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  1. #31
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Pacto obceno para controlar el poder judicial

    ¿Se imagina alguien que la canciller Angela Merkel se reuniera con Sigmar Gabriel, el jefe del SPD, para pactar la composición de los órganos de gobierno de la Justicia y el presidente del Tribunal Supremo? Sería sencillamente imposible, pero esto es lo que ha sucedido en nuestro país, donde Rajoy y Rubalcaba han negociado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

    Ni siquiera se han molestado en guardar las formas. Han pactado las cuotas por partido, han designado los componentes del CGPJ en base a sus intereses políticos y se han puesto de acuerdo en el nombre del futuro presidente. En definitiva, se han repartido el órgano de gobierno de la Justicia como si fuera un consejo de administración.

    No sorprende demasiado que el PSOE se haya comportado de esta manera porque siempre ha defendido que los miembros del CGPJ debían ser nombrados a dedo por los partidos. Pero el PP llevaba en su programa electoral la reforma del sistema para que los jueces eligieran directamente a sus 12 representantes. Este compromiso se ha incumplido y no cabe argumentar razones sobrevenidas o de carácter presupuestario. El PP ha optado por mantener el statu quo que le garantiza el control del aparato judicial a través de los nombramientos que realiza el CGPJ.

    Ello se ha hecho desde un descarado pragmatismo que justifica el nombramiento de personas como Álvaro Cuesta, que fue diputado durante casi 30 años y ex miembro de la dirección del PSOE, o Mercè Pigem, actual diputada de CiU. ¿Con qué autonomía pueden decidir estas personas?

    Al actuar así, el PPy el PSOE están demostrando que carecen del menor interés en una Justicia independiente y que sus palabras sobre la regeneración ética y la lucha contra la corrupción son una simple cortina de humo. ¿Cómo no va a quebrar la confianza en el actual modelo bipartidista con estas prácticas?

    Tampoco está contribuyendo a prestigiar la imagen de la Justicia el comportamiento del fiscal general del Estado, que declaró que imputar a la Infanta Cristina sería «un trato de desfavor» pese a los muchos indicios que existen en el procedimiento judicial que demuestran que era algo más que una figura decorativa en Nóos y en Aizoon. Ayer mismo, la Agencia Tributaria emitía un informe en el que se reconoce que Aizoon ha defraudado a Hacienda 281.000 euros en cuatro años por el Impuesto de Sociedades, cantidad que no llega al delito. El mismo informe reconoce que Aizoon era una sociedad sin actividad alguna, con el único fin de blanquear el dinero captado en patrocinios y regalías.

    Resulta obvio, como decía el juez decano de Zaragoza, que cualquier otra española que no fuera Doña Cristina habría sido imputada pese a lo que afirma Torres-Dulce, que tendrá ocasión de demostrar su independencia en el informe que le ha pedido a la Fiscalía la Audiencia Nacional sobre la posible financiación irregular de UGT. Será imposible que los ciudadanos crean en la Justicia mientras los altos tribunales y el fiscal general del Estado no demuestren que existe el mismo rasero para todos.

    Editorial de El Mundo

  2. #32
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Politización

    Hay para enfermar gravemente de vergüenza con el espectáculo parlamentario de la elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial. La mayoría gobernante hizo otra vez lo contrario de lo que dictaba su programa y optó por una elección política. Empeoró el incumplimiento la evidencia de que ahora no regía el estado de necesidad que llevó a cambios drásticos en la política económica planeada. Y en fin: es difícil desvincular la sesión de la peor de las imágenes que pueden dar los políticos, cuando parecen proteger sus intereses contra los intereses de los ciudadanos.

    Todo esto es tan cierto como que la politización de la justicia (es decir, su eclipse) no tiene que ver con el encargo al poder político de la designación de los jueces. Lo que realmente eclipsa la justicia en España no es el sistema de elección de los jueces (vigente en muchos otros países) sino el convencimiento general, incluido el de muchos jueces, de que el ejercicio de la justicia no puede ser independiente de las convicciones morales y políticas.

