Partitocracia es una mutacion del absolutismo?

[etrusk]

Por suerte en España aun tenemos un régimen político la Partitocracia blanda. Me pregunto si la partitocracia no es una mutacion del absolutismo?
Los "representantes del pueblo" están por encima de la ley,
Los "representantes del pueblo" nombran a los jueces,
Los "representantes del pueblo" pueden meter la mano en el bolsillo del cualquier empresa del país privada o estatal,
Los "representantes del pueblo" ocupan su puesto de por la vida,
Los "representantes del pueblo" ya empiezan a heredar sus sillones a sus hijos.

Como se dicen si uno anda como un pato, si uno hace qüa como un pato, si tiene pinta de un pato es ... un pato.
http://etrusk.blogspot.com.es/2012/0...itocracia.html
http://etrusk.blogspot.com.es/2011/0...-politica.html

[agente t]

Paralelismo muy bien traído. Lo de Umberto Bossi y su hijo es un claro ejemplo.

[ArielRC]

Bueno, sin dudas, la progresía se basa en la misma creencia que tenía el "despotismo ilustrado" para justificar el absolutismo frente a las "locas" ideas liberales y republicanas: el pueblo es ignorante, y si se gobierna por si mismo sería presa de los egoistas intereses de la plebe acaudalada por eso la "aristocracia", criada para "servir a su pueblo" es la más adecuada para gobernar por el bien común. Solo tenes que cambiar el termino "aristocracia", ya en deshuso, por el moderno "clase politica" que es el termino que se usa en argentina (y desgraciadamente no despectivamente) para referirse al fenomeno de los politicos "de profesión", esos que empieza a hacer politica en la universidad (o ya desde la secundaria y quizas por herencia familiar) y ya pasan de concejal a diputado, senador, gobernador, etc sin tener un trabajo genuino en toda su vida.

[agente t]

Además, esas vanguardias coinciden con aquellos que quieren manipular en su favor el sistema educativo para poner al pueblo a su servicio e impedir que pueda llegar a ser intelectual y materialmente autónomo.

[agente t]

La crisis ha puesto al descubierto los graves defectos de nuestro sistema institucional y político, entre ellos, y de forma muy destacada, el fracaso estrepitoso del Estado de las autonomías, que no ha cumplido ninguno de los objetivos para los que fue concebido y que nos ha precipitado a la ruina.

Otro aspecto innegable del derrumbe del proyecto que alumbró la Transición es el bajísimo nivel de la clase política, que a lo largo de las últimas tres décadas ha ido descendiendo en preparación intelectual, en competencia técnica y en calidad moral. Las dos legislaturas 2004-2008 y 2008-2011 han representado el punto más bajo de este proceso degenerativo, siete años aciagos en los que el Gobierno de España estuvo en manos de gentes que en la actividad privada no hubieran salido jamás de la pura mediocridad. Como siempre, la explicación de semejantes desastres en la vida pública se encuentra en una arquitectura institucional extraordinariamente deficiente, concretamente en nuestro caso, un sistema electoral y unos partidos que funcionan perversamente.

Dos son las consecuencias de las listas cerradas y bloqueadas, de la financiación pública de los partidos, de su control por cúpulas oligárquicas y cooptadas, de la clamorosa ausencia de democracia interna de estas organizaciones y de circunscripciones muy grandes con un elevado número de votantes: un mecanismo inverso de selección en virtud del cual es más probable que lleguen a los puestos de máxima responsabilidad los peores antes que los mejores y la completa destrucción del vínculo entre representante y representado. A partir de aquí la proliferación de la corrupción por un lado y la erección de una Administración elefantiásica, compleja e ineficiente al servicio de correligionarios, parientes y clientes políticos por otro resultan imparables. Un montaje tan perjudicial conduce asimismo al debilitamiento de la división de poderes y a la esterilización de la sociedad civil, colonizada por el poder de los partidos.

Hace 35 años toda una clase política, la del régimen anterior, aceptó su final incruento y ella misma preparó y llevó a cabo su liquidación, en un gesto de lucidez histórica y de patriotismo que todavía no ha sido suficientemente reconocido. Parece evidente que la presente etapa marca también un cambio de ciclo que requiere una renovación a fondo de los estratos dirigentes. Sería magnífico que los miles de profesionales de la política que pueblan hoy gobiernos, parlamentos, ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas comprendiesen la necesidad de su relevo y procediesen a una reforma profunda del sistema electoral y de la normativa sobre partidos que diese a España la condición de sociedad verdaderamente abierta. Es mejor que sea por las buenas. Duele menos.

