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  1. #11
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Muerto Dívar, ¿resucitará Montesquieu?

    A pesar de fracasar en el ámbito judicial, la campaña política y mediática dirigida contra el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ ha cosechado tal éxito que ya nadie duda de que Carlos Dívar presentará su dimisión el próximo jueves. Hasta tal punto ese cese se da por descontado que el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, ya se ha adelantado a ella para anunciar que sus objetivos al asumir el cargo de presidente en funciones será el de recuperar la credibilidad de los ciudadanos en la justicia y lograr la "máxima transparencia" en el Poder Judicial.

    Ciertamente, a tenor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cese de Dívar produciría una inédita bicefalia, pues Rosa lo sustituiría en funciones al frente del Consejo, mientras que el magistrado Juan Xiol Ríos lo haría en la presidencia del Tribunal Supremo por ser el presidente de sala más antiguo del Alto Tribunal. Muchos se preguntan por cuanto tiempo se mantendrá esta situación teniendo en cuenta que el mandato del actual órgano de gobierno de los jueces expira en 2012, y que este se encuentra completamente fracturado sin perspectivas de alianzas entre los vocales nombrados a propuesta del PP y del PSOE.

    Es un secreto a voces que la caída de Dívar no es más que un exponente de la politizada lucha que se vive en el seno del Consejo, tal y como corresponde a la bochornosa designación de sus miembros a cargo de los partidos. La incógnita, pues, a despejar, debería ser cuándo va el Gobierno a llevar a cabo la reforma judicial prometida por el ministro Gallardón nada más acceder a su cargo consistente en recuperar, en buena medida, la separación de poderes mediante el restablecimiento de la fórmula de elección de los miembros del CGPJ que existía hasta 1985.

    Aquella separación de poderes fue pulverizada por el gobierno de González al grito guerrista de "Montesquieu ha muerto", y el anuncio por parte de Gallardón de su restablecimiento, junto con el de otras reformas que tampoco han sido llevadas a cabo, nos hizo albergar esperanzas.

    Ahora que ya todos dan por "muerto" a Dívar, la cuestión es si el Gobierno de Rajoy va a "resucitar" a Montesquieu o, por el contrario, todo lo anunciado por Gallardón va a quedar en una de esas reformas que el Gobierno predica pero no practica.

    Editorial de LD

  2. #12
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    08 ene, 07
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    Predeterminado El Juego de las Diferencias

    Van a tener muy serias dificultades algunos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial para demostrar que sus gastos se ajustan al principio de estética y moralidad que le ha sido exigido a su ya ex presidente, Carlos Dívar, y que fue utilizado como palanca para forzar su dimisión. Y no solamente porque resulte absolutamente escandalosa la cifra que el viernes pasado dio a bulto el secretario del Consejo sobre lo que habían costado los viajes de los vocales en el año 2011, sino por varias razones más.

    De entrada, que 21 señores se hayan gastado 470.000 euros en desplazamientos nacionales en sólo 11 meses del año 2011 -agosto es inhábil para ellos- es impresionante.Y no digamos nada si a eso le sumamos los viajes internacionales y el coste de los servicios de seguridad. Porque entonces el total del gasto realizado supera de largo el millón de euros.


    Ninguno de estos 21 vocales, con las excepciones que haya que establecer una vez tengamos la información precisa, ignoraba que en 2011 el país estaba sumergido en la crisis, que el dinero público escaseaba dramáticamente y que el paro arrasaba la vida de los españoles. Pero ahí está esa millonada del erario que no tuvieron reparo en gastar.

    Ahora el Consejo tendrá que detallar al céntimo adónde han ido esos cientos de miles de euros y con qué fin. Quedamos también a la espera de que presenten todas las cuentas desde 2008 hasta hoy porque, de momento, las desconocemos. Pero, a tenor de lo visto, es seguro que nos vamos a encontrar con una cifra estratosférica. Y algo más, que puede resultar especialmente grave: el CGPJ está obligado a precisar cuántos y quiénes de sus vocales que tienen su residencia habitual fuera de Madrid han viajado a sus residencias privadas los fines de semana y si esos viajes se han pagado con el dinero del Consejo.

