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Ver la Versión Completa : cuantos impuestos pagamos en España



etrusk
28/04/2008, 14:00
http://cuantosimpuestospago.com/

-- lo negativo es que son 50% :-(

-- lo positivo es que en realidad el impuesto NO ES PROGRESIVO, es practicamente plano al 50% :-)

Comparar con los de Suiza 15%, y de USA 37% ;-)

agente t
28/04/2008, 16:39
El mayor impuesto es el de las cuotas a la Seguridad Social. Y además siendo ese su verdadero carácter se hurta, así como su enorme monto.

Goyo
19/07/2008, 02:05
Demasiados. Cuanto más altos sean los impuestos menos riqueza podrán generar los ciudadanos:

http://www.invertirenbolsa.info/clases_economia/el_estado_no_crea_riqueza.htm

Un saludo.

agente t
16/08/2010, 16:48
Dice que los tributos «son muy bajos» para los servicios que se prestan / Hace un año, hizo la misma «reflexión», y 28 días después se anunció el alza del IVA

El 20 de agosto de 2009 el ministro de Fomento, Pepiño Blanco, opinó, «a modo de reflexión», que el Gobierno debería «elevar determinados tipos impositivos». Una semana más tarde, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, confirmaba que el Ejecutivo estaba «revisando todos los impuestos», y 28 días después de la meditación de Pepiño Blanco, ella misma anunciaba el mayor incremento fiscal de la historia de la Democracia.

Ayer, transcurridos 358 días desde sus premonitorias declaraciones, el ministro de Fomento transmitió, a través de la agencia Europa Press, una nueva «reflexión» (sic.): los impuestos que pagan los españoles «son muy bajos» y habría que «homologarlos» al resto de Europa. ¿Cuándo se sabrá el alcance del alza fiscal? «Cuando abordemos el Presupuesto General del Estado para 2011», afirmó Pepiño. Es decir, en septiembre.

¿Deja vù? ¿Coincidencia? A tenor de la secuencia de las declaraciones entre un agosto y otro, más bien parece que el Gobierno ha activado su estrategia de concienciación con el fin de preparar al contribuyente para una nueva subida tributaria.

El pasado año, el ministro Pepiño justificó su iniciativa fiscal con un argumento ideológico: «Las cuentas no cuadran [...]. Soy partidario de ayudar a los que más lo necesitan, y si para ello los que tienen más recursos tienen que apretarse el cinturón, habrá que decirlo con claridad. […] La sociedad lo entenderá».

El mensaje social del titular de Fomento fue respaldado en jornadas posteriores por algunos pesospesados del PSOE, como Leire Pajín, o del Gobierno, como la propia Salgado. Sin embargo, todo aquel énfasis progresista se tradujo, a las seis semanas, en una revolución fiscal que cargaba el 96% de la subida impositiva sobre las clases medias y bajas: se eliminó la deducción de los 400 euros del IRPF para 12 millones de declarantes, se anunció el alza del IVA (del 7% al 8% en el tipo reducido, y del 16% al 18% en el tipo general) y se gravó el ahorro.

A diferencia de hace casi un año, ayer Pepiño despojó su anuncio de toda carga ideológica y lo justificó en el coste del progreso nacional: «España, en relación con los servicios públicos que tiene y en relación con las infraestructuras que tiene y que debe seguir desarrollando, cuenta con una base impositiva muy baja en comparación con la media de los países europeos». El bandazo argumental de Pepiño Blanco sólo se explica por la necesidad acuciante de lograr nuevos ingresos para dar marcha atrás en su plan de recorte de las infraestructuras, tasado el mes pasado en 6.400 millones y rebajado, esta semana, a 5.900.

EL MUNDO publicó el pasado 2 de agosto que el Ministerio de Fomento estaba trabajando para imponer a los vehículos pesados una nueva tasa, que les gravaría 10 céntimos por cada kilómetro de uso de autovía. Este impuesto encubierto, conocido como Euroviñeta, permitiría al Estado recaudar 3.000 millones extra.

Ese mismo día, un portavoz de Fomento se puso en contacto con este periódico para matizar que no se había tomado todavía una decisión sobre la Euroviñeta, sino que se trataba sólo de «una reflexión» [sic]. Al día siguiente, el Telediario de Televisión Española dedicó un espacio a relatar cómo diversos países europeos, entre ellos Portugal, habían impuesto la Euroviñeta para financiar los gastos de conservación de infraestructuras.

Tres mil millones de euros equivalen casi al doble de lo que quiere ahorrar el Ejecutivo con la congelación de las pensiones, o a la mitad de lo que va a recortar en obra pública. Porque en este último ajuste es donde el Ejecutivo ha recibido más contestación por parte de las grandes constructoras -que han amenazado con 115.000 despidos- y de las administraciones locales y autonómicas. De ahí que el presidente del Gobierno anunciara el pasado martes que se iba a «aliviar» la situación de algunos ayuntamientos recuperando obras públicas aplazadas o canceladas para reducir el déficit. Posteriormente, Pepiño cuantificó el coste de este nuevo bandazo en 500 millones.

La propuesta impositiva del ministro tiene, además, una clave financiera. Si el Gobierno opta por la vía de una nueva tasa, no estaría mandando un mensaje alarmante a los mercados internacionales que pudiera disparar el coste de la deuda, como sí sucedió tras la intervención de Zapatero del martes.

Lo de la comparativa con la presión fiscal del resto de Europa no tiene muchas agarraderas. Es cierto, como dijo ayer Pepiño, que la mayoría de los tipos impositivos del régimen fiscal nacional son inferiores a los de las economías más avanzadas de la UE. Pero también lo es que los contribuyentes españoles han registrado uno de los mayores crecimientos de la presión fiscal de los últimos 8 años, según el análisis de la oficina estadística de la UE, Eurostat. Amén de que la renta per cápita sigue siendo inferior a la de los países más exigentes fiscalmente.

El caso es que desde diversos sectores del Partido Socialista se viene alentando un alza impositiva contra las rentas altas que suavice el duro impacto de imagen que tuvo la adopción de las medidas extraordinarias contra el déficit, anunciadas por Zapatero el 12 de mayo, y que incluían el fin del cheque bebé, la congelación de las pensiones o la rebaja de sueldos a los funcionarios.

De hecho, el pasado viernes la secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, afirmó que la presentación de los Presupuestos el mes próximo debería ser «un momento bueno» para «pedir un esfuerzo a los que más tienen».

«Creo que se va a dar ese paso», informó Valenciano, un paso que, por otra parte, ya han dado de manera unilateral otras comunidades autónomas gobernadas por socialistas, como Cataluña y Baleares.

«Ánimos renovados»

No obstante, Pepiño eludió ayer entrar en el impuesto ideológico y aseguró que ve al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «con ánimos renovados y, sobre todo, con una capacidad de hacer las reformas que necesita este país que es muy importante». En España, «es necesario hacer reformas, avanzar, generar expectativas distintas para crear empleo, para crecer de otra forma, para orientar lo que tiene que ser la política del siglo XXI», zanjó el ministro.

El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que no le extrañaría que el Gobierno volviera a subir los impuestos, pues «las cuentas siguen sin cuadrar». Según arroja la Contabilidad Nacional acumulada en junio, el déficit del Estado se ha comenzado a reducir respecto al pasado año gracias, en parte, al incremento de casi un 30% de los ingresos por IVA. Pero pocos organismos internacionales confían en que sea suficiente para cumplir los objetivos de déficit de Bruselas (9,8% para 2010 y 6% para 2011).

Por Francisco Pascual, hoy en El Mundo

agente t
29/11/2010, 19:30
Las cajas revelan que los impuestos son los más altos de la UE

España «se encuentra entre los países que exigen una mayor factura fiscal, media y marginal, por unidad de inversión realizada en su territorio». Es más, «podemos afirmar sin temor a equivocarnos» que la fiscalidad de la inversión corporativa en España «se encuentra entre las más elevadas de la Unión Europea» y «evidentemente, esta situación de alta fiscalidad (…) hace de España un país poco atractivo para invertir».


Se trata de la principal conclusión a la que llega un grupo de catedráticos y profesores, encabezado por José Félix Sanz en un informe que hará público en breve Funcas (la Fundación de las Cajas de Ahorros). Este señala el elevado nivel de impuestos de las compañías como uno de los problemas que han llevado a la economía española a la situación de fuerte crisis en la que se encuentra inmersa.


El informe desmonta, así, una de las tesis centrales del Gobierno: la de que la fiscalidad española es reducida y, por lo tanto, pueden elevarse más los impuestos para tapar el inmenso déficit de 100.000 millones de euros previsto para este año. Las conclusiones del estudio son rotundas: el tipo medio que soportan las empresas en España por cada euro invertido es la más dura de toda la Unión Europea. Así, el pago efectivo de las compañías ubicadas en España se eleva hasta el 26%, dos veces y media más que el pago medio real de las empresas de la UE-27 y de la zona euro.


El estudio no se contenta con observar el tipo teóricamente recogido en la ley de cada país -España, con un 30%, ostenta el quinto impuesto más caro de la UE, siete puntos y medio por encima de la media europea-. Los expertos analizan el pago real de las empresas en cada país teniendo en cuenta el tipo de financiación empleado, a través de deuda, emisión de acciones o por medio de la retención de beneficios, y el destino dado a esa financiación -inversión en inmuebles, maquinaria o equipos informáticos-. Y los resultados son dramáticos para la economía nacional. «España tiene el tercer tipo marginal más elevado de toda la Unión y el primero más alto si hablamos de tipo medio» general; «Los métodos de amortización admitidos por el Fisco español no se encuentran entre los más generosos»; «El valor presente de las amortizaciones fiscales es de los más bajos de Europa»; o España «mantiene escasos incentivos generales a la inversión». Son algunas de las frases plasmadas en el informe.


Los expertos añaden que «la elevada carga fiscal marginal de las inversiones en activos fijos es especialmente severa en el caso de los inmuebles industriales, sólo superada por la de EEUU y Finlandia». En el caso de las inversiones en maquinaria o equipos informáticos, la carga impositiva marginal -la más elevada que se puede llegar a aplicar según la ley de cada país- está igualmente entre las más altas: «Se encuentra en la sexta posición dentro de los 28 países estudiados».


Una situación que choca frontalmente con los incentivos de algunos de los países que menos están sufriendo en esta crisis: «Llaman especialmente la atención los casos de los edificios industriales en Alemania y la maquinaria y los equipos informáticos en Luxemburgo, que presentan tipos marginales efectivos fuertemente negativos, es decir muy subsidiados fiscalmente».

Carlos Cuesta para El Mundo

agente t
20/12/2010, 18:55
Uno de cada cinco euros en circulación en España es dinero negro, lo que supone el 20% del PIB

Ronald Reagan consiguió llegar a la Casa Blanca con frases tan ocurrentes como esta: el contribuyente es una persona que trabaja para el Gobierno, pero sin haber hecho las oposiciones a funcionario. Los estadounidenses son altamente sensibles a cualquier aumento de impuestos (el propio Obama ha tenido que echarse atrás en su intención de eliminar el recorte que impulsó Bush), pero, en cambio, no parecen preocuparse demasiado por la economía sumergida. seguramente porque están convencidos de que los vicios particulares fomentan la prosperidad pública.

José Luis Rodríguez Zapatero ha incrementado la presión fiscal a las clases medias, como si aumentar el IRPF fuera un ejercicio de progresismo, de tal modo que estas empiezan a pensar que trabajan más horas para el Gobierno que para el sostén de sus familias. Mientras tanto, la economía sumergida crece desproporcionadamente sin que el Estado afronte un problema que hace que los que cumplen con el fisco deban pagar más, porque son los únicos sobre quienes puede actuar para conseguir más recursos.

Esta semana se ha hecho público un estudio de la consultora AT Kearney para Visa Europa, según el cual la economía sumergida asciende en España a 205.000 millones de euros, lo que supone el 20% del PIB. Nuestro país ocupa el tercer lugar del continente en el dudoso podio de la generación de dinero negro respecto al PIB, ranking que encabeza Chipre, seguida de Grecia. La medalla de bronce es compartida con Portugal. España acapara el 11% de los casi dos billones ocultos que se mueven en toda la UE, una cifra que equivale al tamaño de la economía francesa.

Entre las causas que propician esta situación figurarían la elevada fiscalidad y las altas cotizaciones sociales de nuestro modelo económico, que son superiores a las de los países del entorno. De acuerdo con el estudio. la falta de conciencia de culpabilidad, la baja confianza en la administración, la permisividad con el fraude o la escasa percepción del riesgo de ser sancionado son factores que inciden en que la economía sumergida sea cinco puntos superior que en Alemania, ocho más alta que en Francia o nueve mayor que en el Reino Unido. Por cierto, España es el país con más billetes de 500 euros en circulación, y representan dos tercios del dinero del país.

Para quienes pagan religiosamente sus impuestos, resulta desmoralizador descubrir que los esfuerzos de inspección se dirigen a los asalariados y a las empresas más grandes, cuando deberían centrarse en las ventas o servicios no declarados a consumidores o entre empresas. Un sabio como Einstein decía que lo más difícil de entender no era la teoría de la relatividad sino el impuesto sobre la renta. En España cuesta incluso más, porque los asalariados son quienes pagan y al mismo tiempo los más inspeccionados

Màrius Carol, en La Vanguardia

agente t
27/12/2010, 18:24
El esfuerzo fiscal de los españoles es superior a la media de la UE. Pese a la propaganda gubernamental sobre los bajos impuestos, los tipos son superiores a los que soportan sus vecinos. La recaudación sí es un poco más reducida, pero por el paro, el cierre de empresas o la baja productividad.

LIBERTAD DIGITAL

Los impuestos en España no son bajos, lo que es baja es la recaudación. Ésta es la principal premisa del último informe del Instituto Juan de Mariana, La falacia de los impuestos bajos en España. Estudio comparado de fiscalidad.

Desde hace unos meses, es habitual entre miembros del Gobierno la afirmación de que en España se pagan pocos impuestos. Este mensaje ha ido calando en ciertos sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación. De esta manera, cuando se cuestiona la calidad de los servicios públicos españoles, la cuantía de determinadas prestaciones o se analiza el descontrol en el déficit público, es fácil llegar a la conclusión de que una de las soluciones es subir los impuestos, como medio para aumentar la recaudación (como, de hecho, se ha hecho este año con el IVA y el IRPF).

Sin embargo, según las conclusiones de este estudio, lo que es baja en España es la recaudación, no los tipos impositivos. Normalmente, la presión fiscal es la ratio más utilizada para medir el nivel de los impuestos en un país. Este dato se obtiene dividiendo el montante total recaudado entre el PIB total de un país. En España, la presión fiscal en 2009 se situó en el 30%, un porcentaje bastante bajo en relación con el de otros países de la UE (Dinamarca, por ejemplo, está en el 48%).

Sin embargo, según los autores del informe, esta cifra no sirve para calibrar bien el nivel impositivo de un país. En España, la presión fiscal ha caído en los últimos años, desde el 37% de 2007 al 30% del año pasado. Sin embargo, este descenso no se debe apenas a reducciones impositivas (las únicas que se aprobaron, como la ayuda de los 400 euros, luego se eliminaron), sino a la caída de la recaudación a causa del parón económico.

Evidentemente, con un 20% de la población en paro, con las empresas cerrando (y sin beneficios) y con un consumo prácticamente congelado, los grandes impuestos en España (IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF) de los que el Gobierno consigue la mayor parte de su financiación, tuvieron un importante descenso desde que empezó la crisis. Es decir, que en España se recauda poco no porque los impuestos sean bajos sino porque no hay nada que recaudar (no existe riqueza económica que se pueda gravar).

De hecho, los autores del informe lo explican acudiendo a un sencillo ejemplo. En España, las regiones más pobres (Extremadura o Andalucía) tienen impuestos superiores a los de otras autonomías y su presión fiscal, sin embargo, es mucho más baja. ¿Por qué? Porque como allí hay más paro, menos empresas y menos consumo, hay menos sobre lo que recaudar. Evidentemente, la manera de que estas regiones salgan de la pobreza no es subir los impuestos (lo que deprimiría aún más su actividad económica) sino crear las condiciones para aumentar la riqueza.

De hecho, uno puede imaginarse dos países con un IRPF igual, en el que habría dos tramos, del 25% para los que ganen menos de 15.000 euros y del 45% para los que ganen más. En el país A, hay 100 habitantes y todos ganan 12.000 euros al año, mientras que los 100 contribuyentes del país B ganan 45.000 euros cada doce meses. En los dos países, los impuestos son iguales, sin embargo, en el primero la presión fiscal es del 25% y en el segundo del 45%. Pero esto no quiere decir que el país A deba subir impuestos, sino que tiene que hacer las reformas necesarias para que sus habitantes sean tan ricos como los del país B. De esta manera, subirá naturalmente su presión fiscal. Si incrementa sus tasas seguramente lo que conseguirá es empobrecerse aún más.

Esfuerzo fiscal: Zapatero y Blanco
Todo lo explicado hasta el momento ha llevado a los autores del informe a introducir una variable menos conocida pero más precisa: el "esfuerzo fiscal" (el llamado Índice de Frank). Partiendo de la base de que a una persona más rica le cuesta menos pagar impuestos que a una más pobre (es evidente, a alguien que gana 100.000 euros le es más fácil pagar un 30% de su renta que a alguien que gana 30.000), han calculado el esfuerzo fiscal en la UE, medido como la presión fiscal entre el PIB per cápita.