    El trabajo de un juez no es aplicar sus convicciones a los hechos, sino el de aplicarles la ley.
    Así como el trabajo de un periodista no es aplicar a los hechos sus convicciones sino la ley de una escritura objetiva. La objetividad, y también la justicia, es la posibilidad de describir y calificar unos hechos al margen de las convicciones de las personas encargadas de hacerlo. No veo en qué medida complica esto la militancia de un juez: los carnets no quitan ni añaden convicciones; ni siquiera instrucciones. Comprendo la razón por la que uno de esos nuevos miembros, la vocal Pigem, va a dejar en suspenso su militancia nacionalista. Pero nadie con su cerebro intacto puede pensar que, entregando su carnet, la vocal Pigem entrega también sus convicciones. Por suerte la vocal no ha sido llamada para ejercer sus convicciones, que a mi juicio están veteadas, como las de cualquier nacionalista, de ideas malignas y antidemocráticas, sino para aplicar una ley que puede coincidir o no con ellas. Y es en la aplicación de la ley donde a la vocal y al resto de colegas habrá que exigirles responsabilidades.

    La democracia española necesita mayor rigor ad textum y menor querencia ad hominem. Y dejar de alcoholizarse con ese capcioso bebedizo cesarino que lleva a decidir la honestidad por la apariencia.

    Arcadi Espada, en El Mundo

  3. #33
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    14 ene, 07
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  4. #34
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    08 ene, 07
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    Predeterminado El juego sucio de Gallardón

    La nota denigratoria del fiscal Horrach contra el juez Castro, sin precedentes en la literatura forense y sin antecedentes que no hayan resultado penales para sus autores, muestra el juego sucio del Gobierno de Rajoy, en particular del Ministerio de Justicia y su inflamado apéndice de la Fiscalía del Estado, empeñados en convertir la actividad más que presuntamente delictiva de los imputados en el caso Nóos-Aizoon en un debate sobre cortesía judicial, un juicio por saqueo de fondos públicos en una labor de filtiré o en un bordado de macasar para testas coronadas. De creer las injurias del fiscal al juez, las mentiras del ministro y las lagrimitas de la prensa, lo que se juzga -lo que se intenta juzgar, porque el Rey y el Gobierno lo han impedido hasta ahora- no es el robo de dinero público por unos pájaros de la Familia Real sino el trato obsequioso que debemos observar con las clases superiores y cómo evitar las feas costumbres de la plebe, esa misma a la que sangra el Fisco y a cuyas torpes emociones se recurre en bodas, bautizos y entierros reales. Para evitar el paseíllo de la Infanta, el mozo de espadas Gallardón ofrece el verduguillo, para liquidar toda esperanza de igualdad de los españoles ante la Ley.

    Lo que está en juego es la soberanía del pueblo español, de la que, según la Constitución, «emanan todos los poderes del Estado», incluida la Justicia. Esa soberanía nacional está por encima de monarquías y repúblicas. Y muy por encima de los miembros podridos de una de las Familias Reales -no la única- que pueblan la historia de la nación española. A esa soberanía que cristaliza en la Constitución debe servir el Gobierno de la Nación. Y lo que vemos en el tratamiento legal de los presuntos delitos de la infanta es lo contrario: un Gobierno que traiciona su más sagrada obligación para condonar la devoción al Becerro de Oro de la Familia Real. Castro ha aceptado llamar a los que ahora pide el quebrantahuesos fiscal pero debería llamar a Montoro para que explique lo que oculta al Parlamento: por qué Hacienda ha falseado su criterio sobre las facturas falseadas de la Infanta. Y, de paso, que le pregunte a Horrach: si, según él, Aizoon es un puro delito, ¿por qué impedir que el juez tome declaración a la mitad de los presuntos delincuentes?

    Federico Jiménez Losantos, en El Mundo

  5. #35
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Imprudencias

    Todo lo que está sucediendo en torno a la Infanta Cristina en relación con su comparecencia ante el juez está lleno de excentricidades, de desmesuras y de torpezas a cargo de distintos actores.

    Ya fue una desmesura que el juez tuviera que poner en un auto interminable las razones por las que quería llamar a la Infanta a prestar declaración. También lo fue, y además una excentricidad, el escrito del fiscal Horrach en el que, además de solicitar determinadas diligencias antes de que ella comparezca, pone al juez de chupa de dómine, lo cual llevó a las asociaciones de jueces a protestar enérgicamente ante el CGPJ por esta iniciativa inexplicable del fiscal.