    Si existe una actividad privada, privadísima, ésa es la de regresar al hogar donde reside la familia de uno/a. Esa excursión semanal de ida y vuelta, repetida cada viernes y cada lunes, mes tras mes, sale por un dineral.

    Y si resulta que alguno, o algunos, de los consejeros han echado mano del dinero público para dedicarlo de forma continuada a pagar esa actividad privada, tendrán que presentar automáticamente su dimisión después de las obligadas explicaciones.

    Y ahora les propongo participar en el Juego de las Diferencias, ése que se publica en algunas revistas de entretenimiento. Porque de las diferencias detectadas en lo que sigue puede desprenderse una grave sospecha.

    - Tribunal Constitucional: sus magistrados tienen un sueldo muy superior a los del TS.

    Cada uno de los magistrados del TC cuentan con el apoyo de dos letrados personales más los servicios del Gabinete de Letrados, compuesto por más de 50 profesionales.

    Los letrados del Constitucional cobran casi el doble que los letrados del Supremo, pese a que los primeros, elegidos a dedo, no tienen que tener la categoría de funcionarios.

    Ni los magistrados ni los letrados del TC tienen limitación alguna en el material, ya sea mobiliario, informático o de otro tipo, que reclamen para su actividad

    - Tribunal Supremo: sus magistrados tienen un sueldo claramente inferior a los TC.

    Los letrados de este tribunal cobran cerca de la mitad que los del TC y para ocupar la plaza tienen que aprobar una oposición.

    A los magistrados de este tribunal se les han limitado incluso los bolígrafos y las tarjetas de visita y se les suministra material de fotocopiadora desechado por la Guardia Civil, según testimonio de uno de ellos.

    - Tribunal de Cuentas: cada uno de sus 11 miembros dispone de 6.000 euros al año en concepto de gastos de representación y protocolo, cantidad que se suma a un sueldo mensual que oscila entre los 5.500 y los 6.200 euros netos por 14 pagas. El Tribunal de Cuentas sufraga, además, los viajes de fin de semana a sus residencias privadas fuera de Madrid a algunos consejeros. Facturas que llegan a alcanzar los 2.500 euros al mes.

    - Tribunal Supremo: sus miembros no tienen asignado gasto alguno por el concepto de representación y protocolo. Y el magistrado que no sea de Madrid y quiera ir a ver a su familia se paga todos los viajes de su bolsillo.

    - CGPJ, Tribunal de Cuentas y Tribunal Constitucional: todos los miembros de estos órganos constitucionales disponen del servicio de un coche oficial con chófer las 24 horas del día. Sábados y domingos también. Se parte del hecho de que todos ellos, incluidos algunos octogenarios miembros del Tribunal de Cuentas, están en el ejercicio de su cargo en todos los momentos de su vida.

    - Tribunal Supremo: los magistrados de todas las salas tienen un servicio de coche oficial para llevarlos por las mañanas al Supremo y devolverlos a su casa hasta las dos y media. A partir de esa hora pasan a ser ciudadanos de a pie y se mueven por sus medios.

    -Tribunal de Cuentas: la Constitución le encomienda fiscalizar todas las cuentas públicas, incluidas las de los partidos. Sus miembros deben renovarse cada nueve años por acuerdo de PP y PSOE. Pero alguno, como Ubaldo Nieto (81 años), propuesto por el PP, lleva 30. Ciriaco de Vicente (76 años, PSOE) lleva 21. Juan Velarde (85, PP) lleva 20.


    Conclusión: los órganos cuya composición depende de los partidos gozan de unos privilegios de los que carecen los miembros del único poder cuya independencia efectiva garantiza la pervivencia del Estado de Derecho. Y el poder político mima a sus criaturas a cambio de poderlas controlar, contaminando gravemente así su cometido.

    victoria.prego@elmundo.es

  3. #13
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Solventes e independientes

    Si aceptamos sinceramente las reglas del Estado de Derecho, el poder judicial ha de gozar de independencia respecto a los otros poderes. Es muy fácil decirlo, pero cuesta mucho llevarlo a la práctica. Puede afirmarse que, en muy pocos regímenes de los ahora existentes, el poder judicial resulta independiente. A veces es el Legislativo el que controla la situación, a veces es el Ejecutivo el preponderante: regímenes de asamblea, regímenes falsamente presidencialistas. La independencia del poder judicial exige que los jueces sepan bien el derecho que aplican y que, además, su trayectoria profesional no esté favorecida desde fuera. La manera de nombrar al Consejo General, por ejemplo, no garantiza por sí misma la solvencia de los elegidos ni su independencia. Lo procedente sería seleccionar para cualquier puesto de la judicatura -desde el escalón más bajo al más alto- a personas que han demostrado conocer bien el derecho (solvencia) y que no tengan carácter acomodaticio respecto a quienes mandan, sean los superiores en el escalafón, sean capitostes económicos o sociales (independencia). He aquí el gran reto que, día a día, nos plantean los regímenes democráticos.