Y en esta nueva tabla la posición de España ya no está en la última parte del pelotón. De hecho, son las naciones más ricas (Noruega, Dinamarca, Holanda, Irlanda,...) las que menos esfuerzo fiscal realizan. Allí los impuestos son altos, pero también lo son los salarios: por eso la presión fiscal es alta, porque hay un porcentaje elevado de la población que paga impuestos sobre la renta en los tramos más altos y las empresas tienen beneficios.

Sin embargo, España está en los primeros puestos de la tabla de "esfuerzo fiscal", junto a Portugal, Grecia o Italia.

Por eso, los autores del informe piden al Gobierno que deje los mensajes sobre posibles subidas de impuestos y que no se agarre más a los datos de la presión fiscal. En su opinión, "lo que necesita España no son impuestos todavía más altos, sino más empleo, más empresarios, más inversores y más productividad que proporcionen alivio a la recaudación para volver cuanto antes al equilibrio presupuestario que nunca se debió abandonar".

Evidentemente, esto no se conseguirá subiendo los tipos, sino con "una profunda reforma laboral que flexibilice" el mercado laboral y con la supresión de "las pesadas cargas burocráticas para la creación de empresas".

José Blanco alertaba en verano de que los impuestos españoles son "muy bajos" y había que homologarlos a la media europea. Y José Luis Rodríguez Zapatero decía hace unos días que si queremos conseguir unos servicios como los de alemanes o suecos tendríamos que hacer los mismos esfuerzos. En los dos casos, los contribuyentes españoles se echaban a temblar (y, de paso, se echaban la mano al bolsillo). Porque no es cierto que ellos paguen menos impuestos, proporcionalmente, que sus vecinos europeos. De hecho, en muchos casos, pagan más y les cuesta más esfuerzo hacerlo. Lo que ocurre es que son más pobres y a veces a sus bolsillos no les quedan ni siquiera unas míseras monedas para el recaudador.

agente t
28/12/2010, 19:40
Que en un momento de depresión económica como pocos ha conocido este país, el Gobierno sostenga que pagamos pocos impuestos porque la presión fiscal "sólo" se sitúe en el 33% del PIB (léase, el Estado nos arrebata directamente cada año un tercio de toda nuestra renta... regulaciones no incluidas) debería de darnos una imagen de con quién nos jugamos los cuartos.

Ahí los tenemos, menesterosos ellos, acusándonos de avariciosos por osar retener un poco más de la mitad de la exigua riqueza que sus intervenciones, injerencias, dirigismo, amiguismos y corruptelas varias nos permiten crear. Blanco, Rubalcaba, Salgado y Zapatero, esos que el año pasado se fundieron alrededor de 100.000 millones más de lo presupuestado, nos piden que arrimemos el hombro, aunque en realidad se refieren a que saquemos la cartera para que puedan proceder a desvalijarla.

Pues sí, parece que darles el 33% de nuestra renta a unos señores cuyo más reseñable logro es hacernos la vida imposible se les antoja poco. Así, nos vociferan que somos unos privilegiados por vivir en España, ignoto paraíso fiscal a nivel internacional en el que nadie había recaído hasta que la PSOE advirtió de su existencia. Nos insisten en que el coste de la modernidad pasa por que aceptemos resignados una mayor "socialización" de nuestras rentas, pues por lo visto a estos probos gestores el Plan E se les quedó pequeño. ¡Qué oportunidades habremos dejado escapar como "país" por nuestro individualista vicio del puño cerrado! Suerte que ahí están Salgado y Zapatero para acercarnos a los estándares europeos de extorsión tributaria; porque lo que se lleva es eso, si los otros son ciegos y nosotros sólo tuertos, será que conviene arrancarnos el ojo que nos queda.

Pero, ay no, va a ser que Uropa no es tan ista ista socialista como nos contaban. Tampoco es que sea, ni mucho menos, un paraíso de libertad, pero algún muerto en el armario tenía que haber cuando, si bien los españoles apenas ganamos para satisfacer el voraz apetito de Hacienda, los publicanos nos insistían en que todos nuestros vecinos pagaban en torno a un 50% más de tributos.

Y ahí está: como ha puesto de manifiesto un estudio del Instituto Juan de Mariana, dirigido por el colaborador de Libertad Digital Ángel Martín Oro, la presión fiscal es un indicador no ya defectuoso sino perverso de medir cuántos impuestos paga un país. Les pondré un ejemplo muy sencillo: imaginen que el Impuesto de Sociedades se sitúa en España en el 100%, confiscación entera de los beneficios empresariales sin deducción alguna. ¿Diríamos en tal caso que nuestras empresas pagan pocos impuestos? Apuesto a que algún socialista en el Gobierno seguiría opinando que sí, pero incluso los más obtusos coincidirían en que son unos impuestos elevadísimos que desincentivan la generación de riqueza. Pues bien, en ese escenario de expolio absoluto, si la actividad económica se desmoronara tanto como para que ninguna empresa obtuviera beneficios durante un ejercicio, ¿saben cuál sería la presión fiscal de las empresas? El 0%. Vamos, que bien podría salir un Blanco cualquiera a vendernos la burra de que las empresas españolas disfrutan de los impuestos más reducidos de todo el planeta. ¿Ven por qué es perverso? Los gobiernos que más contribuyen a empobrecer un país son los que, con los datos de presión fiscal en sus manazas, más pueden legitimar sus depresoras subidas de impuestos. No querías caldo, pues dos tazas.

Pero, como debería ser elemental para cualquiera, para recaudar impuestos tiene que haber bases imponibles y si esas bases imponibles desaparecen, eso no significa que los tipos impositivos sean bajos, sino sólo que estamos destruyendo mucha riqueza; tal vez, entre otros motivos, porque los tipos impositivos son muy altos.

Dicho de otro modo, si el Gobierno aprovechó los ingresos tributarios artificiales derivados de la burbuja inmobiliaria para sufragar sus bacanales y orgías de despilfarro, es normal que ahora, una vez esa burbuja ha pinchado, la recaudación se haya desplomado mucho más de lo que lo han hecho unos gastos que él, cual codicioso y miope especulador, se encargó de inflar durante los años de ficticia bonanza. Lo que no es tan normal, y mucho menos decoroso, es que su imprevisión y prodigalidad las acabemos pagando los españoles: no, señores socialistas, por mucho que les agrade ese dinero ajenos que no es de nadie, no nos pidan que corramos con los gastos de una juerga suya que nunca termina.

Apriétense, de una vez y de verdad, el cinturón. Estrénense en leer algo que esté relacionado con la realidad económica y entérense de que el esfuerzo fiscal de los españoles, el indicador que más aproximadamente mide el quebranto y el coste que nos supone pagarles sus impuestos, es de los más altos de Europa. ¿Qué buscan exactamente? ¿Quitarnos incluso el dinero que sus omnipresentes regulaciones no nos dan ocasión ni de crear? Por si todavía quedaba algún desorientado, el to’ pal pueblo cada vez se destapa como un más claro y desacomplejado to’ pamí. ¿Los impuestos más bajos de Europa? Será de la antigua Europa del Este.

Por Juan Ramón Rallo, jefe de opinión de Libertad Digital, director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana, profesor de economía en la Universidad Rey Juan Carlos y de ISEAD y autor de la bitácora Todo un Hombre de Estado. Ha escrito, junto con Carlos Rodríguez Braun, el libro Una crisis y cinco errores, galardonado con el Premio Libre Empresa 2010.En LD

agente t
31/01/2011, 17:12
I Salón de la Microempresa

El emprendedor necesita un cambio de mentalidad para abrirse a los cambios y a la innovación.

Libertad Digital

Más de un millar de visitantes y otro medio centenar de expositores han configurado durante dos días de actividades el I Salón de la Microempresa. Para el presidente de AEMME, Víctor Delgado, las medidas tomadas por el Gobierno para afrontar la crisis económica son poco realistas y estudiadas. "Es como el tema de la pensiones. La verdad es que nunca nos jubilamos a los 65 años, siempre varios años antes, explica. Desde su punto de vista sería muy acertado fomentar un sistema mixto de prestación como hay otros países europeos, que combinase el ahorro privado y la propia Seguridad Social. "De todas formas que el sistema se vaya a reformar en el 2027 indica que no se toma en serio por parte del Ejecutivo la situación grave de nuestro país. Habría que acelerar esa reforma lo antes posible en el tiempo"

Para muchos de los ponentes que se han congregado en este Foro de Opinión es fundamental que ese cambio de mentalidad es necesario en el emprendedor para que adapte las nuevas tecnologías a su gestión empresarial; desarrolle su red de contactos; se atreva a salir fuera de España y se internacionalice o, si es mujer, sepa que puede montar su empresa con ciertas garantías de éxito.

AEMME, organizadora del Salón y patronal del sector, de ámbito nacional, ha vuelto a reiterar la necesidad de que los Poderes públicos impulsen una política económica adaptada a la microempresa: "No es justo que nos equiparen con la gran empresa o la pyme, somos otra realidad, explica Delgado. "Es fundamental que los costes laborales; contratos e incluso convenios colectivos, siempre de ámbito sectorial se adapten a la microempresa. Y que las líneas de financiación; tipos de interés y créditos tengan también esa perspectiva. Respecto a los impuestos también sería interesante tener un tipo específico para nuestro colectivo y exenciones en el Impuesto de Sociedades en el primer año de actividad".

Seguridad informática y tecnología, asignaturas pendientes
Respecto a la seguridad informática, Fernando de la Cuadra, director de Educación de Ontinent, subrayo que la situación en estos temas de las microempresas y emprendedores es bastan te mejorable. "Es fundamental concienciar al profesional que invierta en su propio sistema de seguridad: Ahora la propia Ley Orgánica de Protección de Datos te obliga a tener una política activa". Sobre el Cloud Computing, los asistentes se mostraron escépticos de su funcionamiento. Al parecer hay pocas empresas en España que almacenan esos datos en la nube.

Escasas mujeres emprendedoras en España
Otro debate interesante fue el promovido desde la Mesa Redonda sobre Mujer y Microempresa. Una de las conclusiones del debate señaló que la microempresa es la salida perfecta para las mujeres sin empleo o para aquellas que deseen aumentar sus ingresos familiares. Las microempresas tienen pocos empleados (un máximo de 10) que generan un volumen de negocio anual inferior a 2 millones de euros. Según datos de la Comisión Europea, el 78% de los 7 millones de empresas europeas son microempresas. En España suponen el 95% del tejido empresarial, el 70% del total de empleo y el 80% del PIB.

Nacen los asesores de emprendimiento rural
Respecto al medio rural, éste se encuentra en plena transformación, tal y como señala Fernanda Serrano, gerente de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Esta Fundación ha puesto en marcha el Programa Run Emprende que pretende formar a emprendedores en el entorno rural gracias a la figura del Asesor del Emprendimiento que acompaña al emprendedor en todo el proceso.

Microempresarios salen al exterior
Otro de los asuntos que ha mostrado más interés para los emprendedores y pequeños empresarios es la posibilidad de internacionalizarse y salir al exterior. El próximo mes de marzo estará lista la iniciativa IBERO-LAB, un conjunto de servicios que AEMME ofrece al pequeño empresario a través de un especio virtual que estará habilitado para ello. "Falta de información, las ayudas públicas no están diseñadas a la medida de las pequeñas empresas y en muchas ocasiones el miedo al fracaso se apodera del emprendedor o pequeño empresario, señala Rommy Fernández, coordinadora desde AEMME de esta iniciativa. "Nuestra idea pretende explicarle al pequeño empresario que hacer negocio en Latinoamérica es muy sencillo. En países como Perú o Colombia el número de microempresas es el doble que en España"

A través de IBEROLAB, el pequeño empresario podrá interactuar con otros emprendedores de Latinoamérica a través de un sistema de videoconferencia habilitado en esta web. "Estamos convencidos, añade Fernández "que en sectores como el textil; consultoría, formación o la industria agroalimentaria pueden establecerse importantes sinergias entre las microempresas españolas y las de los países latinoamericanos". Respecto al coste de la aplicación, éste va a ser un ajustado, todo depende de los servicios que contrate la empresa"

Este I Salón de la Microempresa, www.salonaemme.es ha contado con el patrocinio de empresas como SAGE;ARS Software, la Escuela de Negocio ESERP Business School, Universitat Oberta deCatalunya, UOC, Mundofranquicia Orbita, empresa del Grupo Catalana Occidente y el Grupo Viyan. Además, también hay medio centenar de empresas que colaboran en este evento como ponentes a través de las diferentes sesiones organizadas en estos dos días de trabajo.

agente t
03/02/2011, 17:14
B. García / F.D. Villanueva/LD
La subida de impuestos sobre la gasolina en España ha llevado al litro de combustible a alcanzar los 1,285 euros, lo que supuso el pasado 20 de enero un incremento del 1,6% en apenas una semana y un récord histórico.

De hecho, en la actualidad, más del 50% del precio de la gasolina son impuestos que ingresa íntegramente el Estado. Por eso es un error pensar que con la última subida del precio de los carburantes son las petroleras las principales beneficiadas del encarecimiento de la gasolina. Lo que ocurre es que la presión fiscal se ha convertido en un factor decisivo en el precio final del producto que, actualmente, se sitúa en una media del 1,286 euros por litro para la gasolina y en 1,217 euros por litro para el gasóleo.

La formación del precio de los carburantes depende de tres factores: los impuestos, otros márgenes y el precio de la materia prima. El crudo como materia prima no tiene un coste elevado. Hay que tener en cuenta que para su utilización es necesario un tratamiento para transformarlo porque el producto que se extrae de los yacimientos petrolíferos no tiene aplicación práctica alguna si no pasa previamente por las refinerías.

Por ello, son principalmente los impuestos y la cotización internacional los factores que hacen que los carburantes vean multiplicado su precio. Aún así, la cotización de la gasolina en los mercados internacionales ha disminuido 6,5 cts €/litro y la del gasoil 17,5.

La diferencia entre el precio antes de impuestos y la cotización internacional (que incluye los costes de incorporación, biocombustibles, almacenamiento, transporte, mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, comercialización, amortización, remuneraciones de minoristas y mayoristas) ha aumentado 1,9 cts €/litro respecto a 2008 en el caso de la gasolina y 2,7 cts €/litro en el caso del gasoil.

Los costes de incorporación de los biocombustibles aumentaron en 2009 debido a que la obligación de asumirlos es cada vez mayor, también la caída del consumo y el aumento de los costes financieros por el mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad han provocado que este diferencial se encarezca. El margen de los operadores mayoristas no supera el 1% del precio final, por lo que su capacidad de maniobra es muy limitada.

La semana del pasado 17 de enero el precio de la gasolina se situó en 1,286 euros/ litro, alcanzando así un record histórico tras superar los 1,276 euros/litro de julio de 2008, dos meses antes de la quiebra de Lehman Brothers. En ese periodo los precios de los combustibles se situaban al alza debido al encarecimiento del crudo, que marcó su precio máximo a mediados de ese año (147 dólares/barril).

Lo que llama la atención es que, aunque el precio del barril Brent superó los 98 dólares por barril el pasado enero -casi 50 dólares menos que a mediados de 2008-, el precio de la gasolina es hoy ligeramente superior al de entonces.

Esta situación tiene dos explicaciones: por un lado, el aumento de la presión fiscal y, por otro, la relación del tipo de cambio euro/dólar, ya que en el mercado mayorista el barril de crudo se negocia en dólares, por lo que la posición del euro frente al dólar repercute directamente en el precio final del producto.

Tras el desplome del mercado de la vivienda y la delicada situación financiera de EEUU, la depreciación del dólar respecto al euro llegó a situar el tipo de cambio en 1,6 dólares en julio de 2008. En la actualidad, sin embargo, el dólar se ha apreciado un 16% situando el cambio en 1,35 dólares de media el pasado enero, encareciendo el petróleo que abastece a España en esa misma proporción.

Los impuestos sobre hidrocarburos son una fuente imprescindible de financiación tributaria. En el precio final de la gasolina repercuten tres tipos de gravamen: el Impuesto Especial, el Impuesto Estatal y Autonómico y el correspondiente IVA que se aplica sobre el total.

En cuanto a la presión fiscal, el sistemático aumento de los impuestos sobre los hidrocarburos, cuya demanda es poco sensible a las variaciones de precio debido a su importancia capital en toda economía, ha tenido una importante repercusión en el coste de los carburantes. Tanto es así que, tal y como revela la AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos), desde 2008 los impuestos han encarecido el litro de gasolina en 5,5 céntimos y el del gasóleo en 3,6.

En concreto, el Gobierno ha aplicado tres subidas fiscales importantes en los últimos dos años:

1) 13 de junio de 2009: el Gobierno sube los tipos impositivos de los Impuestos Especiales y el Impuesto de Hidrocarburos en 2,9 céntimos por litro para la gasolina, con y sin plomo, y el gasóleo para automoción. A esta cantidad se le aplicó el 16 % de IVA (en total, aumento de 3,4 cts €/litro).

