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  1. #1
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    Predeterminado Montesquieu/ Separación de Poderes

    Parece que la resurrección administrativa del Conde de Montesquieu, propósito que acaba de anunciar la vocera SSdSM, va a causar gran revuelo entre la progresía carpetovetónica, esto es, entre la progresía. Así el ex ministro Jáuregui, ese hijo putativo del cura Merino, que ya ha amenazado con echarse al monte junto a su partida caso de que el proyecto gubernamental siga adelante. Nada extraño si se repara en que la labor de impartir justicia fue una competencia más del poder ejecutivo hasta bien entrado el siglo XIX. Al cabo, el principio constitucional –inconcebible para el criptocarlistón Jáuregui– de que un brazo independiente del Estado deba asumir ese cometido no es mucho más moderno el bidet o los cuartos de baño.

    A qué extrañarse entonces de que a la retroprogresía, tan nostálgica ella del Antiguo Régimen (no el del gallego sino el de Carlos IV), se le antoje extravagancia inadmisible. Y es que, para Jáuregui, nombrar a los magistrados del Supremo es algo tan natural como nombrar la marca del güisqui que desea le sea servido por el camarero de turno. De ahí la airada contrariedad. Con esa inclinación tan suya a la pedantería pretenciosa, los socialistas llegaron hablando de ópera vienesa, de vanguardias plásticas y de experimentación audiovisual. Pero lo que de verdad les gusta es el teatro de polichinelas. Esas representaciones bufas en las que unas marionetas envueltas en togas de carnaval ejecutan las gracias que ordena el amo y señor de los hilos que las mueven.

    Poco saben de Derecho, es verdad, pero, en compensación, conocen mejor que nadie las miserias de naturaleza humana. Y no les resulta ajeno que el mono desnudo, por muy señor juez que sea, se presta mejor a ser dominado mediante dádivas y premios que a través de los castigos. Con el CGPJ cautivo y desarmado, bajo el estricto control de los partidos, ningún togado vio amenazada su sagrada independencia. Pero sí la gloria en los telediarios, las audiencias reales, y los preciados laureles de los más altos destinos. Porque bajo un sistema tal, nadie llega a Garzón sin revolcarse antes en el lodo del camino. Para que después nos vengan con sus mercenarias puñetas y sus cuentos chinos del Guerrero del Antifaz. Exhúmese, pues, la momia.


    La retroprogresía, contra Montesquieu
    por José García Domínguez, en LD

  2. #2
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    08 ene, 07
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    Predeterminado Hay que apoyar las reformas de Gallardón

    Cualquiera que haya leído El Linchamiento sabrá hasta qué punto Alberto Ruiz Gallardón es uno de los políticos más siniestros de la historia de esta España lamentable. Varios capítulos en mi libro explican con todo detalle sus fechorías, felonías y canalladas utilizando a la Justicia como herramienta envilecida para sus miserables propósitos. Sin embargo, debo agradecerle una cosa a Gallardón: la oportunidad de demostrar que no soy como él. Y porque no lo soy, es de justicia pedir todo el apoyo posible a las reformas que ha anunciado hace unas horas. Por supuesto, en cada una de sus iniciativas cabría un pero, una duda, una reticencia, un no. Pero sería profundamente injusto. La batería de cambios propuesta por mi enemigo público número uno es sencillamente extraordinaria, aborda casi todos los problemas que llevo décadas denunciando, porque España necesita un cambio radical en la Justicia si queremos lograr algo parecido al Estado de Derecho. Y la Libertad exige una justicia digna de ese nombre.

    Por supuesto, hay inconcreciones entre tantos proyectos y tan ambiciosos. Sin duda, a lo largo del proceso de implantación se pondrán de manifiesto debilidades, incongruencias y mejoras posibles. Pero por eso mismo hay que apoyar a Gallardón: porque, sin duda, tendrá que afrontar la muralla de intereses creados, corporativismo judicial, desvergüenza fiscal y esa ruin politización de la Justicia de la que el propio Gallardón se ha aprovechado. Justamente porque será difícil, debemos apoyar el conjunto de las reformas del ministro de Justicia. No es por el ministro, es por España y por la libertad. Son las razones por las que yo me he enfrentado a Gallardón y por las que hoy pido que se le apoye. Sin reservas, sin rencor, con esperanza.

