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  1. #1
    Fecha de Ingreso
    09 ene, 12
    Ubicación
    Argentina
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    708

    Predeterminado Reinserción social vs. derecho a la vida

    En los últimos años ha aparecido en la Argentina un fenómeno que resulta llamativo, y es el hecho de que un sector de la población prioriza la reinserción social del delincuente sobre la seguridad y el derecho a la vida de la persona decente. Se ha vuelto algo cotidiano escuchar por los medios masivos de comunicación que un delincuente, mientras cumple una condena en la cárcel, tiene salidas autorizadas por las autoridades judiciales e incluso permitidas por las leyes vigentes.

    Cuando se comete algún alevoso asesinato, durante un robo, y la policía logra dar con el autor, no resulta sorprendente que se trate de alguien que cumple una condena en la cárcel y que se le permitió una salida por su “buen comportamiento” dentro del penal. Incluso se dice que unos 300 detenidos en las cárceles de Mendoza no han retornado luego de las salidas autorizadas, razón suficiente como para que se tome algún tipo de decisión o de medida legal para evitar tal situación.

    Hace algunos años, una mujer fue violada mientras que su marido fue asesinado en el mismo hecho delictivo. En un país normal, se recomienda realizar la denuncia policial correspondiente. Sin embargo, en nuestro país a veces esta decisión resulta ser perjudicial para la propia víctima ya que, en el caso mencionado, hecha la denuncia, realizada la detención y luego establecida la condena correspondiente, la victima debe padecer actualmente una situación grave por cuanto, luego de estar el asesino y violador encarcelado sólo por unos pocos años, y mientras “se reinserta en la sociedad”, amenaza de muerte a la mujer que lo denunció y por ello debe vivir atemorizada y con custodia policial.
    Si no hubiese acudido a la justicia, ahora sería una persona viuda, que en una ocasión fue violada, y que está tratando de realizar una vida normal. Pero al acudir a la justicia, además de viuda y atacada, se le impide llevar una vida normal por cuanto la “justicia” liberó al peligroso asesino y violador. Casos como este muestran fehacientemente que en la guerra entre la delincuencia y la gente decente, la “justicia” argentina está abiertamente a favor de la delincuencia.

    La gravedad de la situación se refleja en el hecho de que no son sólo quienes hacen las leyes, ni son sólo los que deciden liberar a peligrosos delincuentes, quienes apoyan y permiten esa situación, sino que una parte importante de la sociedad, por alguna razón, considera que la forma de actuar vigente de la justicia es la correcta.
    Incluso llama la atención la forma, bastante antagónica, en que un periodista televisivo encuestaba a dos legisladores provinciales que estaban empeñados en modificar las leyes vigentes para reducir y limitar las salidas de los delincuentes. Debe destacarse que muy pocos son los que se oponen a la reinserción social de alguien que cometió delitos. El rechazo consiste en el hecho de que se permita que tales individuos sigan cometiendo asesinatos como viene ocurriendo desde hace algunos años.

    Desde la actual presidencia de la Nación, y a pesar de los reiterados mensajes a la población, nunca se pronuncian las palabras “inseguridad” e “inflación”. A pesar de que, de muchas encuestas, se extrae que tales problemas “innombrables” son precisamente los que mayor temor y preocupación despiertan en el ciudadano común, la actual (2012) Presidente recibió recientemente un fuerte apoyo electoral, por lo que a veces parece resultar poco útil tratar temas en los cuales la población ha manifestado su postura.

    No es de extrañar que muchos políticos piensen que las leyes que ellos hacen son las que el ciudadano debe tomar como referencia para irse adaptando a ellas paulatinamente, lo cual sería verdaderamente peligroso para la integridad de la sociedad y sus habitantes. El problema deriva justamente de que tales legisladores parecen ignorar que toda ley humana ha de ser una ampliación o refinamiento de las leyes naturales básicas que rigen nuestra conducta. Implícito en esas leyes, aparece un principio de derecho natural a la vida, especialmente de la persona decente, que no debe ser abolido por la posterior legislación humana.

    Otras de las leyes vigentes que desconocen el derecho a la vida de la persona decente, es la que permite a los menores delinquir tranquilamente y ser devueltos a sus padres como si nada hubiese pasado. Puede decirse que en la letra de la ley las cosas no son exactamente así, pero lo importante no es lo que está escrito en algún boletín oficial que nadie lee, sino en la percepción de la ley por parte de los menores.

    Como hay muchos adolescentes que no estudian ni trabajan, porque las leyes les prohíben trabajar, llegan a la mayoría de edad sin saber hacer nada y con altas probabilidades de ingresar en la delincuencia si las condiciones son favorables. Como muchos de quienes, por su alta peligrosidad, deberían estar en la cárcel y están libres, la desconfianza y el temor se generaliza y el empleador, o incluso el ciudadano común, adopta una actitud que tiende a marginar tanto a culpables como a inocentes, ya que no quiere arriesgar su vida ni la de su familia relacionándose de alguna manera con un desconocido. De ahí que, mientras que las leyes vigentes “buscan” reinsertar al delincuente en la sociedad, sólo logran la ampliación del temor y del rechazo social que abarca incluso a muchos inocentes.

    La violencia urbana, como todo hecho social, tiene causas que la producen y que la favorecen. Como siempre, reconocemos en las ideas y creencias predominantes en la sociedad la causa principal de todos los hechos que acontecen. Para muchos, en cambio, la violencia se origina en la marginación, o en la desigualdad social, ya que ésta promovería su surgimiento en los menos favorecidos económicamente. De ahí que al delincuente se lo considera como una víctima de la sociedad, mientras que el ciudadano común termina siendo el mayor culpable por esa situación. Jorge Bosch escribió:

    “Uno de los argumentos favoritos de los ideólogos de la desestructuración en el ámbito de la justicia, consiste en afirmar que el delincuente no es el verdadero culpable, sino que siempre hay alguien detrás de él, alguien más poderoso y en consecuencia perteneciente a clases sociales más altas, y además detrás de éste hay otro, y finalmente se llega a la estructura social propiamente dicha. Así, la culpabilidad del delincuente se diluye en el océano de un orden social supuestamente injusto”.