Alejo Vidal-Quadras, en La Gaceta.es

[agente t]

No es solo la Generalidad de Cataluña la que se gasta el oro y el moro en una red de empresas paralelas. Son todas las Comunidades Autónomas las que lo hacen, sean del PSOE, del PP o de otros partidos. El despilfarro a lo nouveauriche de las 17 Autonomías no conoce límites. Y así nos luce el pelo de la dehesa en la Europa atónita. El café para todos de Suárez, Abril y Clavero Arévalo fue una gracieta celebrada por los botafumeiros de la época que iba a engendrar de forma inevitable los lodos de estos 17 Estados de pitiminí que padecemos.

Los partidos políticos, igual que los sindicatos, se han convertido en agencias de colocación y en un estupendo negocio a costa de los impuestos con los que se sangra de forma casi confiscatoria a los ciudadanos. Hemos pasado de 600.000 empleados públicos en 1977 a 3.200.000 increscendo. Los contribuyentes pagan además de los sueldos de esos funcionarios, en gran parte amiguetes, parientes y paniaguados elegidos a dedo por los dirigentes políticos y sindicales, pagan, digo, sus vacaciones, sus moscosos, sus puentes, sus viajes gratis total, sus prebendas, su seguridad social, sus jubilaciones, el mantenimiento de sus lugares de trabajo, su limpieza, su calefacción, su aire acondicionado, sus teléfonos, su seguridad y el material de sus oficinas. Pero como las cuatro Administraciones del Estado -la central, la autonómica, la provincial y la municipal- difícilmente dan ya para más empleo, los partidos políticos han creado una red interminable de empresas, fundaciones y entes públicos, cuyo número supera la cifra de 4.000. Casi todas estas camelancias son altamente deficitarias y viven del presupuesto del Estado, igual que los partidos políticos y la casta sindical. No tienen otra utilidad que incrementar el gasto con la colocación en ellas de los enchufados por los partidos y los sindicatos.

Roberto Pérez ha desvelado que los dirigentes catalanes han empleado a ¡53.000 personas! en el entramado de sus empresas públicas, consorcios y fundaciones y que la Generalidad derrocha más de 2.000 millones de euros en subvencionar a estas creaciones, muchas de las cuales son puros engendros. Los datos aportados por Roberto Pérez enrojecerían las mejillas del sinvergüenza con la cara más dura. Pero aquí no pasa nada. El despilfarro se sufraga con el mayor cinismo subiendo el IVA y multiplicando los impuestos. Y que paguen los ciudadanos que a los políticos y a los sindicalistas les corresponde vivir a cuerpo de rey, dando el menor golpe posible y disfrutando de la vida.

Las cifras ahora desveladas de la realidad catalana no constituyen un caso aislado. En las demás Comunidades Autónomas ocurre aproximadamente lo mismo. Desde hace diez años al menos vengo arando en el agua al denunciar la desmesura del gasto público y la voracidad de los partidos políticos. Como el despilfarro generalizado nos ha conducido a bordear la quiebra del Estado al explosionar la crisis económica internacional, la clase política ha aceptado establecer algunas fórmulas de austeridad, si bien se mantienen las prebendas de los partidos políticos y de los sindicatos que deberían gastar exclusivamente lo que ingresan a través de las cuotas de sus afiliados pero que el 90% del dinero que derrochan es público.

El escándalo ha llegado a extremos de tan grueso calibre que la gente en general está que brama. No comprende que no se les caiga la cara de vergüenza a Rajoy, a Rubalcaba, a Cayo Lara, a Griñán, a Artur Mas y demás cómplices de la banda política, cuando las encuestas solventes sitúan en tercer lugar, entre los diez graves problemas que atosigan a los españoles, a los partidos políticos. Hay que tener el rostro de cemento armado para no enrojecer ante tamaña bofetada propinada por la ciudadanía a la que dicen representar.

Luis María Anson, miembro de la Real Academia Española. En El Mundo

[agente t]

De Cospedal acaba de abrir unos de los frentes más polémicos de la política. Su plan para eliminar los sueldos de cargos electos supone desafiar el eje de la carrera política en España, un esquema que ha desembocado en la etapa de mayor desprestigio de los políticos, asumidos como el tercer gran problema de España y como una casta alejada de la realidad y corrupta -cerca de 500 casos han pasado por los tribunales en 10 años-.