    Secondat, en El Mundo

  4. #14
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Soviet Supremo del Poder Judicial

    La operación para hacerse con el Consejo del Poder Judicial le ha salido redonda a Margarita Robles, junto a socios de menor nivel como el delator Gómez Benítez, verdugo de Dívar, que es abogado íntimo y ha sido el alter ego de Garzón en los tratos del Gobierno de Zapatero y la ETA. Con un Gobierno del PP elegido por mayoría absolutérrima, con una asociación judicial tan minoritaria como Jueces para la Democracia y en medio de un proceso de cambio que exige reforzar los criterios técnicos y no ideológicos para aplicar la legislación que impone la crisis, hete aquí que la extrema izquierda judicial -que eso ha sido siempre Jueces para la Democracia- ha conseguido lo que no podía ni soñar.

    Para empezar, echó a Dívar, elegido por un consenso casi total porque no molestaba a nadie, con la excusa de que no podía justificar gastos de viaje. Pero a continuación, todos los que por acción (Izquierda) u omisión (Derecha) acababan de echar a Dívar se negaron a entregar sus propias minutas de gastos. El garzón Benítez, que lo denunció sin avisar al Consejo, ha llegado a decir que no aceptaría nunca un Gran Hermano vigilando sus actividades. Claro, como ya han echado al Gran Primo, la doctrina de explicar los gastos ha caducado, por no decir que resulta indeseable.

    Para rematar la operación, han mareado la perdiz durante treinta votaciones y tras una semana cultivando el horror vacui, hete aquí que aparece al frente del Gobierno de los Jueces un magistrado que no representa en absoluto a la profesión, mayoritariamente conservadora o independiente; y que, amén del escrito de los jueces progres contra la reforma laboral, ha hecho gala de su animadversión a las nuevas leyes aprobadas por el Gobierno y el Parlamento, porque estamos ante uno de esos jueces-intérpretes que en vez de aplicar la Ley, que es lo suyo, la descalifican y archivan porque ideológicamente no les gusta.

    Viene Gonzalo Moliner del Supremo, pero de lo Social, donde el rojo y el azul mahón coinciden en machacar a la empresa. Y como en ruso consejo es soviet, no creo que a Moliner le moleste que digamos que preside el Soviet Supremo del Poder Judicial. ¿Y Mariano? ¿Y Gallardón? De Kerenski bis.

    Federico Jiménez Losantos, en El Mundo


  5. #15
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    Predeterminado Ubicuitina judicial

    En el año 2004, los israelíes Aaron Ciechanover y Avram Hershko y el americano Irwin Rose, recibieron el Premio Nobel de Química por descubrir el papel de una modesta, pero importantísima molécula: la ubicuitina.

    La ubicuitina (o ubiquitina) es una molécula que fabrican todas las células del cuerpo y que tiene una función muy curiosa: se dedica a detectar las proteínas dañadas o inútiles y a marcarlas para que sean destruidas o reparadas. Por decirlo de manera simple, esta pequeña molécula es una especie de policía celular: si encuentra una proteína dañada, la atrapa y la dirige hacia un compartimento especial de la célula, en el que la proteína es destruida y sus componentes se reciclan. De ese modo, se garantiza que las proteínas en mal estado no puedan dañar a la célula.

    La ubicuitina es indispensable para que las células funcionen correctamente. Sin ella, las células corporales se llenarían de proteínas inútiles y posiblemente perniciosas. De hecho, se ha demostrado que algunas variantes del Alzheimer o el Parkinson están relacionadas con un mal funcionamiento de las ubicuitinas. Si esa molécula que tiene que vigilar a las demás proteínas empieza a comportarse de manera errónea, entonces todo el sistema de protección celular se resiente. El nombre ubicuitina proviene, precisamente, del carácter ubicuo de esta molécula: como es tan crucial su papel, se la encuentra en todas las células de todos los organismos pluricelulares.

