La reforma laboral aprobada el viernes por el Consejo de Ministros supone el cambio más importante en la legislación sobre la materia que se ha producido desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en marzo de 1980.
La reforma Rajoy implica un cambio de filosofía respecto a las normas que regían hasta ahora las relaciones laborales. Se pasa de un criterio proteccionista del trabajador frente al empresario a otro que prima la supervivencia de la empresa como elemento básico para garantizar el empleo.
A la vez que rompe esa visión proteccionista, limita el poder de los sindicatos. Los convenios de sector o provinciales, ámbito en el que las centrales asientan su influencia, dejan de tener prioridad frente a los acuerdos de empresa. Dado que más del 90% del tejido productivo en España lo componen pequeñas y medianas empresas, que es donde los sindicatos tienen menos arraigo, lo normal es que UGT y CCOO pierdan capacidad para representar al conjunto de los trabajadores. Si a esto unimos que la reforma contempla la liberalización de los cursos de formación (a los que se destinan 7.000 millones al año de dinero público), al recorte en su influencia se suma el mazazo a su financiación.
Esos dos elementos (pérdida de poder y de dinero) hacen que la reforma sea percibida por los sindicatos como un ataque de la derecha, que, en su opinión «representa los intereses de la patronal», a los representantes legítimos de los trabajadores.
La reforma Rajoy es una apuesta a medio y largo plazo por la estabilidad en el empleo. Pero es cierto que, a corto plazo, puede suponer un aumento del paro en la medida en que hace más barato el despido a las empresas con dificultades. Que nadie se llame a engaño: el desempleo seguirá en aumento en los próximos meses. Sin embargo, también es cierto que sólo de esa forma (garantizando la supervivencia de miles de empresas) se puede pensar en una recuperación de puestos de trabajo una vez que la economía comience a recuperarse.
A muchos ciudadanos les pareció deprimente la primera intervención del presidente Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados porque en ella auguró más paro en 2012. Sin embargo, es mejor que el presidente diga la verdad a que recurra a engaños como el de los brotes verdes de Elena Salgado.
En unas pocas semanas, el Gobierno ha aprobado un paquete de recortes y subida de impuestos (con un impacto presupuestario de 15.000 millones de euros); ha puesto en marcha una reforma financiera (que obliga a provisionar 50.000 millones por las pérdidas de valor de los activos inmobiliarios), y ha dado un vuelco total a las relaciones laborales en España. Por el momento, la respuesta de los mercados a la política del Gobierno está siendo positiva: la deuda se coloca mejor y a un precio más bajo. A ello ayuda, es cierto, la inyección de liquidez del BCE. Pero nadie compraría deuda española si no hubiera seguridad de que habrá capacidad para devolverla.
El ahorro financiero hará que el recorte suplementario que se aplicará en el presupuesto de 2012 sea menor.
Sin embargo, la evolución de la economía durante los próximos meses será muy negativa. El Gobierno espera que el primer trimestre se cierre con una caída del PIB del 0,5%. En realidad, no se espera la salida de la recesión, que comenzó en el último trimestre de 2011, hasta el último trimestre de este año. Por lo tanto, los efectos de la reforma laboral no se notarán en el empleo hasta comienzos de 2013.
Los sindicatos y la izquierda lo saben. Son conscientes de que las cifras de desempleo seguirán aumentando y que tal vez se llegue en otoño a los seis millones de parados. Ese será el argumento perfecto para demonizar la reforma y movilizar a los trabajadores contra el Gobierno.
El sábado, los líderes de UGT y CCOO, Méndez y Toxo, dijeron que ésta es la «reforma del despido libre». Anunciaron manifestaciones en toda España para el próximo domingo y dijeron que Rajoy ha actuado como si España fuera ya un país intervenido.
El coordinador de IU, Cayo Lara, llamó a los trabajadores a ocupar las calles en protesta por el «ataque del Gobierno a los derechos laborales. Por su parte, el secretario general del PSOE anunció que su partido votaría en contra del decreto y auguró que «con la reforma habrá más paro».
Rajoy no exageraba cuando, sorprendido en una conversación con líderes de la UE, auguró que la reforma provocaría una huelga general.
Para los sindicatos, frenar la reforma es una cuestión casi de supervivencia. O bien cambian de modelo, o hacen retroceder al Gobierno, o pueden quedar reducidos a organizaciones residuales. La situación recuerda un poco a lo que sucedió a principios de los 80 en Reino Unido cuando las poderosas Trade Union se enfrentaron al Gobierno de Margaret Thatcher. Aquel pulso lo perdieron los sindicatos. Y todavía no se han recuperado de su derrota.
La coalición IU, crecida tras los resultados del 20-N y gran beneficiaria de las movilizaciones del 15-M, ve con la reforma la puerta abierta a protagonizar la rebelión contra el Gobierno en el Parlamento y en la calle. Cayo Lara no va a dejar pasar la oportunidad de convertirse en un referente para la izquierda social.
Ahora bien, ¿qué hará el PSOE? Eso es lo más preocupante de la situación política actual. La debilidad de los socialistas, su humillante derrota, y el decepcionante resultado del 38º Congreso, que acabó eligiendo como líder al protagonista de la derrota, introduce un elemento de inestabilidad desconocido hasta ahora.
Rubalcaba puede tener la tentación de querer liderar un gran frente sindical y político contra el Gobierno de Rajoy. Si lo hace, el PSOE perderá la centralidad y muchos de sus votantes se desmovilizarán o virarán hacia el PP. El gran beneficiario de esa pinza anti-Rajoy sería IU.
Esperemos que el líder del PSOE cumpla lo que dijo en la reunión con su grupo parlamentario y oriente a su partido hacia una oposición útil y constructiva, en lugar de alentar una huelga general que ya se atisba en el horizonte.
Nos esperan meses muy difíciles, pero hay motivos para la esperanza: hasta ahora, al Gobierno no le ha temblado el pulso. Veremos si aguanta la ofensiva de la izquierda.
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