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  1. #51
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Hay que abolir el Obamacare

    Supongamos que alguien, pongamos que el presidente de la nación, dijera: "Estamos hasta el cuello de deudas: en este momento debemos más de 14 billones de dólares. Tengo una gran idea para reducir el déficit, una idea que nos servirá para ahorrar 230.000 millones en los próximos diez años. Se trata de subir el gasto en 540.000 millones y los impuestos en otros 770.000 millones".

    Sí, quien propusiera algo así sería el hazmerreír del país. Pues bien, exactamente eso es lo que, según los demócratas, es la virtud del Obamacare. Durante el debate originado por el intento republicano de echarlo abajo, una de las principales bazas demócratas ha sido que el Obamacare reduce el déficit en 230.000 millones, y que, por consiguiente, su derogación no haría sino incrementarlo. Oiga usted, eso es lo que dice la Oficina Presupuestaria del Congreso (OPC): su director, Douglas Elmendorf, explica en su "análisis preliminar de la HR 2" (la iniciativa republicana para abolir el Obamacare):

    La Oficina Presupuestaria del Congreso anticipa que la promulgación de la HR 2 probablemente daría lugar, entre los ejercicios 2012 y 2021, a una reducción en la recaudación fiscal de aproximadamente 770.000 millones de dólares, y a una reducción del gasto del orden de 540.000 millones.

    Como apuntó el director de National Affairs, Yuval Levin, cuando sacó a la luz esa notable perla, el Obamacare es una desastrosa formar de combatir el déficit: un incremento radical del gasto aderezado con un incremento aún más radical de los impuestos.

    Pero es que encima las cifras que se manejan, ese recorte de 230.000 millones, son una farsa. La OPC está obligada a aceptar cada premisa, promesa (de futuros recortes del gasto público, por ejemplo) y truco contable que el Congreso le remita. Todo lo que hace es llevar a cabo el cálculo que se le pide y escupir el resultado.

    Sus pergeñadores se las arreglaron para que el paquete legislativo del Obamacare luciera unos números favorables en la OPC. Para empezar, cabe recordar que las prestaciones que concede –cobertura sanitaria subvencionada para 32 millones de personas– no entran en vigor hasta el año 2014. El paquete se diseñó deliberadamente para que cualquier proyección en la presente década contemplara sólo seis años de gasto, proyección que por otro lado recogerá la recaudación fiscal de diez años. Si cuentas diez años de ingresos y seis de gasto... pues claro que te sale una reducción del déficit. Vaya sorpresa.

    ¿Le parece una maniobra audaz? Pues atienda, atienda. El Obamacare no es que cree una nueva prestación (cobertura sanitaria universal), es que además crea la cobertura sanitaria universal vitalicia. Con una población en proceso de envejecimiento y unos servicios médicos que no hacen sino encarecerse, la promesa contenida en el Obamacare deviene forzosamente en el mayor coloso presupuestario de la historia del estado del bienestar.

    Pues aun así, en los cálculos de la OPC este nuevo derecho reducirá el déficit a lo largo de los próximos diez años. En 70.000 millones, nada menos. ¿Cómo es posible? Pues recaudando ahora las primas y no pagando prestación alguna durante esos diez primeros años. ¡Bingo! Superávit. Temporal, claro. Como destacan el ex director de la OPC Douglas Holtz-Eakin y los expertos Joseph Antos y James Capretta,

    sólo en Washington la invención de un programa insensato puede emplearse como baza para aceitar el camino para la implantación de una nueva prestación.

    Yo, por mi parte, añadiría que sólo en Washington se puede denominar a una estafa semejante Ley de Servicios y Ayuda para Comunidades de Vida Asistida.

    Que una reforma tan descomunal, que afecta tremendamente a la sexta parte de la economía nacional, se pueda vender de forma tan fraudulenta es sorprendente, incluso manejando los parámetros washingtonianos.

    ¿Qué deben de hacer los republicanos? Coger el toro por los cuernos. Poner al descubierto el timo, por muy aburrida que les pueda parecer la empresa. Mejor aún: convocar audiencias en el Congreso para que el director del OPC explique las cifras por sí mismo.