    “Llamo contrajusticia al conjunto de normas legales, procedimientos y actuaciones que, bajo apariencia de un espíritu progresista interesado en tratar humanitariamente a los delincuentes, conduce de hecho a la sociedad a un estado de indefensión y propicia de este modo un trato antihumanitario a las personas inocentes. Muchas veces este «humanitarismo» protector de la delincuencia es una expresión de frivolidad: «queda bien» hacer gala de humanitarismo y de preocupación por los marginados que delinquen, sin mostrar el mismo celo en la defensa de las víctimas y sin siquiera preocuparse por reflexionar seriamente y profundamente sobre el tema” (De “Cultura y contracultura” – Emecé Editores SA-Buenos Aires 1998).

    Recordemos que quienes siguen el pensamiento de Karl Marx consideran que una clase social, la burguesía (o los empresarios) es la culpable de todos los males y que los trabajadores son víctimas inocentes de aquellos. Así, no es de extrañar que si muere, debido a un hecho delictivo, un empresario, es posible que se alegren de ello. Si en circunstancias similares muere una persona de clase media o baja, les resultará indiferente. Sin embargo, si muere un delincuente que proviene de un barrio pobre, sentirá pena por cuanto sostiene que previamente fue excluido de la sociedad y que sus intentos de venganza son justos, mientras que, si cae asesinado un guerrillero marxista, como ocurrió en el pasado, protestará indignado en nombre de los “derechos humanos”. Recordemos que en la Argentina tales guerrilleros produjeron más de 20.000 atentados contra la propiedad y unos 1.500 asesinatos.

    Con los nuevos cambios legislativos es de esperar penas cada vez más leves debido a la postura afín al marxismo de algunos de los principales exponentes de la justicia argentina quienes, en el pasado, legitimaron el accionar terrorista sosteniendo que terrorista es solamente quien tiene el apoyo de algún Estado (ignorando el apoyo recibido desde Cuba y de la ex URSS). Carlos S. Nino escribió: “Si tal justificación de la pena fuera plausible [potenciar los efectos preventivos del sistema penal] ella no avalaría una posición a priori a favor de una mínima intervención penal o aun un eventual abolicionismo futuro, como el que defiende Raúl Zaffaroni en nuestro país, sobre la base de que las penas por naturaleza implican una victimización de sectores marginales de la sociedad sin producir efectos beneficiosos para esa sociedad, siendo en realidad instrumentos de poder de sectores internos y externos que son beneficiarios de un proceso de explotación de aquellos sectores” (De “Un país al margen de la ley”-Emecé Editores SA-Buenos Aires 1992).

  2. #2
    Fecha de Ingreso
    09 ene, 12
    Ubicación
    Argentina
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    708

    Predeterminado

    Si bien la reinserción social del delincuente, pero a costa del riesgo de las vidas de la gente decente, es algo absurdo e inhumano, nadie debería rechazar una reinserción social normal, cuando el delincuente, por ejemplo, deja de jactarse interiormente de que “el que trabaja es un gil” o de comentar orgulloso entre sus amistades los asesinatos cometidos. Además, nunca debería llegarse al otro extremo aplicando métodos de “mano dura” que impliquen una embestida violenta contra la delincuencia por cuanto es posible que las cosas empeoren notablemente, como fue el caso de la lucha contra las pandillas urbanas en El Salvador. Amalio Blanco escribió:

    “Francisco Flores, presidente de El Salvador entre 2003 y 2007, pretendía acabar con la violencia mediante medidas represivas de persecución policial indiscriminada a toda aquella persona cuyo aspecto externo lo delatara, a ojo de buen cubero, como miembro de algunas de las maras (por sus tatuajes, vestimenta, modo de hablar, manera de comportarse, etc.)”.

    “Cuando analizaron los resultados de la iniciativa, saltó la sorpresa: entre 2004 y 2005, los homicidios atribuidos a las pandillas pasaron de 432 a 964; los robos, de 372 a 603; las lesiones, de 197 a 362; las amenazas, de 264 a 430, los desordenes públicos, de 1539 a 2149”. “En una palabra: «los planes antipandillas no sólo no lograron reducir los índices de delincuenciales, sin que generaron condiciones para que la violencia criminal se agudizara cualitativa y cuantitativamente»” (De “Mente y cerebro” (52)-Prensa Científica SA-Barcelona Feb/2012).

    Es oportuno mencionar una expresión vertida por el escritor Marcos Aguinis respecto del desempeño de la justicia nacional y del actual gobierno afirmando que es “una venganza de los Montoneros”, teniendo sentido tal expresión si tenemos en cuenta el peligroso avance delictivo contra el ciudadano común y la tendencia a acentuar el criterio adoptado para un futuro inmediato como también para el largo plazo por cuanto las leyes que se están dictando llevan implícita la ideología mencionada.

    http://pompiliozigrino.blogspot.com

  3. #3
    Fecha de Ingreso
    08 ene, 07
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    10,113

    Predeterminado

    ¿Si la delincuencia hunde su raíz en la pobreza por qué hay tantos pobres honrados y trabajadores y cada vez más ricos sinvergüenzas?

    Todo ese discurso buenista no es más que ideología que vulnera el sentido común y el de la justicia para ir preparando y acostumbrando a la sociedad en la arbitrariedad totalitaria que se pretende para el futuro.

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