    Y ahora la torpeza incluye ya a los políticos. El ministro de Justicia Gallardón tuvo primero la ocurrencia de opinar que la Infanta no debía ser forzada a hacer el paseíllo por la rampa que conduce al juzgado de Palma. Que el ministro de Justicia participe de esa polémica está completamente fuera de lugar por la sencilla razón de que su opinión pesa, y pesa en un asunto en el que no debería en absoluto intervenir.

    Y el lunes el presidente del Gobierno opinó que le va a ir bien en el proceso judicial abierto. Otra torpeza. Está bien que Rajoy haga un llamamiento a la presunción de inocencia, a la que tienen derecho todos los españoles que comparecen ante los tribunales. Está bien que pida que la Justicia sea igual para todos y que no se condene a la Infanta antes de que el juez haya tomado una decisión. Pero anticipar que saldrá bien de este asunto es otra desmesura.

    El presidente del Gobierno no tiene entre sus funciones la de adelantar las resoluciones judiciales que aún no han tenido lugar, y mucho menos cuando se trata precisamente de la hija del Rey.

    Con esas palabras a lo único que ha contribuido es a hacer crecer en muchos la malísima impresión de que hay un plan premeditado para exonerar a la Infanta de cualquier contratiempo. Plan del que el presidente estaría enterado pero que está oculto para los demás. Y eso, además de hacer desconfiar aún más a una opinión pública ya bastante irritada por el caso, deja al juez Castro en una posición imposible, como si su actuación cuando declare Cristina fuera en realidad una escenificación inútil, la representación de una farsa.

    Este caso está manchado desde hace mucho tiempo por las intervenciones extemporáneas de demasiadas personas. Decida lo que decida el juez después de la declaración de la Infanta, se hará una interpretación cuajada de sospechas. Todos los elementos están ya dispuestos para ello. Y, sorprendentemente, el presidente del Gobierno ha contribuido a ello con su declaración.

    Victoria Prego, en El Mundo

  6. #36
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    08 ene, 07
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    Predeterminado El ariete judicial del separatismo

    El manifiesto suscrito por una treintena de jueces catalanes en defensa de la independencia de Cataluña es sólo la última consecuencia visible de la politización sistémica de la Justicia en nuestro país. En abierta rebeldía constitucional, estos magistrados catalanes han decidido sumarse a la ofensiva separatista que busca destruir la esencia de la nación española, en cuya indivisibilidad se fundamenta la propia Carta Magna según reza su artículo 2. La actitud de los magistrados abajofirmantes, algunos de ellos bien caracterizados en el pasado por su proximidad a las tesis separatistas, los descalifica para ejercer sus responsabilidades jurisdiccionales, dimanantes precisamente del ordenamiento jurídico que buscan destruir aunque disimulen la gravedad de este hecho con disquisiciones en torno a un inexistente derecho a decidir como las que contiene el texto suscrito.

    Pero estos jueces catalanes embarcados en la operación separatista impulsada por el gobierno regional catalán no son, por desgracia, una excepción en el tono general que impera en nuestra Justicia. El propio Tribunal Constitucional, en teoría el máximo garante de nuestra Carta Magna, no se caracteriza precisamente por su defensa clara de los principios y mandatos que dan sentido a nuestra Constitución.
    Su interpretación asombrosamente laxa del Estatuto de Cataluña, que dinamita la igualdad de todos los españoles y la necesaria solidaridad entre los territorios de la nación española, no ha sido una excepción, sino la base desde la cual alfombrar jurídicamente una operación de hondo calado que busca otorgar carta de naturaleza a la secesión de una parte de España a espaldas del único sujeto de la soberanía reconocido en nuestra principal Ley, que no es otro que el pueblo español en su conjunto. La tesis defendida por Adela Asúa, magistrada nacionalista encumbrada nada menos que a la vicepresidencia de nuestro tribunal de garantías, en rechazo del recurso interpuesto por el Gobierno de España contra la pretendida consulta separatista, es otro jalón en la vergonzosa trayectoria de un órgano dedicado a bendecir los enjuagues de la clase política en lugar de poner coto a sus desmanes haciendo cumplir a rajatabla la Constitución.