    Sin duda, el efecto sobre el déficit no es el único criterio para juzgar el Obamacare. Pero la refutación implacable de las cifras que se nos están vendiendo facilita la puesta en cuestión del resto de las afirmaciones positivas que se hacen sobre el plan estrella del señor presidente. Como la reiterada promesa de que todo el mundo podrá conservar su seguro actual si así lo desea. Eso será si, por ejemplo, tu empresa te lo sigue ofreciendo. De hecho, millones de trabajadores se van a quedar tirados, porque sus empleadores tendrán todos los motivos del mundo para endilgárselos al sector público.

    Todo esto no exime a los republicanos de preparar su propio plan, ya que serán juzgados en función de cómo den respuesta a las necesidades de los que carecen de seguro y a las inquietudes de los que sí lo tienen. Modificar un paquete legislativo demencialmente complejo, contradictorio, incoherente y arbitrario, ese tocho de 2.000 páginas que a su vez genera decenas de miles de páginas de reglamentos, es un imposible metafísico. Así que, para empezar, lo que toca es derogar.

    © The Washington Post Writers Group

    Por Charles Krauthammer, en LD

  2. #52
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    08 ene, 07
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    Predeterminado El aniversario del Obamacare

    El miércoles se cumplió un año desde la aprobación de la ley sanitaria de Estados Unidos, más conocida como Obamacare y algunos de los aspectos menos notorios de la misma ya han entrado en vigor: regulaciones del mínimo de la tasa de pérdida médica (MLR) –diferencia entre la prima que usted paga y lo que la compañía de seguros le paga al médico–, el crédito fiscal para el seguro médico pagado por las pequeñas empresas, consorcios para asegurados de alto riesgo y mandatos de cobertura en compañías de seguros. Sin embargo, las peores partes de Obamacare no nos golpearán de lleno hasta 2014.

    ¿Qué ha logrado esta ley de salud durante el último año? Lo primero, como resultado de las nuevas leyes impuestas, las compañías de seguros no pueden limitar los beneficios vitalicios, ni pueden limitar los beneficios anuales de los planes colectivos.

    Además de todo eso, ahora se permite que los jóvenes hasta los 26 años estén cubiertos dentro de las pólizas de seguro de sus padres. Este tipo de política ha dado lugar a subidas de las primas: BlueShield de Oregón atribuye al Obamacare 3.4 puntos porcentuales de su incremento del 17.1% en las primas y Celtic Insurance Company en Wisconsin y Carolina del Norte le atribuye 9 puntos porcentuales de su aumento del 18%.

    En segundo lugar, el Obamacare ha impuesto nuevas leyes de cobertura infantil, exigiendo a las compañías de seguros que cubran a los asegurados sin tomar en cuenta las condiciones preexistentes. Lo que ha sucedido es que los aseguradores han abandonado el mercado al menos 34 estados y unos 20 estados ya no tienen ninguna compañía que ofrezca planes de seguros infantiles.

    En tercer lugar, muchas compañías ya no pueden seguir ofreciendo los llamados planes "Mini-Med" (seguros con cobertura médica limitada). Y eso porque, según lo mencionado anteriormente, estos planes limitan los beneficios –y el Obamacare prohíbe limitar beneficios–. Esto ha provocado que se tenga que conceder más de mil dispensas que eximen de ciertos aspectos de Obamacare a estas empresas que lo solicitan. Quizá el caso más notable es el de McDonald's, empresa que amenazó con dejar de ofrecer cobertura médica a una gran cantidad de sus empleados hasta que finalmente se le concedió una dispensa.

    Además, se suponía que el Obamacare iba a crear consorcios para asegurados de alto riesgo, ya que estas personas tienen dificultades para obtener un seguro médico. El 70% de los estados tenía esos consorcios antes de que se decretara la ley, pero el Obamacare ofrecía generosos subsidios al público para comprar cobertura en nuevos consorcios. Por tanto, la Oficina del Actuario en los Centros para Servicios Medicare y Medicaid estimaba que se afiliarían unas 375.000 personas a esos consorcios antes de diciembre de 2010. Pues bien, hasta finales de febrero de 2011, solamente 12.500 personas se han afiliado... cerca del 3% de su cálculo inicial.

