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  1. #1
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    08 may, 11
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    Predeterminado CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA de 1.978 y REALIDAD ACTUAL

    La Constitución española de 1.978 ha cumplido su misión con mayor o menor acierto durante estos años, pero la práctica ha dejado al descubierto serias lagunas que un nuevo gobierno como el que se avecina tiene la exigencia de subsanar.
    En la presente serie de tres artículos, escritos por Fernando Mª Hernández, ingeniero, e ilustre colaborador de este blog, en el que ha publicado diversos artículos, todos, hasta ahora, de carácter técnico, aborda, con el rigor propio de quien tiene una formación eminentemente rigurosa y científica, algunos de los mayores y mas importantes problemas que dicha Constitución no resolvió convenientemente y cada día que pasa se percibe con mayor claridad esa carencia.
    Debido a la extensión de texto, se ha publicado en tres partes y aquí se ofrece un amplio rsumen de los mismos con indicacion de enlaces para su lectura íntegra.
    F.J.

    Es necesario reformar la Constitución Española de 1.978.
    Resumen de lo publicado en los anteriores artículos:http://fj-lasideasdejeugenio.blogspo...ealidad-1.html
    http://www.blogger.com/post-edit.g?b...83329479355687
    http://www.blogger.com/post-edit.g?b...23514133805726

    Durante los últimos años, toda la política española ha ido separando a los ciudadanos de las instituciones, que en el sentir general han actuado según criterios separadores de la convivencia.
    Lo que pretendo, es mostrar algunas pautas para restablecer los fundamentos en que no siempre se ha asentado el funcionamiento de nuestra Democracia.Quiero establecer mi opinión sobre la forma de separar los tres poderes del estado. Considero que el marasmo actual en todos los aspectos de la vida española tienen unos males debidos a ambigüedades en la Constitución que han permitido su manipulación.
    Independencia del Poder Legislativo
    Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.Desde el punto de vista práctico esta norma de nuestra ley de leyes se ha mostrado inoperante ante la actuación de los partidos políticos que prácticamente han secuestrado durante toda la democracia, la independencia de los representantes populares.Para que el votante sepa a quien vota sería necesaria la modificación del artículo 68-2 de la constitución por este otro: La circunscripción electoral es para un único diputado. La ley determinará el número de electores, igual para cada circunscripción.
    Todas las circunscripciones electorales deben tender a tener el mismo número de electores.En cada circunscripción se elegirá al candidato que obtenga mayoría en las elecciones generales.. En caso de no obtener mayoría ningún candidato se realizará una segunda elección entre los dos candidatos con mayor número de votos.Cualquier delito cometido por el diputado durante su mandato será motivo de inhabilitación por 10 años para todo cargo representativo, aparte de la sentencia que dicten los tribunales.
    Independencia del Poder Judicial
    Actualmente, tanto los miembros del Constitucional como los vocales del Consejo deben sus cargos al partido que en las Cortes Generales y el Senado los elige; a mi entender, el que el mandato de los miembros del Tribunal Constitucional y los vocales sea temporal crea en ellos una dependencia al futuro, respecto del partido que los eligió.
    Es necesario imponer el mandato imperativo de la ley para cuantos deben de ejercer el sumo deber de juzgar las conductas de sus semejantes y para lograrlo deben de estar libres de toda atadura de interés.
    Por tanto
    Todo juez con excepción de los de paz deberá ser miembro de la carrera judicial a la que se accede mediante la correspondiente oposición pública, libre y transparente.
    Los miembros del Tribunal Supremo deberán tener mandato vitalicio.
    El Tribunal Constitucional deberá reconstituirse como una sala del Supremo.Ningún juez podrá estar afiliado a partido político o asociación de pensamiento.
    Los ascensos se regirán por el estatuto de la carrera judicial.
    La carrera judicial será una única para toda España.Todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial deberán ser jueces con más de 20 años en ejercicio de la carrera judicial
    Los miembros del Consejo General del Poder Judicial serán elegidos por votación en asamblea de los jueces con más de 20 años en ejercicio de la carrera judicial.
    Fernando Mª Hernándes.
    Ingeniero Industrial.

  2. #2
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    Predeterminado Estatutos sin fondos

    Los derechos políticos, económicos y sociales son papel mojado si no se pueden financiar de manera sostenible. A determinados grupos en nuestro país siempre les ha parecido que esta es una afirmación bastarda que se debe soslayar con la fuerza de la ley. Por eso, nuestro texto constitucional reconoce derechos que podemos calificar de virtuales (a la vivienda digna o al trabajo), porque son imposibles de garantizar a toda la población. En realidad, ya hemos aprendido en estas tres décadas que son papel mojado.

