¿Por que España oculta las Balanzas Fiscales?

[Citizen]

Cataluña tiene un déficit fiscal de 9.000 millones de euros. Eso significa que Cataluña recibe del Gobierno central 9.000 millones de euros menos de lo que paga en impuestos. Lo que los nacionalistas catalanes no suelen mencionar, porque restaría singularidad a su pregonada desdicha, es que la comunidad con mayor déficit fiscal es Madrid: casi el doble. Pero dejando este detalle al margen, el debate sobre el déficit fiscal y la solidaridad territorial revela la incoherencia (o la hipocresía) de casi todos los contendientes:

http://www.libertaddigital.com/opini...panoles-50218/

En todas partes cuecen habas. !Basta ya¡
Se andan escandalizando por los trajes de Camps, dándoles muchiiiisima mas repercusión mediática que a los grandes meollos.
En Cataluña, quizá debieran centrarse mas en sus propios coladeros que tanto querer avergonzar a andaluces, extremeños y valencianos. Merecen la crítica, pero en este caso sirve a intereses espúrios.
Todos van como locos en la carrera de financiar los partidos y sus bolsilletes.

En Cataluña, parecen haber sobreseído la diatriba entre el 3% y el 20%. Hay mucho mas, un ejemplo es la trama que está apareciendo con el asunto Palau de la Música.
Es muy explicativo el artículo de La Vanguardia:
http://www.lavanguardia.es/economia/...a-alvarez.html

Dentro de la pesadumbre, el hecho de que ese periódico haya publicado tan buen artículo, dice mucho en su favor. Un poquito de aire fresco, afortunadamente.

¿Un brote verde en la regeneración mediática?

[agente t]

El mantra del "pacto fiscal" se ha convertido en el tópico recurrente con el que los nacionalistas catalanes reafirman su esencia identitaria cada vez que ésta puede verse en entredicho en virtud del pragmatismo que impera en su política práctica. El último ejemplo nos lo ha dado Artur Mas, hace poco más de una semana, cuando, para compensar el apoyo parlamentario de CiU a los planes reformistas del Gobierno, se ha despachado declarando a Le Monde que, si ese pacto fuera rechazado, "Cataluña podría perfectamente ser un Estado independiente dentro de la Unión Europea".

Son interesantes estas declaraciones porque, en ellas, se desgranan todos los tópicos que forman parte del cansino discurso nacionalista: por una parte, la apelación al agravio de los catalanes revestido de déficit fiscal, de manera que se alega que éste supone entre el 8 y el 9 por cien del PIB regional y, de paso, se sugiere que las dificultades financieras de la Generalidad viene de lo mucho de Cataluña paga a España, pues "si fuéramos independientes, tendríamos entre 10.000 y 15.000 millones de euros más"; por otra, la inevitable comparación con Alemania, en cuyo Estado Federal, se dice, "el déficit de los länder está limitado al 4 por ciento", para a continuación afirmar que eso mismo «es lo que nosotros queremos»; y, finalmente, la idea de que la sublimación del autogobierno constituye una condición necesaria para la continuidad del desarrollo económico, singularmente en estos tiempos de crisis, y por ello resulta ineludible declarar que "Cataluña es una nación y debe tener derecho a decidir su futuro".

Conviene someter estos tópicos al análisis y al contraste empírico. El del tamaño del déficit fiscal no resiste el primer embate, pues de acuerdo con las estimaciones que publicó en 2008 el Instituto de Estudios Fiscales, su cuantía es del orden del 6,5 por ciento del PIB si, como recomienda la sensatez metodológica, se calcula bajo el prisma de la "carga-beneficio"; o sea, si se tienen en cuenta por una parte los impuestos que soportan realmente los residentes en un territorio y, por otra, los beneficios que esas mismas personas obtienen del gasto público.

Pero más allá de la cifra concreta a la que se llegue, lo verdaderamente relevante es el hecho de que cualquier déficit fiscal se ve compensado siempre por un superávit comercial. Y así, según nos informa el Instituto de Estadística de Cataluña en sus últimos cálculos de la Contabilidad Regional, en 2010 el saldo comercial de la región con el resto de España sumó 12.162 millones de euros; o sea, una cantidad equivalente al 5,8 por ciento del PIB catalán.

El lector no debe sorprenderse de que esto sea así, pues ello no es sino el resultado de una identidad contable, de manera que los países o las regiones que disponen de una sólida posición exterior —y por ello exportan más bienes y servicios de los que importan— siempre presentan un flujo financiero negativo, del mismo modo que las economías menos competitivas —que saldan su comercio con más compras que ventas— siempre registran un saldo financiero positivo por la sencilla razón de que alguien de fuera tiene que poner los dineros que se necesitan para pagar ese exceso. Y como Cataluña es una de las regiones más industriosas de España, nadie debiera asombrarse porque venda más que compre y tenga un saldo fiscal negativo.