    Y éstos son sólo algunos de los muchos malos efectos que la nueva ley ha impuesto durante el último año. Esta reforma del sistema de salud se diseñó asumiendo cosas poco prácticas, modelos idealizados y perspectivas optimistas que nunca se materializarán. El Obamacare sólo traerá males mayores en los próximos años a menos que la deroguemos ya.

    Por David Weinberger, en LD
    ©2011 Libertad.org
    * Traducido por Miryam Lindberg

  3. #53
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Después de la batalla

    Después de la batalla sigue la guerra, porque el acuerdo no ha sido más que un armisticio y en lo que ahora están en Washington no pasa de tregua. Los conservadores ganaron y las izquierdas están rabiosas y vomitan insultos. Obama tiene su elevación del techo de endeudamiento, prácticamente inevitable dada la situación de las arcas públicas, pero queda apuntado, sólo apuntado, el principio de dólar por dólar: por cada uno en el aumento de deuda habrá uno en la reducción del gasto, y parece que queda excluida la posibilidad de acortar el déficit mediante subida de los impuestos, aunque la izquierda ha insertado en el texto de la nueva ley la suficiente ambigüedad como para que eso sólo valga para esta ronda y quede abierto para el futuro. Ya empieza el conflicto de interpretaciones.

    Lo grave es que con los recortes ahora previstos y los previsibles el volumen de la deuda seguirá creciendo notablemente a lo largo de la década que constituye el marco temporal de la negociación, pues el mecanismo de dólar por dólar no pasa por ahora de una desiderata republicana. Nadie, desde ningún extremo, se ha atrevido a incluir lo que en España llamaríamos "gasto social" y allí entitlements, cuya traducción literal vendría a ser algo así como derechos adquiridos. Los multimillonarios programas de sanidad gratuita para pobres, para mayores y las pensiones, más otros de menor entidad. Su coste se ha disparado y no hay arreglo posible sin disminución de prestaciones y copago. De eso sabemos aquí bastante, aunque sea igualmente un tabú innombrable. La cuestión es que la crisis económica en la que nos debatimos no es la del capitalismo liberal, sino la del socialdemócrata Estado del Bienestar. Maravilloso mientras duró, pero valiente bienestar cuando nos arrastra al fondo como una bala de cañón. En estas circunstancias, la reforma de la sanidad que absorbió lo esencial de la política interna de Obama en sus dos primeros años se puede decir que ha nacido muerta. Ni se ha mencionado en la negociación. La falacia de que ahorraba dinero y arreglaba esos programas ruinosos ni ha merecido la pena discutirse. Si se pusiese en práctica, el déficit sería muchísimo mayor.

    En cuanto a los impuestos, la izquierda volverá la carga pero en la derecha muchos piensan, por ciencia económica y experiencia histórica, que efectivamente hay que abordarlos con una reforma muy sistemática y profunda, porque ahí está la solución. No en subirlos, sino en bajarlos. Hay muchos ejemplos de que un tributo más alto rinde menos. Bien a mano están los dos puntos de nuestro IVA. La reforma supone también la eliminación de numerosas exenciones y privilegios fiscales para beneficiar a las iniciativas y sectores favoritos del poder. Un sistema simplificado de transparencia e igualdad que donde y cuando se ha aplicado ha tenido efectos excelentes. En Estados Unidos se invoca el precedente de Reagan.

    Que el acuerdo no es solución ha llevado a Starndard & Poor a rebajar un punto la nota de la duda americana.

    Por GEES, Grupo de Estudios Estratégicos. En LD .

  4. #54
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Un tribunal de EE UU declara inconstitucional parte de la reforma del sistema de salu

    La sentencia dictamina que "no se puede obligar a que los individuos entren en contrato con compañías aseguradoras privadas para la compra de un producto caro desde el momento que nacen hasta que mueren".

    Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha declarado inconstitucional una parte de la reforma del sistema de salud, promulgada en 2010, que hace obligatorio el seguro de salud para todas las personas en este país.

    El Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito Federal, en Atlanta (Georgia), dictaminó que el Congreso "no puede obligar a que los individuos entren en contrato con compañías aseguradoras privadas para la compra de un producto caro desde el momento que nacen hasta que mueren".