    Ningún sistema complejo está libre de errores. Se producen errores en las células del cuerpo, y los distintos tipos de enfermedades son su consecuencia directa. Se producen errores en los ordenadores, que pueden hacer que los programas fallen o la información se corrompa. Y se producen también errores en las sociedades humanas, en las que resulta imposible garantizar que todos los miembros vayan a comportarse siempre de forma civilizada y legal.

    Por eso, porque los errores de funcionamiento existen, los sistemas complejos necesitan incluir mecanismos que detecten y corrijan los errores. En las células corporales, uno de esos mecanismos es la ubicuitina; en las sociedades democráticas, el medio de corregir los errores de funcionamiento es el aparato de Justicia.

    Resulta imposible evitar que haya delincuentes, pero si la Justicia funciona, entonces los delincuentes son atrapados en cuanto se los detecta y cae sobre ellos todo el peso de la Ley, para evitar que puedan dañar a la sociedad.

    Por eso es tan grave que se corrompa un juez o un policía: porque esa corrupción afecta al propio mecanismo destinado a corregir los malos funcionamientos del sistema.

    Y aún más grave que la corrupción de un juez o un policía individuales es la intromisión del poder político en la Justicia, porque entonces todo el sistema destinado a proteger a la sociedad colapsa por completo. Si los políticos controlan la Justicia, la Justicia terminará, antes o después, por no poder perseguir a aquellos políticos que se corrompan, con lo que empiezan a aparecer "zonas de sombra" que escapan al control de la Ley. Y si la Justicia no es ubicua, si no puede extender su largo brazo a todos los aspectos de la sociedad, entonces simplemente deja de existir el estado de derecho.

    Esa es la razón de que resulte tan inaceptable la intención del Ministro de Justicia, Gallardón, de perpetuar el control de los partidos sobre el poder judicial. Con ello, el Partido Popular elimina una de las escasas esperanzas de restaurar la normalidad en nuestro sistema político.

    Hace mucho tiempo que la ubicuitina judicial ha dejado de funcionar en nuestro país. Desde que Alfonso Guerra decretara la muerte de Montesquieu. Determinados tipos de delincuentes campan a sus anchas sin que nadie sea capaz de poner coto a sus dañinas actuaciones. Y el sistema político está por ello enfermo, profundamente enfermo.

    Y Gallardón y Rajoy han decidido prolongar esa enfermedad, renunciando a devolver al Poder Judicial la independencia perdida.

    Editorial del programa Sin Complejos del domingo 23/12/2012
    Luis del Pino, en LD

  6. #16
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Presunción

    Este impresionante espectáculo del pueblo haciendo su cíclica calceta de sangre merece ser jaleado, y allá voy: Francisco Camps, ex presidente de Valencia; Demetrio Madrid, ex presidente de Castilla y León; Carlos Collado, ex presidente de Murcia; Julián García Valverde, ex ministro de Sanidad; Lluc Tomàs, ex alcalde de Llucmajor; Antonio Caba, ex alcalde de Estepona; Trinidad Rollán, ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz; Gustavo Villapalos, ex consejero de Educación madrileño. Todos ellos fueron imputados, procesados y absueltos. Para la gran mayoría de ellos la absolución llegó tarde: ya habían sido condenados socialmente y su carrera política había acabado.

    El presidente de la Generalitat, Artur Mas, planteó ayer una pregunta muy pertinente y difícil: en qué momento un político (es decir, alguien cuyas opiniones morales se traducen en leyes), que resulte acusado de algún delito, debe abandonar su cargo. Una pregunta también valiente, porque en este asqueroso momento de España llevar un hombre a la hoguera de la inquisición mediática sale más barato que en cualquier otro país (¡qué risa si alguien tratara de elaborar aquí una ley para la Protección de la Presunción de Inocencia, como en Francia) y porque Convergència lidia con graves casos de corrupción.