    Tras los redactores de la Constitución, José Luis Rodríguez Zapatero fue el campéon de la proclamación de derechos insostenibles. Lo hizo a sabiendas cuando dictó la Ley de Dependencia, a la que denominó «el cuarto pilar del Estado de Bienestar», sin memoria económica, y encomendándosela a unas comunidades autónomas que protestaron desde el primer momento.

    Ayer, la inutilidad de algunos textos legales volvió a quedar de manifiesto cuando Cristóbal Montoro dejó en cero euro la partida destinada a cumplir con las disposiciones financieras de los estatutos de autonomía 2.0 que son los que surgieron a imagen y semejanza del Estatut catalán en Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla-León.

    Estos textos prevén criterios divergentes a la hora de fijar la financiación que el Estado central debe garantizarles. En Cataluña es su aportación al PIB, en Andalucía es la población, en Aragón, la superficie y la despoblación; en Castilla-León, las zonas que menos crecen...

    Montoro cortó por lo sano y como no hay dinero, volvió a poner de manifiesto que esos estatutos están muy lejos de poder imponer condiciones al Estado, como ya indicó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. La realidad es que son estatutos sin fondos, insolventes. El ministro de Hacienda está dispuesto, con la Constitución y los tratados europeos en la mano, a hacer frente a todos los recursos que las comunidades afectadas quieran presentar.

    La ficción mantenida durante años por Zapatero, por convicción o por necesidades de su geometría variable parlamentaria o de los poderes fácticos internos de su partido, quedó en evidencia cuando Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del PP, advirtió ayer a los nacionalistas que en estos Presupuestos no hay nada que «mercadear».

    Las comunidades, que según los cálculos de Antonio Beteta deberían haber perdido un 5% de su financiación territorial y en cambio mejoran un 0,19%, tendrán que asumir el realismo de las cuentas presentadas ayer. La situación no deja margen de maniobra. A los 100 días, los mercados ya le han puesto la proa a Mariano Rajoy y la caída de la Bolsa, con un fuerte posicionamiento de los bajistas, sólo presagia que la tensión se trasladará a la deuda. Y nuestro principal handicap en el exterior sigue siendo la falta de credibilidad financiera de nuestro modelo autónomico.


    john.muller@elmundo.es

  3. #3
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    Predeterminado

    Las perlas de la Constitucion española:
    http://etrusk.blogspot.com.es/2008/0...n-espaola.html

  4. #4
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    Predeterminado Vidal-Quadras presagia un cambio de sistema

    El europarlamentario Alejo Vidal-Quadras analiza, en un artículo en su blog de gaceta.es y del que damos noticia por su interés, la actual coyuntura económica española y los cambios que considera que están próximos.

    "España se encuentra sometida desde el inicio de la crisis hace cuatro años a un proceso de deterioro progresivo que las políticas aplicadas por el anterior Gobierno socialista y por el actual del PP no sólo no aciertan a detener, sino que, por el contrario, agravan la situación al actuar de manera excesivamente lenta y no suficientemente incisiva sobre los problemas que padecemos.

    Si examinamos, por ejemplo, el nivel de paro juvenil, la cifra del 52% es auténticamente estremecedora. Una sociedad en la que de cada dos activos entre 18 y 25 años uno carece de empleo se encuentra próxima al colapso porque está secando la fuente de su futuro. Si a este dato deprimente se añade el hecho de que el 18% de nuestros jóvenes parados ni estudia ni trabaja, es decir, han tirado la toalla y se debaten entre la apatía, la pérdida de autoestima y la delincuencia, la certeza de un fracaso colectivo sin precedentes se impone sin paliativos.

    Por supuesto, este es un elemento de nuestras presentes desgracias especialmente lacerante en la medida que afecta a la parte más vulnerable y esencial de nuestro capital humano, pero se sitúa en el conjunto de una panoplia de señales de alarma todas igualmente en rojo, la calificación de bono basura para la deuda autonómica, la rigidez del déficit público, la parálisis del crédito, la ofensiva separatista en Cataluña y en el País Vasco, la espada de Damocles del rescate gravitando sobre nuestras cabezas, y así podríamos seguir.