    El Tribunal Supremo de Justicia de Ohio desechó hoy una querella que pretendía impedir un referéndum en ese estado sobre la mayor reforma del sistema de salud de Estados Unidos en más de medio siglo.

    La reforma impulsada por el Gobierno del presidente Barack Obama, encaró una enconada oposición de sectores conservadores y, tras su promulgación, ha sido blanco de numerosas denuncias, presentadas tanto por grupos privados como por los gobiernos de 26 estados de EEUU.

    Una de las normas más controvertida es la conocida como "mandato universal" que requiere que todas las personas tengan algún tipo de seguro médico o paguen una multa en caso contrario, tal como ocurre, por ejemplo, con los seguros para los conductores de automóviles.

    Ha habido pronunciamientos de jueces y tribunales de apelación federales que respaldan la validez de la reforma o que la declaran inconstitucional ya sea totalmente o en esa parte sobre el "mandato universal".

    Lo más probable es que las demandas continúen hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia.

    Los adversarios de la reforma sanitaria recogieron firmas en Ohio para someter a plebiscito el 8 de noviembre una enmienda en la constitución del Estado que impediría la aplicación del "mandato universal" en esa jurisdicción.

    Por su parte, el secretario de Estado de Ohio, Jon Husted, certificó el mes pasado que 426.998 de las casi 546.000 firmas recogidas eran válidas. Se necesitaba un mínimo de 385.245 para que la propuesta se someta a votación ciudadana.

    A su vez, el grupo Progress Ohio presentó una demanda cuestionando la validez de las firmas, pero hoy el Tribunal Supremo de Justicia de ese estado la rechazó, por lo cual el proceso hacia el plebiscito sigue en marcha.

    Y es probable también que la llamada Enmienda de Libertad en el Cuidado de la Salud de Ohio, antes o después del plebiscito, encare una querella judicial acerca de si un estado puede usar su propia constitución para cancelar una ley federal.

    En La Gaceta

  5. #55
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Farmocracia

    La dictadura de las farmacéuticas

    Decía Marcia Angell, antigua editora jefe de la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine, que la industria farmacéutica se "ha distanciado mucho de su propósito original de descubrir y producir nuevos medicamentos útiles", y que "ahora es esencialmente una máquina de marketing para vender medicamentos de dudoso beneficio". Siempre he sido un convencido de la libertad, y de cómo su ausencia es causa de múltiples problemas y, entre ellos, sanitarios. Es por ello, entre muchos otros motivos, por lo que trabajo hace tiempo con la mayor fundación médica antienvejecimiento del mundo, Life Extension, cuya labor en defensa de la libertad individual es difícil de exagerar.

    Tras más de 30 años librando una dura batalla contra los reguladores sanitarios y los privilegios de la industria farmacéutica, Life Extension publica de la mano de su fundador William Faloon una recopilación de artículos de esta fundación en defensa de la libertad y contra el feroz intervencionismo, bajo un título que se traduciría por: Farmocracia. Cómo la corrupción y unas regulaciones sanitarias desorientadas están arruinando América. Hace un año, Obama reconoció que la deuda de Medicare, el principal seguro social sanitario en EEUU, ascendía a más de 24 billones de dólares. Ahora consideremos que los ingresos anuales por impuestos del gobierno federal americano, donde se incluye la recaudación para Medicare, es de ‘sólo’ 2 billones de dólares. Sanitariamente, EEUU parece abocado a una bancarrota, tanto más cuanto persisten regulaciones y prohibiciones que impiden el florecimiento de todo tipo de opciones en el mercado de seguros y soluciones médicas. Como denuncia Faloon, cualquiera en la sociedad civil sería juzgado por delito si lleva a cabo un sistema piramidal llamado de ‘Ponzi’, pero los gobiernos lo practican con sus seguros sociales sin que nadie lo denuncie.

    Consideremos todos estos casos expuestos por Life Extension referidos a EEUU:

    - Un gel transdérmico de testosterona cuesta 23 veces más en un entorno regulado que en uno de libre mercado.

    - Las inyecciones de progesterona para evitar partos prematuros costaban 20 dólares por unidad, tras darle la FDA (el equivalente a nuestro Ministerio de Sanidad) el monopolio a KV Pharmaceutical, ahora cuesta 1.500 dólares por unidad.

