecen de incentivos para ello. Su estructura institucional y financiera les permite desarrollar una particular política basada en el despilfarro de recursos.

La idea es sencilla: las autonomías gastan lo que no tienen. La autonomía fiscal de las comunidades autónomas no cubre el coste de las competencias asumidas y es el Gobierno central, principal recaudador estatal, el encargado de cubrir la diferencia mediante la mal llamada "solidaridad interterritorial", que no es otra cosa que la redistribución de ingresos entre entes regionales en base a criterios políticos.

Desde 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos. Y ello, pese al compromiso de estabilidad presupuestaria. Así, si bien el pasado otoño se acordó que las comunidades no podían superar un déficit del 2,5% del PIB en 2010, cinco autonomías ya habían traspasado dicho límite apenas tres meses después.

Por ello, es loable el informe elaborado por Fundación Progreso y Democracia sobre el despilfarro de las comunidades autónomas. El estudio, pese a las dificultades técnicas que conlleva la medición de datos no homogéneos, destaca que los contribuyentes se ahorrarían hasta 26.000 millones de euros al año si los gobiernos regionales mejoraran su eficacia y eficiencia administrativa. Es decir, si gastaran mejor el dinero que ingresan vía impuestos y transferencias estatales.

Puesto en perspectiva, esta cifra equivale al 30% del endeudamiento autonómico acumulado hasta 2009. De este modo, si las comunidades dejaran de despilfarrar recursos y duplicar servicios la deuda regional desaparecería en apenas tres años.

Y si bien concuerdo en el resultado, discrepo en la solución. El partido de Rosa Díez aboga por una reforma constitucional para dotar al Gobierno de herramientas eficaces con el fin de controlar el gasto autonómico. Lo siento, pero esto es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Una mayor limitación o supervisión por parte de Moncloa no va a solventar, en ningún caso, este problema estructural. El café para todos debe, simplemente, llegar a su fin.

La única reforma posible consiste en suprimir de la Constitución el concepto de "solidaridad interterritorial" e instaurar el de "responsabilidad fiscal". Esto es, que cada región tan sólo pueda gastar en función de sus ingresos reales, sin necesidad de transferencias centrales. Éste es el único incentivo capaz de apretar el cinturón a los derrochadores autonómicos.

Además, ello animaría a una sana competencia fiscal y al desarrollo de políticas favorables al libre mercado con el fin de captar capital (empresas) y aumentar así sus ingresos tributarios. Y esto, tan sólo en lo que se refiere a la eficiencia estática (mejora de la administración). Tema aparte, mucho más relevante, es el de la eficiencia dinámica, cuyo análisis, sin duda, merece otro apartado.

Por Manuel Llamas es jefe de Economía de Libertad Digital y miembro del Instituto Juan de Mariana.

[agente t]

"La clase política española está dispuesta a hundirnos"

Tras el informe sobre el despilfarro de las CCAA elaborado por UPyD, hemos hablado con sus responsables, Jaime Piniés y Ramón Marcos, que describen una situación económica “en el límite”. “Con esta clase política nos hundimos”, alertan.

C. Jordá-LD

Jaime Piniés y Ramón Marcos han sido los responsables de la elaboración del estudio que ha publicado la Fundación Progreso y Democracia sobre el despilfarro autonómico, que ha puesto sobre la mesa cifras espectaculares: hasta 26.000 millones de euros podrían estar despilfarrando las administraciones autonómicas.

Hemos mantenido una conversación con ellos sobre el contenido del mismo y sobre la situación económica española, que califican de muy grave. Precisamente, en su estudio, Jaime Piniés, que por cierto es columnista de Libertad Digital, y Ramón Marcos señalan por dónde debe empezar la mejora: racionalización de las estructuras y recortes del gasto, pero uno se pregunta si es posible ahorrar, como proponen, 26.000 millones de euros.

La respuesta es contundente: “Se puede ahorrar más”, nos dice Ramón Marcos, “porque la comparación que estamos haciendo es con las tres comunidades más eficientes, pero éstas también hacen algunas cosas mal: también hay duplicidades, redundancias, excesos…“

Piniés refuerza la opinión de su compañero: “Además, hay que tener en cuenta que estamos hablando de las CCAA y no hemos entrado a considerar a los ayuntamientos que, simplemente, por el presupuesto que están manejando hoy en día probablemente podrían aportar una cantidad importante de ahorro". No sólo eso: “Al estado también hay que hincarle el diente porque sabemos que hay muchos gastos que un número importante de españoles consideramos superfluo”.