¿Nadie? Bueno, es claro que a Artur Mas lo que acabo de señalar sí le asombra. Este político catalán, como tantos otros de su cuerda nacionalista, responde al prototipo que, hace ya muchos años, en las páginas finales de su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, describió John M. Keynes como el de "los hombre prácticos que se creen exentos de cualquier influencia intelectual, … (que) oyen voces en el aire, destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás … (y) son generalmente esclavos de algún economista difunto". No hay que ser un lince para comprender que, en este caso, el economista difunto, el mal escritor académico, no es otro que el que fuera catedrático de economía política en la Universidad de Barcelona, don Ramón Trias Fargas, pues no en vano da su nombre a una de las fundaciones vinculadas con Convergencia Democrática de Cataluña.

En efecto, fue Trias Fargas el que, en su Introducción a la economía de Cataluña, publicada en 1972, después de recordar a sus lectores que «por definición … a un superávit en la balanza comercial ha de corresponder u déficit en alguna de las otras cuentas», hizo una pirueta intelectual para afirmar que, en el caso de Cataluña, «parece que el superávit de mercancías —que, por cierto, él estimó en el 3,6% del PIB para 1967— es más que compensado por el déficit de las otras cuentas, y queda, al final, un déficit general, más o menos grande, en nuestra balanza con el resto de España». Naturalmente, después de esta cabriola no podía esperarse otra cosa que la instauración de los dos fundamentos doctrinales de carácter económico que el nacionalismo catalán ha venido repitiendo desde entonces: el primero señala que ese desequilibrio metodológicamente imposible pero cuantificable según la particular invención estadística de su autor, "priva a Cataluña de fondos para autofinanciarse"; y el segundo afirma que "Cataluña podría subsistir sola".

Pero dejemos el incorrupto legado intelectual de don Ramón Trias Fargas —tan venerado, sin saberlo, por sus epígonos, los actuales dirigentes del que fuera su partido— para adentrarnos en la cuestión de si, además del agravio español, existe otro cuando se compara a Cataluña con las regiones alemanas. Convivencia Cívica Catalana, la meritoria asociación ciudadana que opone in situ las virtudes democráticas a los excesos totalitarios del nacionalismo, acaba de publicar un informe que viene muy bien para elucidar este asunto. Se titula Mitos sobre el déficit fiscal catalán: comparación de Cataluña con los länder alemanes; y en él se muestra que, en Alemania, «los mecanismos de nivelación interregionales no incorporan en absoluto ninguna limitación en las balanzas fiscales de los länder del 4%». Además, esa restricción del 4% del PIB, tan cacareada por los nacionalistas catalanes, no se menciona «en ninguna sentencia judicial del Tribunal Constitucional ni en artículo alguno de la Constitución alemana». Y, para corroborarlo empíricamente, el informe recoge, a partir de los datos del Statistiches Bundesamt Deutschland y de la Generaldirektion für Wirtschaft und Finanzen, las estimaciones para 2005 del déficit fiscal de Hessen (10,1 por ciento del PIB), Baden-Württemberg (9 por ciento), Hamburgo (7,4 por ciento), Baviera (6,7 por ciento), Nordrhein-Westfalen (2,4 por ciento), Schleswig-Holstein (1,6 por ciento) y Rheinland-Pfalz (0,9 por ciento). Unos déficit fiscales que, lógicamente, financian los superávits que contabilizan Bremen, Sarre, Baja Sajonia, Berlín, Mecklenburg-Vorpommern, Turingia, Brandenburgo, Sajonia-Anhalt y Sajonia.

Las conclusiones de Convivencia Cívica Catalana, no por demoledoras, son menos ciertas. Y con ellas me quedo: «es falso que el déficit fiscal de los länder alemanes esté limitado al 4 por ciento de su PIB como afirman destacados dirigentes de CiU; … también es falso que Cataluña tenga más déficit fiscal que los länder alemanes». Por ello, recuerdan los autores del documento, es exigible «a los políticos que nos representan honestidad intelectual» para que «no falseen la realidad en beneficio de sus intereses partidistas y electorales».

Llego al final, pues en el extremo de todo esto no está sino la idea de que, para que el progreso de la sociedad y de la economía hermosee los hogares y haga más apacible la vida de los catalanes, es necesario profundizar en el autogobierno como si existiera un «dividendo económico de la descentralización». Andrés Rodríguez-Pose, catedrático en la London School of Economics, ha dedicado un extenso programa de investigación a este asunto, con análisis empíricos de países como Alemania, Italia, Estados Unidos, Brasil, China, India, México y, naturalmente, España. Es posible que, algún día, con más espacio disponible, dedique un artículo a explicar a mis lectores los pormenores de estos interesantísimos trabajos. Pero, por ahora, baste con señalar que las ventajas económicas de la descentralización no aparecen por ninguna parte y que el desarrollo económico de las regiones, aunque no se ve impedido por la progresión en la autonomía de sus gobiernos locales, tampoco se ve impulsado por ella. El autogobierno no es, por ello, la panacea del bienestar.

Mikel Buesa Blanco, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. En LD

[agente t]

«¿Ignoran ustedes que existe una sentencia del Tribunal Constitucional alemán donde queda claro que hay un máximo de déficit territorial estructural entre los länder y el Estado o la federación?» Con esta pregunta del diputado Josep Antoni Duran Lleida comenzó a extenderse uno de los bulos más eficaces que los nacionalistas catalanes han empleado en favor de conseguir un pacto fiscal: que existen precedentes europeos para limitar a una cantidad concreta la solidaridad interterritorial.

