Zapatero... ¿Malversador?

[frangonve]

Diccionario de la Real Academia Española:
malversar.
(De mal y versar).
1. tr. Apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función.

El presidente del gobierno ha prometido el día 3 de julio de 2007 una ayuda de 2.500 euros por cada bebe nacido a partir de esa misma fecha PARA FOMENTAR LA NATALIDAD.

Ya que el estado no genera riqueza, sino que solo redistribuye la que obtiene de forma conminatoria de los ciudadanos (impuestos) y no creo que el Sr. Zapatero vaya a dar la ayuda de su propio bolsillo, es exigible que al menos se evite gastar los dineros públicos inútilmente:

Aun suponiendo que este tipo de ayudas contribuyan a fomentar la natalidad. El dinero gastado en ayudar a las mujeres que tengan sus hijos antes de que pasen aproximadamente nueve meses (con excepciones) desde el 3 de julio de 2007, es decir, aproximadamente en abril de 2008, NO contribuyen en absoluto a los efectos deseados YA QUE FUERON CONCEBIDOS ANTES DE LA INTERVENCIÓN PARLAMENTARIA.

Por tanto si las cifras de Solbes de que se ahorran 600 millones de euros denegando la ayuda a los nacimientos de 2007 anteriores al 3 de Julio, lo que implica un gasto de 1.200 millones de euros por año son correctas, SE VAN A GASTAR UNOS 900 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS QUE NO CONTRIBUYEN AL EFECTO DESEADO.

La polémica acerca de dar la ayuda a todos los nacidos en 2007 no haría sino incrementar el gasto sin producir el efecto que se dice desear.

Es responsabilidad del gobierno usar los fondos públicos de forma que se consigan los efectos que se desean, y todo uso que no contribuya a esto constituye un malversación.

Saludos

[agente t]

Alemania sugiere que vendamos reservas de oro. Tiene sentido: cuando una entidad se encuentra endeudada y no genera riqueza para cubrir los pagos debidos, tiene que vender activos. Loterías, por ejemplo. El oro es un activo. Supongo que a nadie se le ocurre que vendamos Mallorca o el País Vasco, porque, al menos al día de hoy, son res extracomercium, como decían los latinos. Solbes, siendo vicepresidente Económico, vendió un tercio de nuestras reservas de oro. Fundamentó la decisión, tomada y ejecutada en 2007, en tres razones que expuso al Parlamento. La primera,“porque el oro no es ya una inversión rentable”. La segunda, “porque lo rentable es invertir en deuda pública soberana”. La tercera, porque todo esto es debido a la fortaleza del euro. Cuesta creerlo, pero así fue. El oro ha pasado de 600 dólares onza a 1800, de momento. La deuda soberana de países como Grecia, Portugal o España ha caído dramáticamente en valor. Y del euro se pueden decir muchas cosas, pero creo que lo de la fortaleza, no. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, porque nadie es dueño del futuro. Pero si se equivoca gravemente y en las materias propias de su oficio, la cosa es mas complicada.

Intentar predecir el futuro y tomar medidas adecuadas era el oficio de Solbes, quien, por cierto, con la misma capacidad predictiva negó la crisis e insultó a quienes la vaticinamos, asegurando que nada teníamos que temer, porque seguiríamos creciendo y generando empleo... Entonces, ¿por qué vendió? No sólo se equivocó sino que no explicó la razón para disponer de nuestros activos nacionales en su teórica bonanza. Montoro, entonces portavoz económico del PP, no apretó en el asunto. Algunos dicen que compartía la tesis. Lo de menos es si se pueden no exigir responsabilidades por estas calamidades que en oro nos ha costado mas de 3.000 millones de euros. El episodio habla de la calidad de cierta clase política. No extraña lo que dicen las encuesta

Mario Conde, en La Gaceta

[absurdo]

Les presento y espero sea bien venido un proyecto para toda la comunidad de habla hispana es un blog y podcast nos interesan todo lo que tengan que opinar y asi poderlo compartir con toda la comunidad de habla hispana
http://elrumordeladiscordia.com/absurdo/

[agente t]

'Prejubilaciones de oro' en las universidades


El Tribunal de Cuentas ha descubierto que hay al menos 1.446 profesores y catedráticos con prejubilaciones de oro en las universidades públicas españolas, según un duro informe remitido al Congreso de los Diputados.

El documento fiscaliza el sector público autonómico y destapa este escándalo del personal docente e investigador, que se está pudiendo retirar desde los 60 años con ingresos equivalentes al doble de su pensión máxima y con cargo al erario público. La pensión máxima actual está fijada en 35.000 euros.

En opinión del Tribunal de Cuentas, se trata de planes de bajas voluntarias «sin soporte legal» y que son discriminatorias para el resto de funcionarios y ciudadanos en general. Según el informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, desde el inicio de la crisis se acogen cada año a bajas incentivadas voluntarias unos 500 catedráticos y profesores con una pensión «muy cuestionable desde una óptica social y de equidad». Afirma que actualmente hay 33 universidades con este tipo de planes en marcha, pese a que la ley no lo cubre.