Sin embargo, no todo es negativo, hay algunos buenos ejemplos que, aunque sean pocos, hay que tener en cuenta. Marcos nos da uno que conoce bien por su labor profesional: “La Seguridad Social con 27.000 empleados gestiona un tercio del presupuesto nacional y en los últimos años, con un millón más de afiliados, no se amplió el personal sino se que redujo”.

Pero no parece que cunda mucho el ejemplo: “En el mismo Ministerio de Trabajo, con el incremento en el desempleo, han pedido más personal y se lo han dado. ¿Era necesario? No, se podía haber hecho con menos, pero como no habían previsto medidas de eficiencia y una adecuada gestión del personal lo han hecho mal”.

Un problema de estructura

Situaciones que se repiten en distintas administraciones con una frecuencia muy superior a lo deseable, aunque el problema es todavía más grave, como apunta Jaime Piniés: “Dentro de lo que es la Administración General del Estado hay que tener en cuenta cómo son algunos de los ministerios creados en los últimos años, que parecen de broma”, citando como ejemplos Igualdad o Vivienda. “Por ahí seguro que habría posibilidades de ahorro”, indica.

Sin embargo, lo importante es recordar que “cuando se da el paso a 17 nuevos gobiernos para hacer lo que se venía haciendo de una forma centralizada hay, lógicamente, 17 veces más posibilidades de despilfarro de las que había”. Esto podría evitarse estableciendo severos controles a la gestión y el gasto autonómico, pero este control “es inexistente en España”.

En los ayuntamientos, el proceso ha sido distinto pero las consecuencias similares, como nos dice Ramón Marcos: “Al albur de la burbuja inmobiliaria se han creado un montón de servicios que no están dentro de sus competencias y que se pensaba que se podrían financiar siempre, pero al estallar la burbuja se encuentran con que no se puede pagar”.

Ahora todos los ayuntamientos piden más dinero: “¿Hay que pagar todos esos gastos, tenemos que sufragarlos entre todos los españoles o habría que suprimirlos porque, en realidad, son cargos de confianza colocados por el partido y que no sirven a los ciudadanos? Eso es lo que hay que estudiar”.

Infidelidad al Estado

Ambos autores reclaman que el Estado pueda supervisar las cuentas de las comunidades, tal y como la Unión Europea está planteando hacer con las de los estados miembros. Sería una medida polémica pero, tal y como apunta Jaime Piniés, “si lo hace la UE cómo no se va a poder hacer aquí. Lo que hace falta es voluntad política y, por supuesto, darle al Estado los mecanismos necesarios”.

Pese a ello, puede que los controles no sean aplicables o no sean suficientes: “Parte del problema deriva de que no se está siendo fiel al Estado. Hay algunas instancias de las CCAA que más que actuar como fieles descentralizadores lo que persiguen es otro objetivo: hundir al Estado”.

Ramón Marcos también lo tiene claro: “Los estados tendrán que entregar a la UE sus presupuestos antes de que lo aprueben sus propios parlamentos para comprobar gastos e ingresos. ¿Y esa competencia no la tiene el Estado respecto a las CCAA? ¿No puede controlar sus ingresos y sus gastos o sus previsiones para ver si son realistas o van a generar más déficit?”

Una situación límite

Las medidas son urgentes porque, según el análisis de UPyD y sus expertos, la situación es realmente grave,. Así, según Piniés, “dentro de poco, si no tenemos cuidado, nos van a controlar el presupuesto. Nos encontramos en una situación económica muy delicada”.

Y el ejemplo está cerca: “Grecia está padeciendo un problema terrible porque no tiene dinero para afrontar pagos de su deuda y, lamentablemente, son muchos los que pronostican problemas similares para ciertos países. Entre ellos, está España como el que peor lo puede tener”. Efectivamente, a este respecto el análisis de los expertos no puede ser más claro.

Para Piniés todavía es posible una solución que llegue de nosotros mismos, interna, española, pero cada vez hay menos tiempo, y “si las reformas nos vienen impuestas serán mucho más traumáticas y duras", alerta.

Marcos también lo ve claro o, mejor dicho, muy oscuro en caso de que “en España no nos pongamos de acuerdo para tomar medidas de verdad, no de maquillaje como el decreto de Zurbano”. Eso sí, tal y como advierte, “estas medidas de verdad exigen liderar un proceso de cambio en el país, hacer que la política sirva para mejorar la vida de los ciudadanos, no para alimentar el propio sistema”.

Soluciones difíciles

Y es que por complejo que sea, “todos ven muy claro el diagnóstico... salvo el Gobierno”. Y las soluciones también están bastante claras, al menos, en el grupo de economía de UPyD: “Hace falta una reforma laboral urgente, y no porque lo digan los 100 economistas más influyentes del país, es que ya lo dice el FMI, el BCE, el Banco de España...”