Duran soltó la pregunta en el debate de la reforma del artículo 135 de la Constitución, en agosto pasado. En otra intervención había dicho que la sentencia fijaba en un 4% el máximo déficit que un land podía tener tras aportar al sostenimiento de los demás miembros de la federación. Así, tanto Duran, como el presidente Artur Mas y Jordi Pujol han utilizado profusamente este dato.

Un pequeño pero riguroso diario digital catalán, lavozdebarcelona.com, ha logrado demostrar que la famosa sentencia, del año 1999, ni siquiera menciona el supuesto dato sobre el déficit territorial estructural máximo. El Tribunal Constitucional, según un trabajo de Javier López, no ha fijado límite alguno a la solidaridad entre los länder, aunque ha llamado la atención de que debe respetarse «el principio de ordinalidad», esto es, que la capacidad financiera de los habitantes de una región pobre no puede ponerse por encima de los de una región rica que les transfiere recursos. Pero del famoso 4%, ni rastro.

El martes 13 pasado, Francesc Homs, portavoz de la Generalitat, fue preguntado por el asunto y admitió que el 4% no estaba «estrictamente en la sentencia». «A veces hablamos como hablamos todos, ustedes y nosotros, y eso nos lleva a simplificar las expresiones», añadió Homs.

El mito del 4% ya estaba argumentalmente tocado. En una mesa redonda en Cádiz, en noviembre, el diputado convergente Antoni Picó lo citó en un debate con Jordi Sevilla y el economista socialista le respondió que en España los impuestos los pagan las personas y no los territorios, por lo que las balanzas fiscales autonómicas son un ejercicio perfectamente inútil. Sin embargo, ahora no sólo el mito se ha derrumbado, sino que ha dejado en evidencia a los líderes de CiU y su manipulación.

El lunes, Andreu Mas-Colell, conseller catalán de Economía, dio a conocer la actualización de la balanza fiscal catalana con el Estado español. Según el método de cálculo más favorable para Cataluña, esa comunidad aportó 16.409 millones más a la Administración central que los que recibió (un 8,4% de su PIB). El dato, según el método más estricto de carga/beneficio, dice que sólo fueron 11.261 millones, un 5,8% de su PIB. La media histórica, según la Generalitat, se eleva al 8% en 24 años. Si damos por buenas las cifras, esa sería la aportación de Cataluña a la solidaridad interterritorial en España. Es una región rica y al igual que otras como Madrid o Baleares, aportan a las regiones más pobres. Pero no existe ningún antecedente legal que diga que ese porcentaje debe limitarse al 4%. De hecho, el déficit interterritorial del land de Hesse en 2005 fue de más del 10% y el de Baden-Württemberg, del 9%.


john.muller@elmundo.es

[agente t]

Cataluña recibe de España un 4% más de lo que aporta

La Generalidad oculta el superávit y fuerza un saldo negativo con el Estado para reclamar el concierto económico.

Cataluña no sólo no soporta un déficit fiscal del 8,4% de su PIB (16.409 millones de euros en 2009) -como afirma la Generalidad-, sino que recibe del Estado un 4% más de lo que realmente aporta a las arcas de la Hacienda Pública –referido también a su PIB-. Esta es la principal conclusión del informe de Convivencia Cívica Catalana que se presentará próximamente, en el que se analizan los criterios utilizados por el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, al elaborar la balanza fiscal para el período 2006-2009, publicada este mes de marzo.

En declaraciones a Radio Intereconomía en Barcelona, el presidente de Convivencia, Francisco Caja, ha avanzado algunos de los resultados de este estudio, en el que se niega por primera vez el mito de que Cataluña da más al Estado español de lo que recibe a cambio. En el informe se describen los artificios contables utilizados por el consejero Mas-Colell para alcanzar de forma ficticia un déficit fiscal del 8,4% para el ejercicio de 2009, especialmente el mecanismo que se conoce como "balanza neutralizada".

Empleando esta metodología se imputa como "ingresos detraídos de Cataluña" (impuestos recaudados que ‘salen’ de la comunidad) la parte alícuota del déficit público del Estado correspondiente a Cataluña que todavía no se ha liquidado, pero que la Generalidad presupone que se satisfará en el futuro a costa del bolsillo de los contribuyentes catalanes. De acuerdo con su participación en el PIB nacional, se trata del 20% del déficit del Estado -15.000 millones de euros-, que se computa como aportación a España, incrementando así el saldo negativo de la comunidad autónoma.

A la vista de la definición que ofrece el consejero Mas-Colell de balanza fiscal ("diferencia entre los impuestos y otros ingresos aportados desde Cataluña al sector público central y los gastos que este mismo sector público destina a Cataluña"), Francisco Caja considera que "el déficit del Estado no es ni un ingreso, ni un impuesto que Cataluña aporte a la Hacienda Pública". Sin embargo, con este mecanismo aplicado por la Consejería de Economía se ‘neutraliza’ (se equilibra) el presupuesto del Estado, ‘anulando’ "el efecto de la situación financiera del sector público central", según consta en el informe presentado por Mas-Colell.