    Una acusación pasa por varias fases. La primera, periodística, comúnmente alimentada por la policía. Es un momento crucial, porque suele generar investigaciones judiciales. Y porque da una primera oportunidad al acusado, que debe responder siempre a los periódicos reconociendo su culpabilidad o declarando su inocencia. En este último caso, y por más que luego fiscales y jueces imputen (la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal va a cambiar la condición de imputado por la de investigado, y es un cambio semánticamente razonable) no veo razón alguna por la que una persona que se declara inocente deba abandonar su cargo. Las cosas cambian si el juez decide el procesamiento: de la investigación se ha pasado a la acusación. Es razonable que alguien sobre el que policías, fiscales y jueces han reunido indicios acusatorios abandone su cargo. Sólo se precisa un contrato: que en el caso de producirse la absolución el acusado sea restablecido en su honor y en su actividad. A tal fin conviene mucho que después del largo proceso no haya quedado reducido a ceniza.

    Arcadi Espada, en El Mundo

  7. #17
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    Predeterminado Más de trescientos jueces denuncian la «politización» del Consejo Gener

    Defienden que deberían ser ellos mismos, como miembros de la carrera judicial, quienes elijan a los miembros del CGPJ

    Una parte de este grupo de jueces, más de un centenar, se reunieron en el salón de actos de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para debatir la «politización de la Justicia» y asuntos como la nueva ley de tasas o los casos de desahucios. Se trata de un grupo de jueces y magistrados de diferentes provincias que se pusieron en contacto por correo electrónico para elaborar documentos y debatirlos en asamblea.

    Los que no pudieron acudir a esta reunión apoyaron las reivindicaciones y delegaron su voto en los presentes, explicó el portavoz del colectivo, Jesús Villegas. Villegas dijo que quieren denunciar que «los jueces no pertenecen a la clase política» y para que les respalde y defienda su trabajo, y no la clase política. «El CGPJ es un órgano político y los jueces no tienen nada que ver con él porque no eligen a sus miembros. Al estar elegidos por políticos hay un camino, un atajo para que puedan actuar contra un juez» en determinadas ocasiones, sostuvo.

    El portavoz de este grupo aseguró que el Consejo General del Poder Judicial «tiene capacidad para influir en la labor cotidiana de un juez», ya que «por ejemplo puede decidir abrir un expediente disciplinario» contra un magistrado cuya conducta no comparta. Subrayó que, en casos de investigaciones a políticos por posible corrupción, «el político no puede elegir quién le investiga», pero esto puede llegar a ocurrir porque el CGPJ tiene la posibilidad de sustituir a un magistrado por otro.

    Ante esta situación, el grupo de jueces reunidos aboga por volver a la ley de 1980, en la que, según ha recordado, los jueces elegían a sus representantes, y ha lamentado que el PP no haya acometido este cambio, a pesar de que lo incluía en su programa electoral.


    En la reunión, el colectivo abordó asuntos como la nueva ley de tasas que, en su opinión «no puede afectar a los menos favorecidos», o los casos de desahucios, que se deben flexibilizar, y, según el portavoz, los magistrados «aplican con llanto». También debatieron acerca de la carga de trabajo de los jueces «para que los ciudadanos tengan una justicia de calidad».

    EFE/ABC.es

  8. #18
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    Predeterminado Espías y periodistas

    «Todos tenemos algo de espías», decía ayer María Díaz en Radio 1. «El que revela un secreto es un traidor y el que revela los suyos, un imbécil», añadía José A. Segurado. «Me parece desmedido el interés por los secretos en este país», señalaba Ricardo Vaca. «Espíate más a ti mismo y menos a los demás», aconsejaba Laura G. Agustín. La noche anterior, en La 1 de TVE, Justino Sinova, Manuel Cerdán y Miguel Larrea daban casi por seguro que la información sobre la declaración de Bárcenas ante notario en diciembre no fue casual. «Tengo mucha mili en esta profesión y estas cosas no son gratuitas», afirmó Sinova. «Cuando algo favorece a un partido, aparecen papeles para devaluarlo». Siempre se ha espiado, pero, como advertía Vaca en Radio 1, la sociedad de la información «multiplica las posibilidades de hacerlo y el ruido».