Además, es necesario atajar el gasto de las Comunidades Autónomas y el Estado: “Es un escándalo tener un déficit como el que estamos manejando”; no sólo eso, “en las administraciones locales también habrá que estudiar la financiación”. Pero, por desgracia, no parece haber muchas esperanzas, según Marcos, “con esta clase política nos hundimos, están dispuestos a hundirnos”.

¿Dónde está la solución entonces? Ésta pasa por "reformas sustanciales que alteren, mediante el voto popular obviamente, el mapa político”. Y es que, mientras “unos lo hacen muy mal” (el Gobierno), “otros tampoco son una solución fiable” (la oposición del PP), asegura.

¿Consciencia o inconsciencia en la ciudadanía?

Ante este panorama cabe preguntarse si los ciudadanos somos conscientes de la que nos puede caer encima. Ramón Marcos cree que todavía no, pero Jaime Piniés sí ve signos de ese despertar: “Se va concienciando en la medida en que ese dinero que tiene el Estado para pagar subsidios se agota y ya hay más de un millón de personas que se han quedado sin ningún tipo de subsidio en España”.

Además, “hay colectivos enteros que ya no tienen recursos y algunos, como los inmigrantes, que están completamente desamparados: ni siquiera tienen el apoyo de la familia y no pueden volver a su país porque, por lo general, está aún peor”.

“Es una situación delicada, en el límite”, apunta Piniés, “y vemos que en este contexto las soluciones del gobierno pasan siempre por más gasto, incluso cuando ya todas las entidades internacionales responsables nos dicen que estamos entrando en un territorio extremadamente peligroso. Los mercados ya están dejando de confiar en España”.

Una situación que, de no cambiar, tendrá serias consecuencias sociales, como nos dice Ramón Marcos: “En los próximos años veremos cómo los servicios públicos van a empezar a cambiar a peor. La sanidad está a punto de estallar, por ejemplo. La reunión entre los consejeros autonómicos y la ministra es porque hay una deuda que no está todavía computada y llegará un momento en el que no se va a poder pagar ¿Qué haremos entonces?”.

Así las cosas, buena parte del problema está en los dos grandes partidos: “El PP y el PSOE están en una dinámica que nos hace mucho daño porque no son capaces de afrontar los problemas, de ponerse delante del toro y cogerlo por los cuernos”.

[Constitución 1978]

No me fio mucho de los partidos y políticos españoles pero, debo reconocer que algunos comienzan a analizar y comentar lo ilógico del Estado Autonómico que está generando 17 mini-naciones (Reinos de Taifas).

Por ello, recomiendo escuchar, más allá de las siglas partidistas, los siguientes links de You Tube:

http://www.youtube.com/view_play_lis...EC4D2213BDCC12

Y, para aquellos que no dispongan de 2 horas, recomiendo especialmente los tres siguientes:

http://www.youtube.com/watch?v=4zbaa...rom=PL&index=3

http://www.youtube.com/watch?v=rAmH4...rom=PL&index=2

http://www.youtube.com/watch?v=2uS80OPJ_jY&NR=1

Antes de opinar hay que informarse con datos sobre el efecto del utópico Estado Autonómico y la vía intervencionista que "guía" la vida de los españoles con la política invadiéndolo todo.

[etrusk]

Viendo los ultimos acontecimientos con el Estatut, TC, TS y Garzon & Co. estoy convencido que lo principal que debemos procurar escribiendo la Constitucion es - procurar a poner frenos a la partitocracia (elecciones unipersonales),
- procurar a separar la justicia de los politicos (elecciones directas de los jueces),
- procurar a delimitar absolutamente inequivoco los limites del poder publico en todos los niveles (via la limitacion de los impuestos, debemos abolir las subvenciones a los partidos politicos, debe aparecer la frase de que los politicos no estan por encima de la ley).

Y nada mas! La Constitucion no debe contener ninguna promesa, ningun estupido "derecho". Por omision los ciudadanos tenemos TODOS los derechos imaginables actuales y futuros (los que permite en codigo civil, etc.). Resumiendo, La Constitucion debe describir solo el esquema de funcionamiento y los limites de los poderes publicos.

La frase "Todos somos iguales ante Dios" ya indica la libertad de expresion, la libertad de asosiacion, igualdad entre hombre y mujer, igualdad entre una region y otra, etc.,etc.,etc.