    Los incumplimientos de Mariano Rajoy desde su llegada al poder son clamorosos, como ha quedado suficientemente de manifiesto en estos dos primeros años de mandato. Sin embargo, la mayor traición a los intereses generales no es el abandono de la sana política económica que siempre defendió el PP, sino el desprecio a la promesa acabar con la politización de la Justicia que constituyó el frontispicio de su programa electoral. Muy al contrario, lo que ha hecho el gobierno del PP a través de su ministro de Justicia, ha sido precisamente fomentar la corrupción interesada de los jueces y altos tribunales, repartiéndose sus nombramientos a gusto de las distintas fuerzas políticas en función de su distinta representatividad. El resultado es el que estamos viendo con asuntos muy recientes como la derogación injustificada de la doctrina Parot con carácter general, las incursiones de los juzgados madrileños en un asunto de estricta gestión política como es la privatización de determinados servicios hospitalarios o la validación de la violencia contra el rival político a las puertas de su domicilio particular.

    Ahora bien, ninguno de estos asuntos, por importantes que sean en su ámbito concreto, puede equipararse en gravedad con la operación secesionista organizada por las fuerzas separatistas catalanas –a la que ya se están uniendo las vascas-, cuya bendición judicial por parte de treinta magistrados catalanes es sólo un pequeño anticipo de lo que queda por venir.

    Editorial de Libertad Digital

  7. #37
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    08 ene, 07
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    Predeterminado La vergüenza del juzgador

    Es más que probable que la mejor descripción de la triste situación que atraviesa la Justicia en España no la hayamos hecho, ni la lleguemos a hacer, ninguno de los que sistemáticamente hemos denunciado la hiperpolitización de los tribunales.

    Es muy posible que la mejor fotografía de la anulación de la función de contrapoder que debe encarnar el Poder Judicial en toda democracia la haya realizado Gómez Bermúdez. Porque sus respuestas a Casimiro García-Abadillo en el diario EL MUNDO sobre los atentados del 11-M son la radiografía perfecta de una verdadera soledad. No la del juez, como dijera la ex mujer de Gómez Bermúdez en aquel indescriptible libro, sino la soledad de la ciudadanía. De las víctimas. De cualquiera que sueñe con la independencia judicial. Huérfanos, todos ellos, de una capa judicial capaz de alcanzar aquello que no puede faltar en una democracia que se precie de serlo: la Justicia.

    ¿Alguien puede imaginarse que en Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido el juez encargado de un atentado como el del 11-M dijera, después de 10 años sin conocer aún al autor intelectual, que «lo que siempre podremos pensar, y es lícito, es que alguien les tuvo que dar la idea [...]. No lo hemos indagado, yo no lo he indagado. ¿Quién le da las ideas de atentar así? Pues no lo sé».

    ¿O que en cualquier democracia consolidada ese mismo juez subrayara que el atentado no lo inspiró Al Qaeda, pero sí el «alqaedismo»? ¿Qué es el «alqaedismo»? ¿Se imaginan lo que le pasaría en España a un juez que culpase a un abertzale diciendo que no pertenece a ETA, pero sí al etaismo?

    ¿O cómo asumiría la opinión pública de esos países que el mismo magistrado que condena a 42.917 años de prisión a Zougam acabe diciendo «yo no tengo ninguna duda» de que Zougam fue autor material del atentado, «dicho esto, soy humano, me puedo equivocar»?

    ¿O cuánto duraría ese juez en la carrera judicial si asegurase que la marca del explosivo, una de las principales pruebas que encauzó la investigación y cuya veracidad fue tumbada por la propia pericia, «da exactamente igual»? ¿O si dijera que Manzano, el responsable de los Tedax, «pudo equivocarse. El protocolo es dudoso»?

    Estas son las bases de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el mayor atentado de España y el de mayores consecuencias humanas, políticas e históricas.

    Preguntémonos ahora, en el 10º aniversario de aquel fatídico 11-M, si es necesaria o no una verdadera reforma del Poder Judicial.