2) 1 de julio de 2010: incremento del tipo general de IVA, que pasa a ser del 18%.

3) 1 de enero de 2011: otra nueva subida, en este caso del tramo autonómico (Impuesto especial sobre ventas minoristas), repercute sobre el precio de la gasolina en Andalucía, Extremadura y Murcia. A este impuesto se le conoce también como el "céntimo sanitario" porque afecta a la cobertura de los gastos en materia de sanidad y las Comunidades Autónomas lo usan como fuente de financiación.

Aun teniendo en cuenta el nivel de presión fiscal al que están sometidos los carburantes, España es uno de los países de la UE-27 que menos grava este producto. La lista es liderada por Reino Unido y Holanda en el caso de la gasolina, y Reino Unido y Alemania en el del gasóleo.

Los estadounidenses pagan la mitad por llenar el depósito

Pero si se compara la situación de España con la de EEUU la situación toma otro cariz, ya que se puede observar claramente el fuerte impacto que ejercen los impuestos en el precio final del combustible.

Asi, el precio medio de la gasolina en EEUU es de 2,75 dólares el galón (3,79 litros), mientras que la carga impositiva alcanza un promedio de 12 céntimos/litro para la gasolina y de 13,4 céntimos para el gasoil. Es decir, los consumidores estadounidenses llenan sus depósitos aproximadamente a la mitad de precio que en España.

Todo ello demuestra que, al contrario de lo que comúnmente se piensa, los combustibles son hoy más caros que en 2008 debido a las subidas fiscales aprobadas desde entonces por el Gobierno.

De hecho, el Estado podría abaratar hasta en un 50% el precio de la gasolina si eliminara los impuestos que gravan este producto esencial, tanto para el día a día del individuo de a pie como para la actividad económica de todo un país. Bajar el precio de la gasolina no es algo imposible: el Gobierno tan sólo tendría que reducir su fiscalidad.

agente t
09/02/2011, 20:09
La recaudación fiscal se desplomó hasta un 50% en Sociedades e IVA
La recaudación en Impuesto de Sociedades e IVA ha bajado un 50% y un 40%, respectivamente, entre 2007 y 2009. El IRPF sólo cayó un 10%.

Ángel Martín-LD
Los ajustes presupuestarios ya son una realidad. Los funcionarios han visto sus sueldos recortados, los aspirantes a funcionarios han visto sus posibilidades a acceder al puesto deseado sensiblemente mermadas y numerosos organismos dependientes del dinero público se quejan por los recortes.

Así, muchos se preguntan qué es lo que ha pasado para que el déficit público haya llegado a niveles tan desbocados como para hacer necesarias las medidas de recorte anunciadas por el Gobierno en 2010.

En un artículo anterior ofrecimos algunas de las claves, desmontando la tesis oficial del Ejecutivo, que sostiene que no pudo hacer más para evitar el descalabro fiscal. Hoy nos centramos en el colapso de la recaudación de los ingresos impositivos entre 2007 y 2009, que explica la mitad de la reciente evolución de las finanzas públicas españolas; siendo la otra mitad el importante aumento en el gasto público.

Las causas son variadas, según señalaba el último informe sobre fiscalidad del Instituto Juan de Mariana: desde la importante dependencia de los ingresos fiscales respecto a la burbuja inmobiliaria, pasando por el dramático incremento del paro o, secundariamente, de las distintas medidas aprobadas por el Gobierno (como la deducción de los 400 euros en el IRPF).

A continuación, se muestra la evolución de la recaudación desglosada por las grandes figuras impositivas: el Impuesto sobre la Renta (IRPF), Impuesto sobre Sociedades (IS), impuesto sobre el consumo (IVA) y los impuestos especiales sobre gasolina, tabaco, etc. (IIEE).

La caída de los ingresos ha estado protagonizada por el IS e IVA; mientras que el primero ha caído en más de un 50% entre 2007 y 2009, el segundo lo ha hecho en un 40%. En cambio, el IRPF "tan sólo" cayó algo más del 10%.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
¿Por qué no se desplomó la recaudación del IRPF con la brutal destrucción de empleo en estos años? Existen varias razones que podrían explicar esta aparente contradicción. Por un lado, la destrucción de empleo se cebó en su mayor parte en trabajadores de baja cualificación con niveles de renta relativamente bajos, ligados especialmente al sector de la construcción. Dado que el IRPF es soportado principalmente por los asalariados de rentas medias-altas, la intensa caída del número de asalariados no ha afectado sustancialmente a la recaudación.

Por otro lado, las prestaciones por desempleo también tributan por IRPF, con lo que, añadido al aumento en las pensiones entre 2007 y 2009, amortiguan en parte el efecto fiscal que ha tenido el aumento del desempleo.

Impuesto sobre Sociedades
Como decíamos, ha sido el IS la partida de ingresos que más se ha reducido desde 2007. Por un lado, parte de esta caída se debe a cambios normativos, como distintas pequeñas medidas de estímulo fiscal (recorte fiscal temporal a empresas).

Por otro lado, lo más significativo fue el fuerte descenso de los beneficios empresariales, ligado a la contracción de la demanda y al vertiginoso aumento de costes salariales, energéticos y financieros, lo que llevó a un elevado número de empresas a la quiebra y cese de la actividad. La siguiente tabla pone de manifiesto esta realidad:

Estos datos revelan las graves dificultades que han tenido, y siguen teniendo, las empresas para seguir registrando beneficios con su actividad.

Estos problemas no son en absoluto independientes de la rigidez e ineficiencia del mercado laboral español. Prueba de ello es la evolución que han seguido los salarios en los últimos años. Mientras que en la fase de auge los salarios reales apenas crecían, éstos experimentaron una considerable aceleración en 2008, siendo un factor importante del estrechamiento de los márgenes empresariales -lo que se añadía al aumento de los costes de la energía, especialmente petróleo, y financieros-.

Por otro lado, los problemas de las empresas también están relacionados con la falta o encarecimiento de la financiación. La reducción del endeudamiento y la demanda de crédito por parte de las empresas forman parte del sano proceso de reajuste que conduce a la recuperación económica. Sin embargo, este proceso se podría haber visto agravado por el efecto expulsión (crowding-out) ejercido por el elevado aumento del endeudamiento de las Administraciones Públicas.

Un efecto pernicioso adicional del espectacular incremento de la deuda pública española es que la desconfianza que han despertado las finanzas públicas españolas repercute negativamente sobre la capacidad del sector privado para obtener financiación en los mercados de capitales internacionales. Un ejemplo de ello son las rebajas de la nota de calidad de la deuda española a la que se ha visto sometida en los últimos tiempos por parte de las agencias de calificación.

Además, tenemos el triste fenómeno de que los gobiernos municipales -gravemente afectados por la caída de ingresos derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria- continúan debiendo a compañías privadas una cantidad que asciende a alrededor de 13.000 millones de euros, un tercio de su deuda total. Evidentemente, las Administraciones Públicas no han hecho los deberes respecto a sus acreedores, quienes se han visto perjudicados por esta situación.

Impuesto sobre el Valor Añadido
Es la segunda figura impositiva importante que más ha caído. Obviamente, esto se ha debido principalmente a la fuerte contracción del consumo privado, sobre todo, en la compra de vivienda por parte de los hogares. El elevado aumento del gasto de las AAPP en 2009 sólo compensó en parte esta caída.

Resulta interesante contrastar lo que ha sucedido con la tasa de ahorro en ciertos países de referencia, hecho que indica la notable divergencia en el comportamiento del consumo, como indica este gráfico del Banco de España.

El descenso del consumo privado, tan intenso respecto a otros países, se podría deber a diversos factores. En primer lugar, los mayores desequilibrios en los que incurrieron en la etapa de burbuja los agentes económicos españoles -consumiendo por encima de sus posibilidades reales, especialmente en lo que se refiere al sector inmobiliario- implicarían un mayor ajuste en el gasto privado con el fin de sanear las posiciones financieras. Esto, no obstante, ha sido compensado en parte por el mayor consumo (gasto) público.

En segundo lugar, la drástica reducción del empleo, que ha situado a España como líder de paro entre los países de la Unión Europea, ha jugado también un papel importante. Por un lado, ha supuesto una caída en la renta disponible de los hogares, lo que afecta al patrón de consumo de éstos. Por otro lado, y quizás más importante, ha afectado muy negativamente a las expectativas, aumentando la incertidumbre de los agentes en relación a una posible pérdida del empleo, y por tanto, una pérdida de renta laboral. Se reduce así el consumo por motivo precaución, como sostienen investigadores del Banco de España.

Además de la pronunciada caída del consumo, la recaudación por IVA también se vio influida por cambios normativos en materia de adelanto de devoluciones debido a la generalización del sistema de devolución mensual y al aumento de aplazamientos por deudas tributarias.

En definitiva, ya sea por errores de omisión (no llevar a cabo reformas estructurales, especialmente en el mercado laboral) o de comisión (haberse endeudado a ritmos frenéticos), la política del Gobierno ha tenido un papel nada desdeñable en la caída de la recaudación.

agente t
07/03/2011, 17:37
Los madrileños pagan de media un 60% menos que el resto de españoles para sufragar el funcionamiento (gastos corrientes) de su Gobierno autonómico.

Pablo Molina-LD

El ministro de Fomento, José Blanco, afirmaba el domingo que para ahorrar dinero público se debería "cerrar la Comunidad Autónoma de Madrid. Sería una medida de ahorro estupenda". Tales declaraciones políticas chocan frontalmente con la realidad de los datos presupuestarios.

En el año en que los efectos de la crisis se están recrudeciendo, con dificultades cada vez mayores para refinanciar una deuda pública monstruosa y acercándonos peligrosamente a los cinco millones de parados, las comunidades autónomas consumirán casi 130.000 millones para pagar sus gastos de funcionamiento en 2011.

El gasto corriente de las administraciones, de acuerdo con las normas de contabilidad pública, agrupa los cuatro primeros capítulos de los presupuestos generales de la institución oficial de que se trate según el siguiente detalle:

- El Capítulo I contempla los gastos de personal, esto es, sueldos, complementos salariales, cotizaciones sociales y cualquier otro concepto retributivo con destino al personal, funcionario o no, que presta sus servicios en la administración de que se trate.

- El Capítulo II, "Gastos en bienes corrientes y servicios" agrupa los gastos necesarios para el funcionamiento de la administración tales como agua, luz, prensa, alquiler de edificios, reparaciones, mobiliario, teléfono, coches oficiales etc.

- Los gastos financieros de toda índole que pagan los organismos públicos se incluyen en el capítulo presupuestario tercero.

- Finalmente, el Capítulo IV contempla las llamadas "transferencias corrientes", que no son otra cosa que las subvenciones que los órganos políticos conceden a entidades públicas y privadas, y a las personas físicas o jurídicas, pero no con destino a la inversión productiva (ese concepto corresponde al Capítulo VII, "Transferencias de Capital"), sino para pagar los gastos corrientes en que incurren esas entidades agraciadas con el maná presupuestario.


Del examen de esta información se desprende que la clasificación en función del gasto corriente en términos absolutos se corresponde, aproximadamente, con el número de habitantes de cada comunidad autónoma, con Cataluña, Andalucía, Valencia y Galicia en los cuatro primeros lugares. Esto quiere decir que se sigue una progresión natural según la cual a mayor número de habitantes, más gasto corriente y viceversa.

Sin embargo, si calculamos la ratio de gasto corriente por habitante, el resultado nos permite conocer un dato muy llamativo:

En efecto, como puede comprobarse, las comunidades autónomas con más gasto corriente por habitante son las dos que mantienen un régimen financiero especial con el estado, País Vasco y Navarra, seguidas por Cataluña.

En el otro extremo, y a pesar de ser la tercera autonomía más populosa, se sitúa Madrid como la comunidad autónoma cuyos habitantes han de financiar la menor cantidad per cápita de gasto corriente, 1.103 euros anuales por madrileño, lo que supone estar un 60% por debajo de la media nacional. Le siguen Andalucía, Valencia y Extremadura, pero casi con el doble de gasto corriente per cápita que la comunidad gestionada por Esperanza Aguirre.

En otras palabras, a los madrileños les sale por menos de la mitad el financiar los gastos corrientes de sus políticos autonómicos que a la media del resto de españoles. Comparándolo con las comunidades más gravosas, un ciudadano de la comunidad de Madrid paga cinco veces menos por los gastos corrientes de su autonomía que un navarro y cuatro veces menos que si viviera en el País Vasco o Cataluña.

Los datos con que se ha elaborado esta información proceden de los presupuestos generales de las comunidades autónomas par 2011, publicados en sus respectivos boletines oficiales, con el matiz de que Cataluña y la comunidad autónoma Balear tienen en la actualidad prorrogado el presupuesto de 2010.

Por otra parte, los cálculos se han realizado exclusivamente con los datos financieros de la administración general de las comunidades autónomas, por lo que no se incluyen las entidades de derecho público, empresas públicas, fundaciones y consorcios de titularidad autonómica, sobre cuyo número, ciertamente ingente, y características, asombrosas en muchos casos, daremos cuenta muy pronto.

agente t
06/05/2011, 17:36
España ha caído en una espiral de decadencia absoluta. Profunda crisis del modelo socialista monetario. Los ciclos creados por la sobreemisión de dinero nos llevaron a una explosión productiva que no estaba fundamentada en nada (burbuja). Se coronó la inflación como el motor de la economía occidental. Expliqué las consecuencias –que se han cumplido– en el 2004. ¿Cómo actúan los bancos centrales ante tal fracaso? Con más inflación crediticia, ayuda a los bancos y así haciendo crecer otra burbuja. ¿Qué pide la gente? ¡Tipos de interés más bajos! Sin saberlo están cavando su tumba.

El Gobierno y las comunidades autónomas, casi arruinadas por su gestión, compra de votos, clientelismo de los lobbies y corrupción, recortan privilegios sociales y suben impuestos. Desde la tribuna vemos aberraciones: las autonomías mantienen sus embajadas. El Gobierno regala más de 400.000 euros a organizaciones como el Centre d’Informació i Documentació Internacional a Barcelona. Paga 143.000 euros a cosas como un Seminario Sobre la Pena de Muerte en el Caribe. Regala 100.000 euros a la Fundación Centro Internacional de Toledo para la Paz. ¿Había oído hablar nunca de ella? Todo esto, y mucho más, en el BOE del 23 de abril.

¿Cuál es la respuesta de la gente? Más privilegios sociales para vivir de la producción ajena, del robo y el latrocinio. Al igual que los banqueros centrales, ¿es qué no han aprendido nada de los errores pasados? El Estado no sabe gestionar el dinero para la sociedad. El Estado solo paga favores a sus lobbies. No saca nada ayudando a la sociedad. Los únicos que saben gestionar nuestro dinero son aquellos que no nos roban. Aquellos que necesitan del consentimiento de su cliente para sobrevivir. En otras palabras, la propia sociedad, que en lenguaje económico se llama libre mercado. ¿Cómo puede transmitir confianza una organización que obtiene sus recursos del robo masivo, el engaño y las prohibiciones? El mayor gasto de cualquier ciudadano son los impuestos. Y no son nada voluntario.

La gran farsa sigue. Casi todos los economistas damos por sentado que pasadas las elecciones el ejecutivo aumentará los impuestos (especiales y no sé si se atreverá con el IVA) y eliminará más privilegios sociales. Probablemente sea en verano, que es cuando la gente está más despistada. Y es que no es la primera vez que harían algo así. Hace un par años algunas administraciones subieron el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) por sorpresa, sin decir nada. Cada vez que baja la gasolina, le cargan algún impuesto, y cuando sube, lo mantienen.

El Gobierno es incapaz de crear políticas realistas enfocadas al pueblo. ¿Cómo puede ser que en un país donde hay un 20% de desempleo y un 40% de paro juvenil, mantenga una carga sobre el trabajo del 50% del desembolso total al trabajador? Un mileurista paga casi 900 euros al mes al Gobierno (cuota empresarial a la SS + cuota del trabajador + IRPF + IVA). Cuando los reyes medievales cobraban una tercera parte de la producción a sus ciudadanos lo llamamos esclavitud, pero si el Gobierno nos arrebata la mitad de nuestro sueldo y nos sigue saqueando en cada compra e inversión que hacemos, lo llamamos Estado del Bienestar.

No sé si a España la van a intervenir oficialmente o no. Lo que sí sé es que le están obligando a dinamizarse un poco ante el estado de despilfarro y descontrol actual. La están sometiendo a una intervención opaca. Nuestro futuro inmediato son más cargas tributarias, más Estado policial contra el pequeño comercio que representa el 80% del tejido económico del país y menos privilegios. Muy bien, el Estado es el principal foco de pobreza. No es la solución a nuestras penas. Solo hay un camino para la prosperidad: menos dependencia del Estado. Que se ahogue en sus deudas y junto a sus lobbies. Cuando una solución es injusta, se ha de combatir por las buenas o por las malas. No le están dando otra solución al pueblo. Declara tu particular guerra al Estado: insumisión fiscal y mercado negro. Ese va a ser el futuro de España. De hecho, la economía sumergida ya es el mayor "sector" de nuestro país con más de un 20% del PIB. E irá en aumento.