[agente t]

La crisis y las autonomías

Hay que recortar el gasto público. Así lo dispone Europa, así lo ha aceptado el Gobierno de Zapatero. Sin embargo, son insuficientes los mecanismos jurídicos para obligar a las comunidades autónomas a disminuir el gasto. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participan el Gobierno y los ejecutivos de las comunidades, no es el más adecuado. Pero quien ha de hacer frente a las obligaciones exteriores, quien es responsable ante los demás estados y ante la Unión Europea, es el Estado español y el Gobierno que está a su frente. Este problema, nada menor en estos momentos, permite ver lo errónea que ha sido la política autonómica durante los últimos diez años. Veamos.

Durante veinte años, desde 1980 hasta el año 2000, en España se hizo un enorme esfuerzo de descentralización política. Hay muy pocos precedentes en la historia, si es que hay alguno, de un proceso en el cual se haya pasado con tanta rapidez y eficacia desde un Estado tan hipercentralizado como el español a un Estado compuesto por unos entes territoriales como son las comunidades autónomas dotados con tantas competencias, es decir, con tanto poder político. En dos grandes oleadas, la que empezó durante los años ochenta con los primeros estatutos del más alto nivel competencial y la que transcurrió durante la década de los noventa tras los pactos autonómicos de 1992, España se convirtió en uno de los estados políticamente más descentralizados del mundo, mucho más que algunos denominados federales en sus constituciones.

¿Cuál debía ser el paso siguiente para culminar esta descentralización, esta multiplicación de centros de poder que era el Estado de las autonomías? El siguiente paso consistía en establecer mecanismos de integración, es decir, de participación de las comunidades en la voluntad estatal, de cooperación entre estas comunidades y la Administración del Estado. Aznar ya debía haber empezado a llevarlo a cabo en su segundo mandato, pero se obsesionó en recentralizar el Estado, en fortalecer las instituciones estatales sin la debida integración en su seno de las comunidades autónomas. Integrar no es centralizar, sino ensamblar las distintas piezas de un Estado para que funcionen todas ellas con la máxima eficacia.

En efecto, el principal objetivo de todo Estado es ser eficaz, es decir, cumplir los objetivos que figuran en la Constitución –especialmente la mayor libertad e igualdad de sus ciudadanos, la garantía de sus derechos y deberes– al menor coste posible. En definitiva, respetar al máximo la libertad individual y hacer que esta sea efectiva en la misma medida para todos. Aznar cumplió al acabar la descentralización pero no procedió a la integración. Al contrario, frenó el proceso, no se atrevió a culminarlo. La culminación debía consistir en completar su federalización, en crear los órganos y los mecanismos para perfilar definitivamente el Estado autonómico como Estado federal: un Senado adecuado a tal efecto, procedimientos de cooperación entre instituciones, una conferencia de presidentes, la reforma de las diversas administraciones.

Zapatero accedió a la presidencia del Gobierno con un programa en el que estaban todos estos objetivos. Jordi Sevilla, el ministro de Administraciones Públicas de su primer gabinete, intentó desarrollarlo, pero no pudo, al quedar Zapatero atrapado en el proceso de elaboración del Estatut de Catalunya, que iba en sentido contrario al federalismo. Para configurar una mayoría parlamentaria que le permitiera gobernar, dio su apoyo a los partidos del tripartito catalán comprometidos con el nuevo estatuto y, posteriormente, buscó el apoyo de CiU. Embarcado en esta dinámica –que todavía no ha terminado–, Zapatero olvidó su programa, aprobado en Santillana del Mar en septiembre del 2003, que hubiera completado la construcción del Estado autonómico en un sentido federal. Ahora debe lamentar haber tomado una senda equivocada. Con un diseño federal, con instituciones en las que participaran de forma regular el Estado y las comunidades, la imagen de España estaría más reforzada cara al exterior y el Gobierno más legitimado internamente para introducir las difíciles reformas que ahora se requieren. Para no reducir gasto social, hay que disminuir otros tipos de gasto. Estoy pensando, por ejemplo, en la reforma de las estructuras administrativas, del Estado por supuesto, pero también de las comunidades y, sobre todo, de los municipios.

Las cosas, sin embargo, parecen ir en un sentido contrario. Es el caso de Catalunya. Está a punto de aprobarse la ley de Veguerías, unas nuevas instancias político-administrativas que se añaden a los municipios, las comarcas, las provincias y las comunidades autónomas. Una barbaridad en cualquier caso, pero más todavía en momentos de disminución del gasto público: nuevos cargos, más edificios, aumento de funcionarios.

¿Tiene el Estado instrumentos para realizar una reforma administrativa adecuada a las necesidades actuales? No. Se escogió el camino equivocado de las reformas estatutarias en lugar del que estaba previsto: culminar el Estado de las autonomías como Estado federal. No estamos preparados para hacer frente a la crisis.

Francesc de Carreras, hoy en La Vanguardia