    Federico Jiménez Losantos, en LD

  3. #3
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    Predeterminado A la espera de la letra pequeña

    Comparto la sorpresa del ministro de Justicia cuando afirmó, en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que se sorprendía de la sorpresa de la Oposición al anunciar como líneas maestras de su política el programa electoral del PP. Yo también me sorprendí de que cause sorpresa que un ministro anuncie que va a cumplir los compromisos electorales, pero me sorprendo porque tras dos incumplimientos –en 1996 y 2000- , por fin, a la tercera, el PP va a cumplir con una promesa pendiente desde 1985.

    Por si el lector no lo ha deducido, me estoy refiriendo a la intención de reformar el sistema de elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial, que los doce de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces, lo que se ajusta al pacto constitucional y que rompió el PSOE en 1982, nada más llegar al poder. Desde entonces el desprestigio de ese órgano y, por extensión, del Poder Judicial ha sido lo normal. Lo trágico es que siendo tal desprestigio algo sabido y constatado, se ha preferido mantenerlo con tal de no perder el control político sobre ese órgano.

    Ahora toca concretar, en esta y en el resto de las promesas electorales que suelen esbozarse en grandes trazos. En el caso de la elección de los vocales del Consejo, habrá que determinar el sistema electoral para que se cumpla con la Sentencia del Tribunal Constitucional, aquella de 1985 que dijo que el sistema de entera elección parlamentaria era constitucional, pero que era más el de elección por los jueces. En esa sentencia el Tribunal sostuvo que el sistema electoral debe ser un reflejo de las diferentes tendencias que hay en la Judicatura. Entre los jueces la tendencia mayoritaria se aglutina en tres asociaciones estrictamente profesionales y la minoritaria en otra que concibe al juez en una suerte de activista ideologizado que viste la toga para cambiar la sociedad.

    Pero esa necesidad de concretar es aun más acuciante en las otras materias: reforma de ley penal del menor y cadena perpetua revisable. Aquí los riesgos son enormes porque una cosa es un mensaje electoral atractivo, basado en apreciaciones a veces de “brocha gorda” –aquí nadie cumple las penas, España es un paraíso para el delincuente, las cárceles son hoteles de lujo, etc- y otra la realidad. El riesgo es doble: o bien que las cosas queden como están tras los oportunos cambios que permitirán que se cumpla la máxima lampedusiana -si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie- o se hacen reformas que lleven a que haya justos que paguen por pecadores.

    Me explico. En cuanto a la cadena perpetua revisable, habrá que concretar qué se añadiría al vigente Código Peral que establece un tiempo máximo de cumplimiento efectivo –tras descuentos- de hasta cuarenta años de cárcel. El ministro habló de aplicarlo a los delitos que suscitan más repulsa. Yo no tengo un "repulsómetro", pero intuyo que se entiende los delitos más graves, y eso ya está en el Código Penal.

    Aún más delicado es lo relativo a la ley penal del menor, terreno en el cual, antes de dar un paso sería oportuno tener todos los datos que permitan saber qué nivel de fracasos propicia la legislación vigente, no sea que por un caso sonado se perjudique a otros menores a los que la ley vigente les está ayudando. Y cambiando de tema, la idea de la tasa judicial o del copago, con ser una idea atractiva, habrá que perfilarla mucho para que sea compatible con la tutela judicial efectiva y, sobre todo, cumpla dos finalidades: disuadir al litigante temerario y permitir que la Justicia se financie.

    Hay muchos más temas: reforma del sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, de la ley concursal, nuevo Código de Comercio, etcétera, pero por encima de todos –incluso de la reforma de la Justicia- destaca uno por su especial gravedad: la reforma de la ley del aborto.

    Por ahora, lo único anunciado es que la ley vigente se modificaría para que las mayores de dieciséis años cuenten con la autorización paterna. Esto no es nada. La ley de 2010 debe ser derogada sin más: no puede seguir ni un minuto más una norma basada en el principio aberrante de que para una mujer es un derecho acabar con la vida del hijo que espera. Pero tampoco basta con volver a la ley de 1985, que se ha saldado con un enorme fraude –aparte de negocio- que ha hecho de España el paraíso del turismo abortivo; y la expresión no es mía, sino del Consejo de Estado.