    Hemos alcanzado ese punto terrible en el que, como decía Tácito de los últimos tiempos de la República romana, no podemos soportar ni nuestros males ni sus remedios. En efecto, la obligación ineludible de equilibrar el presupuesto del Estado nos conduce a todo tipo de medidas de austeridad que derivan en recortes de beneficios sociales, de inversión en infraestructuras, de fomento a la investigación y al desarrollo y de salarios de los funcionarios, acompañadas de fuertes subidas de impuestos directos e indirectos.

    Semejante esfuerzo de ahorro se traduce de inmediato en una caída de la actividad económica que a su vez disminuye la recaudación tributaria con la consiguiente necesidad de incrementar la presión fiscal y el desencadenamiento de una espiral descendente y perversa que nos hunde cada vez más en el hoyo. Mientras, los dos grandes partidos se resisten a tomar de común acuerdo las decisiones requeridas para transformar nuestra estructura territorial e institucional con el fin de hacerla viable y sostenible. En cuanto a los nacionalistas, vuelan como buitres sobre el cuerpo exhausto de la Nación esperando el momento de darse el festín.

    El escenario se corresponde al de un próximo cambio de sistema, tal como sucedió en la Roma del siglo primero AC o más recientemente en el paso de la cuarta a la quinta República en Francia o de la primera a la segunda en Italia. Dado que este paso es inevitable, sería mucho mejor y menos traumático que los que hoy tienen en sus manos las palancas del Estado en España pilotasen esta maniobra de forma responsable y valiente, como sucedió durante la Transición, que quedarnos todos al albur de una convulsión potencialmente violenta e impredecible.

    Es por eso que se ha puesto en marcha la iniciativa www.reconversion.es, a la que invito a adherirse a los millones de españoles que me consta comparten el análisis que acabo de exponer".

    En La Gaceta.es

  5. #5
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    Predeterminado

    Desgraciadamente en toda la Proclama no veo ninguna propuesta practica, ni de como debe ser organizado el Estado ni de como pasar del estado actual a la propuesta.... :-(

  6. #6
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    Predeterminado

    Cita Iniciado por etrusk Ver Mensaje
    Desgraciadamente en toda la Proclama no veo ninguna propuesta practica, ni de como debe ser organizado el Estado ni de como pasar del estado actual a la propuesta.... :-(
    ese gran acuerdo ha de referirse a las reformas de la estructura económica de nuestro país y del sistema educativo en todos sus niveles para restablecer la competitividad de la sociedad española en el contexto global, al funcionamiento y composición de los órganos constitucionales (Senado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional), a la organización, competencias y financiación de los poderes públicos en sus tres niveles territoriales (Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales), a la extensión y financiación de los servicios públicos, a los instrumentos de participación y representación política de los ciudadanos (partidos políticos, sistema electoral y control parlamentario) y a la posición de España en las instituciones comunitarias en relación al debate sobre el futuro de la unión política, fiscal y financiera


    Ciertamente se trata de ideas generales con grado cero de concreción. Lo único concreto es el referéndum a convocar en caso de no existir consenso, es decir, en todo caso dado el grado de demagogia e irresponsabilidad de los socialistas.

  7. #7
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    Predeterminado ¡Abajo el régimen del 78!


    La Constitución del 78 es el problema. El actual régimen político emana de la Constitución del 78, que es socialdemócrata, y todos los problemas que padecemos tienen su origen en ella.

    La Constitución no embrida a los políticos y su poder arbitrario, que es lo que tendría que hacer; de hecho, es una retahíla de artículos que confieren poderes y más poderes al Estado, y por tanto a los políticos, quitando iniciativa e independencia a la sociedad civil. La Constitución no contiene un solo capítulo que límite la capacidad de acción de los políticos en el ejercicio del poder; muy al contrario: todos otorgan capacidad al Estado y a los poderes públicos para entrometerse en y regular los asuntos privados de los ciudadanos.

    La Constitución es, antes que nada, ineficaz. El mayor engaño que entraña como carta fundamental es que fue escrita a sabiendas de que nunca podría cumplirse; sin una separación clara de poderes, es imposible. Fue redactada de manera que su cumplimiento estaría siempre sometido a la arbitrariedad y voluntad políticas de quienes gobernasen en cada momento. Porque la Constitución permite que quienes estén en el Gobierno controlen siempre los poderes Legislativo y Judicial.