    - Los precios predatorios de múltiples fármacos los pagan los ciudadanos a través de impuestos, porque el Gobierno paga a las farmacéuticas esos precios predatorios cuando quiere financiarlos.

    - Es ilegal importar fármacos más baratos de otros países.

    - La billonaria industria farmacéutica es experta en sobornar políticos para que hagan leyes a su antojo y medida. Si un congresista demuestra intenciones de no votar a favor de una norma que favorece a las farmacéuticas (o a favor de una que le perjudica), le amenazan con donar millones a la próxima campaña de su contrincante para arruinarle políticamente.

    - Sugerir en el mismo producto que un alimento o suplemento puede prevenir una enfermedad es ilegal aunque esté ampliamente demostrado por la ciencia. Sólo las farmacéuticas pueden hacerlo.

    - La FDA ha llegado a aprobar fármacos en base a decenas de estudios falsificados por una clínica que trabajaba para la industria farmacéutica.

    En estos últimos 30 años, Life Extension ha demostrado que el verdadero cambio no es el de unos políticos por otros, sino el del poder político por el poder de la sociedad civil. Esto es, el de tu libertad y tu familia.

    Por Adolfo D. Lozano, consumer advocate en salud, nutrición clínica y dermatología cosmética y autor del blog Juventud y Belleza. Miembro de la fundación médica Life Extension. Puede contactar con el autor en david_europa@hotmail.com. En LD

  6. #56
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    Predeterminado Lo que significa que el TS decida sobre Obamacare

    Ya es oficial. El Tribunal Supremo admitió a trámite las demandas contra la ley de salud, más conocida como Obamacare, que vienen de la decisión del 11º Circuito de impugnar el mandato individual de la ley –el que obliga a todo ciudadano de Estados Unidos a comprar seguro médico o si no será multado–.

    En ese caso, los 26 estados y la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) ganaron parcialmente, alegando que Obamacare, oficialmente la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (PPACA), debe ser anulada por ser inconstitucional. El 11º Circuito decidió que el mandato individual –considerado por muchos como la pieza clave de la reforma del sistema de salud de Estados Unidos– era inconstitucional. Pero ese tribunal se negó a dejar sin efecto la ley en su totalidad.

    El Tribunal Supremo accedió a escuchar los argumentos de una serie de cuestiones planteadas en la demanda: la nulidad parcial, Medicaid y la Ley antiamparo judicial, por nombrar unos cuantos temas. En concreto, se escucharán los argumentos sobre si el Congreso "tenía el poder bajo el Artículo I de la Constitución de aprobar la provisión de cobertura mínima".

    El Tribunal Supremo ordenó a las partes que informen y argumenten si la Ley antiamparo judicial (que prohíbe las acciones judiciales para bloquear un impuesto antes de que se haya establecido) se las prohíbe a la NFIB y a los estados por la disposición de cobertura mínima de la PPACA.

    Asimismo, el Alto Tribunal escuchará los argumentos sobre si puede haber nulidad parcial en la PPACA por lo del mandato individual. Las partes analizarán si la ley "se debe invalidar en su totalidad ya que no se puede anular parcialmente" y si el mandato "excede los poderes enumerados del Congreso".

    Por último, el Tribunal escuchará la petición de los estados sobre si el Congreso está excediendo los poderes enumerados del Congreso y el federalismo en líneas generales, al "forzar a los estados a aceptar dispendiosas condiciones que [el gobierno federal] no podría imponer directamente sin la amenaza de retenerles todos los fondos federales [a Medicaid]".

    Según nuestros cálculos, la vista oral será de al menos cuatro horas y media –un tiempo récord– y estará a cargo de una verdadera constelación de abogados de primera línea del Tribunal Supremo. Lo típico para una vista oral en este tribunal es una hora. El Supremo rara vez las ha extendido a más de dos horas, pero lo ha hecho en casos importantes, como la demanda en 2003 contra la Ley de Reforma Bipartita de Campañas Electorales. El Alto Tribunal no ha fijado todavía una fecha, pero podría ser tan pronto como este mes de marzo.