    Por José Luis Requero Ibáñez es juez magistrado de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Autor del libro El asalto a la Justicia (Ciudadela, 2009) En LD

  4. #4
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    Predeterminado Ahora o nunca

    Lenta, pero inequívocamente, comenzamos a sentir los efectos del shock que la semana pasada nos administró el Ministro de Justicia. Y oye, de verdad, se encuentra uno mucho mejor: distendido, en forma, con un punto de optimismo.
    No, no podemos permitir que esta oportunidad se nos escape de entre las manos. Lo del Consejo General del Poder Judicial no se ha de quedar en cómo nombrar a este o a aquel vocal. Tiene que desatar una espiral de cambio de más largo alcance. Lo que hemos entrevisto es el sueño de una Justicia de verdad independiente, nada
    menos.


    ¡Mira que si al final resulta que la terapia eléctrica funciona!

    Señores: ahora o nunca. Hay que coger papel y lápiz, o el Ipad ese, comoquiera que se maneje, y hacer entre todos una lista de todas las grandes y pequeñas cosas que han ido minando el prestigio de la magistratura hasta dejarla postrada en su actual condición: triste, burocrática, menesterosa a veces, debilitada y hasta extenuada por el impúdico manoseo de políticos que han ignorado el cuidadoso escrúpulo con que tan fundamental institución debe ser tratada.

    Todo esto no lo va a conceder el ministro con olímpica largueza. Hay que arrancárselo, a él y a los demás, y en adelante conservarlo en posición de alerta permanente. Al lado de la entrada al Tribunal Supremo de los Estados Unidos hay una estatua con una inscripción que reza: "Eternal vigilance is the price of liberty", la vigilancia eterna es el precio de la libertad. Pero no adelantemos acontecimientos. Eso será para cuando ya hayamos hecho lo que ahora hay que hacer.

    Hace dos años se hizo público el "Manifiesto por la despolitización e independencia
    judicial" o "Manifiesto de los 1.500". Se trata de un documento surgido de la participación espontánea y desorganizada de muchos jueces en un foro de internet, en lo que se llamó "Movimiento 8 de Octubre", hasta contar con el apoyo de un tercio –que se dice pronto– de la judicatura española
    . Con el mismo espíritu espontáneo e informal, y para mantenerlo vivo, se creó a continuación la "Plataforma cívica por la independencia de los jueces". Luego han seguido haciendo cosas importantes. Esperamos mucho de este foro. No les quepa duda a sus miembros: lo que no se consiga ahora no se conseguirá nunca.

    Y, por favor, den por superado, dadas las circunstancias, lo del gran pacto de Estado por la Justicia que pedían en el Manifiesto. Esto o se hace a pelo o no se hará. No lo esperen todo del Gobierno popular; pero, desde luego, no esperen nada de socialistas y nacionalistas, cuya oposición a semejante proceso liberador puede darse por descontada. Lo más saludable y sensato será, pura y simplemente, ofrecer nuestra mejor sonrisa y hacer como el Príncipe Felipe en aquella ocasión ante los periodistas: “no oigo nada; estoy un poco sordo hoy”.

    Para dar una idea de cuán general y decidida ha de ser la indispensable labor de limpieza, valga la siguiente selección de tareas urgentes:

    Suprimir el aforamiento de los políticos autonómicos ante los magistrados
    de los Tribunales Superiores de Justicia, nombrados en parte por aquellos
    mismos políticos autonómicos
    .

    Eliminar el nombramiento de los magistrados de los Tribunales Superiores
    de Justicia por los políticos autonómicos
    .

    Cerrar con siete llaves los portillos que la nueva y muy funcionarial Oficina
    Judicial abre al control político de las secretarías judiciales
    .

    Abandonar la moda, extraña a nuestro Derecho, que pretende arrebatar la
    investigación criminal al juez, independiente, para dársela a los fiscales,
    sometidos a jerarquía
    .

    Cortar el paso al principio de oportunidad en la acusación.

    Fortalecer, y no debilitar, la acción popular.

    Bloquear el camino de retorno entre la política y la judicatura.

    Mantener por encima de todo el sistema de acceso a la carrera judicial
    mediante oposiciones
    .

    Devolver al Estado todas las competencias sobre Justicia .