    Carlos Cuesta, en El Mundo

  8. #38
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Indultos que confunden caridad con Justicia

    Un Estado de Derecho se define por el principio innegociable de la separación de poderes. Allí donde ésta no está garantizada, no puede hablarse estrictamente de democracia. Por eso, nuestra Constitución contempla la independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por más que la ley orgánica que determina el funcionamiento y gobierno de este último no respete, según muchos juristas, el espíritu constitucional. Pero con ser esto grave, lo que resulta inexplicable es que el Gobierno, amparado en una ley del siglo XIX, haga un uso bastante frecuente de su potestad para indultar a reclusos que han sido juzgados y sentenciados en firme, situándose de facto por encima de los tribunales. Y que lo haga, no con «carácter excepcional», como fija la ley, sino en 65 ocasiones en lo que va de año. Las últimas 21, respondiendo a la petición que cada año hacen diferentes cofradías católicas, siguiendo una costumbre del siglo XVIII. Como cualquier ciudadano, las cofradías están en su derecho de hacerlo, porque lo entienden como «un acto de caridad», según el abad de la Cofradía Santo Cristo del Perdón de León. Se trata de delitos menores, pero si a veces los indultos no tienen sentido, menos aún si lo son por motivos religiosos en un Estado aconfesional.

    Editorial de El Mundo

  9. #39
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    Predeterminado El faisán canta dos veces

    Dos honrados policías bregados en la lucha antiterrorista alertaron a un tal Elosua. Uno le acercó un teléfono móvil y el otro vino a decirle: «¡Agua, agua! ¡La madera!». Fue el caso Faisán. La Policía estaba al tanto de la existencia de 54.000 euros extorsionados a dos constructores de Leiza por la banda terrorista. El dinero le había sido entregado a Elosua el 3 de mayo de 2006 por Julen Madariaga.

    O sea, que el 4 de mayo, día de autos, iban a coincidir varios hechos que preocupaban mucho al Gobierno: la operación policial revelaría que, pese al alto el fuego hecho público por la banda el 22 de marzo, ETA seguía extorsionando, tal como había denunciado el presidente de los empresarios navarros, a quien le cayeron toda clase de acusaciones por contradecir los sedantes informes de verificación de Rubalcaba. Aquel mismo 4 de mayo se iba a detener a Gorka Agirre, responsable de relaciones internacionales del PNV y su antena en el entorno de la organización terrorista, mientras Zapatero recibía en La Moncloa al presidente del PNV, Josu Jon Imaz, para tratar del apoyo de este partido a su proceso de negociación. Imaginen el ambientazo que se crearía si, en el momento en que están reunidos, le llega a Imaz la noticia de que le habían detenido a un burukide tan cualificado.

    La Audiencia Nacional condenó a los dos policías como autores de un delito de revelación de secretos, rechazando el de colaboración con banda armada y exculpando a la cúpula de Interior, director general de la Policía, secretario de Estado y el propio ministro del Interior. A veces, la judicatura española desafía las leyes de la lógica. Cabe valorar la pena imputable a dos funcionarios que malogran una trayectoria impecable por obedecer una orden ilegítima, la falta de antecedentes, la hoja de servicios y cuantos atenuantes procedan, pero dar el queo a unos presuntos delincuentes para ayudarles a eludir la acción de la Justicia no es exactamente lo mismo que filtrar a un periódico parte de un sumario. La segunda incongruencia es que los funcionarios actuaran por su cuenta, sin órdenes de la superioridad.

    El canto del faisán es como la llamada del cartero: siempre suena dos veces, y el Tribunal Supremo ha acordado que la vista de los recursos de las asociaciones de víctimas y del PP contra la sentencia de la Audiencia Nacional se produzca el 13 de mayo, aniversario, vaya por Dios, de la Virgen de Fátima y 12 días antes de las elecciones europeas.

    Es un motivo de preocupación para Rubalcaba. La apreciación del delito de colaboración por parte del Supremo supondría el aumento de la condena para los dos policías, su ingreso en prisión y un fuerte aliciente para explicar si el chivatazo fue inducido por la cadena de mando. Es una mala noticia para los socialistas, sin necesidad de prejuzgar la sentencia del Supremo. También para el público en general. No hay garantía de que vaya a hacerse más justicia, pero la campaña volverá a adornarse con las plumas vistosas del faisán y a moverse con el vuelo torpe de las gallináceas.

    Santiago González, en El Mundo

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