    El Tribunal Supremo acaba sus sesiones el 25 de junio y por lo general suele anunciar todas sus decisiones antes del término de su mandato. En algunas ocasiones, la Corte ha ampliado su plazo o ha solicitado una nueva defensa (como en el caso Citizens United v. FEC).

    Es probable que tengamos una decisión el 25 de junio, justo a tiempo para los últimos meses de la batalla política por las elecciones presidenciales de noviembre en la carrera hacia la Casa Blanca.


    Hans von Spakovsky y Elizabeth Garvey para Fundación Heritage, en LD
    ©2011 Libertad.org
    * Traducido por Miryam Lindberg


  7. #57
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    08 ene, 07
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    Predeterminado El Supremo de EEUU comienza la revisión del 'Obamacare'

    Durante tres días el Supremo estadounidense estudiará los argumentos a favor y en contra de la llamada Ley de Cuidado Asequible de la Salud, aprobada por el Congreso en 2010

    El Tribunal Supremo de Estados Unidos revisará desde hoy y durante tres días la constitucionalidad de la reforma sanitaria del presidente Barack Obama, considerada el mayor logro de su mandato.

    En sesiones de seis horas diarias, los nueve magistrados del Supremo -cinco de ellos nombrados por presidentes republicanos y los restantes cuatro por demócratas- estudiarán los argumentos a favor y en contra de la llamada Ley de Cuidado Asequible de la Salud, aprobada por el Congreso y promulgada por Obama en 2010.

    Los gobiernos de 26 estados, la mayoría republicanos, han presentado demandas contra la ley y, en particular, contra su ingrediente más controvertido: la obligación de que todas las personas en EEUU tengan un seguro médico o paguen una multa por no tenerlo. Para los republicanos esa cláusula va contra la Constitución y, por tanto, su objetivo es que el Supremo emita un dictamen de inconstitucionalidad sobre toda la ley o, en su defecto, sobre alguna de sus partes.

    El Gobierno, a su vez, se ampara en la conocida como cláusula de Comercio, recogida en la Constitución y que le otorga al Congreso capacidad para regular la actividad comercial con el extranjero y entre los estados del país.

    El dilema está en la interpretación de esa cláusula, ya que los detractores de la reforma argumentan que la Constitución da al Congreso poder para regular el comercio, pero no para "obligar" a las personas a entrar en ese comercio, en este caso a través de la contratación de un seguro de salud.

    Según el Gobierno, el requisito de la obligatoriedad es un complemento de los nuevos mecanismos incluidos en la legislación y que crearán sistemas de seguros de salud asequibles para toda la población.

    Sacar adelante la reforma, la mayor del sistema sanitario en medio siglo, ha sido el principal logro del mandato de Obama y busca extender la cobertura de seguros médicos a toda la población. Actualmente hay casi 50 millones de personas que no tienen esa protección.

    Para el Supremo, que prevé emitir su fallo sobre la Ley de Cuidado Asequible de la Salud en junio, el caso es un reto similar a su dictamen sobre las elecciones presidenciales de 2000, con el que dio la victoria al republicano George W. Bush frente al demócrata Al Gore.

    EFE/La Gaceta.es

  8. #58
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Krugman seguro

    Ha dicho Paul Krugman que hay dos maneras de abordar el problema económico del gasto sanitario: "Una es gravar a todo el mundo –sanos y enfermos por igual– y utilizar el dinero recaudado para proporcionar cobertura sanitaria. Eso es lo que hacen Medicare y Medicaid. La otra es exigir que todo el mundo contrate un seguro, a la vez que se ayuda a aquellos para los que esto supone una dificultad económica".

    A continuación se pregunta: "¿Son estos planteamientos diferentes en el fondo?". Responde que no, y tiene razón. Desde el punto de vista liberal es un argumento que puede plantearse, por ejemplo, en contra de la privatización de las pensiones al estilo chileno, porque en ese país es obligatorio que coticen los ciudadanos al sistema estatal o bien lo hagan al sistema privado en un porcentaje de su renta que no puede ser inferior a un mínimo determinado.