    Insisto: son tan sólo algunas de las iniciativas que podrían plantearse en esta nueva
    etapa. La tarea es ardua. Queda mucho por hacer. Feliz ocasión, la devolución a los
    jueces de su autogobierno. Aprovechémosla para acercarnos un poco a aquel sueño
    de una Justicia de verdad independiente. Señores: ahora o nunca.

    De Benito Llopis-Llombart, doctor en Derecho y profesor de IE Law School., en LD

  5. #5
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    Predeterminado Lo peor está por llegar

    Es oficial: Baltasar Garzón, "el hombre que veía amanecer", dicta resoluciones injustas a sabiendas. No hay margen para la duda: el otrora superjuez se dedicaba a grabar y escuchar las conversaciones de imputados con sus abogados defensores; unos abogados que nada tenían que ver –tal es la injuria que han tenido que soportar– con los hechos de sus defendidos. Por eso el señor Garzón ya no podrá ser juez en muchos años: un alivio para cualquier amigo del Derecho y de la libertad.

    En efecto: si algo hay sagrado en la Justicia, es el derecho de defensa. Sin él, todo el edificio del Estado de Derecho se viene abajo. Si los ciudadanos no tienen la seguridad de que las conversaciones con sus abogados son privadas, protegidas por una absoluta reserva, su confianza en ellos desaparece y entonces quedan en la más kafkiana soledad frente al aparato punitivo del Estado. Sin secreto de las comunicaciones, el derecho a la defensa no pasa de ser mera apariencia de derecho, fantasmagoría sin sustancia o realidad alguna.

    Los abogados son los sacerdotes de este derecho, sin el cual sólo sirven de coartada al poderoso, de engañosa apariencia legitimadora de la arbitrariedad. Era, pues, la integridad de la abogacía lo que estaba, en última instancia, en tela de juicio. Una sentencia absolutoria habría erosionado sensiblemente la configuración jurídica del derecho de defensa. De ahí la importancia y gravedad del asunto.

    Singularmente censurable ha sido, por ello, el proceder del Ministerio Fiscal. No en una, sino en tres ocasiones, faltó a su deber de acusar ante unos hechos que presentaban notorio carácter delictuoso. La primera, al recurrir el auto de admisión a trámite de la querella presentada por los abogados. La segunda, al interesar el sobreseimiento libre del acusado. La tercera, concluido el acto del juicio, al pedir la absolución.

    Y no podemos acallar en nuestro interior las dudas sobre si la actuación de Ministerio Fiscal, sometido a jerarquía, habría sido distinta de ser otro el acusado –figura relevante de la ideología entonces en el gobierno– y de ser otro el contexto en que se ordenaron las escuchas inconstitucionales –la trama Gürtel, un caso que afectaba entonces al partido de la oposición–. No nos libramos de esas dudas porque no nos explicamos la contumaz negativa del Fiscal a cumplir con su deber más elemental.

    ¡Y quieren que sea el Fiscal el encargado de instruir los procesos!

    La cuestión no es baladí. El pacto social que nos permite convivir en paz es simple: los ciudadanos renunciamos a ejercer nuestro derecho a hacer justicia –Locke: “every man hath a right to punish the offender, and be executioner of the law of nature”– a cambio de que el Estado lo haga por nosotros. Si el Estado nos falla en esto, todo lo demás es accesorio y deja de justificarse su existencia; el pacto social está roto.

    Aquí han sido los propios ciudadanos injuriados quienes han tenido que llevar la carga de la acusación hasta el final. Si por el Ministerio Fiscal hubiera sido, hoy Garzón seguiría en su Juzgado. De nuevo, hemos estado solos.

    Para Garzón, ya degradado públicamente de su condición de magistrado, lo peor está por venir. Con ser grave este caso, más lo son los que tiene por delante.

    Es, en efecto, más grave, a nuestro sentir, aventurarse a convocar los espantosos fantasmas de nuestra Guerra Civil, que prudentes iniciativas legislativas habían pretendido en su momento conjurar: y no para sepultar en el olvido memorias que en muchas familias españolas de ambos bandos aún alientan dolorosamente, sino para dar fe de la genuina reconciliación nacional que está en la raíz de nuestro presente existir como nación.

    Y más sombría aún se antojaría esa investigación si, más que producto de irreflexivo apasionamiento, se demostrara al final mera cortina de humo, deliberada estrategia de agit-prop propia de quien se ve cercado por una imputación que deja en melindre de leguleyo el caso de las escuchas ilegales.