Por Jorge Valín es miembro del Instituto Juan de Mariana, enLD

agente t
25/08/2011, 15:45
A día de hoy, el Impuesto de Patrimonio es un muerto viviente, un impuesto que existe, pero del que no hay que realizar declaración ni pagarlo. Ayer, la vicepresidenta Salgado descartaba crear un tributo específico sobre las grandes fortunas, porque no daba tiempo. Sin embargo, también manifestaba que el impuesto del patrimonio se podía estudiar en 24 horas. Seguramente se puede, de hecho es un exceso frente a las dos tardes en las que se podía enseñar economía a Zapatero.

El problema de resucitar sin más el Impuesto del Patrimonio, es que volverá a la vida, como un nuevo monstruo de Frankenstein, con todos sus problemas. Este impuesto deja exenta una participación significativa en una empresa del Ibex 35, de miles de millones de euros, y se exige sin reducción por tener dos pisos en cualquier gran ciudad española. El resultado de esta normativa es que las clases medias pagaban buena parte de los 2.000 millones de euros que este impuesto recaudaba. Ante esta situación, se podía reformar el tributo o eliminarlo. El Gobierno tomó la decisión más favorable para las grandes fortunas: la supresión del impuesto. Incluso eliminó la obligación de presentar una declaración de bienes de los titulares de grandes fortunas. Esta decisión ha limitado el control fiscal de los grandes patrimonios, a efectos de otros impuestos, perjudicando la lucha contra el fraude fiscal.

Lo cierto es que no existen soluciones mágicas para aumentar la tributación efectiva de las grandes fortunas. Aunque existan cartas y declaraciones públicas de personajes adinerados manifestando que quieren pagar más impuestos -aunque ninguna en España- la realidad es que los impuestos se exigen sin contraprestación y casi nadie los paga voluntariamente. Más aún, los más ricos son también los que más recursos invierten en buscar fórmulas legales -o en algunas ocasiones, no tanto- para pagar menos al fisco. En consecuencia, para que los más ricos contribuyan más, sería preferible aumentar los recursos humanos, materiales y legales en la lucha contra el fraude, antes que restablecer sin más el Impuesto de Patrimonio. Si el lector aún no lo tiene claro, simplemente que piense en los 6.000 millones de euros ocultos al fisco únicamente en la sucursal suiza de un conocido banco británico.

Este impuesto recaudaba unos 2.000 millones de euros para las comunidades autónomas, la mayoría procedentes de las clases medias. Ahora, como muchos patrimonios han disminuido, la recaudación sería inferior. Es cierto que su eliminación, como ha admitido la propia vicepresidenta Salgado, se realizó en un pésimo momento, cuando estos recursos eran imprescindibles por la crisis económica. Sin embargo, su resurrección sin reforma, no sólo aportará algo de recaudación, sino también revitalizará los problemas de injusticia e ineficiencias que el tributo tenía y por los que se eliminó. Esta medida tendrá buena venta entre algunos electores, pero no va a contribuir a sacarnos de esta noche de terror en que se ha convertido la economía española.

Por Francisco de la Torre, secretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. En El Mundo

agente t
26/09/2011, 17:31
La Ley del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) exime de gravamen a las acciones y participaciones en el capital social de entidades, siempre que la cuota de titularidad del sujeto pasivo supere el 5% -o el 20% conjuntamente con su familia- y, al mismo tiempo, aquél ejerza funciones de dirección en la sociedad -debiendo ésta desarrollar una actividad económica real-. Por esas funciones, el contribuyente tendrá que percibir una remuneración que signifique más de la mitad del total de los rendimientos netos declarados en el IRPF por su trabajo y por las actividades económicas realizadas a título individual.

A los efectos de la exención en el IP, da lo mismo que las acciones coticen o no en mercados organizados, aunque es evidente que la mayor riqueza que significan esos títulos se concentra en la propiedad de los valores que se negocian en esos mercados.

La determinación de las exenciones en el IP es una facultad que detenta, en régimen de monopolio, el Estado. Es una cuestión en la que las comunidades autónomas están atadas de pies y manos. El Gobierno ha recuperado el gravamen del IP de forma extraordinaria y temporal, limitando su aplicación efectiva a los años 2011 -con una retroactividad probablemente inconstitucional- y 2012. Y lo ha hecho para «reforzar el principio de equidad» en la gravísima coyuntura por la que atraviesan las cuentas públicas, «lo que se logrará permitiendo gravar la capacidad contributiva adicional que la posesión de un gran patrimonio representa» (Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 13/2011, de 16 de septiembre). Es difícil encontrar una afirmación tan falaz, pues ese decreto ley ha dejado como estaba la exención de la empresa familiar, en la que, precisamente, se refugiaban los grandes patrimonios a los que se refiere el Gobierno para eludir legalmente su contribución por el impuesto.

El Gobierno se ha limitado a elevar el mínimo exento hasta la cantidad de 700.000 euros -en el caso de que la comunidad autónoma en la que resida el sujeto pasivo no haya dispuesto o disponga urgentemente otra cosa-, y a incrementar hasta 300.000 euros el valor de la vivienda habitual exceptuado de gravamen. El IP no es un impuesto para ricos, pues los grandes patrimonios seguirán sin tributar -o lo harán en escasa cuantía-, aunque sus titulares rebasen la nueva cifra mágica de la septuaginta como valor de su patrimonio neto.

Sencillamente, ningún magnate de la gran empresa familiar deberá computar el importe de sus participaciones -aunque sea un importe multimillonario- en la base imponible del IP. Al final de la legislatura -más vale tarde que nunca en las novelas de caballería-, el Gobierno dice que es el campeón de la equidad, el socorredor de las viudas y huérfanos, que está dejando la recesión en las cunetas de la economía.

Es verdad que el IP recuperado ha subido un peldaño y ha expulsado de su censo a miles de contribuyentes que hasta 2007 lo pagaban con notoria injusticia comparativa. Pero que se vayan preparando las clases medias que, como se decía en lenguaje hidalgo, «viven con un discreto pasar». Esos individuos de ciertos posibles y desahogo económico serán, si su comunidad no lo remedia, las únicas dianas del impuesto.

JOHN MÜLLER, en El Mundo

agente t
18/10/2011, 19:08
Una de las principales propuestas del candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de cara a las elecciones generales es reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Me parece bien. Los liberales muchas veces pecamos de suaves cuando se pone sobre la mesa el asunto del fraude fiscal. Probablemente porque tenemos aversión moral hacia los impuestos, y nos ponemos en la piel de alguien que trata de salvaguardar su salario, o sus beneficios, de las manos políticas que lo van a dispendiar. Pero no nos podemos dejar llevar por las apariencias. El fraude fiscal es un impuesto adicional para los que cumplen con la ley, y los liberales deberíamos combatirlo con las mismas ganas con las que criticamos otros impuestos.

Sin embargo, tras un vistazo rápido a las propuestas del PSOE, lo único que queda claro es que no han entendido en qué consiste el fraude fiscal. Y es que la evasión no es otra cosa que una decisión económica. Es decir, que es la respuesta a una evaluación de beneficios contra costes. Porque está claro que el fraude da beneficios a quien lo practica. Pero también tiene costes. El dinero negro no tiene el mismo valor que el blanco. No se puede comprar con él cualquier cosa, ni a cualquier comprador, ni en cualquier circunstancia, sino que tiene muchas limitaciones. Esto se suma al principal coste de quien evade: la posibilidad de que le pillen. Aunque al principio pueda parecer que quien defrauda siempre sale ganando, no cabe duda de que aquéllos que han tenido que pagar tremendas multas, o han acabado en la cárcel, han salido perdiendo de largo.

Desde esta perspectiva, ¿qué sucede en países, como España, en los que el fraude fiscal es muy alto? Una cosa muy sencilla. Que aunque los costes de hacerlo sean elevados, los beneficios son tan altos que muchas veces lo compensan. En pocas palabras, que los impuestos son excesivamente altos. Este fenómeno es muy similar al que ocurre con otra variante del fraude fiscal: la economía sumergida. Aunque la economía sumergida también tenga un sin fin de costes para empleados y empleadores, la legislación laboral penaliza tanto a ambos que les merece la pena jugársela. Por eso son los países menos libres, como Cuba, o la antigua Unión Soviética, los que tienen un mayor porcentaje de economía sumergida. Porque hace de válvula de escape ante un entorno económico asfixiante.

La conclusión es que la mejor forma de reducir el fraude fiscal es bajar los impuestos. Cuando los impuestos están tan altos que hacen que la gente esté dispuesta a jugarse, incluso, su propia libertad en caso de ser descubiertos, habrá mucha gente que defraude. En cambio, si los impuestos están bajos no merecerá la pena correr ese riesgo. La gente cumplirá con la ley, y los ciudadanos honrados se evitarán ese impuesto adicional que es el fraude fiscal. Decía antes que el PSOE no había entendido cómo funcionan los agentes económicos respecto a este tema porque su programa, tan volcado en luchar contra el fraude fiscal, sólo propone... ¡subidas de impuestos! Qué mejor manera de conseguir, por un lado, terminar de arruinarnos. Lo único que conseguirán así es que, lejos de reducirse, el fraude fiscal se dispare como válvula de escape. Y es que el fraude fiscal es un indicador de que el marco económico se está volviendo asfixiante.

Ignacio Moncada, ingeniero industrial por ICAI, trabaja como analista financiero de inversiones en Nueva York. En LD

agente t
01/01/2012, 12:29
«Se trata de un esfuerzo de todos, pero que no recaiga en los más débiles». Así justificaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la subida de impuestos del viernes. Un ejercicio práctico respecto de las subidas del IRPF e IBI aprobadas por el Gobierno arroja como resultado que la mayor parte del peso del alza de impuestos la soportará la clase media. Particularmente la clase media baja.

Más del 57% de los recursos que el Estado piensa obtener por el IRPF para taponar los agujeros de su gasto excesivo va a proceder de personas o familias con ingresos por debajo de 53.407,2 euros. Menos de una cuarta parte (977 millones) vendrá de personas o familias que ganan entre 53.407 y 120.000 euros. Y sólo 387 millones de euros aportarán aquellos que ingresan más de 300.000 euros.

La subida, que en apariencia parece muy progresiva -para que los que tengan más aporten más- realmente no es justa. Porque el IRPF, que pagan 18 millones de españoles, es un impuesto complejo, que soporta mal la demagogia política. En el fondo, hay que reconocer que: o en España hay pocos ricos -y mucha equidad en la distribución de la renta- o los auténticamente ricos no están retratados aquí y tenemos un enorme problema de fraude fiscal.

Esto es lo que nos lleva a pensar que, en un país como España, con una fuerte tendencia al gasto suntuario, donde toda una escuela económica ha estado preconizando durante años que podemos vivir tranquilamente de una economía del gasto, una subida del IVA no habría sido tan descabellada. Sobre todo porque con el IVA, salvo los que hacen las chapuzas habituales, el fraude a gran escala es muy difícil.

El IVA es un impuesto definido doctrinalmente como regresivo, pero no lo es tanto en aquellas sociedades donde hay equidad en la distribución del ingreso. Dinamarca, por ejemplo, no tiene ningún problema en que su amplio Estado del Bienestar descanse sobre el IVA. Alemania destina varios puntos de su IVA a compensar la rebaja de cotizaciones sociales de sus empresas. España no es un país latinoamericano o africano en cuanto a redistribución del ingreso, por lo tanto no se justifica que siga manteniendo un IVA latinoamericano.

La única ventaja que veo en la subida de impuestos es que suplantará el pacto de rentas de cara al mercado interior que pedíamos aquellos que creemos que hay que restituir la competitividad. Pero como lo que importa es lo que ocurra con los precios de cara al exterior, que es donde tenemos que competir, probablemente sólo se creará un desequilibrio impensado, no calculado por los técnicos.

Aquí tenemos un problema con el tamaño del Estado. Como el dinero público ha sobrado durante años, no tenemos práctica en una asignatura que se llama «focalización del gasto social». Está muy avanzada en países muy pobres o muy igualitarios. Se trata de gestionar los recursos públicos para que deriven precisamente hacia aquellos que realmente los necesitan. Esto nunca nos ha importado porque tirábamos con pólvora del Rey. Pero sería hora que nos lo hiciéramos mirar.

John Muller, en El Mundo

agente t
10/01/2012, 18:29
Las SICAV suponen un vehículo fundamental de inversión y de base de capital en España.

T. Hagen-LD 2012-01-10

A François de Rochefoucauld (1613-1680) se le atribuye la siguiente frase: "Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe y saber lo que no debiera saberse". El equipo de Mariano Rajoy parece poseer los tres tipos a la vez, en vista de las decisiones en materia fiscal adoptadas hasta el momento.

En el último Consejo de Ministros de 2011, el Gobierno lanzó un refrito de Decreto Ley, cuya medida estrella consistió en aprobar un rejonazo a los contribuyentes por la vía del IRPF, una medida contraproducente donde las haya y que redunda en agravar la ya de por sí crítica situación de tesorería de los trabajadores, lastrando de forma sustancial la capacidad de repago del muy endeudado sector privado, y lo que es más importante, creando un entorno de desconfianza que redundará en menor consumo e inversión.

Y esto nos lleva al Consejo de la semana pasada, donde la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, salió sola al ruedo para presentar un plan de lucha contra el fraude fiscal con el que el Gobierno pretende recaudar nada menos que 8.000 millones. El problema aquí es que las distintas medidas que se barajan amenazan con provocar graves problemas añadidos:

1. Tocar la fiscalidad de las SICAV supone un recurso demagógico fácil, entre otras cosas porque la mayoría de los españoles no tienen ni idea de qué son, cómo funcionan y para qué sirven las Sociedades de Inversión de Capital Variable, aunque a la mayoría le suenan a cosas de ricos y que tributan al 1%, de modo que se tira del deporte favorito en España, que no es el fútbol sino la envidia.

Las SICAV suponen un vehículo fundamental de inversión y de base de capital en nuestro país. A través de ellas se acometen proyectos de inversión profesionales de gran volumen por parte de los grandes patrimonios. Un ejemplo del efecto de tocar la fiscalidad de las SICAV lo tenemos en el País Vasco, donde han salido como alma que lleva el diablo tras cambiarle la tributación del 1% al 28%, dejando este mercado de inversión totalmente seco.

2. Tampoco es casualidad que la Comunidad de Madrid sea la que posea el mayor pulmón financiero de España, ya que en ella se concentra más del 80% de las SICAV radicadas en nuestro país. Dichas sociedades controlan de manera directa e indirecta miles de millones de euros en recursos, que capilarizan en modo de inversión a todos los sectores productivos, redundando en actividad empresarial y empleo. Otra actividad es la inversión en renta variable y fija, vehiculizando la inversión de los grandes patrimonios en estos mercados.

3. El problema de planificar una reforma fiscal consultando tan sólo a funcionarios (como los técnicos de Hacienda) es que apenas se ve una cara de la moneda (la recaudatoria) y no la otra (la competencia fiscal entre países). Los países compiten fiscalmente entre ellos, tratando de ofrecer facilidades al capital para invertir, obteniendo a cambio empleo e ingresos tributarios.

Si un país opta por cambiar radicalmente el entorno fiscal y jurídico, los capitales sencillamente abandonan ese país en busca de otros donde se le ofrezcan mejores condiciones y seguridad a largo plazo para sus negocios. De España ya están saliendo en la actualidad miles de millones de euros, derivados de las malas perspectivas económicas, la inseguridad jurídica, la corrupción galopante, las barreras regulatorias y la incompetencia de las Administraciones. Estos nuevos cambios fiscales, de llegar a materializarse en los términos que baraja el Gobierno, acabarán acelerando todavía más la fuga de capitales hacia el extranjero.

4. Modificar la tributación de las rentas más altas y de los grandes patrimonios tiene desagradables consecuencias, tal y como experimentaron los franceses cuando crearon un impuesto específico sobre las grandes fortunas en los años 80, con el socialista Mitterrand al frente de la República. Esta medida tributaria trajo como resultado una fuga masiva de capitales. Ahora, el presidente Sarkozy ha reeditado una tasa similar, que conllevará consecuencias similares.

5. Y es que, las grandes fortunas poseen el asesoramiento, los medios y los recursos necesarios para operar a nivel global. Si el entorno español no les resulta atractivo, se marcharán a otros países donde los recibirán con los brazos abiertos, y no hay nada que el Gobierno o Hacienda puedan hacer para impedirlo. Por algo los mejores fiscalistas están en el sector privado, donde se gana fácilmente el triple que como funcionario. En cuanto salga el borrador de modificaciones todos los despachos se pondrán a estudiarlo, preparando los canales de elusión fiscal más adecuados para sus acaudalados clientes. La industria de inversión le lleva un mínimo de 9 meses de ventaja a los mejores supervisores públicos del mundo, y unos 2 años a los menos avanzados, como es el caso de los españoles.

6. La consecuencia para la economía española se traducirá en mayor escasez de capital para invertir, cancelación de proyectos empresariales y de inversión, más paro, más pobreza y menores ingresos fiscales, justo lo contrario de lo que pretende conseguir el PP con su plan antifraude.