    A quienes apalean a los periodistas que publican información obtenida mediante una u otra forma de espionaje, Segurado advirtió: «sin los medios, este país habría conocido la mitad de la mitad de la podredumbre que nos rodea». Reconoció la importancia creciente del espionaje empresarial y laboral, y repitió la pregunta de los 100 millones: ¿quién vigila a los vigilantes?, ¿quién espía a los espías? «He conocido a periodistas que someten a un empresario a una insoportable tensión y esa tensión desaparece con un poco de publicidad», añadió.

    Si espiar es observar con disimulo para beneficiarse y chantajear o perjudicar al observado y hacer periodismo es observar para informar de lo que los ciudadanos deben saber, me temo que en España las luces rojas se volvieron locas hace tiempo. El problema tiene múltiples facetas, como explicaban seis especialistas esta semana en la sección Room for Debate del New York Times en respuesta a la penetración de sus sistemas por unidades, supuestamente, del Ejército chino.

    Toda sociedad está obligada a equilibrar y a conciliar el secreto necesario de lo que, de ser conocido por otros, pondría en peligro sus intereses fundamentales y la defensa de las libertades democráticas, los derechos humanos y las leyes, tarea imposible sin unos medios de comunicación capaces de investigar e informar sobre las violaciones de esos valores y dispuestos a hacerlo.En 40 años de profesión no recuerdo a ningún político o empresario que no haya tratado de ocultar todo lo que le perjudica, de modo que la última palabra debe ser de la justicia. Por ello, sin justicia independiente y justa, valga la redundancia, todos perdidos.

    Luis Oz, en El Mundo

  9. #19
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    Predeterminado El rapto de los justiciables

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Angel Hurtado, con Julio de Diego como ponente y Enrique López ha evitado que los ciudadanos asistieran a una de las escenas más sórdidas de la justicia española, pródiga en sordideces. Con velocísima prudencia, ha respaldado la acción del fiscal y desbaratado la operación de Gómez Bermúdez para hacerse con el caso Bárcenas, tesorero del partido contra el que ese juez firmó un manifiesto.

    O sea, una garantía de imparcialidad. Sin embargo, el autor de la que, en mi opinión, es la sentencia más infame de la historia de la Justicia en España, la del 11-M, ha inaugurado una forma nueva de bandolerismo legal, que es la del rapto de justiciables. Lo ocurrido en la Audiencia en estos días es como si en el siglo XIX, en el paso más abrupto de Sierra Morena, un bandolero apodado El Juez asaltara la diligencia del cochero Ruz y secuestrara al viajero Bárcenas para pedir rescate o vengarse del PP, que eligió a Marlaska para un puesto que ambicionaba.

    Yo no creo que, a estas alturas, por mucho empeño en enderezar entuertos que ponga Ángel Juanes, tenga remedio la Audiencia Nacional. Están algunos de los mejores jueces y fiscales de España, pero los vicios de comportamiento y de consentimiento, la lucha de clanes y la peste del corporativismo, más grave por lo especial que es ese tribunal, hacen de la regeneración de la AN una misión más difícil que la de rescatar al justiciable Bárcenas, acometida ayer por los tres esforzados caballistas de la Sala de lo Penal. Porque la Audiencia ha impedido en el último minuto la astracanada de dos jueces riñendo por un imputado, pero no puede impedir que la opinión pública perciba vehementes indicios de delito en la conducta de un juez que abusa de su autoridad y de su impunidad; y que mañana puede volver a asaltar a Bárcenas o a cualquier imputado mediáticamente atractivo.

    El espíritu garzonita, la arbitrariedad, las clamorosas sospechas de prevaricación y la posibilidad de cohechar como quien cosecha cebada impregnan los pasillos de un tribunal creado o recreado para luchar contra el terrorismo pero que hoy produce terror a cualquier ciudadano sensato.

    Federico Jiménez Losantos, en El Mundo

  10. #20
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    Predeterminado Del terrorismo al desfalco de las cajas

    El escándalo social fuerza a jueces y fiscales de la Audiencia a volcarse con los delitos financieros.

    La Audiencia Nacional está sufriendo «una reconversión industrial». Son palabras de un letrado especializado en asuntos financieros, que tuvo que cambiar los pasillos de su bufete por los de un tribunal. Los jueces ya no imputan tanto por delitos de pertenencia a banda armada o apología del terrorismo; ahora dictan autos por estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas o maquinación para alterar el precio de las cosas.