    Nos referimos, claro está, a los dineros obtenidos por el Sr. Garzón, sólo temporalmente fuera de su Juzgado, en respuesta a su solicitud de fondos a grandes empresas que, casualmente, tenían o corrían riesgo de tener causas abiertas en ese mismo Juzgado. “Querido Emilio”, decía Garzón con la amigable cordialidad que suele afectar todo buen sablista; pero luego matizaba sutilmente esa cordialidad –la neutralizaba, se atrevería a pensar alguno– con la firma al pie del título del solicitante: Magistrado-Juez titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional.

    Lluís Pasqual Estevill, ejercitado en ese modo de proceder, está ahora mismo en prisión por cohecho y extorsión. Como Garzón, fue en su día espejo de jueces, modelo de instructor justiciero, favorito de honorables mandatarios.

    ¿Tendremos que lamentar que no sea una hiriente, pero aislada excepción?

    Marco De Benito Llopis-Llombart, doctor en Derecho, profesor del IE Law School y abogado. En LD

  6. #6
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    Predeterminado Tiempos envenenados

    La actitud del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) enmendando la plana al Tribunal Supremo (TS) sobre la inmersión para pasar desapercibido en el paisaje catalanista sin irritar, plasma, como ninguna otra evidencia, la sumisión de la sociedad catalana al acoso moral del nacionalismo. Ni un resquicio por donde respirar, hasta el último rincón cívico es subvencionado si pertenece a la manada, sofronizado si está en edad escolar, jaleado por sus medios de comunicación y amedrentado si ofrece resistencia; en cualquier caso, advertido. Nada se escapa a su control.

    Sin hacer un alarde semiótico del Auto del TSJC, su simple lectura provoca vergüenza ajena. La interpretación forzada que hace de la sentencia del TC en la que instaba al Gobierno de la Generalidad a devolver el estatus de lengua docente al castellano junto al catalán, denota un esfuerzo bochornoso por hacerle decir a la sentencia lo que no dice para hacerle decir lo que la presión nacionalista deseaba. Uno tiene la sensación ante tanta cobardía ética, que está ante ese tipo de tesis históricas interesadas, que primero se inventan y después se buscan los argumentos para justificarlas.

    Llevo toda una vida denunciando estas cobardías de campanario. Volver sobre ello es redundante y tedioso. Sísifo, déjà vu. Todo está asumido, el mangoneo de los políticos, la comodidad del ciudadano tipo; pero uno esperaba que un Tribunal de Justicia estuviera a la altura. Ni separación de poderes ni gaitas. Todos en el mismo lodo. A los hechos me remito. El Auto del TSJC, que tenía la responsabilidad de ejecutar la sentencia ante la negativa del Gobierno de la Generalitat a cumplir con el mandato del TS para que introdujera el castellano como lengua docente junto al castellano, ha permitido al Gobierno nacionalista seguir excluyendo al español como lengua docente, ha permitido pervertir el derecho de las familias recurrentes a su derecho de estudiar en castellano mediante el cambiazo de la atención personalizada, y por primera vez (al menos hasta la definitiva sentencia del TS, ahora pendiente), el nacionalismo puede decir con propiedad que un tribunal ha avalado la inmersión lingüística. Por primera vez, nunca antes tribunal alguno se había atrevido a semejante atentado contra la letra y el espíritu de nuestra Constitución. Aunque a decir verdad, lo hace de forma indirecta, sin avalar la inmersión, pero tampoco desautorizándola; no podía ser de otra manera si no quería entrar en contradicción flagrante con el TC y el TS. Pero esas manos de Pilatos sirven para que el nacionalismo siga afirmando que el modelo de escuela catalana en lengua y contenidos no ha sido derrocado porque el auto limita el derecho a estudiar en lengua española únicamente a los padres recurrentes, dejando fuera de la obligación "al entero sistema de enseñanza de Cataluña".

    Parece que para el TSJC, el que el fundamento jurídico séptimo de la sentencia del TS sentencie: “En consecuencia la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adoptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”, no le parece suficientemente claro. Como no le parece claro el Fundamento jurídico 10 de la STC 337/1994 donde se fundamentan las sentencias de 2010 del TS: "Es legítimo que el catalán, en atención al objeto de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma".