Autoridad moral y ejemplo
Como conclusión, la lucha contra el fraude fiscal comienza por algo muy sencillo: autoridad moral y ejemplo. Nadie con dos dedos de frente está dispuesto a pagar impuestos de buena gana, viendo que el dinero que duramente se ha ganado acaba tirado en mariscadas de sindicalistas, berlinas de lujo para alcaldes, facturas telefónicas de llamadas a 806 de concejales, maletines en gasolineras de la A-6 en Guitiriz, trajes de figurín[/B[B]]…

Tampoco ayuda el que los ciudadanos vean cómo los patrimonios de los cargos públicos aumentan de modo exponencial e inexplicable, que los cargos implicados en corrupción sigas en sus puestos o que los grandes defraudadores salgan riéndose por la puerta del juzgado gracias a múltiples argucias legales. Un país donde la corrupción y la inseguridad jurídica son práctica generalizada no puede aspirar a tener un marco tributario estable y sólido.

La autoridad moral se obtiene con una gestión eficaz y responsable de los recursos públicos. El ejemplo cunde cuando el defraudador y el delincuente, sea éste quien sea, recibe su correspondiente castigo. Por desgracia, ninguna de las dos condiciones se cumple hoy en día en España, donde impera la Ley del embudo.

Hay dos maneras de recaudar impuestos: creando un entorno fiscal sencillo y favorable que redunde en gran actividad económica (y, por ello, elevados ingresos); o ponerse en modo Sheriff de Nottingham, sableando al contribuyente. El equipo de Rajoy parece haber optado por esta segunda opción, tratando de incrementar el capítulo de ingresos como sea en lugar de reducir de forma drástica el gasto público.

Por último, a modo de sugerencia, los inspectores de Hacienda bien podrían empezar a luchar contra el fraude fiscal en las mismas sedes de los partidos, o bien investigar los inexplicables incrementos patrimoniales de políticos y altos funcionarios de la Administración Pública. Por el contrario, optarán por retos más ambiciosos, como comprobar los contadores de la luz para cazar alquileres no declarados o revisar estrictamente al chapucillas que malvive en la economía sumergida. A fin de cuentas, ya se sabe el lema de la Administración: fuerte con el débil, débil con el fuerte.

agente t
28/02/2012, 18:13
Tras la subida fiscal de diciembre, el desvío del déficit y el rescate de CCAA y ayuntamientos amenazan con más impuestos.

M. Llamas-LD 2012-02-28

El nuevo dilema ya ha sido planteado. El Ministerio de Hacienda desveló el lunes que el conjunto de las administraciones públicas cerró con un déficit del 8,51% del PIB (91.344 millones de euros), muy alejado del 6% exigido por Bruselas y aún más del 4,4% fijado para 2012. Así pues, la cuestión clave a partir de ahora es cómo reducir dicha brecha. Descontado el ajuste aprobado a finales de 2011 (9.000 millones en recortes públicos y 6.000 en subidas fiscales), aún sería preciso reducir en cerca de 26.000 millones de euros el déficit para alcanzar el 4,4% y unos 20.000 si, finalmente, Moncloa consigue que la Comisión Europea (CE) rebaje el objetivo al 5% este año.

Pero, independientemente de la cifra final, lo relevante es cómo se efectuará. Aunque el PP niega por ahora nuevas subidas fiscales, cabe señalar, al menos, cuatro precedentes que apuntan a que el citado ajuste consistirá en una combinación de recortes públicos y aumento de impuestos: las medidas dictadas por la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI); la propia estrategia seguida por Rajoy; el nuevo proyecto de Estabilidad Presupuestaria; y el rescate de ayuntamientos y CCAA.

1. Rescate de países
Los planes de ajuste dictados por la troika (CE, BCE y FMI) a cambio del rescate de países (Grecia, Irlanda y Portugal) se configuran en torno a tres ejes básicos: subidas fiscales, recortes de gasto público y reformas estructurales.

España e Italia no han sido oficialmente rescatados, pero sí están intervenidos de facto desde el momento en que dependen de la asistencia financiera del BCE para comprar sus bonos -agosto de 2011- e inyectar liquidez ilimitada a sus respectivos sistemas financieros -diciembre de 2011-. A cambio de dicha asistencia, la entidad monetaria recomendó a ambos países medidas en esta misma línea.

2. La estrategia de Rajoy
Nada más llegar al poder, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, incumplió uno de los compromisos más reiterados por el PP durante la pasada campaña electoral: no subir impuestos. En su segundo Consejo de Ministros aprobó un aumento fiscal de 6.000 millones de euros, elevando el tipo estatal del IRPF y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), situando así a España a la cabeza de los países desarrollados con impuestos directos más altos.

Tras desvelar el déficit de 2011, algunas de las declaraciones de los líderes populares dejan entrever la adopción de medidas de similar índole en el futuro. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, indicó el lunes que el problema del déficit "lo vamos a arreglar entre todos". Este martes instó a ciertas autonomías -como Andalucía- a adoptar "planes de estabilidad" para "corregir" la "desviación", expresando la disposición de Hacienda para "trabajar juntos" con los gobiernos autonómicos.

Por su parte, portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, apostó por poner en marcha planes de ajuste "decididos", tales como el aprobado por Rajoy el pasado diciembre. "Tenemos un agujero gigantesco al que hacer frente", advirtió.

3. Los ajustes del proyecto de Estabilidad
Pero, ¿en qué consisten tales planes de ajuste? Una de las normas estrella impulsadas por el Gobierno del PP es el nuevo proyecto de Estabilidad Presupuestaria. El borrador de esta norma contempla la posibilidad de imponer planes "económico-financieros" y del "reequilibrio" a las autonomías y entes locales que incumplan los objetivos de déficit. En 2011, según los datos provisionales, tan sólo la Comunidad de Madrid cumple los criterios fijados (1,3% del PIB).

Según esta norma, los entes incumplidores serán controlados por el Gobierno central, bajo amenaza de multa y sanción, para corregir tales desvíos. Así, el Ejecutivo podrá aprobar y controlar el cumplimiento de los planes de "reequilibrio" presentados por las autonomías para reducir el déficit.

Tales planes, cuyo contenido no se detalla en el borrador, serán remitidos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que comprobará la "idoneidad de las medidas incluidas". Pero estipula que, "a efectos de valorar esta idoneidad, se tendrá en cuenta el uso de la capacidad normativa en materia fiscal" de dicho ente, lo cual abre la puerta a subir impuestos regionales para reducir el déficit.

4. Rescate de ayuntamientos y CCAA
Por último, los nuevos mecanismos de rescate articulados por el Gobierno para tratar de solventar los graves problemas financieros de CCAA y ayuntamientos también avanzan nuevas subidas fiscales a lo largo del año.

Hasta el momento, el Gobierno ya ha anunciado la puesta en marcha de dos mecanismos extraordinarios de rescate: una línea ICO (Instituto de Crédito Oficial), dotada hasta un máximo de 15.000 millones de euros, para que las autonomías en problemas puedan afrontar el pago a proveedores y cubrir sus vencimientos de deuda; y un nuevo mecanismo financiero para que los entes locales afronten paguen sus facturas atrasadas con proveedores.

Ahora bien, las administraciones que acudan a estas líneas también estarán obligadas a acordar con Hacienda un "plan de ajuste". Las autonomías y ayuntamientos que pidan ayuda al Estado deberán aprobar, bajo la supervisión y control de Hacienda, nuevas medidas presupuestarias para cumplir "los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública". Es decir, lo mismo que el anterior punto sólo que por motivos distintos (pedir ayuda en lugar de incumplir el objetivo de déficit y deuda).

Y, una vez más, los principios rectores de la línea ICO para autonomías y el mecanismo financiero para ayuntamientos publicados este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se inspiran en la misma estrategia: subir impuestos, reducir gastos y reformas estructurales.

Mecanismo financiero para ayuntamientos
Para financiar sus facturas pendientes, los entes locales que acudan a este mecanismo estatal emitirán deuda pública a largo plazo, cuyas condiciones serán fijadas por el Gobierno, o en caso contrario el Estado retendrá parte de los tributos que les corresponden (transferencias corrientes) a fin de amortizar las obligaciones de pago. Dicho de otro modo, el Estado facilita el adelanto del dinero -vía ICO o avales-, pero el ayuntamiento seguirá siendo el titular de la deuda. Por ello, el Gobierno les exigirá, a cambio, un "plan de ajuste", que se extenderá durante todo el período de amortización.

Una vez que los ayuntamientos remitan el listado de facturas pendientes a Hacienda (antes del 15 de marzo) deberán aprobar un "plan de ajuste" antes del 31 de marzo que, "en todo caso", deberá cumplir los siguientes requisitos, y siempre bajo la supervisión y aprobación de Moncloa:

Recoger ingresos corrientes "suficientes" para financiar sus "gastos corrientes" y la "amortización" de las operaciones de endeudamiento que implique acudir a este mecanismo.
Además, las previsiones de ingresos deberán ser "consistentes" con la evolución de los ingresos efectivamente obtenidos entre 2009 y 2011. Es decir, que al ayuntamiento en cuestión no podrá inflar sus ingresos en base a sus previsiones de crecimiento, tal y como sucedió durante la crisis, menos aún cuando España recaerá en recesión en 2012.
Por otro lado, el plan deberá recoger una "adecuada financiación" de los servicios públicos prestados "mediante tasa o precios públicos", abriendo así la puerta a nuevos mecanismos de copago.
Descripción y calendario para aplicar nuevas "reformas estructurales", así como "medidas de reducción de cargas administrativas a ciudadanos y empresas".
Cualesquiera "otros requisitos" que se establezcan por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Por último, el plan podrá modificar la organización de la corporación local, lo cual apunta a recortes de personal laboral y la supresión o fusión de empresas públicas.
Una vez que Hacienda otorgue luz verde al plan de ajuste local -en un plazo de 30 días naturales tras su recepción del plan-, el ayuntamiento contará con la debida autorización para endeudarse a largo plazo.

En definitiva, el Gobierno impondrá a los ayuntamientos rescatados un plan de ajuste similar al diseñado a nivel estatal: nuevas subidas fiscales, reducciones de gasto y reformas estructurales, pero en el ámbito local.

agente t
16/03/2012, 17:00
En lo que Carlos Solchaga, en un alarde de sinceridad autobiográfica, ha llamado «la Edad de Oro», buena parte de la economía estaba sumergida y después de cualquier apaño hogareño, desde cambiar una lámpara a lijar una puerta o embaldosar un cuarto de baño, el manitas preguntaba: «¿Con IVA o sin IVA?». «Sin IVA», solía responder el cliente, sin pensar demasiado, aunque por entonces aún había deduccio-nes notables en el impuesto de sociedades.

Pues bien, la subida de impuestos anunciada por Montoro para compensar los 5.000 millones de euros que debemos pagar por el 0'5 del déficit que no nos perdona Bruselas, ha resucitado aquella pregunta letal: «Y la subida de impuestos, señor ministro, ¿será con IVA o sin IVA?». «Sin IVA», dice Montoro campanudamente. Y sube otros impuestos.

Yo creo que mientras no se frene el despilfarro de dinero público en las cuatro administraciones -Estado, autonomías, diputaciones y ayuntamientos-, toda subida de impuestos es ilegítima y debería ser ilegal. Sin llegar, eso sí, al magnicidio que preconizaba Luis de Molina cuando un «príncipe cristiano» bastardeaba el valor de la moneda y subía la inflación; «porque es como robar a los pobres en sus bolsillos», decía aquel tremendo clérigo, preeconomista de la Escuela de Salamanca, adorado por Rothbard. Ahora bien, que la casta política no piensa reducir su rumboso nivel de vida está claro. Y que, con la excusa de Bruselas, ni dejan de cobrarnos ni dejan de gastar, también.

El argumento de Montoro para perpetrar la mayor subida del IRPF que se ha visto en Europa, acabar con cualquier deducción del impuesto de sociedades y multiplicar el IBI, pese a que los pisos valen la mitad que hace cinco años, pero no tocar el IVA, es grotescamente socialista: «No sería tan equitativo». O sea, que lo equitativo para Montoro es castigar el ahorro de la clase media -el 90% de la recaudación que se pretende conseguir- y favorecer el gasto disparatado y la economía sumergida, áreas en las que el PSOE no tiene competencia; véanse ERE y proveedores. Yo creo que, si se suben los impuestos, deben ser los indirectos, porque los directos son siempre una doble imposición; por cierto, anticonstitucional. ¿Mantener el consumo? ¿Y por qué debemos consumir cuando quiera el Gobierno y no cuando queramos nosotros? Señores socialistas de todos los partidos: déjennos administrar nuestro consumo y no sigan consumiendo y consumiéndonos.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo

agente t
29/03/2012, 17:02
Estás desayunando en casa y es mucho más tarde que cualquier otro día; o tal vez estás en tu taller o en tu fábrica, trabajando con las persianas bajadas, por miedo a que vengan a amenazarte y a agredirte, como tantas veces y tan impunemente ha y te ha pasado. Es como un secuestro y sientes indefensión y rabia. Sufres y crees que sufres en silencio, y que nadie lo ve, pero yo te veo. Te veo ya tarde en tu casa, atrapado; te veo a través de las persianas bajadas amedrantado por bárbaros y delincuentes que nunca han respetado la libertad ni le han dado ninguna oportunidad a la democracia.

Cuando por la noche en las noticias den las cifras de participación y tú no hayas tenido más remedio que ceder o que ocultarte, la impotencia te recorrerá el cuerpo como ejército alarmado, pero yo sé que lo intentaste y cada vez somos más los que sabemos que uno de los principales ingredientes de cualquier huelga es la intimidación. En España no está garantizado el derecho a no hacer huelga y los sindicatos movilizan a sus macarras para atemorizarnos y doblegarnos. Al fin y al cabo, de un modo o de otro, es lo que hacen cada día del año.

Sé que hoy lo vas a pasar mal pero ni estás solo ni vas a permanecer en la sombra. Yo te veo y vocatus atque non vocatus Deus aderit: le llames o no le llames, Dios está presente. Y te ve, y te mira, y te quiere. Puede que te sientas una colilla pisoteada pero eres un héroe, y en tus ganas de trabajar y en tu empeño por hacerlo cada día mejor, y en tu sacrificio por saber entender y asumir los rigores de las actuales circunstancias se forja el futuro de tu familia y el de tu país, el futuro de tus hijos y el futuro de los hijos de los que violentamente te impiden ir a trabajar.

Los empresarios y las demás personas conscientes, decentes y responsables tenemos que continuar trabajando todo lo duro que podamos porque no sólo tenemos que mantener a los nuestros sino también a los pobres hijos de sindicalistas, comunistas e indignados, que no tienen ninguna culpa de lo que les ha tocado y que si fuera por lo que son capaces de generar sus padres dormirían en la calle. Siempre ha sido así y también hoy es así, hoy que no tienes más remedio que trabajar desde casa o con las persianas bajadas porque aquellos a los que les regalas el 30, el 40 y hasta el 50 por ciento de tu trabajo son como siempre incapaces de entender absolutamente nada.

Nadie lo dirá pero yo pensaré en ti en cada uno de los recuentos, tan clara y generosamente como tú pagas, incluso en estos tiempos tan angustiosos e inciertos, la sanidad y los derechos de los que no te dejan ir a trabajar.

Salvador Sostres, en El Mundo

agente t
12/04/2012, 16:28
La salida de la crisis «justa y equitativa» que preconiza Mariano Rajoy ha desestibado ideológicamente al PP, donde un buen número de sus representantes participan en un concurso de ideas para ver quién da el hachazo más duro «a los más ricos». La posición de Luis de Guindos, planteando que las rentas más altas paguen por ser atendidos en la Sanidad pública, es un ejemplo claro.

El ministro aplica criterios de redistribución de los ingresos a un servicio público, universal y gratuito que se financia con impuestos. El resultado es que los más ricos, que ya pagan más impuestos que los más pobres, quedarían deliberadamente excluidos de un servicio para el que contribuyen mucho más que los demás.

Estas teorías derivan de la famosa pregunta planteada por Esperanza Aguirre: «¿Por qué debemos costear las medicinas a todos los jubilados sin importar su nivel de renta? ¿Por qué debemos pagar los medicamentos de Emilio Botín?». Que el criterio de gratuidad de los medicamentos para las personas jubiladas con independencia de su riqueza, sea un error manifiesto que debió enmendarse hace mucho tiempo, no autoriza a mezclar chapuceramente criterios de redistribución y justicia social con el veto o la limitación del acceso a servicios universales como ocurre, por ejemplo, con la educación pública.

Sucede que en España, tras la desaparición del Impuesto al Patrimonio, la renta ha pasado a ser -erróneamente-, el único criterio para definir a una persona rica. En España, rico es el que más gana y no el que más tiene.

El IRPF genera dos universos: los que pagan mucho y los que pagan poco. Dónde están los límites depende de si gobierna el PSOE o el PP, pero la variación es irrelevante. Lo importante es el resultado. A los que pagan mucho, para agradecerles su generosidad, los tratamos como ciudadanos de segunda categoría, porque a los que pagan poco les damos preferencia en el acceso a la educación, a la vivienda y a otros servicios públicos. ¡Y vean de qué ricos hablamos! Una familia que ingresa 2.000 euros al mes ya está marginada de los beneficios de la educación pública. En Madrid, por ejemplo, recibe cero puntos para que su hijo acceda a un centro, porque su renta supera el 200% del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM) que estaba en 2011 en 532,51 euros al mes. Esa fortuna los relega al final de la lista de candidatos y, con toda probabilidad, a buscar un centro privado o alejado de su domicilio.