El criterio utilizado prioritariamente por la Generalidad en la elaboración de la balanza fiscal es el del ‘flujo monetario’ -que "intenta medir el impacto económico generado por la actividad del sector público en un territorio"- en detrimento de la perspectiva del ‘flujo de beneficio’, que busca "calcular cómo se incrementa el grado de bienestar de los individuos residentes en un territorio ante la actuación del sector público".

Atendiendo al flujo monetario, "los ingresos tributarios –en este caso los impuestos recaudados en Cataluña- se imputan al territorio donde se localiza la capacidad económica sometida a gravamen". Sin embargo, la interpretación maximalista y torticera que hace Mas-Colell llega al extremo grotesco de considerar que "el IVA pagado por un ciudadano de Oviedo en un comercio de Mataró se imputaría a Cataluña, que es donde se localiza el objeto imponible", a pesar de que quien lo paga efectivamente en último término sea el ciudadano de Asturias.

El informe de Convivencia Cívica también detecta otras arteras prácticas contables en la balanza fiscal, como la de "no imputar a Cataluña importantes gastos e inversiones del Estado que debieran prorratearse para todas las autonomías". Es el caso de los gastos en política exterior, que en el ejercicio de 2006 ascendieron a 765 millones de euros, de los que aparentemente en nada se benefició la comunidad autónoma (0 euros). Del mismo modo, en el año 2007, en el que el Estado invirtió 814 millones en el mismo concepto, la Generalidad cuantifica en 0 euros la repercusión en la economía catalana (de acuerdo con el criterio del flujo monetario).

El procedimiento de minimizar la aportación estatal se detecta también al examinar el impacto de las partidas destinadas a gastos de defensa -7.674 millones de euros en 2006-, que el infome de Mas-Colell reduce a 305 millones para Cataluña. Asimismo, en la balanza fiscal no se imputan a la comunidad autónoma los gastos de las principales agencias y organismos estatales, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria, la Agencia Estatal del Aceite de Oliva, etc.

Tras un exhaustivo análisis del informe presentado por la Generalidad, Convivencia Cívica Catalana concluye -aplicando el método carga-beneficio- que el saldo de la balanza fiscal de Cataluña con el Estado es positivo (+4% -es decir, superávit-, en lugar del -0,4% -déficit- obtenido por el PSC estimando supuestamente el flujo monetario sin neutralizar). Según Francisco Caja, el resultado del estudio de Convivencia no debería sorprender, ya que "con la crisis se ha recaudado mucho menos en toda España, pero se ha mantenido el gasto (también en las comunidades autónomas), aun a costa de aumentar el déficit público".

En definitiva, la finalidad de todo el falso entramado de la balanza fiscal y la utilización de mecanismos y artificios contables para forzar un déficit de Cataluña respecto a España obedece a la necesidad política y propagandística de justificar el pacto fiscal como forma de corregir los agravios económicos que, según la Generalidad, sufre Cataluña.

Ángel León, en La Gaceta.es

[agente t]

En declaraciones a esRadio, el presidente de Convivencia, Francisco Caja, ha avanzado algunos de los resultados del informe que rebate el mito de que Cataluña da más al Estado español de lo que recibe a cambio.

http://fonoteca.esradio.fm/2012-04-0...aja-42175.html

[agente t]

La torpeza con la que, en ocasiones, se desenvuelven los políticos da lugar a acontecimientos inesperados, a veces felices y otras más bien lamentables. El admirado paleobiólogo, hoy desaparecido, Stephen Jay Gould contó una vez que si George Canning –que fue ministro de asuntos exteriores del Reino Unido en 1814– no hubiera errado el tiro en el duelo que mantuvo con Robert Stewart, vizconde de Castlereagh, tal vez éste no habría tenido la ocasión de suicidarse el 18 de agosto de 1822, poniendo así en evidencia los desastrosos designios de la melancolía. Una enfermedad ésta que, por cierto, también impregnó a Robert FitzRoy, sobrino de Castlereagh, quien siendo aún muy joven, con tan sólo veintitrés años, tomó el mando del Beagle justo después de que el capitán que le precedió hubiera sufrido un trastorno mental y se hubiera pegado, con acierto, un tiro. El caso es que FitzRoy tomó a Charles Darwin a su servicio para que lo acompañara durante el largo viaje de casi cinco años que, siguiendo las órdenes del Almirantazgo, emprendió al final de 1831con su navío, y pudiera así mitigar la soledad a la que las leyes británicas sometían a los mandos de los buques de la Marina Real. En definitiva, la torpeza del ministro Canning condujo, a través de tan rocambolesca mediación, a uno de los acontecimientos más felices de la ciencia moderna como fue la publicación, casi tres décadas más tarde, de El origen de las especies.

Pero el desacierto de los políticos puede conducir también al infortunio. Tal ha sido el caso del Honrable Mas, presidente de Cataluña, cuando la semana pasada, en medio de la barahúnda financiera, tuvo la ocurrencia de mentar el fantasma del impago –de eso que en la jerga de los economistas se conoce como default– a la vez que reclamaba del Estado "la tesorería suficiente para pagar; y pagar a tiempo, porque todos tenemos facturas por pagar a fin de mes". Ni que decir tiene que, en este mundo actual en el que la información –incompleta, sin duda, y procesada en mensajes de pocas palabras, también– circula a la velocidad de la luz, los operadores de los mercados de deuda no se lo pensaron dos veces para exigir mayores rentabilidades en compensación de los riesgos y la prima correspondiente emprendió un rápido ascenso hasta rozar los quinientos puntos.