    Krugman cita a Charles Fried, que fue subsecretario de Justicia de Ronald Reagan: "Nunca he entendido por qué establecer una norma que obligue a las personas a comprar algo es por alguna razón más doloroso que establecer una norma que les obligue a pagar impuestos para luego dárselo". Podríamos responder que la primera obligación coarta menos la libertad de los ciudadanos que la segunda. En efecto, si nos obligan a contratar un seguro privado al menos nos permiten elegir qué seguro escogemos, mientras que si nos quitan el dinero, esa decisión no es nuestra sino de los políticos, los burócratas o los grupos de presión. Pero en esencia el argumento se mantiene, porque en los dos casos nos están obligando a pagar.

    Siguiendo la lógica del argumento liberal, la conclusión sería: que no haya ninguna obligación, y que los ciudadanos conservemos nuestro dinero y nos aseguremos según nuestro criterio. Eso es precisamente lo que los intervencionistas no están dispuestos a aceptar: no apelan a la equivalencia compulsiva entre impuestos y seguros obligatorios para rechazar la coacción sino para justificarla.

    Krugman, para explicar por qué los jueces "no comprenden, o prefieren no comprender, cómo funcionan los seguros", recuerda la comparación del juez Antonin Scalia, que dijo: si el Estado puede forzarnos a adquirir un seguro sanitario, también puede obligarnos a comprar brécol. Esto escandalizó a Krugman y a los progresistas, que sostienen que las dos operaciones no tienen nada que ver: "Cuando la gente decide no comprar brécol, no hace que el brécol deje de estar al alcance de aquellos que lo quieren. Pero cuando la gente no contrata un seguro sanitario hasta que enferma –que es lo que pasa cuando no existe un mandato–, el consiguiente empeoramiento del fondo contra riesgos hace que los seguros sean más caros, y a menudo inasequibles, para el resto de la gente. Como consecuencia, los seguros sanitarios no regulados básicamente no funcionan, y nunca lo han hecho".

    La explicación es el riesgo moral o la selección adversa: cuanto más enfermo estoy, más interesado estoy en tener un seguro; por eso los jóvenes no lo tienen, pero para los mayores suele ser caro. Las compañías vigilan para no perder dinero, gastan mucho en investigar, filtrar a los más onerosos, etc. Es un buen argumento para la sanidad pública. Por tanto, aquí no hay más alternativa que la coacción: impuestos para todos, o alguna otra forma de coacción, como exigir a todas las personas de menos de 65 años que se aseguren.

    Es típico del antiliberalismo el cerrar todas las puertas, y aquí está claro: parece que la libertad no puede funcionar. Pero veámoslo.

    Los argumentos a favor del intervencionismo descansan siempre sobre la idea de los fallos del mercado. Por ejemplo, se dice que si la educación no fuera obligatoria y pública la gente no enviaría a sus hijos al colegio, porque no se enteraría de que la educación es importante, le faltaría información –esta arrogante gansada, endeble pero perenne base de la educación pública, entró en la teoría económica a través de John Stuart Mill en 1848–. También es por la supuesta falta de información o de previsión, otro insulto típico del progresismo contra los trabajadores, que se justificaron las pensiones públicas, alegando que la gente, como es irresponsable, no va a ahorrar para su jubilación si el Estado no la fuerza a ello.

    La misma escasa solidez tiene el argumento a favor de la coacción para la sanidad, que gira en torno al gorrón o free rider. Una sociedad de mujeres y hombres libres sería una sociedad donde los servicios públicos que hoy el Estado fuerza a pagar serían suministrados por empresas privadas mediante contratos voluntarios. Concentrémonos solo en los problemas que plantearía entonces la sanidad, dejando de lado el consabido "no habría sanidad para los pobres", primero, porque habría mucho menos pobres al no haber impuestos como los que padecemos hoy; segundo, porque si hubiera indigentes serían atendidos por la solidaridad ciudadana; tercero, si alguien alega que igual esa solidaridad es insuficiente habrá que recordarle que hay gente que tampoco come lo suficiente y no por eso se organiza un Sistema Nacional de Reparto de Comida; y cuarto, el Estado jamás se dedica a cuidar de los inopes menesterosos, sino a montar enormes pirámides burocráticas para "cuidar" a todo el mundo –conviene no confundir a la madre Teresa con la Agencia Tributaria–.