    Los juzgados de la Audiencia Nacional están dejando de conocerse por instruir casos relacionados con ETA para convertirse en tribunales económicos y financieros, especializados en la corrupción de las antiguas cajas de ahorros. No es una especulación, es un hecho que corroboran las 68 imputaciones que instruyen los seis jueces que conforman los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, así como los siete casos abiertos a grupos bancarios formados tras la fusión de cajas.

    Pero hay más. Existen juzgados de instrucción provinciales que también tuvieron que formarse en materia financiera, además de fiscales. Así, al menos hay otros cinco tribunales distribuidos por el territorio nacional están investigando presuntos delitos de corrupción relacionados con las cajas -Valencia, Madrid, La Coruña, Segovia y Pamplona-. En cuanto a los fiscales, son ellos los que iniciaron más de una investigación que después pasó a manos de un juez. Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona y la propia Fiscalía Anticorrupción.

    En total, hay 72 personas imputadas por su relación con presuntos casos de corrupción de antiguas cajas. Es más, a éstas se suman otras 17 que, sin estar imputadas, están siendo investigadas por un juez. Esto es, 89 personas implicadas en presuntos delitos de estafa, falsedad documental y delitos societarios, entre otros, tomando como referencia las 45 cajas que existían en enero de 2010 y que hoy se reducen a 10 grupos bancarios.

    No obstante, lo más grave es que casi la mitad de esos imputados son personas relacionadas con la política, que ocuparon un cargo en la administración pública o lo siguen ejerciendo. En concreto, hay 27 políticos implicados en casos de corrupción financiera, al menos por el momento. Los últimos en entrar fueron el alcalde Pamplona, Enrique Maya; el ex presidente del Gobierno navarro Miguel Sanz; y un ex consejero de Economía y Hacienda de este Ejecutivo autonómico, Álvaro Miranda, por presuntos delitos de cohecho en Caja de Navarra, integrada en Banca Cívica.

    «Si no hubiera habido crisis ni pinchazo de la burbuja inmobiliaria, no nos habríamos enterado de nada», reconoce Andrés Herzog, el abogado del partido político que consiguió que la Audiencia Nacional imputase a todo el consejo de administración de BFA-Bankia, además de abrir una investigación a los consejeros de Banca Cívica. Se trata de UPyD.

    Herzog tiene claro que «la influencia política en estos grupos bancarios no desaparecerá mientras los reguladores tomen decisiones fundadas en criterios partidistas». Es más, asegura que hay partidos políticos que «están haciendo lo posible por mantener el control en algunas entidades», pese al proceso de concentración bancaria que se está produciendo. «Cada comunidad autónoma creó su propia caja para poder financiar sus chiringuitos», denuncia Herzog, que considera que mientras los partidos políticos puedan nombrar a los directivos de los bancos, la politización no desaparecerá.

    Fuentes conocedoras de la operativa interna de la Audiencia Nacional reconocieron que entre los seis jueces que lideran los juzgados centrales de instrucción hubo comentarios, en las últimas semanas, relacionados con quién se quedaría con el caso Banca Cívica, último procedimiento abierto. Todos apuntaron a Eloy Velasco, titular del Juzgado número 6, por ser el único que aún no instruía ninguna investigación relacionada con las cajas.

    El primer magistrado de la Audiencia en tomar las riendas de un caso de corrupción de una caja de ahorros fue Pablo Ruz, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. En febrero de 2011, el magistrado imputó a los antiguos gestores de Caja Castilla-La Mancha (CCM) por presuntos delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable, que llevaron a la intervención de la entidad por el Banco de España, en marzo de 2009.

    Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, ex presidente y ex director general de CCM, respectivamente, fueron imputados por conceder créditos a grupos de empresarios por encima de los límites de riesgo establecidos. La caja perdió 746 millones de euros en 2008 y 563 millones un año después. El Estado tuvo que inyectar 3.775 millones a través del Fondo de Garantía de Depósitos, aunque la factura se elevó después a 7.100 millones por las ayudas necesarias para que Cajasur absorbiera a la entidad manchega.

    Precisamente mañana, los peritos de Ruz deberán decidir sobre la ratificación de un informe del Banco de España sobre cinco operaciones realizadas por CCM, que costaron a la caja 402 millones. A partir de ahí, el juez decidirá si continúa con el proceso penal.

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