El problema es que la riqueza sólo se le puede comprobar estrictamente a quienes viven de una nómina. Y conocemos la picaresca de quienes crean sociedades que, curiosamente, sólo dan pérdidas o magros beneficios (del millón y medio de sociedades que hay en España, el 95% sufre pérdidas o declaran menos de 20.000 euros al año de beneficios). Y ya no hablemos de la tributación por módulos o de los niveles de facturación de algunos profesionales liberales. Al menos, mientras la tributación no sea más equitativa o la Sanidad y la Educación no se privaticen, el Gobierno debería respetar el principio de que pagar más impuestos no debería conllevar una merma de derechos para el que lo hace.

john.muller@elmundo.es

agente t
03/05/2012, 18:55
Los españoles trabajan 124 días al año para el Estado

El contribuyente trabaja hasta el 4 de mayo para pagar impuestos. Si se incluyen las cotizaciones, precisa 179 días para cumplir con el Fisco.

Diego Sánchez de la Cruz-LD 2012-05-03

Según el informe presentado este jueves por el think tank Civismo, el viernes 4 de mayo se cumplirá el Día de la Liberación Fiscal en España. Esto significa que el contribuyente medio necesita hasta 124 días para cumplir con todas sus obligaciones tributarias. Hablamos, pues, de calcular la fecha en que dejamos de trabajar para el Estado y empezamos a ganar dinero para nosotros mismos.

Civismo ha presentado este informe en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. El presidente de la institución, Julio Pomés, ha explicado que publicar un estudio así persigue tres grandes objetivos: "Que los políticos sean responsables a la hora de gastar el dinero público, que cada contribuyente sea consciente de lo que le cuesta el Estado del Bienestar y que se conozcan las diferencias de la presión fiscal entre las diferentes Comunidades Autónomas".

Sobre el último punto, Pomés ha subrayado que el objetivo de Civismo es "estimular una sana competencia fiscal" entre las administraciones regionales. Así, analizando los datos del estudio, encontramos que los contribuyentes del País Vasco y Navarra terminan de pagar sus impuestos los días 29 y 30 de abril, respectivamente. En el extremo opuesto se encontraría Cataluña, donde las obligaciones tributarias se prolongan hasta el 8 de mayo. Por su parte, la liberación fiscal en la Comunidad de Madrid se retrasa al 5 de mayo debido a los impuestos locales aplicados por el Ayuntamiento.

El trabajador percibe el 66% del sueldo
Cristina Berechet, autora del estudio y jefe de investigación del think tank, ha explicado a los presentes el método seguido para traducir la presión fiscal en días de trabajo. Así, un trabajador con un sueldo medio de 24.400 euros brutos destina 54 días a pagar el IRPF, 27 al IVA, 23 a la Seguridad Social, 13 a los impuestos especiales y 7 a otros impuestos. En total, hablamos de 124 días y 8.261 euros para cumplir con el fisco, tras lo que el trabajador se quedaría con el 66% de su sueldo.

Hasta 179 días al año para sostener el sector público
Como ha explicado Berechet, la empresa del trabajador en cuestión cotiza por él un 29,9% de su sueldo bruto (7.296 euros). Esto significa que, si dicho compromiso se incluyese directamente en el sueldo bruto, el trabajador vería su salario aumentado hasta los 31.696 euros brutos, pero sus obligaciones con el Fisco crecerían hasta los 179 días de trabajo y los 15.557 euros. Así, incluyendo las cotizaciones sociales, encontramos que el Día de la Liberación Fiscal se produciría en el mes de junio.

El informe de Civismo destaca también que la presión fiscal en España sobre los salarios es especialmente elevada. Así, los sueldos de los trabajadores de nuestro país soportarían un gravamen medio del 39,9%. Dicho porcentaje está cinco puntos por encima de la media de la OCDE. Para ayudar a difundir el estudio, la página web de Civismo ha habilitado una "calculadora de impuestos" que permite hacer un cálculo individual del Día de la Liberación Fiscal. Basta con responder diez preguntas para que esta herramienta nos diga cuántos días del año dedicamos a trabajar para el Estado.

Una presión fiscal "insoportable"
Durante su intervención en la presentación del informe, el secretario de Civismo, Pedro Schwartz, destacó que "la cuestión del peso del Estado en la economía es el centro del debate político de hoy". En este sentido, subrayó que, "a ambos lados del Atlántico, Barack Obama y Angela Merkel están promoviendo respuestas diferentes a esta cuestión: en Estados Unidos se está apostando por aumentar el gasto público y en Alemania parece que se camina en la dirección opuesta".

Schwartz recalcó también que debemos entender el gasto público total como el verdadero impuesto que, en último término, acaban pagando los contribuyentes. Así, llamó a terminar con los "juegos fiscales de subir unas tasas y bajar otras". Schwartz afirmó rotundo que el Gobierno de Mariano Rajoy "sí tiene otra opción que subir los impuestos". El economista recordó que "sólo el 19% del gasto de las Administraciones Públicas es una adición al PIB. El 23% restante, hasta completar el 44% del PIB, al que equivale el gasto público total, consiste en tomar dinero de unos bolsillos para meterlo en otros".

Por su parte, el vicepresidente de Civismo, Carlos Espinosa de los Monteros, subrayó que, "si el Estado fuese bien nacido, sería agradecido... Y, por lo tanto, haría mañana un homenaje a los contribuyentes que han dedicado toda esa renta que compone el gasto público". El reconocido empresario subrayó que muchos españoles están descubriendo poco a poco que "el gratis total no existe", y que esas "prestaciones universales y gratuitas" que prometen los dirigentes políticos no son, en muchos casos, económicamente factibles.

Espinosa de los Monteros explicó también que "los gobiernos sucesivos prometen una y otra cosa, pero debemos recordar que esas promesas siempre las pagamos nosotros". En este sentido, destacó que "cada vez más contribuyentes españoles creen que tenemos un Estado demasiado grande", y saludó iniciativas como la de Civismo como un ejemplo de las iniciativas que ayudan a sensibilizar a la población sobre esta cuestión.

Así, calificó la presión fiscal en España de "insoportable". A modo de anécdota, recordó que durante una visita a España, el Nobel de Economía Milton Friedman le sugirió que la presión fiscal jamás debería superar el 10%.

agente t
16/07/2012, 16:04
Tal como ya presagiaba el ajuste de diciembre de 2011, el nuevo paquete de medidas anunciado por el Gobierno de Mariano Rajoy vuelve a depositar su peso en el sector privado de la economía española. Esto significa que para que subsista un Estado ineficiente y desproporcionado en términos de nuestra auténtica riqueza, es necesario que los consumidores y los empresarios transfieran más recursos al Gobierno vía IVA, Sociedades, IRPF e impuestos especiales.

Al final, la proporción del ajuste rondará el 60/40, siendo la menor aportación la del sector público. Es verdad que del incremento de impuestos de 34.419 millones, casi 5.000 millones volverán al sector privado a través de la rebaja de las cotizaciones sociales, pero aún faltan por definir 8.560 millones (para completar los 65.000 anunciados) y todo hace pensar que procederán del llamado céntimo verde y de nuevas tasas energéticas, es decir, nuevos tributos.

Por lo tanto, la proporción del ajuste no sólo no sigue los cánones marcados por los expertos para garantizar que un proceso de consolidación fiscal sea viable, sino que probablemente agostará la economía, desincentivará a los emprendedores y volverá insoportablemente irritantes los agravios.

Donde el Gobierno debió dar el Do de pecho era en la amplitud de sus ahorros. Al final, estos son de 27.000 millones. Pero si los desglosamos vemos que la parte sustancial procede de la reducción del 10 puntos que se introducirá en la renta de la prestación por desempleo a partir del sexto mes de paro. Eso son 13.760 millones, es decir, casi la mitad de todo el ahorro gubernamental consiste en variar las condiciones de aseguramiento que afectan a derechos de terceros. Después, hay 4.000 millones por recortes adicionales y menor dotación de la Ley de Dependencia, y, por último, el sacrificio central del sector público son 9.220 millones en tres años, donde figura la paga extra aplazada a los funcionarios en 2012. Pero esa paga apenas son unos 4.000 millones. ¿Y el resto? Con toda seguridad procederá de los ahorros en Sanidad y Educación que pueden practicar ahora las comunidades autónomas.

Sólo la falta de cohesión del sector privado explica que las calles estén siendo tomadas por los empleados públicos -que tienen legítimo derecho a mostrar su malestar- cuando el que realmente lleva la carga de este ajuste es el primero. La transferencia de recursos del sector privado al público no sólo constituye una injusticia, sino que tendrá consecuencias macroeconómicas nefastas porque retrasará la recuperación de la economía y desincentivará la reducción del tamaño del sector público y la búsqueda de su mayor eficacia.

El Gobierno debió mostrar una mayor disposición al sacrificio. No puede ser que el despilfarro de las televisiones autonómicas continúe ahí y que sigan abiertas las 600 empresas públicas o paraestatales que las comunidades autónomas se habían comprometido a cerrar. Los ciudadanos y las empresas ya están haciendo sacrificios, mientras el Estado y sus rectores sigue tomando café y echando cuentas alegres sobre su viabilidad.

john.muller@elmundo.es

agente t
10/09/2012, 17:49
El Gobierno está a punto de abrir un peligroso frente que va a añadir a su ya larga lista de agraviados a algunos de los empresarios más influyentes del país.

Desde la dictadura de Franco, las eléctricas, junto a la banca, han sido siempre un poder fáctico, un negocio plagado de apellidos ilustres y favores regulatorios.

Con el tiempo, las eléctricas no sólo no han perdido poder, sino que han ampliado su influencia dentro y fuera de España, y a su accionariado se han unido grandes grupos multinacionales y acaudalados fondos de inversión extranjeros.

Las compañías españolas están entre las más poderosas del mundo, pero la peculiaridad de nuestro sistema tarifario y una política alocada para primar a las energías renovables, han hecho que se conviertan en gigantes con pies de barro.

El déficit de tarifa -la diferencia entre el coste de la energía y el precio que paga el usuario- puede alcanzar en 2013 los 30.000 millones de euros. En su día, Miguel Sebastián ya intentó poner coto a un sistema que fomentaba las energías más caras en un momento de caída de la demanda.

El actual ministro de Industria, José Manuel Soria, supo nada más ocupar su despacho del Paseo de la Castellana que debía dar prioridad a desactivar esa bomba de relojería.Su solución, imponer diversos tipos impositivos en función de las tecnologías para rebajar en unos 6.000 millones al año ese déficit entre el precio de coste y lo que pagan los consumidores, provocó una disputa abierta con el ministro de Hacienda.

Los recelos de Cristóbal Montoro no venían condicionados por el hecho de que su compañero Soria se estuviera metiendo en su terreno, sino porque los técnicos de su Ministerio dejaron sentado en un informe remitido al ministro que «un impuesto indirecto con impacto recaudatorio diferencial, que recaude de forma distinta según se trate de tecnologías renovables o no renovables, es incompatible con la normativa comunitaria». Y citaban para apoyar su tesis dos directivas de la Comisión Europea, una de octubre de 2003 y otra de diciembre de 2008, en las que se deja bien claro que Europa no permite «una figura tributaria con una estructura diferencial y con efectos discriminatorios, por gravar más a unas tecnologías que a otras».

Tras el desencuentro entre Soria y Montoro, que culminó a principios de agosto, los dos departamentos se han puesto a trabajar juntos y han creado una comisión mixta para dar salida a un problema que ambos ministros reconocen que debe resolverse cuanto antes.

Las empresas, desde que se conoció a finales del mes de junio el borrador de la propuesta de Industria, no han parado de moverse para frenar un golpe que a algunas de ellas les desbarata la cuenta de resultados. Los responsables de las renovables argumentan, no sin razón, la elevada dependencia energética de España -el 80%- y el esfuerzo tecnológico que han hecho en los últimos años, lo que ha convertido a sus sociedades en punteras a nivel mundial. Por su parte, las dos compañías más grandes, Endesa e Iberdrola, argumentan que ellas no son responsables del déficit tarifario y, además, que su valor en bolsa está sufriendo sobremanera la inseguridad jurídica y fiscal que ha provocado el Gobierno.
Uno de los empresarios más emblemáticos del sector cargaba justo un día antes de la visita de la canciller alemana, Angela Merkel, contra el presidente del Gobierno: «Rajoy se ha convertido en un autista. Vive de espaldas a la realidad, y a los empresarios nos desprecia. Ni siquiera nos recibe».

Es cierto que la posición del Gobierno -y en eso coinciden tanto Industria como Hacienda- es muy firme en cuanto a las presiones de las empresas. «No les debemos nada. En un momento en que estamos pidiendo sacrificios a todo el país, no podemos tratar a las eléctricas con guante de seda. Los ciudadanos nos han votado para que arreglemos las cosas, no para que nos llevemos bien con los poderosos», manifiesta un alto cargo de Industria.

En ese clima tenso y enrarecido, la semana pasada se produjo un hecho que va a acelerar la solución final del engorroso asunto del déficit tarifario.

Endesa e Iberdrola decidieron no solicitar la renovación de la licencia para la central nuclear de Garoña, en la que participan al 50%. La clausura, que se producirá en julio de 2013 -en lugar de 2019, como pretendía el Gobierno-, no supondrá ningún trauma para el sector. Garoña tiene una potencia instalada de 466 megavatios y tan sólo aporta el 1,5% de la energía que se produce en España. Y no olvidemos que la demanda, como consecuencia de la crisis, sigue cayendo. No es un problema de necesidad. Garoña se convirtió en un símbolo para el PP, una apuesta clara por la energía nuclear, frente a las pretensiones del Partido Socialista. El propio Rajoy acudió al enclave burgalés en el año 2009 para garantizar que, si su partido ganaba las elecciones, Garoña continuaría funcionando hasta 2019.
El pulso de las eléctricas, interpretado por el Gobierno como una especie de «chantaje», al no formalizar el alargamiento de la vida de la central en el plazo que concluía el pasado día 6 de septiembre, ha desatado la ira del presidente.

Mariano Rajoy ha instado a los ministros de Industria y Hacienda a que lleguen pronto a un acuerdo para poner en marcha la nueva modalidad de gravamen que recaerá sobre las compañías con el fin de cerrar el déficit de tarifa.

Un ministro me confesaba el pasado viernes que la decisión de Iberdrola y Endesa «ha sido un error de libro, porque no han tenido en cuenta que iba a ser tomada por el presidente como un órdago».

Las fuentes consultadas, tanto de Industria como de Hacienda, dan por hecho que en los próximos días el Gobierno estará en disposición de aprobar definitivamente un nuevo marco fiscal que puede afectar también al volumen de primas recibidas.

La guerra está a punto de comenzar. Esperemos que éste no sea el Estalingrado de Mariano Rajoy.

Casimiro García-Abadillo, en El Mundo

agente t
03/12/2012, 17:15
Claro que hay otro camino. Claro que es posible salir de esta crisis sin castigar una y otra vez a los contribuyentes. Pero ese camino, por lo visto, es el que ningún partido está dispuesto a tomar.

Es falso que sea necesario subir los impuestos uno tras otro hasta agotar por completo el catálogo tributario para volver entonces a una segunda ronda, como, de hecho, ya ha ocurrido con el Impuesto de Sociedades y como puede llegar a ocurrir con el IVA si no controlamos el déficit, advertencia que ya nos ha lanzado la OCDE. Pero esa opción exige acelerar el recorte de la Administración sin titubeos. Sin miedo a las revueltas de los sindicatos y de unos empleados públicos cuyo coste sigue siendo un 11% (8.300 millones de euros) superior al del inicio de la crisis. Y eso, por lo visto, no está en la agenda.

Porque, como ocurrió con la puesta en la calle de Bolinaga, no es cierto que se trate del único camino. Se trata de una opción. Una libre elección que ha llevado a nuestros diferentes gobernantes desde que empezó esta crisis a preferir recurrir al siempre fácil bolsillo del ciudadano y empresario antes que al muy político de la Administración.

Y dentro de ese catálogo de posibilidades es donde se ha optado por aplicar unas subidas de impuestos que sumarán en 2013 más de 26.000 millones de euros, en vez de acelerar la eliminación de unas sociedades públicas que acumulan una deuda de 55.520 millones después de haberla incrementado en 1.300 millones sólo en el segundo trimestre de este año.

Y es dentro de esas opciones entre las que se ha preferido congelar las pensiones, en vez de meter en cintura a una desafiante Generalitat catalana que ha recibido ya este año inyecciones de dinero por valor de 11.687 millones de euros -sin contar con los 5.817 millones destinados a las antiguas cajas catalanas- para acabar sumando una deuda de 43.954 millones ella solita -casi 4.000 millones más que hace un año-.

Se trata de opciones. No de cuestiones inevitables. Y como tales, delatoras del pensamiento de nuestros gobernantes.