La discrepancia de buena parte de los políticos es lógica. Si la idea se extiende, supondrá el fin del plan de carrera de buena parte de los más de 600 diputados y senadores nacionales y más de 1.200 miembros de legislativos regionales que costeamos entre todos. Sin descartar que sus consecuencias afecten a más de 8.000 alcaldes, 40.000 concejales con sueldo, 131.000 cargos en empresas con capital público, 40.000 cargos de confianza, 5.000 puestos en consejos asesores, 1.500 en entidades de difusión cultural, 2.500 en las de promoción del comercio exterior, etc. Todo un largo listado que, de incluir los de libre designación en los sectores sanitario y educativo (a menudo contaminados por la política) llega a superar los 400.000 puestos. Un poderoso colectivo que se ha acostumbrado a gestionar la crisis bajo la premisa de que los esfuerzos deben partir antes de los ciudadanos (las últimas subidas fiscales suponen un alza de un 12% de los impuestos) que de ellos mismos (los gastos de personal del Estado central han crecido hasta julio un 0,4%).

Los críticos aseguran que cambiar el sueldo por dietas dispararía el riesgo de corrupción y eliminaría su profesionalización. Afirmaciones que olvidan que nuestro país, plagado de cachorros de partido, es uno de los más tristes ejemplos de corrupción (puesto 31º del ranking de Transparencia Internacional), alejado del resto de países avanzados.

La corrupción, falta de formación e incapacidad para desafiar al líder supremo son, de hecho, el resultado del actual modelo de supuesta profesionalización de los políticos, funcionarios del poder que medran por lealtad al jefe y no por cualificación. ¿Es esa la política que queremos? ¿la que ha hundido las cajas y convertido en el mayor nicho sindical a las empresas públicas?

Es hora de profesionalizar la política. No de políticos profesionales.

Carlos Cuesta, en El Mundo

[agente t]

¿Qué cree Mariano Rajoy, qué cree Pérez Rubalcaba, qué creen Cayo Lara, Durán y Urkullu que piensan los españoles del cinismo y los abusos de los partidos políticos? ¿Por qué no hacen examen de conciencia nuestros dirigentes, entregados a la verborrea y a la hipocresía?

En España, los partidos han creado 400.000 cargos públicos, el doble de los que hay en Alemania, cuya población es dos veces la de España. En 1977, los contribuyentes españoles pagaban a 700.000 funcionarios; hoy, a 3.200.000. Los partidos se han dedicado a colocar en las Administraciones públicas, generalmente a dedo, a sus parientes y paniaguados. Los partidos han construido 17 Estados de pitiminí en los que se derrocha el dinero a manos llenas en palacios, edificios suntuosos, viajes gratis total, incesantes banquetes, ejércitos de asesores, colaboradores, secretarias, jefes de gabinete, escoltas y choferes. La caravana de coches oficiales se eleva por encima de la cifra desmesurada de 50.000, cuando tanto Cameron, en Inglaterra, como Hollande, en Francia, la han reducido prácticamente a cero. Las facturas de gasolina, mantenimiento, reparaciones y seguros de esos automóviles son descomunales. Los partidos se han inventado 4.000 empresas públicas, casi todas deficitarias, pero que sirven para colocar a parientes y enchufados. Los partidos han multiplicado el número de palacios y edificios oficiales con gastos abrumadores de mantenimiento, limpieza, seguridad, teléfonos, material de oficina. Algún organismo que puede funcionar perfectamente en mil metros cuadrados, como el Instituto Cervantes, ocupa el colosal edificio del antiguo Banco Central.

Los partidos no reparan en gastos internos porque el 90% de lo que derrochan se paga a través de subvenciones directas o indirectas de las cuatro Administraciones: la central, la autonómica, la provincial y la municipal. Además, han recibido ingresos, que ellos mismos deciden, por cada voto obtenido, por cada diputado o senador conseguido, incluso por cada elector que figura en el censo, amén de sufragar a cargo del Estado los más diversos gastos de las campañas electorales. Como adenda todas estas cifras del despilfarro hay que añadir que la clase política nos ha endeudado en más de 800.000 millones de euros. Solo los intereses que pagamos por esa deuda se elevan, números redondos, a los 40.000 millones, cantidad similar a la que destinamos para pagar el presupuesto de todos los Ministerios.

El abuso de los partidos -y de las centrales sindicales se puede decir lo mismo- no termina ahí. La ciudadanía sufraga las numerosas prebendas de los políticos, dietas, jubilaciones, indemnizaciones, atención sanitaria, ayuda para el transporte y la biblia en pasta damasquinada. Dejo aparte la corrupción, que crece pero que no está generalizada. La clase política española, en general, es mediocre y voraz pero no corrupta.