De que el Honorable Mas no tenía la menor intención de revolver las ya turbulentas aguas financieras españolas, no me cabe la menor duda. Pero no estamos aquí para valorar intenciones, sino para apreciar las circunstancias del caso y sus consecuencias. Esas circunstancias comienzan, sin duda, en las desastrosas finanzas públicas de Cataluña, herencia de los dispendios de la administración socialista-republicana que precedió al Gobierno de Mas, y de la insuficiencia de la política de austeridad progresiva que, administrada a plazos, éste ha practicado durante los ya casi dos años y medio de su presidencia. Como consecuencia, la administración catalana ha acumulado ya una deuda próxima a los 42.000 millones de euros cuyos vencimientos en este año se acercan a los 13.500 millones. Ello, frente a unos ingresos fiscales de 17.900 millones y unas transferencias de 5.200, hace que la disponibilidad de recursos para sostener la Administración sea muy precaria y haga ineludibles nuevas emisiones de deuda que se estiman próximas a 5.000 millones adicionales.

Otra de las circunstancias del caso viene dada por la rivalidad entre Mas y Durán Lleida –y entre sus respectivos partidos– por el liderazgo ideológico de la derecha nacionalista, pues mientras aquél se escora cada vez más hacia el independentismo, éste se presenta bajo la bandera de un autonomismo con pretensiones de ampliación de su espacio político, aunque integrado en España y con disposición a colaborar en las tareas del Estado. Y lo cierto es que las declaraciones de Mas le sorprendieron a Durán en las puertas de La Moncloa, donde tuvo que hacer encaje de bolillos para salir airoso del embrollo declarando que "si hace falta dinero para este mes nadie tiene que explicarlo, y Artur Mas no lo ha hecho", para añadir a continuación que "de ninguna manera el president ha solicitado la intervención de Cataluña; no hay motivo para el rescate".

Pero también se anota en la intervención de Mas una apelación al recurrente tópico del déficit fiscal, con lo que, por una parte, se pretende señalar a los catalanes que el recorte de los gastos de la Generalitat tiene su raíz en las exigencias del Estado; y por otra, se busca abundar en la idea de que, fuera de España, Cataluña afrontaría la crisis con bastante holgura. Y así el Honorable Presidente afirmó que ese déficit fiscal es de 16.000 millones de euros, una cantidad que, si fuera cierta, bastaría para enjugar en poco tiempo la deuda catalana.

Veamos entonces la cifra de marras. Su origen no es otro que la última estimación de la balanza fiscal de Cataluña, referida a 2009 y publicada por la Generalitat en un documento avalado por conocidos y, sin duda, prestigiosos economistas que han formado parte del correspondiente grupo de trabajo. Sin embargo, detrás de ella hay opciones metodológicas muy discutibles, tal como ha destacado Convivencia Cívica Catalana, la combativa asociación que preside el Catedrático de la Universidad de Barcelona Paco Caja. En un documento muy trabajado esta asociación ha destacado que, para su cálculo, el Gobierno catalán ha incurrido en cinco trampas:


1. Utilizar la técnica del flujo monetario, de acuerdo con la cual los ingresos y gastos se imputan en función del territorio en el que tienen lugar, lo que impide tener en cuenta si las personas que pagan los impuestos o las que reciben el gasto del Estado residen o no, efectivamente, dentro de él.

2. Sobrevalorar los impuestos pagados en Cataluña al Estado al incluir en la cantidad correspondiente los pagos de no residentes.

3. Minimizar los gastos del Estado en Cataluña al excluir de este concepto la mayor parte de los gastos en Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, Servicios Sociales, Gestión de la Administración Central, Deuda Pública y un variado elenco de organismos que van desde la Agencia Española del Medicamento hasta el Consejo de Seguridad Nuclear.

4. Sumar el déficit fiscal de Cataluña con la Unión Europea.

5. Restar el déficit del Estado, lo que supone incurrir en una doble contabilización.

Con estos procedimientos la Generalitat llega a la bonita cifra de 16.409 millones de euros mencionada por el Honorable Mas. Pero si, en vez de inventar las aludidas trampas, se empleara una metodología académicamente más aceptable –nos dice Convivencia Cívica–, entonces el déficit fiscal catalán se trastocaría en un superávit de 4.015 millones de euros. Porque, contra lo que machaconamente se repite por los nacionalistas catalanes, el saldo fiscal fue negativo para Cataluña hasta 2008 y dejó de serlo desde el año siguiente. A nadie que conozca un poco las relaciones económicas entre Cataluña y el resto de España le puede sorprender esto, pues, con la crisis, las cosas han cambiado sustancialmente y Cataluña ha ido perdiendo su posición preeminente en el mercado nacional. Por ejemplo, el saldo comercial de la región con las demás Comunidades Autónomas ha pasado de registrar un superávit de 17.191 millones de euros en 2008 a otro de sólo 4.643 millones en 2011; y también, desde 2010, la Seguridad Social es deficitaria en Cataluña.