Carlos Cuesta, en El Mundo

agente t
11/12/2012, 11:40
Ahora que las investigaciones sobre las familias de los presidentes Mas y Pujol han puesto de moda las conversaciones sobre el dinero negro, hay algunas cosas que me gustaría aclarar. Lo que me parece reprochable de los Pujol, en el caso de confirmarse que tengan dinero en Suiza -o más probablemente en Delaware, si son un poco inteligentes-, es que este dinero no sería fruto del honrado y valeroso trabajo, sino de una serie de operaciones que sólo fueron y han sido posibles por haber ocupado el patriarca su cargo público.

Que el padre de Mas tuviera dinero en Liechtenstein no me parece censurable en absoluto, ni mucho menos escandaloso, pero sí me parecería incompatible con continuar ostentando la Presidencia de la Generalitat si se demostrara que su hijo mintió cuando dijo que no conocía la existencia de aquella cuenta, o que el total del dinero que contenía era el que ganó su padre cuando vendió su empresa, cuando en realidad parece probado que la suma evadida ascendía a bastante más.

Pero a diferencia de los cínicos de la corrección política que continuamente y en cualquier debate tenemos que soportar, no tengo nada contra tener dinero fuera ni contra la evasión fiscal. Los impuestos españoles son tan absurdos y abusivos que bien pueden considerarse un atraco. El evasor actúa en defensa propia protegiéndose de la terrible maquinaria del Estado.

En un país como España, que ha llegado a tener un presidente como Mariano Rajoy o José Luis Rodríguez Zapatero, es normal y razonable que, todo el que pueda, mantenga un seguro fuera, para que el día que tengamos que correr sepamos en qué dirección. Y ese día llegará, créanme, y no creo que tarde demasiado. La socialdemocracia ha destruido todas las economías que ha tocado y ahora que ya no quedan economías destruirá a las personas. Tendremos que correr, como siempre acaba ocurriendo en España. ¿Qué se puede esperar de un país cuyo mayor período de vida libre y estable han sido estos últimos 37 años?

Tener dinero fuera no es una argucia, es un acto de inteligencia y de responsabilidad hacia ti y hacia toda tu familia. Lo sería en cualquier caso, pero lo es todavía más viendo las ridículas y naufragantes políticas económicas que son capaces de tomar nuestros gobernantes, tanto los socialistas como los que se supone que no lo son, pero que finalmente resultan igual de socialdemócratas y de inoperantes.

Se ve al evasor como a un jeta, pero lo que hace el Estado con el dinero de los que ganan dinero es una atrocidad impresentable, es un escarnio y una humillación, y una siniestra invitación a la golfería y a la vagancia, pues hasta ahora ha salido más a cuenta yacer en el subsidio y en la subvención que esforzarse y trabajar duro para que luego te saqueen del modo más vil y execrable, con el añadido de saber que, además, todo lo robado no sirve para nada, porque el sistema socialdemócrata quema el dinero y las almas en lugar de crear prosperidad.

Poseer dinero fuera sin que el Estado sepa de su existencia es la única garantía que tienes de poder huir a toda velocidad cuando España vuelva a arder, como siempre termina pasando. La primera norma es sobrevivir y por supuesto que hay que respetar las leyes, pero también hay que tener algo pensado para cuando las leyes dejan de protegerte y estás solo ante el vacío y la muerte.

Salvador Sostres, en El Mundo

agente t
15/01/2013, 17:21
Uno de los fenómenos más significativos del primer año del Gobierno de MarianoRajoy -muy poco comentado pese a su enorme calado institucional y social- ha sido la liquidación de los equilibrios entre los contribuyentes y la Administración.

La Ley de Medidas de Lucha Contra el Fraude Fiscal (Ley 7/2012 del 30 de octubre) ha supuesto la sentencia de muerte de toda una corriente de pensamiento dentro del Partido Popular. En ella se han introducido por primera vez límites a los pagos en efectivo, se declara la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas, se dispone el adelanto de las medidas cautelares, la ampliación de la responsabilidad patrimonial o la repotenciación de la delación, por mencionar sólo algunas de sus características.

Al igual que con las subidas de impuestos «temporales», Hacienda afirma que no quedaba alternativa. Que la recaudación tributaria en España estaba desconyuntada por la crisis y por el fraude. Se cita habitualmente que con los mismo tipos impositivos, Chipre recaudaba proporcionalmente el doble en relación a su PIB que España.
Hace poco, un veterano dirigente del PP se quejaba de lo ocurrido. No por la subida de impuestos que, al final, puede ser por poco tiempo, sino por la importante pérdida de derechos del contribuyente ante una Administración todopoderosa.

«No entiendo cómo la derecha ha podido hacer esto. La pérdida de equilibrio entre el contribuyente y la Administración es evidente. Creo que algunos puntos de esta ley, como la imprescriptibilidad, no serán constitucionales», dijo. En su queja recuerda la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes dictada en febrero de ese año. Esa fue la norma con la que José María Aznar cumplió su promesa de dictar un Estatuto del Contribuyente que equilibrara la relación entre los ciudadanos y los sheriffsdeNottingham de Hacienda. Fue un planteamiento novedoso en España que Aznar y Rodrigo Rato, que era su portavoz parlamentario, maduraron en los años de oposición a Felipe González. Y fue uno de sus grandes aciertos: una ley modernizadora que puso al día nuestro Derecho Tributario y nos dejó a la altura de países como Francia o Alemania que ya lo habían hecho a comienzos de los años 90.

Esta fue una de las primeras normas donde la derecha española confirmó que había entrado en la modernidad: abandonaba la clásica postura de la sospecha y de la reconvención hacia el ciudadano y se decantaba por mostrar confianza en el buen uso de su libertad por parte de éstos.

Hoy, hasta los inspectores de Hacienda, que ven facilitado su trabajo con estas medidas, perciben el notable desequilibrio en favor del Estado que ha introducido la ley. Pero, ¿a ver quién es el guapo que con el espectacular nivel de fraude que existe se anima a decir que hoy hay un régimen de represión tributaria en el país? Esta no es más que una variante del viejo dilema entre libertad y seguridad. Y como ocurre siempre, la libertad ha perdido.

john.muller@elmundo.es

odinson
16/01/2013, 12:37
El informe al que se alude es sesgado. Se comparan tipos impositivos cuando conviene, por ejemplo los impuestos sobre la gasolina con EEUU, pero no se dice en EEUU la gasolina es más barata que en cualquier pais de la UE porque EEUU es un pais productor de petroleo. Los impuestos en España son altos... los indirectos, en la última subida de Rajoy ha hech que el IVA sobre la vivienda suba de 4 al 10%, y el de los servivicos funerarios del 8 al 21%; alguien en el ministerio de hacienda debe tener un humor muy macabro. Lo cierto es que los impuestos para las rentas medias ha subido mientras que para las rentas altas ha bajado gracias a las degravaciones de las SICAV y otras medidas similares. Respecto a las opiniones del Instituto Juan de Mariana, no me fiaría mucho. Una vez tuve la desgracia de ver a uno de ellos en una tertulia y se notaba que era un ignorante recalcitrante y tendencioso; llegó a decir que el estado del bienestar lo fundo "un dictador llamado Bismarck".A ese hombre nadie le habló del Beveridge, Keynes y Atlee? ese laborista dictatorial que ganó dos veces las eleciones por mayoría absoluta?

agente t
16/01/2013, 16:35
Las SiCAV's las creó un gobierno de Felipe González, aunque bien es cierto que los posteriores no han derogado tan beneficioso régimen fiscal porque es mejor tener miles de millones tributando aquí al 1% que no tenerlos en absoluto. La última subida del IRPF lo ha sido para todos los tramos, pero especialmente al superior, que han pasado del 49 al 52%. Llamar dictador a Bismarck es una licencia retórica a la que no debería darse importancia puesto que dicho señor no fue elegido democráticamente por su pueblo, pero lo indudable es que el conservador Bismark es el creador primigenio de las primeras medidas a las que podemos considerar como orientadas a lo que posteriormente se ha conocido como estado del bienestar. Incluso Cánovas del Castillo, que también es temporalmente anterior a los británicos citados, realizó medidas precursoras en ese sentido.

odinson
16/01/2013, 19:00
Las SiCAV's las creó un gobierno de Felipe González, aunque bien es cierto que los posteriores no han derogado tan beneficioso régimen fiscal porque es mejor tener miles de millones tributando aquí al 1% que no tenerlos en absoluto. La última subida del IRPF lo ha sido para todos los tramos, pero especialmente al superior, que han pasado del 49 al 52%. Llamar dictador a Bismarck es una licencia retórica a la que no debería darse importancia puesto que dicho señor no fue elegido democráticamente por su pueblo, pero lo indudable es que el conservador Bismark es el creador primigenio de las primeras medidas a las que podemos considerar como orientadas a lo que posteriormente se ha conocido como estado del bienestar. Incluso Cánovas del Castillo, que también es temporalmente anterior a los británicos citados, realizó medidas precursoras en ese sentido.

Yo no he dicho que todo sea culpa del PP y que el PSOE sea inocente, ambos tiene la una responsabilidad compartida en la economía de pies de barro que crearon. La tendencia desde los ochenta en España y en el mundo ha ido orientada al demantelamiento de los servicios públicos; en nuestro caso antes de que llegara a dessarrollarse.

No me voy poner a discutir cada punto. Lo de bismarck me parece una chorrada pero con la sibilina intención de vincular el estado del bienestar, un logro primordialmente democrático, con una dictadura. A ese memo no se le pasó por la cabeza poner un ejemplo mucho más reciente: la aplicación de los principios de la economía de Friedman por Pinochet, ese sí, un dictador con todas las de la ley, antes de la llegada de Tatcher y Reagan.

Por cierto, Jiménez Losantos, otro memo indocumentado y estulto, hace de Cánovas del Castillo el introductor de la economía de mercado en España. Conviene recordar que Cánovas restauró la monarquía merced a un golpe de estado, la Saguntada, y NUNCA ganó unas elecciones limpiamente

agente t
17/01/2013, 17:09
La introducción de la economía de mercado en España, en una primera instancia algo tosca pero decida, la hace la Constitución de Cádiz: respeto de la propiedad privada y, sobre todo, libertad de industria (abolición de los gremios).

agente t
28/01/2013, 16:38
Los impuestos previstos en el pacto de gobernabilidad de CiU y ERC llevarán a Cataluña a encabezar los ránkings de presión fiscal en la UE. Sus rentas más altas ya tributaban a un tipo máximo de IRPF del 56%, frente al 52% de media en España y a niveles de países como Dinamarca.

Así las cosas, el Govern se plantea recortar 4.000 millones de euros en 2013 para reducir el déficit al 0,7% del PIB. Y ello implica crear hasta nueve gravámenes para recaudar hasta 1.000 millones. Además de los tributos sobre depósitos bancarios, emisiones, la euroviñeta para camiones, el de refrescos azucarados y el de pisos vacíos, serán destacadas las reformas de los impuestos de patrimonio, transmisiones y actos jurídicos. Esto hará que vivir en Cataluña sea, «desde el punto de vista fiscal» más caro que en Madrid, decía ayer el economista Rubén Gimeno en declaraciones a La Vanguardia.

Hoy, en El Mundo

agente t
15/04/2013, 16:16
No se me ocurre ningún otro calificativo para definir a los nuevos apóstoles del saqueo fiscal. Ninguno para describir a quienes han decidido que los bolsillos de los ciudadanos son un pozo sin fondo donde zambullirse con el único fin de pagar la sobredosis de burócratas, políticos, sociedades, consejos, organismos, consorcios, fundaciones, entidades y demás chiringuitos públicos que pagamos a lo largo y ancho de nuestra triple administración central, autonómica y local.

Hoy España es el quinto país del mundo que soporta un mayor saqueo fiscal sobre sus nóminas. Tan sólo Aruba, con un tipo marginal del 58,95%, Suecia (56,6%), Dinamarca (55,4%) y Países Bajos (55%) aplican impuestos más devastadores que nuestro IRPF (52%). Es más, en el caso de autonomías como Cataluña, ese atraco llega hasta el 56%, haciéndola merecedora de la medalla de bronce en asalto a las nóminas.

España es, además, el segundo país del mundo que más ha elevado de golpe el IRPF. Tan sólo Zimbabwe ha sido capaz de una barbaridad mayor, con 10 puntos de subida instantánea. Pues bien. En ese contexto es en el que el PSOE ha planteado su nuevo impuesto bolivariano. En su creciente populismo, asegura que será un tributo a la riqueza. Claro: no iba a serlo a la pobreza. Y con semejante argumento pretende rebañar el plato de los españoles en otros 40.000 millones. Es decir, que medido sobre el IRPF, supondría un aumento de un 55%. O, dicho de otra manera: equivaldría a cuatro subidas del IVA similares a la de hace medio año.

Esa es la última aportación de los socialistas para salir de la crisis en una semana en la que sus juventudes han planteado la III República y todo el partido ha aplaudido el plan para expropiar pisos de Andalucía.

Quedan menos de tres años de legislatura. En ese plazo elegiremos al partido que guíe, entre otras cosas, el futuro de la economía. A estas alturas nos debatimos entre un partido, el PP, que no deja de subir impuestos mientras afirma que no le gusta subirlos, y otro, el PSOE, que directamente plantea el suicidio fiscal de un país en el que, sin contar con su plan chavista, el consumo ya cae a ritmos de casi el 9%. Por nuestro bien, esperemos que alguno vuelva a la cordura.

Carlos Cuesta, en El Mundo

agente t
06/05/2013, 16:35
El Gobierno de Mariano Rajoy ha subido 30 veces los impuestos para recaudar más desde que fue elegido hace 16 meses. Lo ha hecho creando nuevos tributos, subiendo o modificando los existentes y prorrogando la vigencia de otros. A ello hay que añadir el incremento de cinco puntos de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social desde enero. Las 30 subidas se desglosan como sigue: cinco afectan al IRPF –incluida la reciente prórroga–, cuatro a Sociedades, tres a Impuestos Especiales, dos al IVA, dos al IBI, una al Impuesto de Patrimonio y una a las Indemnizaciones a Directivos. Le siguen 12 nuevas figuras tributarias: ocho afectan al sector eléctrico, una a Loterías, otra a Depósitos Bancarios, otra al tramo autonómico de Hidrocarburos y otra al Medioambiente.

El IRPF ha sido reformado en cuatro ocasiones. La más importante fue en diciembre de 2011, cuando se aplicó un «recargo solidario» de hasta siete puntos en el tramo máximo, pero no fue menor la subida de las retenciones a las actividades profesionales –seis puntos, del 15% al 21%–, de julio de 2012, y el cambio en la tributación de las ganancias patrimoniales de menos de un año, aplicado en septiembre –hasta un marginal máximo del 52%–. Por último, también debe contabilizarse la extensión por un año más del «recargo solidario» que anunció Cristóbal Montoro el 26 de abril, vulnerando la promesa de eliminarlo en enero de 2014. El IRPF ya había sufrido el impacto del ajuste en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. En enero de 2010, se anuló el polémico cheque de 400 euros, adjudicado linealmente. Y en enero de 2011 entró en vigor una subida del IRPF para los tramos superiores a 100.000 euros. Esta subida fue imitada por varias comunidades autónomas, lo que situó el tipo máximo en Cataluña en el 52% en ese momento.

El Impuesto de Sociedades también ha sido reformado en tres ocasiones y el Gobierno ha anunciado una cuarta modificación. Por su parte, el IVA ha sufrido dos alteraciones: una en julio de 2012, considerada la mayor efectuada en un país de la Eurozona, y otra menor, anunciada en abril pasado, para ajustarnos a una sentencia europea. El IVA también fue subido por el Gobierno de Zapatero y el 16 de octubre de 2010 Rajoy calificó esa decisión de «disparate».

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ha sido tocado dos veces y los Impuestos Especiales en cuatro ocasiones, incluido el nuevo tramo autonómico del tributo sobre Hidrocarburos que sustituyó a los céntimos que cobraban algunas comunidades autónomas con carácter finalista (para financiar Sanidad, por ejemplo).

Una de las subidas impositivas más importantes fueron los nuevos impuestos introducidos por el Ministerio de Industria para el sector eléctrico en 2012. El 14 de septiembre se anunció la creación de hasta ocho figuras tributarias con las que el Gobierno esperaba recaudar 2.734 millones de euros en 2013. La decisión importaba crear un canon a la generación hidroeléctrica, dos impuestos nuevos a las nucleares, cuatro tributos específicos al gas, carbón, fueloil y gasóleo, y un tributo lineal a la generación eléctrica del 6%.

La única excepción a las alzas generalizadas de impuestos ha sido la deducción por vivienda, pero casi puede atribuirse a un descuido. Una de las políticas más erráticas del Gobierno ha tenido que ver con esto. La deducción por la compra de la vivienda habitual fue eliminada por Zapatero, pero el PP incluyó la recuperación en su programa electoral. De hecho era una de las pocas medidas concretas del programa. Pese a incumplir sus promesas de no subir los impuestos, restableció la deducción en diciembre de 2011 y hasta le aplicó el IVA superreducido durante todo 2012. Finalmente, en septiembre de 2012, eliminó la deducción de golpe en los Presupuestos de 2013.