    La Constitución dio a luz la partidocracia. E instituyó la casta política. Porque apuntaló el oligopolio del voto por parte de los grandes partidos. Por un lado, mediante un sistema electoral que abusa de y masacra a las minorías políticas de cada circunscripción. Por otro, porque permite que los partidos con representación institucional se financien con los impuestos de los españoles. PP y PSOE chupan decenas de millones de euros anuales en subvenciones, con las que pueden desplegar redes de influencia y de propaganda política incontestables y omnipresentes, lo cual constituye una barrera de entrada casi insalvable para los nuevos partidos o de escasa implantación.

    La Constitución no asigna límites concretos a la capacidad de gasto discrecional de los políticos, y estos han endeudado (y siguen endeudando) a los ciudadanos hasta las cejas. PP y PSOE han encadenado a los ciudadanos al Estado, nos han convertido en siervos y sobre todo en pagadores de sus delirios políticos y de sus ilusiones faraónicas.

    La Constitución no limita la recaudación de impuestos, lo que ha permitido que PP y PSOE hayan promovido el saqueo de los ciudadanos, gravado cada acto de nuestra vida cotidiana, cada acto de consumo o ahorro o inversión, y llevado nuestro sistema impositivo a unos niveles insoportables. Constitucionalmente, no existe manera de evitarlo, o siquiera de pararlo o acotarlo.

    La Constitución proclamó el Estado Asistencialista, y el PP y el PSOE lo han extendido sin freno, implantando un modelo de organización social conducente al socialismo real. Enarbolando la Constitución, han adoctrinado a la gran mayoría de los ciudadanos en el dogma de que el bienestar sólo es posible al amparo del Estado y de que siempre se debe desconfiar de la iniciativa privada y de la libertad económica.

    La Constitución erró cuando abolió la libertad de elección de los ciudadanos, al establecer un sistema de sanidad, pensiones y educación de contribución coercitiva. Pero erró aún más ignominiosamente cuando ni siquiera interpretó tales servicios como un contrato entre el Estado y los ciudadanos a cambio del pago de unos impuestos, sino como asistencialismo supuestamente gratuito. De esta manera, el Estado ha asumido el monopolio de la estafa, al arbitrio del Gobierno de turno: si una empresa privada de seguros falla a la hora de prestar los servicios que contratan sus clientes es perseguida en los tribunales de justicia; si es el Estado el que falla no existe tal posibilidad, no hay nada que hacer.

    La Constitución ha consagrado el supuesto derecho a vivir de la subvención. La concesión generalizada de subvenciones a grupos de interés afines al poder ha provocado que sean muchísimas las personas y organizaciones que sin rubor alguno pretenden vivir a costa del dinero de los demás; empezando por la misma casta política y sindical y los medios de comunicación, pasando incontables mineros, artistas... y empresarios.

    La Constitución ha promovido el engorde del sector público hasta hacerlo mórbido, inadministrable, inviable e ineficaz. Su situación es propia del surrealismo más absurdo. La proliferación de miles de empresas públicas, sometidas al control caprichoso de los políticos del PP, el PSOE, CiU y el PNV, con la maraña de clientelismo político que acarrea, son un lastre insoportable para la economía.

    La Constitución deja impune a aquellos políticos, empezando por Zapatero, que han malversado y despilfarrado el dinero de los contribuyentes, arruinado a empresas, autónomos y contratistas de la administración pública, destrozado la credibilidad económica y la viabilidad financiera del Estado y sus dependencias.

    La Constitución ha dado alas a la causa nacionalista liberticida, afianzándola en Cataluña y el País Vasco e infectando regiones donde no tenía presencia. Los presidentes autonómicos, con la excusa del café para todos, han rivalizado en despilfarro y caciquismo y cebado las veleidades identitarias. Su irresponsabilidad nos ha llevado al triste panorama de estos diecisiete miniestados fallidos y en bancarrota, todos con su pompa, sus ínfulas propias de república bananera y sus cantinfladas diplomáticas.

    La Constitución ha permitido que la educación de los niños se haya convertido en el instrumento tanto de la ingeniería social de izquierdas como del nacionalismo etnicista y liberticida. Millones de niños han sido educados en la creencia de que es legítimo conculcar las libertades y los derechos individuales siempre que sea en pro del igualitarismo o de la nación. Y miles de familias no pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna.

    La Constitución tolera que PP y PSOE traten al Poder Judicial como su meretriz particular, pasándosela del uno al otro según van saciando sus apetitos políticos. Han politizado la Justicia para su propio beneficio electoral. PP y PSOE han convertido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en un cenagal donde dirimen a garrotazos sus diferencias políticas y sus ansias de poder.