    El punto central de Krugman es que la gente no contrata un seguro de salud hasta que enferma. Pero la gente no contrata un seguro contra incendios cuando se quema su casa, sino antes, y lo sigue pagando incluso si su casa no se incendia nunca. Si esto no sucede con la salud, ello no se debe a las decisiones libres de los ciudadanos en el mercado sino a lo contrario: al hecho de que, al existir la sanidad pública, ella misma incentiva el riesgo moral de quienes optan por no asegurarse porque saben que pueden, en caso necesario, descargar el coste de su curación sobre los demás. Es el propio Estado el que genera o alimenta el free riding que después pretende combatir con aún más coacción.

    Aunque algún grado de riesgo moral existe siempre en los seguros, no hay motivo para creer que una sociedad libre sería una sociedad con multitudes de enfermos sin seguro y multitudes de sanos forzados a ignorarlos cruelmente, o en última instancia a pagarles su sanidad. Una prueba de esto es lo que sucede ahora mismo, y es que la solidaridad con los desfavorecidos no ha desaparecido ni siquiera con la elevada presión fiscal que soportan los ciudadanos, mientras que numerosas personas están dispuestas a pagar sanidad, educación y pensiones privadas de su propio bolsillo incluso cuando el Estado las fuerza a pagar por los mismos servicios en el sector público, unos servicios que en la mayoría de los casos no sobrecargan con su uso de los mismos.

    Carlos Rodríguez Braun, en LD

  9. #59
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    Predeterminado Health Coaching

    Why you should get healthy with Take Shape For Life?fitness routine

  10. #60
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    Predeterminado La lucha por la libertad religiosa en Estados Unidos

    La Universidad de Notre Dame ha presentado una demanda legal en contra de una regulación de Obamacare que exige que los planes de atención médica incluyan drogas abortivas, anticonceptivos, medicamentos y procedimientos de esterilización.

    Muchas instituciones religiosas, incluyendo a Notre Dame, se oponen por motivos religiosos o morales a ofrecer, pagar, y/o facilitar la cobertura de seguro que incluye la inducción del aborto, anticonceptivos, drogas y/o procedimientos de esterilización.

    Si se le permite al gobierno federal "pasar por alto nuestra finalidad religiosa" y "usar las organizaciones religiosas para promover políticas que son perjudiciales a [sus] valores", dijo el reverendo John Jenkins, rector de Notre Dame, entonces las organizaciones religiosas se convertirán en "meros instrumentos para el ejercicio del poder del gobierno" y "moralmente al servicio del Estado".

    La demanda de Notre Dame es una de las 12 demandas presentadas por 43 demandantes el lunes pasado contra la regulación de Obamacare. Además, otras instituciones ya han presentado demandas en busca de la protección de la libertad religiosa.

    Los demandantes que han emprendido acciones judiciales contra el mandato de Obamacare incluyen instituciones católicas, instituciones protestantes, dueños de negocios que son religiosos y varios gobiernos estatales.

    Además, una universidad religiosa anunció recientemente que dejará de ofrecer un plan de seguro médico para estudiantes porque Obamacare exigía que el plan incluya artículos o servicios que violan las creencias religiosas de esa institución.

    La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha tildado el mandato de Obamacare como una violación "sin precedentes" de la libertad religiosa por parte del gobierno federal.

    La creciente presión destaca el potencial de que una política centralizada de salud entre en conflicto con la conciencia. Esto nos lleva a una pregunta a largo plazo: si las instituciones religiosas serán capaces de soportar la aplastante presión, cada vez mayor, de la regulación federal hasta el punto de que invade de forma cada vez más profunda la privacidad de nuestras opciones y toma de decisiones.

    La regulación llevada ante la justicia por Notre Dame y otros es sólo una pequeña parte de un gigantesco esquema legal y regulatorio que aún sigue implementándose.

    Aquellos que tratan de defender la libertad religiosa deberían hacer causa común con aquellos que defienden la libertad en general. Una sociedad que abandona su compromiso moral y político con la libertad en general, estará menos dispuesta y será incluso hostil a la protección de la libertad religiosa en particular.

    Thomas Messner para Fundación Heritage, en LD

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