Además de los tributos electricos, hay otros tres impuestos nuevos que ya han sido concretados: impuesto a las Loterías y al juego, Impuesto a los Depósitos Bancarios (para sustituir tres impuestos autonómicos declarados constitucionales por el TC) y el tramo autonómico del Impuesto a los Hidrocarburos. El 26 de abril pasado, además, se anunció una nueva generación de tributos medioambientales cuyo alcance se desconoce, aunque hay comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, que ya tienen tributos o cánones sobre hechos de esta naturaleza.

El principal instrumento para modificar los impuestos han sido las leyes de Presupuestos Generales del Estado, de las que el Gobierno de Mariano Rajoy ha elaborado dos. La de 2012, que presentó en marzo de ese año, y la de 2013, que presentó en septiembre.
Sin embargo, las medidas de mayor calado tributario se adoptaron en diciembre de 2011 –subida del IRPF– y en julio de 2012 –subida del IVA–. En abril de 2013 se anunció el último paquete de medidas fiscales, que incluye cambios en Sociedades, IVA e impuestos especiales –con una posible subida del impuesto a las bebidas alcohólicas–, y la creación de dos tipos de tributos: el Impuesto a los Depósitos Bancarios y los nuevos impuestos medioambientales.

El programa electoral del PP de 2011 concretaba muy pocas medidas fiscales: desembolso del IVA para pymes sólo cuando cobraran sus facturas, aplicación del IVA superreducido a la compra de vivienda habitual, generalización del tipo del 25% para grandes empresas y del 20% para pymes, tratamiento fiscal favorable a beneficios reinvertidos e incremento del mínimo familiar exento en el IRPF. Otra idea muy difundida por el PP durante la campaña fue la de rebajar cotizaciones sociales a las empresas a cambio de subir el IVA para mejorar la competitividad. Para equilibrar sus ingresos y gastos, el Gobierno también ha introducido dos modelos de copago y elevó las tasas en el sistema universitario para aumentar los ingresos que obtiene por los servicios públicos.

JOHN MÜLLER, en El Mundo

agente t
10/05/2013, 17:36
Las críticas de Esperanza Aguirre a las subidas y prórrogas de impuestos han colocado en alerta al PP y al Ministerio de Hacienda. La preocupación no se debe tanto a que se pueda gestar dentro del partido una corriente crítica –de hecho a la presidenta del PP madrileño sólo la apoyan sus fieles porque el aparato de Génova 13 está totalmente domesticado–, sino a la atracción que su planteamiento despierta entre los ciudadanos. Una vez más, Aguirre ha demostrado su acreditado olfato político que le permite conectar con las aspiraciones más populares.

El lunes, en el comité ejecutivo del PP, planteó su posición y recibió la réplica de Cristóbal Montoro, quien le recordó que el «recargo solidario» del IRPF sólo durará tres años, los mismos que tardó el Gobierno de Aznar en bajar los impuestos. La discusion se prolongó tras el comité en un cara a cara, donde Montoro insistió en que no es el momento de bajar el Impuesto de Sociedades. La verdad es que, por diversas razones, la funcionalidad de este tributo quedó inutilizada en la época de Zapatero.Aguirre volvió a referirse a Montoro en la Cope el miércoles y allí dijo que «el problema del partido no es de comunicación, sino de convicción del ministro de Hacienda: hay que bajar los impuestos». Sus palabras molestaron en el Ministerio.

A su vez, ayer, los aguirristas se sentían agredidos por la publicación en el diario digital El Confidencial de una nota que decía que la lideresa había elevado la presión fiscal en 465 millones –en un período de dos años– poco antes de abandonar la Comunidad de Madrid mediante la subida de tasas y precios públicos (matrículas, transportes, copago, etc.). Algunos seguidores de Aguirre dijeron ayer que dicha información le venía como anillo al dedo a Montoro, a quien apodan taxman (recaudador), en su batalla con la lideresa. De hecho, el laboratorio de Montoro se ha aficionado ultimamente a las presentaciones creativas con apoyo estadístico, como quedó de manifiesto con la del déficit según la Contabilidad Nacional, donde aparecía sobredimensionado el esfuerzo del Estado frente al privado.

La presión fiscal se mide dividiendo los ingresos fiscales por la riqueza (la renta nacional o PIB). Y entre estos ingresos están los tributarios que son de tres tipos: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Es cierto, entonces, que aunque Aguirre no subió ningún impuesto, la presión fiscal en Madrid se incrementó ya que sí elevó las tasas universitarias, el abono transporte y aplicó el copago farmacéutico aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero una cosa es subir un impuesto, que se paga por el mero hecho de consumir (IVA) o de obtener una renta (IRPF) y otra pagar una tasa a cambio de la percepción de un servicio público.

Por tal razón, es mucho más preciso hablar de esfuerzo fiscal, un concepto que refleja el procentaje de aquello que ganamos que se destina a pagar impuestos.Si en términos de presión fiscal, Madrid figura entre las comunidades con mayor índice, junto a Cantabria, Cataluña o Castilla-La Mancha, como puso ayer de manifiesto el informe sobre el Día de la Liberación Fiscal elaborado por el think tank Civismo, si hablamos de esfuerzo fiscal, Madrid es la que menos: un 4,72% frente al 5,16% de Cataluña, el 7,79% de Andalucía o el 8,76 de Extremadura. El promedio nacional está en el 6,05% según datos del INE y la Agencia Tributaria.

No podía ser de otra manera ya que Aguirre hizo una política deliberada basada en la idea de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de quienes lo han ganado. Ella fue la primera que rebajó un punto el IRPF autonómico y ahora Madrid tiene cinco puntos menos que Cataluña y recauda 700 millones más. Bonificó el Impuestos de Sucesiones y Donaciones y logró que las donaciones pasaran de 5.000 en 2006 a 27.000 en 2012. Aguirre también abanderó la campaña para eliminar el Impuesto de Patrimonio y hoy es la única comunidad que lo mantiene totalmente bonificado. Según datos de la Comunidad de Madrid, desde 2003 cada madrileño se ha ahorrado 700 euros al año en impuestos.

Montoro está atrapado en un viejo aforismo hacendístico: en recesión, bajar impuestos sólo hunde la recaudación. Pero pone tanto entusiasmo en crear y elevar tributos y en probar con cifras lo indemostrable, que muchos votantes del PP ya no saben si es uno de ellos o –como dicen los jóvenes–k ase.

john.muller@elmundo.es

agente t
20/09/2013, 16:57
El PP sacó adelante ayer en solitario el proyecto de ley de medidas de fiscalidad medioambiental en la comisión de Hacienda del Congreso. La normativa ha tenido un tratamiento exprés, ya que en una semana se ha completado el debate de totalidad, lo cual hace pensar que corre prisa que estos impuestos taponen el agujero del déficit fiscal. Sólo 17 enmiendas del propio PP han sido incorporadas.«Contrasta fuertemente el discurso triunfalista del Gobierno en el ámbito económico con las medidas urgentes que trae a la Cámara sobre fiscalidad», criticó el diputado Álvaro Anchuelo, de UPyD.

Más sorprendente aún es que cuando se lee el proyecto, el título de la norma resulta ser una engañifa, una mera fachada. Sólo hay un impuesto medioambiental –el que recae sobre los gases fluorados– y el resto es una colección de cosas diversas y, sobre todo, una reforma encubierta del Impuesto de Sociedades. Lo del título se explica porque la fiscalidad medioambiental es una exigencia europea y hay que ver si esta ley, aunque sea por su nombre, cuela ante Bruselas. Lo otro –que el Gobierno espere obtener hasta 3.650 millones estrujando a las grandes empresas–, tiene que ver con ese espíritu socialdemócrata que a veces se apodera del Gobierno de Mariano Rajoy. Nominalismo y socialismo, gran mezcla.

La norma afecta a las empresas en tres áreas muy importantes: la deducción de pérdidas en el exterior, la libertad de amortización y la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. Es cierto que las modificaciones del impuesto de la era Zapatero prácticamente inutilizaron el Impuesto de Sociedades, pero como subrayó UPyD, no se puede caer en la ley del péndulo y suprimir de un día para otro las deducciones en vez de perseguir a los que las practican fraudulentamente.

Cómo será de grande la incertidumbre que siembra Montoro que hasta la representante de Izquierda Plural, Laia Ortiz, se compadeció de las empresas y criticó la inestabilidad que crea el Gobierno. «Más de 10 cambios en menos de dos años», dijo la diputada cuyo discurso no tuvo la menor concesión a la demagogia. Además, antes de seis meses deberá presentarse la reforma tributaria del Gobierno. ¡A ver qué empresario planifica con este marco cambiante!

Tanto Ortiz como el socialista Pedro Sánchez pusieron en cuestión lo sangrante que resulta que en una norma que se titula «fraudulentamente» como medioambiental el PP haya introducido una enmienda por la que se piensa eximir a la central nuclear de Garoña del pago de la tasa creada el año pasado por el ministro Soria y que llevó a sus propietarios a programar su cierre. «O lo hicieron mal entonces, o lo hacen mal ahora», dijo Ortiz.

john.muller@elmundo.es

agente t
05/12/2013, 17:04
Va a resultar una tarea titánica poner en marcha una reforma fiscal en España en 2014 cuando la principal herramienta del Estado en este asunto se halla convertida en terreno propicio para la sospecha y el enfrentamiento. Montoro ha tenido especial desacierto y mala suerte con las cuestiones tributarias. No sólo ha elevado impuestos que prometió que nunca tocaría, sino que pasará a la Historia como el ministro bajo cuya autoridad la conciencia fiscal española se ha deteriorado de un modo sin precedentes.

Ya le ocurrió a finales de 2012. Entonces Montoro estaba a punto de culminar su polémica amnistía fiscal ("regulación tributaria") y confiaba en que dicha decisión, que nunca es del gusto del principal recaudador de impuestos de un país, concluyera rápido y felizmente sin mayor novedad que la oposición del PSOE, cuando Luis Bárcenas irrumpió en escena acogiéndose al procedimiento a través de una de sus sociedades.

La constatación de que el ex tesorero del PP había evadido grandes cantidades de dinero a Suiza fue un mazazo para la conciencia fiscal de los españoles.

El nivel de fraude tributario de un país obedece básicamente a la percepción que los contribuyentes tienen de si otros ciudadanos evaden impuestos o no. Esto fue constatado en 1972 por los economistas Agnar Sandmo y Michael Allingham en su trabajo seminal Income tax evasion: A theoretical analysis. Por eso, el descubrimiento o la sospecha de que personas de referencia, como Bárcenas, Botín o Urdangarin y la Infanta Cristina evaden tributos tiene un efecto muy corrosivo. Más aún si esto sucede durante una crisis económica, periodo en el que los umbrales de respeto a las normas fiscales bajan porque al escasear las rentas el coste de incumplir la ley es percibido como un riesgo asumible por una mayor parte de la población.

Este año, el problema no es una amnistía fiscal, sino la oleada de dimisiones que se ha desencadenado en la Agencia Tributaria y que muestran la división que reina en un organismo que debería estar presidido por principios técnicos claros y unívocos. El organismo se encontraba ayer en estado de shock, porque, como recordaba un inspector de Hacienda, "hace muchos años que nadie se bajaba del coche oficial por una discrepancia técnica", en referencia a la dimisión de Luis Jones.

La dimisión de Jones sigue al relevo de varios cargos de libre designación que llevaban un millonario expediente contra la empresa Cemex. Pero el asunto también tiene relación con los errores cometidos por la Agencia en torno a las operaciones atribuidas a la Infanta Cristina y que le costaron el cargo a la ex directora de la Agencia Beatriz Viana. El organismo, además, ha dado luz verde a informes muy polémicos sobre el caso Nóos (dando por buenas facturas simuladas) o la financiación del PP (consideró que las donaciones ilegales daban derecho a desgravar, por ejemplo).

Todo esto hace que la credibilidad del organismo esté muy dañada y que no pueda pasar un día más sin que el ministro haga frente a sus responsabilidades.

john.muller@elmundo.es

agente t
02/07/2014, 17:02
Día de la liberación fiscal

Desde el 1 de enero al 3 de julio de cada año, durante nada menos que 184 días, los españoles trabajan no para tener casa, alimentarse o disfrutar de su tiempo de ocio, sino para generar los ingresos suficientes con los que pagar impuestos. Sólo a partir de esa fecha, "el día de la liberación fiscal", según el 'think tank' Civismo, un ciudadano empieza a ganar dinero para sí mismo. El pasado año, el informe indicaba eran necesarios 130 días para satisfacer los pagos al Estado.

El Día de la Liberación Fiscal, que el gabinete navarro calcula desde hace seis años, tiene en cuenta lo que se abona por el Impuesto sobre la Renta (IRPF), las cotizaciones a la Seguridad Social, el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el de Circulación, los impuestos especiales (alcohol, tabaco, electricidad, hidrocarburos, etc.), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y muchos otros. Y aunque el resultado medio para un español es que necesita hasta el 3 de julio para poder satisfacer todas las exigencias tributarias, "el esfuerzo fiscal varía de una Comunidad Autónoma a otra, existiendo una horquilla de hasta nueve días", según Julio Pomés, presidente de Civismo.

Según los cálculos de Cristina Berechet, jefa de investigación del 'think tank', "un trabajador español con un sueldo medio de 24.400 euros brutos al año destinaría 102 días a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, 41 días a pagar el IRPF, 25 el IVA, 11 a impuestos especiales y cinco a otros impuestos. En total, dedicaría 184 días de su trabajo (15.988 euros) a pagar a la Administración".

Por si fuera poco, y según explica el informe presentado en Madrid, "lo que la mayoría de los trabajadores desconocen es que la empresa cotiza a la Seguridad Social el equivalente a 84 días de trabajo, 7.296 euros por encima del salario bruto. Esto significa que el valor real del trabajador (o el coste laboral para la empresa) asciende en realidad a 31.696 euros".

A la espera de la aprobación de la Reforma Fiscal del Gobierno, y teniendo en cuenta que en el último ejercicio no se han aprobado nuevas alzas tributarias, Civismo estima que "este año el Día de la Liberación Fiscal se celebrará el mismo día que en 2013".

Sin embargo, las subidas de impuestos de los últimos cuatros años "sitúan el Día de la Liberación Fiscal en máximos históricos. Las alzas fiscales habrán supuesto en total 9 días de trabajo y un coste de 747 euros por empleado: 116 euros atribuibles a las subidas del IRPF (estatal y autonómico), 193 euros correspondientes a la subida del IVA de 2010, 370 euros a la subida de IVA de 2012 y 68 euros a otros impuestos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Circulación o los impuestos especiales (gasolina, electricidad, alcohol, etc)".

El documento explica que "sí bien la media española se sitúa en el 3 de julio, el esfuerzo fiscal varía de una CCAA a otra", con una horquilla de hasta nueve días "entre el País Vasco (la CCAA con el menor esfuerzo fiscal) y Cantabria y Cataluña (las dos CCAA con mayor esfuerzo fiscal)".

¿En qué se traduce? Pues que para "un ciudadano medio español, vivir en Cataluña o Cantabria costaría nueve días más de trabajo al año y 737 euros extra en comparación con un residente del País Vasco". Principalmente porque en éstas el IBI está muy por encima de la media. Además, "el Impuesto de Circulación, el de Venta Minorista de Hidrocarburos y el Impuesto sobre la Renta también son generalmente más elevados en estas dos CCAA".

En cambio, destaca Berechet, en el País Vasco, el Día de la Liberación Fiscal se celebra siete días antes que la fecha media nacional, y ello, exclusivamente, gracias a que por el régimen foral los vascos se ahorran 468 euros en el IRPF.

Las diferencias también son notables en función de los ingresos. Así, una persona que gana 15.500 euros (el sueldo más común en España) necesita trabajar hasta el 16 de junio.

Una que ingrese algo más, 19.300, el salario mediano, 10 días más, hasta el 26 de junio. Si se trata de un salario de 24.400 euros (la renta media) sería el mencionado 3 de julio. En cambio, para ingresos superiores, como por ejemplo 40.000 o 100.000 euros se llegaría al 9 y al 7 de julio respectivamente.

"A partir de un cierto nivel de renta, como las cotizaciones a la Seguridad Social tienen un tope máximo, el esfuerzo fiscal de los trabajadores se reduce en dos días, del 9 de julio, en el caso de una persona que gana 40.000 euros, al 7 de julio para una persona con un sueldo bruto de 100.000 euros", destaca el documento. Por lo que "hay 23 días de diferencia entre un mileurista y un trabajador acomodado".

El objetivo de cuantificar los impuestos pagados e identificar la "liberación, explicó Pomés, es que "los políticos sean conscientes de cada euro que se gasta y que cada contribuyente sea consciente de lo que cuesta el Estado de Bienestar". Para facilitar que los ciudadanos sepan hasta cuándo tienen que trabajar para poder cumplir con sus obligaciones con Hacienda, Civismo ha creado este año una calculadora 'on line', una sencilla herramienta.

¿Cómo afectará la reforma fiscal recién anunciada? Aunque es pronto para conocer todos los aspectos de la misma, Berechet señaló que "teniendo en cuenta todos los puntos, esto es, a partir de 2016, calculamos que la liberación fiscal se adelantará 9 días, hasta el 26 de junio, similar a lo que había antes de la llegada del PP", concluye Berechet.


Pablo R. Suanzes, en El Mundo

http://www.civismo.org/es/investigaciones/calculadora-de-impuestos