En resumen, al Honorable Mas le van fallando los argumentos económicos tradicionales del nacionalismo y ahora es desde las demás regiones de España desde donde se transfieren recursos para equilibrar las cuentas del gasto del Estado en Cataluña. Claro que ello no ha bastado para sujetar su imprudente verborrea identitario-financiera y la prima de riesgo de la deuda española –ayudada por otros políticos incontinentes, nacionales y europeos– ha continuado subiendo en los días posteriores a los de la verbalización de sus excesos. Confiemos en que no sea por mucho tiempo.

Mikel Buesa, en LD

[agente t]

Triste espectáculo el que están dando los partidos catalanes supuestamente no nacionalistas en los prolegómenos de la negociación del Pacto Fiscal. Una vez admitida sin rechistar la falacia del maltrato fiscal a Cataluña, resulta difícil resistirse a la conclusión de que es necesario negociar un sistema fiscal singular para la región que ponga coto a la situación. Se termina así exigiendo que se pongan límites a la "solidaridad" en nombre de la justicia. Como mínimo, suena raro.

Que CiU y Esquerra intenten vender la moto del “expolio fiscal” para conseguir ventajas para su tribu es lógico y natural. De eso viven. Lo que es difícil de entender es por qué sus adversarios políticos aceptan sin más algunos eslóganes nacionalistas que no resisten la confrontación con los datos o con la lógica.

Dos apuntes rápidos en este sentido. Primero. Si España nos roba, ¿cómo lo hace? Yo no termino de verlo. No puede ser a través de los impuestos estatales (el impuesto de sociedades y los tramos estatales del IRPF, IVA e impuestos especiales) porque a todos se nos aplica la misma escala con independencia de la región en que vivamos. No es a través de las pensiones o de las prestaciones por desempleo pues en ningún sitio se dice que los residentes en Cataluña cobraremos menos por estos conceptos a igualdad de cotizaciones y cargas familiares. Tampoco es a través de la financiación de la Generalitat. Con datos del último año liquidado (2009) y a igualdad de competencias y de escalas impositivas en los impuestos autonómicos, nuestro gobierno regional se sitúa ligeramente por encima de la media en términos de financiación por habitante ajustado, con un índice de 103,7 sobre un promedio de 100 para el conjunto de las comunidades no forales.

Lo que sí es cierto es que en Cataluña pagamos más impuestos autonómicos que en otros sitios, con tipos más altos en el tramo autonómico del IRPF así como en el ITP y el impuesto sobre carburantes que los que se aplican en otras regiones y con tasas más elevadas sobre el agua y otros servicios. Pero ese dinero se queda en las arcas del Gobierno regional, así que por ahí tampoco nos puede estar robando Madrid. Lo curioso es que tan ocupados como estamos en quejarnos de Madrid, nadie le pide cuentas a la Generalitat. ¿No tendrá ésta algo que ver con el problema? Si la administración catalana no consigue ofrecer servicios satisfactorios a pesar de contar con más recursos de la media a igualdad de condiciones (a lo que hay que añadir los rendimientos extra de impuestos autonómicos más altos que los de comunidades vecinas), ¿no podría ser que estuviese haciendo algo mal?



Segundo. La solidaridad no tiene nada que ver con esta historia. No hablamos de caridad o conceptos similares de ayuda voluntaria al necesitado sino del principio constitucional de igualdad. Un Estado moderno y democrático muy difícilmente podría estar basado en un principio diferente a la igualdad de todos su ciudadanos. Y tal igualdad no puede limitarse a la igualdad formal ante la ley sino que tiene que extenderse a la igualdad de acceso a los principales servicios públicos y a la igualdad en la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas en función de la renta de cada uno. Tal principio exige que los ciudadanos de mayor renta paguen más impuestos que la media para contribuir a financiar el acceso de todos a la sanidad, la educación y otros servicios fundamentales en condiciones similares a través de una financiación autonómica igualitaria.

]I]Conviene observar que esto inevitablemente genera déficits y superavits fiscales a nivel individual y, por agregación, a nivel regional dado que la renta no se distribuye de manera uniforme en el territorio. [/I]Lo primero lo aceptamos con resignación y naturalidad casi todos. Todos despotricamos contra Hacienda, pero no he visto nunca a nadie de renta superior a la media reclamando seriamente a la Agencia Tributaria que le devuelvan su dinero apelando a argumentos de justicia y a la necesidad de evitar su asfixia económica. No veo por qué la cosa ha de ser distinta a nivel regional. Los saldos fiscales regionales, positivos o negativos, no son más que una consecuencia natural de la necesaria redistribución de la renta a nivel individual y no deberían preocuparnos siempre que (o en la medida en que) sean fruto de normas razonables y uniformes de reparto de cargas y prestaciones públicas a nivel individual. Por lo dicho más arriba, y al menos como primera aproximación, aquí tampoco hay mucho que rascar.

