El problema aumenta cuando podemos ver que en realidad hay oferta de trabajo, pero no hay una política de equilibrio entre oferta y demanda. Hoy, en Cataluña y en España, gran cantidad de oferta de trabajo se intenta satisfacer con obra de mano mal pagada, inmigrante, pidiendo unas cuotas exageradas de inmigración a fin de crear una gran demanda de puestos de trabajo baratos que baje los salarios. Sin embargo, esta vía, la inmigración, no resolverá esta situación; antes al contrario, reproducirá esta polarización: trabajos bien pagados para españoles, trabajos mal pagados para inmigrantes. Esta polarización debilita a toda la fuerza de trabajo, incluidos los primeros. Por otra parte, la existencia de este tipo de trabajadores disuade al empresario de hacer una inversión para incrementar la productividad y, por lo tanto, el salario del puesto de trabajo. Permitir salarios bajos es perpetuar la ineficiencia económica de un país. Hay que tener en cuenta que, en realidad, hay muy pocos trabajos que sean intrínsecamente de baja calidad. Que lo sean o no depende de factores políticos, entre otros.
La asistencia domiciliaria a personas con discapacidades y a ancianos (erróneamente definida como labor poco cualificada), que en España es realizada por lo general por trabajadoras (muchas de ellas inmigrantes) pésimamente pagadas y sin ninguna preparación, la llevan a cabo en Finlandia profesionales con formación universitaria.
Lo que se requiere es exigir un aumento de la calidad de los puestos de trabajo interviniendo públicamente en el aumento del salario mínimo (uno de los más bajos de la UE), de modo que se dificulte la reproducción de puestos de trabajo con sueldos bajos. Complementando esta estrategia, se requiere hacer una oferta de trabajo más flexible que permita la integración de la mujer. Hay ejemplos exitosos en Cataluña de empresarios que han hecho ofertas flexibles a sus trabajadoras y que han visto incrementar notablemente su productividad. Por último, otra dimensión en la que el Estado no puede permanecer pasivo es facilitar la integración de la mujer en el mercado de trabajo. A pesar de la retórica pro familiar, en realidad España es un país que sobrecarga a la familia por la escasez de la ayuda que le brinda; faltan, por ejemplo, escuelas de infancia de 0 a 3 años y servicios domiciliarios para personas discapacitadas o ancianas. En realidad, el porcentaje de la población adulta empleada en todos los servicios del Estado de bienestar en España es sólo un 5,6%, frente a un 14,2% en EE UU y un 18,7% en Suecia. Es impensable que esta insuficiencia del Estado de bienestar en general y de los servicios de ayuda a las familias en particular pueda resolverse sin una participación muy activa del sector público que facilite el acceso a tales servicios de todas las familias y permita una mayor integración de la mujer en el mercado de trabajo.