    La Constitución ha amparado la politización de las cajas de ahorro y legitimado a PP y PSOE en su interesado mangoneo del sistema financiero. Ambos partidos han forjado pueblo a pueblo la cultura del pelotazo y del ladrillo, en connivencia con constructores amigos y autoridades locales, que han recalificado terrenos en beneficio propio. De nuevo, la Constitución calla clamorosamente cuando los ciudadanos son expoliados para rescatar bancos o para crear el famoso banco malo, cuando se debería haber dejado que se produjera la quiebra de las entidades que deberían haber quebrado, como sucede en los demás sectores.

    La Constitución ha concedido al derecho de propiedad un rango menor, y lo ha supeditado a la ingeniería social de izquierdas, erigida en pensamiento único. Decenas de miles de pequeños empresarios y autónomos llevan años incurriendo en terribles pérdidas por culpa de leyes inicuas impulsadas por PP y PSOE, como la ley antitabaco. Otros tantos han sido condenados a la semiclandestinidad porque el Estado desconfía de ellos y de manera preventiva les considera sospechosos de delito fiscal y les limita las transacciones en efectivo, o les obliga a pagar el IVA antes de cobrar las facturas.

    No. No es esta una Constitución para la Libertad. No es esta una Constitución para controlar al poder político.

    Esta es la Constitución de la partidocracia, de la casta política, de la corrupción, del despilfarro, de las subvenciones y las mamandurrias, del clientelismo, del enchufismo, de los rescates bancarios, del banco malo, de la cultura del pelotazo, de la Justicia politizada, de los impuestos expoliadores, del intervencionismo, de la hiperregulación, de la ingeniería social, de la crisis económica y de la recesión.

    A esta Constitución los ciudadanos le tienen miedo, porque es la Constitución de los políticos, no la Constitución de los ciudadanos. La Constitución ha dejado desprotegidos a los ciudadanos frente a los políticos. Pocos, muy pocos, de los que han visto vulneradas sus libertades individuales y pedido socorro a la Constitución han sido amparados eficazmente por esta.

    Por eso, la gran mayoría de los ciudadanos apenas ve opciones de cambio real en nuestra sociedad y se resigna con el consabido "Esto lo controlan el PP y el PSOE y no se puede cambiar, es lo que hay". El desánimo y la descreencia en que otra clase política, otro Estado, otra sociedad y otro régimen político son posibles apesadumbra a los ciudadanos, que renuncian a buscar y provocar los cambios necesarios.

    Pero las cosas no tienen por qué ser así. Son ya incuestionables y obvios los síntomas de que el régimen está en las últimas. Su crisis es evidente en todos los órdenes, incluso se hacen eco de ello en el extrajero.

    El régimen del 78 empieza a dar muestras de debilidad: como las dictaduras cuando languidecen, que arrecian en la represión de los ciudadanos, el Gobierno nos aprieta aún más, atornillándonos con más impuestos al Estado; nos recorta aún más la libertad individual, e insiste en intervenir y regular la actividad económica.

    Por ello, es ahora cuando debemos actuar... Empujemos y empujemos para que caiga el régimen del 78. ¡Cambiemos la Constitución del 78! ¡Abajo el régimen del 78!

    Por Diego J. Ruiz, secretario de Relaciones Institucionales del P-Lib, Partido de la Libertad Individual. En LD

  8. #8
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    Predeterminado Realismo

    Aznar y González, Rajoy y Rubalcaba

    Las mentes más serenas y mejor amuebladas de la vida intelectual y política española coinciden, con escasas excepciones, en considerar imprescindible la reforma constitucional. Las nuevas generaciones se sienten ajenas al sistema político en un porcentaje alarmante. El régimen está agotado. Es necesario renovarlo, al margen de los catastrofismos de algunos y de los propósitos de escombrera de otros. Hay que embridar las Autonomías, no destruirlas. Hay que regenerar los partidos políticos, no destruirlos. Hay que reformar los sindicatos, no destruirlos.

    Partido Popular y Partido Socialista representan por encima del 80% del voto popular. La reforma constitucional exige el acuerdo entre las dos grandes agrupaciones, así como el esfuerzo por sumar a IU, a CiU, al PNV y a UPyD. También a los sindicatos. Y, sobre todo, a los líderes de opinión de las nuevas generaciones, en la política, en la economía, en el periodismo, en la religión, en la Universidad, en el deporte, en la república de las letras, en el mundo de las artes, la música, el cine o la ciencia.