A juzgar por la armonía reinante en la cumbre sobre el Pacto Fiscal de hace unos días, las objeciones que acabo de esbozar a las tesis nacionalistas no convencerían en absoluto a los líderes de Iniciativa o del PSC y no sé siquiera si las comprarían por entero los del PP o Ciutadans. Cada uno es muy dueño de sus opiniones, pero tengo que decir que algunas de ellas son un tanto peculiares, especialmente en partidos que se dicen de izquierdas. ¿La igualdad debería terminarse en el Ebro? ¿Por qué no en el Llobregat, o en la puerta de cada casa? Y en cualquier caso, hay que ser consistente. Si de verdad lo piensan, que lo digan a ambos lados del río o que los de este lado quiten las letras que haga falta de su nombre.

Ángel de la Fuente. Instituto de Análisis Económico (CSIC). en El País.es

[agente t]

La Comunidad de Madrid paga dos veces más impuestos que Cataluña

La verdadera hucha del Estado no es Cataluña, tal y como aseguran los nacionalistas catalanes, sino la Comunidad de Madrid. De enero a mayo de este año la comunidad autónoma que más ha aportado a las arcas públicas ha sido, con muchísima diferencia, la que alberga a la capital. Un 43% de todos tres principales impuestos (IRPF, IVA y Sociedades) proviene de la autonomía madrileña, la friolera de 23.687 millones de euros.

Detrás de Madrid, a considerable distancia, se encuentra Cataluña, que en los primeros cinco meses del año aportó al conjunto 12.184 millones o, lo que es lo mismo, un 22% del total. Tras ella se encuentran la Comunidad Valenciana, que representa a efectos fiscales el 7,3% del país, y Andalucía, que, con 3.740 millones de euros recaudados, no llega al 7% del total nacional a pesar de que sus 8,5 millones de habitantes suponen cerca del 18% de la población de todo el país.

De ahí para abajo el resto de comunidades autónomas se mueven en la horquilla del 1%-2% de aporte al conjunto nacional. La que más es Castilla y León, con un 2,48% y la que menos La Rioja, con un 0,47%, una diferencia razonable teniendo en cuenta la población de cada una de ellas, 2,5 millones en el caso de Castilla y León frente a los 320.000 de La Rioja.

En la cabeza, sin embargo, no hay una correlación demográfica ni de aporte al PIB nacional. Así, la Comunidad de Madrid, cuya población representa el 13,7% nacional y su aporte al PIB es del 17,8%, soporta una carga fiscal del 43%, más del doble que su contribución a la riqueza nacional.

En el caso de Cataluña la proporción está ligeramente desequilibrada. Desde el punto de vista demográfico el 16% de los españoles viven en Cataluña, 7,5 millones de habitantes que generan el 18,6% del PIB nacional y pagan el 22% de los impuestos, una pequeña desviación que los nacionalistas han puesto a funcionar en su provecho.

Madrid, líder absoluto

Madrid es líder fiscal en los tres apartados. En IRPF los madrileños pagaron 11.341 millones de euros de enero a mayo frente a los 6.260 de los catalanes o los 2.267 de los andaluces. Los madrileños pagan, solo de IRPF lo mismo que los catalanes en concepto de IRPF, IVA y Sociedades.

En impuesto de Sociedades Madrid también está a la cabeza. Las empresas madrileñas aportan una vez y media más que las catalanas y seis veces más que las andaluzas. El caso del IVA es aún más llamativo. La Comunidad de Madrid liquida casi la mitad del IVA nacional: 10.902 millones de euros sobre los 22.777 que se recaudaron a nivel nacional. Tanto en Sociedades como en el IVA la cantidad de empresas de ámbito nacional con sede en Madrid ayudan a explicar esta diferencia tan brutal. Las empresas liquidan ambos tributos allá donde se encuentra su sede social.

Por habitante el panorama es aterrador para los madrileños. Si dividimos los 23.687 millones que el Estado ha recaudado en la Comunidad de Madrid entre sus 6,5 millones de habitantes nos encontramos con que las empresas y familias madrileñas han pagado 3.650 euros por habitante. El mismo cálculo aplicado a Cataluña arroja una cifra también alta: 1.616 euros por habitante. En la cola se encuentra Canarias, que tiene una fiscalidad especial por su situación geográfica, y Extremadura con 364 y 334 euros por habitante respectivamente.

Fernando Díaz Villanueva, en La Gaceta.es

[agente t]

La ofensiva independentista puesta en marcha por Artur Mas esgrime como justificación una burda mentira, según la cual el Gobierno de España se estaría apropiando de un porcentaje abusivo de la riqueza producida en Cataluña para financiar a otras comunidades. Este déficit de la balanza fiscal autonómica, según los nacionalistas, exigiría la creación de un pacto fiscal para que el Principado pueda disponer de todos los ingresos públicos generados allí, salvo una módica cuantía destinada a compensar los servicios generales de los que se beneficia, a imagen y semejanza de los anacrónicos e injustos conciertos vasco y navarro. En última instancia, esta injusticia fiscal que padece Cataluña sería la principal causa del brutal endeudamiento público de la Generalidad y de su bancarrota, pues no puede hacer frente a los compromisos ordinarios de pago salvo que el Gobierno central le inyecte liquidez en forma de rescate encubierto.