Como todas estas cifras y otras muchas han ido transcendiendo, la opinión pública considera que los partidos políticos se han convertido en el tercero de los diez grandes problemas que atosigan a los españoles. Los ciudadanos aborrecen a los partidos políticos. Mucho cuidado. Eso ocurrió ya en el primer tercio del siglo pasado y el resultado de la repulsa generalizada fue el estalinismo en Rusia, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, el franquismo en España y el salazarismo en Portugal. A los partidos políticos hay que embridarlos y regenerarlos democráticamente, no destruirlos, porque son imprescindibles para el ejercicio de una democracia plena y pluralista. La primera medida para su regeneración consiste en establecer por ley que no puedan gastar un euro más de lo que ingresan a través de las cuotas de sus afiliados.

El cinismo de los partidos políticos, en fin, se ha convertido ya en escándalo nacional. Si sus dirigentes no se dan cuenta del rechazo general que provocan y no se regeneran desde dentro, se enfrentarán un día no lejano con el estallido de la indignación popular.

Luis María Anson, miembro de la Real Academia Española. En El Mundo

[agente t]

Para ser dependiente de El Corte Inglés, para trabajar como taxista en Málaga, para acceder a jefe de sección en cualquier empresa media se exige que el candidato cumpla una serie de condiciones. Para ser político no es necesario tener título universitario ni máster ni bachillerato ni idiomas ni experiencia ni nada de nada. Es lógico que así sea porque en una democracia sana corresponde a los electores elegir a los que van a gobernar.

Una cosa es esa y otra que los políticos elegidos nombren para los cargos públicos a sus parientes, a sus amiguetes, a sus paniaguados, sin otra exigencia que la relación con quien les nombra a dedo. En España padecemos 400.000 cargos públicos, 200.000 más que en Alemania que nos dobla en población. Y a esos cargos no se les exige condición alguna, salvo la lealtad habitualmente perruna y letrinal al jefe.

El presidente del Gobierno ocupa el cargo democráticamente por elección indirecta de los ciudadanos representados en el Congreso de los Diputados. Puede nombrar los ministros y ministras que le vengan en gana, aunque sean ineptos. Y así lo han hecho en demasiadas ocasiones. Desde el primer Gobierno de la Transición a nuestros días, algunos pintorescos personajillos han ascendido a los cielos ministeriales sin tener experiencia, sin titulación, sin idiomas, sin requisito alguno. José Luis Rodríguez Zapatero rozó el rizo de los despropósitos y algunos de sus ministros, algunas de sus ministras, no hubieran sido aceptados como auxiliares de Redacción en este periódico.

No es verdad que, en sus líneas generales, la clase política española sea corrupta aunque la crecida de las trapisonderías empiece a alarmar. Nuestros políticos no son corruptos sino, salvo las debidas excepciones, mediocres y carentes de preparación. Hablan por radio y televisión y parecen boxeadores sonados. Entienden la política , no como el servicio al interés general, sino como un modus vivendi personal y como una forma de agencia de colocación para satisfacer los compromisos de su clientela. La mayor parte de los miembros de la clase política española no encontraría trabajo en la vida ciudadana. Por eso se aferran a seguir chupando del bote, por eso se cuelgan con ardor de la teta del Estado. Como ocurre con casi todos los mediocres, como sucede con la inmensa mayoría de los nuevos ricos, los políticos se dedican a demostrar lo importantes que son imponiendo las más disparatadas trabas burocráticas a los ciudadanos, amén de gastar desaforadamente y entregarse al lujo y a la suntuosidad que pagan los contribuyentes.

Y, claro, los españoles, que no son unos pardillos, que se nutren de la sabiduría popular de los siglos, han tomado la medida a los políticos que nos gobiernan y los han situado en tercer lugar entre los diez grandes problemas que agobian a España. Si la clase política quiere recuperar el respeto debe, entre otras muchas cosas, reducir a la tercera parte los cargos públicos y encaramar en ellos solo a los que cumplan unas exigencias mínimas de capacidad. Como no me parece que los políticos, incluso los más preparados, estén por la labor, el divorcio entre la clase política y la ciudadanía se irá acentuando hasta que un día explosione la olla a presión de la indignación popular. La realidad es que, hoy por hoy, cuando la gente reconoce a un político en una cafetería o en la calle suelen producirse abucheos e imprecaciones.

Luis María Anson, miembro de la Real Academia Española. En El Mundo