    Y como no le parece suficiente claro al TSJC, se atreve a tirarle de las orejas como si el Alto tribunal fuere un estudiante extralimitándose en sus funciones, a la vez que escurre el bulto para no hacer cumplir la sentencia al Gobierno de la Generalitat: "Pretender extraer, desde una lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del alto Tribunal, un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña, (…) es algo que excede en mucho de lo que es la función propia de este órgano jurisdiccional, actuando como mero ejecutor del Fallo por otro, y superior, Tribunal".

    Como ven, enmenda la plana al TS, cuando su potestad se limitaba a ejecutar la sentencia, no a juzgar lo sentenciado en última instancia por un tribunal superior, ni a reinterpretar lo sentenciado en contra, incluso, de su propia decisión de hace siete meses instando a la Generalitat a adaptar el sistema educativo a la conjunción lingüística como había sentenciado el TS. Lo único que le salva, es que será el propio TS quién volverá a tener la última palabra para aclarar definitivamente la sentencia.

    Quizás lo más bochornoso, una vez ha reconocido el derecho de los recurrentes a la enseñanza en castellano, haya sido que de lo concluido por su auto, se colige que, para disfrutar de un derecho constitucional, se ha de recurrir a los tribunales de justicia para hacerlo efectivo. Una barbaridad jurídica impropia de un Tribunal y la evidencia de su claudicación ante las presiones políticas del nacionalismo.

    Acataremos la sentencia, pero no cejaremos hasta devolver a la ley lo que sus responsables han renunciado a preservar. Esta batalla dura ya 30 años de mentiras, exclusiones y desacatos. Aún queda el TS. Pero en el mejor de los casos, el TSJC habrá permitido al nacionalismo disponer de su más querido argumento, el victimismo: Los tribunales de Madrid nos roban lo que nuestros tribunales nos garantizan. Y vuelta a la "puta España", y a "España nos roba", y a volem bisbes catalans, tribunales propios, y a la sumisión fiscal, al derecho a decidir, y, no soy independentista, pero la cerrazón centralista me ha hecho así… Una retahíla de agravios sin fin. Los últimos, la tramitación de ley de consultas y la insumisión fiscal del Ayuntamiento de Gerona con la complicidad del mismo PSC. Es hora de que el PP y PSOE dejen de tratar estas cuestiones como pataletas coyunturales del nacionalismo radical. Deben afrontar lo evidente: los desafíos del nacionalismo no son un juego, son una estrategia para erosionar día tras día los lazos emocionales, económicos y políticos con España y crear cada vez mayor resentimiento contra su unidad. Con la calle resentida por tanto agravio, la Ley de Consultas servirá para confrontar la legitimidad del Estado con la legitimidad emocional del pueblo de Cataluña. Es el tiempo de los demagogos. Será difícil explicar lo evidente.

    A esta altura de la película, no verlo y no actuar en consecuencia, es de cómplices.

    Antonio Robles, en LD

  7. #7
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    Predeterminado Gómez Benítez y las togas sucias

    Hace muy bien la Fiscalía en investigar la sorprendente denuncia presentada por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, contra su presidente, Carlos Dívar, por cargar al presupuesto del CGPJ unos 5.600 euros gastados en seis viajes que, según el denunciante, no tenían justificación en condición de su cargo.

    Aunque Dívar ya haya difundido un comunicado en el que, además de su sorpresa, asegura que todos sus gastos a cargo del presupuesto del CGPJ están acreditados y fiscalizados por la responsable de la Intervención General del Estado, la Fiscalía tiene el deber de despejar toda sospecha.

    Dicho esto, habrá que ver si la Fiscalía -que ya se ha puesto diligentemente a revisar los justificantes de los viajes de Dívar- decide finalmente archivar o no la denuncia para cuestionarnos si Gómez Bénitez la presentó por puras razones de enemistad, movido por un más que reprobable "difama que algo queda". Y lo planteamos porque ya nos resulta llamativo que, habiendo manifestado el miércoles que hay otros casos similares a los de Divar, Gómez Benitez solo haya trasladado a la Fiscalía datos del presidente. También nos sorprende que la denuncia se deba a una escrupulosa y encomiable ética pública por parte del vocal denunciante, cuando no mostró el menor síntoma de preocupación cuando su buen amigo Garzón cobraba a la vez de la Audiencia Nacional y de la Universidad de Nueva York. Eso, por no hablar –tal y como también ya han señalado algunos medios de comunicación- del poco explicado hecho de que el denunciante Gómez Benítez siga cobrando lo mismo, a pesar de que desde hace tiempo se ha ido borrando de todas las comisiones del CGPJ excepto una.