Vaya por delante lo improcedente de elaborar cálculos fiscales por comunidades autónomas, puesto que son los ciudadanos y las empresas los que pagan impuestos, no los territorios. Si los habitantes de una determinada región aportan más dinero al fisco no es, desde luego, por la existencia de una absurda inquina centralista, sino sencillamente porque la renta per cápita de sus habitantes y la facturación de las empresas allí radicadas son mayores que en otras. No obstante, ya que el nacionalismo catalán justifica sus exigencias con los resultados de esta manera peculiar de realizar cálculos contables, bueno será exponer la realidad, que desmonta por completo semejante artimaña.

Como hemos informado en Libertad Digital, la comunidad que más dinero aporta al resto de España no es Cataluña sino Madrid. En esta última el Gobierno recauda 40.000 millones de euros más que en la segunda, y eso a pesar de que hay dos millones más de catalanes que madrileños. Respecto al viejo cuento del expolio centralista, de los 66.000 millones recaudados en Madrid, su comunidad sólo percibió 11.500, mientras que en Cataluña, con una aportación tributaria de sólo 27.000 millones, casi 16.000 quedaron a disposición de la Generalidad. Esto significa que la comunidad madrileña sólo gestiona el 17,6% de los ingresos tributarios generados en su territorio, mientras que la catalana se apropia del 60% de todos los impuestos estatales liquidados en el suyo.

En cuanto a las transferencias estatales, los datos son igualmente contundentes. Cataluña recibe 4.500 millones de euros más que Madrid, a pesar de que la aportación de los catalanes a las arcas generales, como ha quedado dicho, es menos de la mitad que la de los contribuyentes madrileños. Esa diferencia se agranda todavía más si tenemos en cuenta que, entre las aportaciones extraordinarias que contempla el nuevo estatuto de Cataluña y los fondos adicionales que el Gobierno de Rajoy le inyectará en breve, la Generalidad ingresará este año nada menos que otros 11.000 millones de euros, con lo que su desfase respecto a la comunidad de Madrid se disparará hasta los 15.500 millones.

Si Cataluña, que produce la mitad que Madrid, se apropia de cuatro veces más riqueza que ésta, ¿quieren explicarnos el Sr. Mas y sus colegas nacionalistas de todos los partidos dónde está ese supuesto robo del que son objeto? En todo caso, si seguimos esa delirante contabilidad territorial, son los ciudadanos madrileños los únicos que podrían elevar una queja por el trato que reciben del Gobierno frente al que reciben los ciudadanos de comunidades menos productivas, como la catalana.

Ahora que las exigencias separatistas se exacerban y el Gobierno de España parece dispuesto a compensarlas con mayores ventajas financieras, resulta imperativo dejar claro que el origen de este problema secesionista no es ese inexistente expolio fiscal esgrimido por los nacionalistas. El pacto fiscal, con la amenaza añadida de la independencia, no busca remediar una injusticia, sino agravar el saqueo al que está siendo sometido el resto de España por una casta nacionalista delirante, insolidaria y, como estamos viendo, además insaciable.

Editorial de Libertad Digital

[agente t]

CiU miente. Divulga balanzas fiscales falsas en las que considera propias la recaudación y negocio de todas las filiales en España de las matrices catalanas. Esconde su dependencia comercial de España, gracias a la que obtiene 22.000 millones anuales. Omite que la causa de su ruina es el disparo de su deuda en un 300% en 10 años por el deseo de construir un Estado. Ignora el desplome de un 14% de la recaudación por IVA -casi el doble que la media española- por las dificultades de hacer negocios en una región totalmente burocratizada. Y hasta reescribe la historia para ocultar que Cataluña no se levantó contra España en 1714, sino que luchó por una cuestión dinástica. Pero cada día más catalanes creen sus mentiras.

¿Por qué? Porque controla la educación y la prensa. Una educación con la que adoctrina a la mayoría y margina a la minoría que desafía la dictadura del pensamiento. Un mecanismo donde el rebelde es expulsado de cargos oficiales y empleos públicos, inspeccionado en sus negocios privados, o apartado del resto de niños en aulas y patios. Sin olvidar a unos medios de comunicación que, a cambio de más de 20 millones anuales en subvenciones, han sido capaces de confirmar cualquier falsedad nacionalista con tal de engordar sus estómagos.

Y mientras esa estructura sobreviva, el problema irá a más. Con estrategias de apaciguar a los independentistas o sin ellas. Porque cada día más niños albergarán en sus mentes la mentira nacionalista.

El Gobierno lo sabe. Si no, ¿por qué ha elevado en 10 puntos -hasta el 65%- el control central del programa educativo en las autonomías con lengua cooficial? Pero su respuesta se queda corta. Tan corta como las miras de sus barones autonómicos. Y tan triste como la rendición del presidente de Baleares, Bauzá, que ya no defenderá el derecho de todos los padres a educar en español a sus hijos. Un lamentable calquito de la decisión adoptada por Núñez Feijóo en Galicia.

¿Cómo cortar el avance de la mentira independentista si los barones autonómicos se acobardan en la defensa de España? Sólo hay una respuesta ante este desafío: la realidad de que unidos somos más fuertes. Un mensaje imposible de divulgar desde la ambigüedad y el electoralismo.

Carlos Cuesta, en El Mundo