Del estudio realizado «cabe concluir que el incentivo se aproxima al valor de la pensión máxima; con lo que el personal afectado se aseguraría desde el momento de la jubilación hasta los 70 años unos ingresos equivalentes al doble de dicha pensión máxima», denuncia el Tribunal.

La razón es que el Gobierno decidió en 1994 que, como el personal docente puede seguir trabajando más años que los demás, sólo se les obligaba a jubilarse a los 70 años en vez de a los 65, como el resto. Pero lo que está sucediendo es que en muchos casos, lejos de acogerse a esta prolongación de la vida laboral, la acortan con prejubilaciones.

El caso más conocido, en la Universidad de Extremadura, es el del ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra -ver información adjunta-, pero el escándalo es generalizado.

Los casos detectados se encuentran en universidades de 11 comunidades autónomas, incluidas las principales de España desde la Complutense y Autónoma de Madrid, la Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona, la de Valencia, el País Vasco o Sevilla.

Para poder beneficiarse del plan, «en unos casos se exige tener 60 años y 30 de servicios o 65 años y 15 de servicio. En otros se requiere tener 65 años de edad en todos los supuestos», relata el Tribunal. «La duración del incentivo se extiende hasta que se cumplan los 70 años. De esta manera, un profesor de universidad con sólo 15 años de cotización puede acreditar a los 65 años una retribución muy por encima del 100% de la pensión; algo ciertamente llamativo en el contexto general de los diferentes regímenes de Seguridad Social», critica.

«Los acuerdos adoptados en el seno de las Universidades estableciendo planes de jubilaciones voluntarias anticipadas e incentivadas para el personal docente e investigador funcionario carecen de soporte legal, por lo que las universidades deberían suspender la vigencia de los mismos y, en consecuencia, poner fin a la incorporación de nuevos beneficiarios».

«No deja de llamar la atención una cierta incongruencia. Por una parte, se otorga un trato excepcional al personal docente e investigador universitario, que les permite prolongar su actividad hasta los 70 años y, por tanto, seguir percibiendo unas retribuciones muy superiores a lo que percibirían como pensión máxima de jubilarse a los 65». Recuerda el informe que «los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social que se jubilan anticipadamente, ven recortada su pensión en un 8% por cada año que, sobre los 65, adelanten su jubilación; un 40% si lo hacen a los 70 años».

En cuanto a los profesores universitarios que no se retiran y continúan trabajando, el Tribunal de Cuentas constata en un muestreo que no cumplen las horas de trabajo a las que les obliga la Ley.

Carlos Segovia, en El Mundo

[agente t]

La denuncia presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; la ex vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, y el jefe de la Intervención General del Estado, José Alberto Pérez, por falsificar las cuentas del déficit ante Bruselas y por un delito de daños a la economía nacional ha sido respaldada por la oficina de estadística de la Comisión Europea (Eurostat), según manifestaron ayer a LA GACETA fuentes próximas a la institución europea. En otras palabras, “Eurostat apoya el escrito de Manos Limpias contra un fraude masivo realizado por los máximos responsables del anterior Gobierno socialista”, señalan.

Y es que según se desprende del escrito, “Bruselas ha constatado que el Ejecutivo de Zapatero no sólo no cumplió con sus compromisos con los socios europeos, sino que ocultó y falseó la realidad de las cuentas públicas”. Por este motivo, el Gobierno de Rajoy se ha encontrado un agujero extra en el déficit de más de 26.000 millones de euros. En este sentido, funcionarios europeos han señalado que “no es serio que un Gobierno haga trampas”.

De hecho, durante la semana pasada, que fue cuando Bruselas hizo público el fraude masivo, llama la atención el silencio del PP en este asunto. “No se entiende cuando numerosos funcionarios que trabajan en los organismos de la Comisión Europea estaban indignados porque la credibilidad de España estaba por los suelos”, apuntan. En este sentido, “muchos de los que trabajan en las instituciones europeas están avergonzados”, explican.

Todo indica que en el informe que presentó el Ministerio de Economía “se manipularon y se ocultaron liquidaciones negativas”. Esto es, “se contabilizaron como ingresos del Estado 23.000 millones de euros que los entes territoriales tenían que haberle abonado al Estado en 2011 “derechos reconocidos”, pero no se contabilizaron como gastos de comunidades autónomas y ayuntamientos”, manifiesta la denuncia.

En cualquier caso, la acusación considera que tanto Zapatero como Salgado han sido los “inductores necesarios y cooperadores” como perpetrar los presuntos delitos de falsedad en documento público y daños a la economía nacional. Para el primero de ellos el Código Penal fija penas de prisión, multa e inhabilitación por faltar a la verdad en la narración de los hechos o alterar la autenticidad de un documento. La próxima semana la denuncia presentada se convertirá en una querella contra los mismos acusados.

D. Carrasco, en La Gaceta.es