    Ahora bien. Puestos a pedir explicaciones y abrir diligencias para asegurarnos que ningún miembro del poder judicial tiene la menor mácula en su toga, todavía echo en falta las explicaciones de Gómez Benítez respecto al acta interceptada en Francia al dirigente etarra Francisco López, alias Thierry y relativas a la "paz sucia" con ETA, en la que se asegura que el actual vocal del CGPJ -entonces emisario de Zapatero ante los terroristas- puso en valor y señaló como prueba de la voluntad de dialogo del Gobierno la comisión del chivatazo policial a ETA en el bar Faisán. A mí ya me pareció indecente que ahora ocupe un puesto en el CGPJ quien no se atrevió a desmentir este extremo ante las camaras de televisión.

    Se supone que los tiempos en los que, desde la Fiscalía General del Estado, se animaba a jueces y fiscales a "no eludir el contacto de las togas con el polvo del camino" se fueron con Conde Pumpido y con aquella paz sucia con ETA. Ahora sólo espero que la denuncia contra Dívar no la motive razones de enemistad y que esa enemistad no sea en el futuro utilizada como motivo para que Gómez Benítez no tenga que dar explicaciones sobre sus inolvidables viajes para reunirse con ETA.

    Guillermo Dupuy, en LD

  8. #8
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    Predeterminado Adenauer y los tres bebedores

    Adenauer dividía a Alemania en tres partes con arreglo a las preferencias alcohólicas de sus habitantes. Prusia era la Alemania de los bebedores de aguardiente; Baviera, la de los bebedores de cerveza; y Renania, la de los bebedores de vino. De las tres clases de germanos, Adenauer consideraba que sólo los bebedores de vino eran lo bastante sobrios para dirigir a los demás. Dos conclusiones cabe extraer de esta teoría sociopolítica. Primera, que en una democracia moderna los elegidos para regir los pueblos no son necesariamente los mejores –aristoi, según los antiguos griegos–, sino los menos malos, o los más espabilados, como el astuto Adenauer que –como habrán adivinado– era renano. Los que se saben todos los trucos, los que adivinan el movimiento del adversario tres jugadas antes de que se produzcan. No son perfectos, pero son los más sobrios (o tienen más saque). Igual que la propia democracia, el peor de los sistemas a excepción de… etcétera.

    Segunda conclusión, los gobernantes no son una raza aparte. Ni los banqueros, empresarios, presidentes autonómicos o alcaldes. Si hay negligencia, mala gestión o codicia en las alturas, es porque la hay en la generalidad (con “d”) del cuerpo social. Rasgarse las vestiduras por la picaresca o el despilfarro de políticos y banqueros, las venganzas entre jueces o incluso las corruptelas de los prebostes del Vaticano equivale a seguir creyendo en el mito del buen salvaje. Y no. ¿Entonces? ¿Nos cortamos las venas o no las dejamos largas? Nada de eso: el sistema de contrapesos que limitan el poder, desenterrar a Montesquieu, mucho Parlamento, luz y taquígrafos y exigir que la ley sea, de verdad, igual para todos. Controlar a los controladores, no dejar pasar ni una a los gobernantes, exigirles cuentas al milímetro. Y sobre todo evitar la adulación: pueden llegar a creerse que son bebedores especiales.

    Alfonso Basallo, en La Gaceta-es

  9. #9
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    Predeterminado Jueces como problema real

    Por primera vez en nuestra historia reciente la Justicia desciende en la valoración de los españoles a los humillantes niveles que se dedican a la clase política. Lo peor es que se mete en el mismo saco del rechazo a jueces y fiscales que cumplen con su obligación y que son ajenos en sus decisiones a cualquier forma de corruptela. Pero esa valoración muy negativa es comprensible y debida, sobre todo, a personas singulares que asombran a abogados, justiciables y público en general con sus decisiones y actitudes. La corrupción en la Justicia tiene varias derivadas: la económica (dinero) la política (poder, promoción), la prepotencia (abuso) y la ignorancia. Asombra cómo se margina a la Ley civil –que deben obedecer– en la Jurisdicción Penal. Y todavía peor: algunos creen que ellos definen lo justo y si su definición tropieza con la Ley, la apartan en sus decisiones.