    Con el mismo espíritu de concordia y conciliación que presidió la época dorada de la Transición hay que esforzarse en integrar a las nuevas generaciones, incluso a los sectores más indignados de la juventud desencantada. Si la reforma constitucional significa una operación de fondo que regenere la vida política española, el sistema prolongará su vida tres o cuatro décadas más. En otro caso, los movimientos revolucionarios que se agitan en España, algunos furtivamente, otros a las bravas, desmontarán el sistema. O la reforma constitucional la hacemos nosotros desde dentro o nos lo harán desde fuera con consecuencias difíciles de prever.

    Como España es una nación de hombres iguales y libres, el consenso de fondo entre el Partido Popular y el Partido Socialista cegará las maniobras secesionistas de algunos sectores de la clase política cuyo objetivo sustancial se reduce a mandar más y a difuminar fracasos y torpezas. Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba representan hoy democráticamente al 80% del pueblo español. El acuerdo entre ambos para la reforma constitucional es imprescindible pero el ejercicio del Gobierno y el de la posición les impedirían una acción eficaz para avanzar por la selva de la reforma constitucional. Deben encargar a José María Aznar y a Felipe González que piloten la operación, para la que es necesario contar, aparte de la participación de los diversos sectores políticos y sociales, con los mejores constitucionalistas españoles. Se trata de una vasta operación de Estado y los dos expresidentes han demostrado sentido y capacidad para adentrarse en las espesura y desbrozar los caminos hoy cegados antes de que el temporal que se avecina se lleve por delante aquel esfuerzo admirable e ilusionante que significó la Transición y que ha proporcionado a España más de treinta años de libertad y prosperidad. Pero que está ya agotado.

    Luis María Anson, miembro de la Real Academia Española. En El Mundo

  9. #9
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    Predeterminado Claridad

    El triunfal paso de Stéphane Dion por Barcelona. De su importancia son prueba el par de magros y pudibundos titulares en la prensa local. Y la actitud de sus anfitriones, los llamados Federalistes d'Esquerra: no solo Dion no ha bendecido su prurito a decidir, sino que probablemente, tras haberlo escuchado, esos federalistas de izquierda decidan rápidamente dejar de ser una cosa y otra. Dion, que fue el líder del Partido Liberal canadiense y ministro, y autor de un libro fundamental sobre el asunto secesionista, La política de la claridad, disertó con rigor y transparencia sobre el contentamiento. Dijo: «Ceder prácticamente a todas las reivindicaciones de los separatistas dentro de un país, esperando que pierdan todo interés por llevar a cabo la separación, es una estrategia arriesgada y probablemente ilusoria, a la que llamo la estrategia del contentamiento». Todo lo que vino después fue una arrolladora presentación de argumentos sobre la imposibilidad de que esa estrategia funcione. Era impactante oírlos en España donde la estrategia del contentamiento ha sido practicada por todos los gobiernos y es la principal responsable de que el nacionalismo haya llegado a su punto alienado y alienante.

    Probablemente urgido por su condición de huésped, y ya al final de la conferencia, Dion citó a los Federalistes d'Esquerra como ejemplo de personas que intentan un refuerzo de la cohesión general, y al tiempo, de la identidad particular. Si ya en el plano teórico esa idea viajaba embalada hacia el oxímoron, en el práctico exhibió sus limitaciones españolas casi con crueldad. Citó las reformas propuestas por los federalistas, como la cámara de entidades federadas, el mejor reconcimiento de las lenguas, la clarificación de las competencias y la relajación de leyes marco. Obviando la última reforma, descrita en un lenguaje demasiado relajado, las conclusiones eran obvias: hasta tal punto sigue siendo falsa y ciega la estrategia del contentamiento que todas esas supuestas reformas ya operan en la legislación española: el Senado es una camára territorial (imperfecta, y posiblemente inútil pero ese es otro asunto); la lengua catalana impera en Cataluña por encima de la ley y es probable que la clarificación de las competencias trajera más problemas que menos a los nacionalistas.

    Dion ha hablado, pues, no solo en el lugar, sino en el momento justo: cuando al niño ya se le han dado todos los juguetes imaginables y su único y feroz deseo es patear la casa.

    Arcadi Espada, en El Mundo

  10. #10
    Fecha de Ingreso
    14 ene, 07
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    Predeterminado

    Un esbozo de la Constitucion del siglo XXI:
    http://etrusk.blogspot.com.es/2013/0...siglo-xxi.html

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