    No son jueces, sino justicieros, que se consideran superiores al legislador. Y dicen pertenecer a la escuela del realismo jurídico. Mal asunto la prepotencia de jueces, fiscales y secretarios judiciales. Son servidores de la Ley, no de sus preferencias, obediencias o ambiciones. No se solucionará el asunto capital de la Justicia sin una auditoría del funcionamiento real de determinadas instancias judiciales, con nombres y apellidos. El poder político debería abordarla con juristas independientes. Yo lo haría. Comencé a darme cuenta nada más comenzar mi andadura de abogado del Estado. Y mi experiencia larga y densa lo evidencia. Admito que en estas opiniones soy juez y parte, pero no se me nubla la vista. Considero el Derecho pieza capital de nuestra convivencia y cuando contemplo la injusticia de la Justicia, más valoro el verdadero Derecho. Si lo justo es lo que conviene al juez (por dinero, poder o ignorancia), hemos terminado con el Derecho. Y por ello con la libertad.

    Mario Conde, en www.lagaceta.es

  10. #10
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    Predeterminado Enrique Dans y el no honor de Promusicae

    En un país en el que la libertad de expresión está mucho menos protegida de lo que se suele pensar, una decisión judicial que ampara dicho derecho fundamental siempre es una buena noticia. Que la Justicia haya desestimado la demanda de Promusicae contra Enrique Dans por un supuesto ataque a su honor es algo positivo para el propio demandado, por supuesto, pero no sólo para él. Es una buena noticia para todos aquellos que creemos en el derecho a que cada cual pueda expresarse libremente.

    Promusicae, un lobby de la industria discográfica con forma de asociación empresarial, no es una organización que le tenga demasiado cariño a la libertad de los ciudadanos. Al contrario. Recordemos, por ejemplo, que hace unos años su presidente dijo aquello tan sonado de "cortar las libertades es siempre molesto, pero hay que proteger la cultura". Por supuesto, esto último no era más que una excusa que ocultaba su pretensión de que el Estado protegiera los intereses de su grupo.

    De igual manera, el argumento de que Enrique Dans había atentado contra el honor de Promusicae no ha sido más que una excusa para tratar de amedrentar a alguien que ha osado criticar a dicha asociación. Por mucho que uno vaya a ganar el juicio, hacer frente a una demanda judicial supone incomodidades, preocupación y perder tiempo y dinero. Ante esto, son muchos los que preferirán no criticar de nuevo a su demandante para no volver a pasar por el mismo calvario. Eso si no se tiene la mala suerte de topar con un juez demasiado comprensivo con los argumentos de los demandantes. En este último supuesto, el desastre es total. Afortunadamente, este no ha sido el caso.

    La demanda de Promusicae debe servir además para reflexionar sobre un absurdo de nuestra legislación. Resulta más que discutible, por mucho que lo contemple la Constitución Española, que la libertad de expresión pueda ser restringida por un supuesto derecho al honor. Decía el personaje de Calderón de la Barca que "el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios". Tenía razón en eso (no, en absoluto, en el previo "Al rey la hacienda y la vida se ha de dar"), en el sentido de que el honor es algo demasiado personal y etéreo como para ser regulado por el poder político.

    Pero el absurdo llega al absoluto cuando se pretende que una asociación empresarial (o un partido, sindicato, empresa o cualquier otra organización) es portadora del derecho al honor. Si este último está vinculado al alma (para los creyentes) o la dignidad personal (para los no creyentes), es algo de lo que no puede disponer quien no sea un ser humano.

    Hay que felicitarse, qué duda cabe, de que la justicia haya dado un peso mayor a la libertad de expresión de Enrique Dans que al derecho al honor de Promusicae. Pero eso no debe hacernos olvidar que una y otro no deberían haberse enfrentado jamás en la balanza de la Justicia. Mientras no se cambie la legislación, estas demandas destinadas a amedrentar seguirán existiendo.

    Antonio José Chinchetru, en LD

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